Martes, 28 de julio de 2026
CONVERSACIONES
"La tramitación del acuerdo PSC-ERC confirmará o no la reforma federal. El fracaso volvería a encender todas las alarmas"
Pocas horas después de que se diera a conocer el acuerdo al que habían llegado el PSC y ERC que permitirá a Salvador Illa ser el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya, hemos entrevistado al profesor y experto en finanzas públicas, Guillem López Casasnovas. El debate acaba de empezar y requerirá de una tramitación en el Congreso de los diputados que acompañaremos desde Agenda Pública impulsando un debate social, político y económico.
Guillem López Casasnovas.Web del autor
Hay mucha confusión y muchas declaraciones sobre lo que han pactado el Partit dels Socialistes de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya que ha sido validado por las bases del partido independentista y que permitirá la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat de Catalunya.
Agenda Pública quiere contribuir al mejor debate público a partir del conocimiento y del rigor. Hemos pedido al profesor Guillem López Casasnovas que nos ayude a poner luz sobre el debate que acaba de empezar y que a tenor de las declaraciones que hemos visto de diferentes lideres políticos se trata de una toma de posiciones ante lo que puede ser una actualización federal del sistema de financiación autonómica en España.
Guillem López Casasnovas, que nos ha atendido muy amablemente en sus primeros días de vacaciones, fue consejero del Banco de España (2005-2017) por la llamada cuota catalana. Contó con el apoyo del Gobierno tripartito catalán y de parte de CiU. Es catedrático de Economía Pública de la Universidad Pompeu Fabra y se le ha definido como "independiente políticamente". Lo que cuenta para esta entrevista es que se trata de uno de los más prestigiosos expertos españoles en finanzas públicas. Actualmente es presidente del Consell Assessor en Política Econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Leamos la Constitución:
Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas
Artículo 156
Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
¿Es en este artículo en el que se podría enmarcar el acuerdo al que han llegado PSC y ERC?
Lo encajarán, si quieren, como puedan. Actuar por delegación o colaboración, de recursos que ‘son del Estado’… bueno… es poco ‘federal’ en el sentido de no compartir soberanía, pero es aceptable ya que la Constitución aguanta, si se quiere, este encaje interpretativo. La solidaridad, por supuesto, nunca se ha cuestionado en la parte de las propuestas catalanas, aunque este precepto constitucional no veo aplique igualmente a los territorios forales.
¿Es riguroso decir que lo que se ha acordado es un concierto para Catalunya? La mención central a la solidaridad, la voluntad de utilizar los parámetros de igualación (que solo tienen sentido en modelos compartidos)... ¿En qué medida el posible nuevo modelo de financiación se aparta del régimen común y se aproxima a la esencia del modelo vasco?
La palabra concierto, en minúscula, por la idea de ‘acuerdo’, sí. Pero por su resonancia en los detalles al concierto foral, sin duda no. Aquí no hay cuota establecida por las competencias que continúe gestionando el Estado mientras así sea, con aportación según PIB relativo (no recaudación) ni opacidad en la definición del cupo, bajo el amparo de la ordinalidad.
Parece que la principal discrepancia entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya tenía que ver con la existencia de una agencia consorciadas o de una específicamente catalana. Lo sustantivo que se ha hecho público es que, al final, no habrá un consorcio que recaude los impuestos, sino una agencia propia catalana, que ya existía. ¿Qué consecuencias tiene realmente un tipo u otro de agencia?
No creo que sea realista pensar que en breve la Agencia Catalana pueda realizar las tareas acordadas. Por supuesto empezando por el IRPF en el 2025. No sucederá. Es un desideratum declarativo. La realidad se impondrá y será supongo la Agencia Estatal quien recaude bajo las directrices (prioridades inspectoras) y la normativa estatal (y europea) aprobada entre todos, y desde las competencias en base y tarifa que las Comunidades ya todas tienen. Hemos de pensar que es bueno en el federalismo nuevo del que se nos habla contar con Agencias y entidades con estatuto propio que puedan actuar al servicio de la Federación y de los federados.
El acuerdo dará más poder e información en la gestión de los impuestos a la Generalitat, aunque el espíritu es que obligará a ambos gobiernos mayor concertación. ¿Es así?
Por supuesto. La coordinación y un órgano para dirimir disonancias (el Senado refundado para todos o las comisiones bilaterales existentes) parecería lo más lógico.
Hay una confusión en el debate público sobre el concepto “concierto” (quién recauda) y el concepto "cupo” (el cálculo del reparto). ¿Lo que puede generar la desigualdad es el “cupo” y no el “concierto”?
Ciertamente. Se iguala el pacto al concierto foral, que se identifica como insolidario, y sorprendentemente se salva después de la crítica al concierto foral y se arremete contra el pacto fiscal solidario catalán.
Todo está por concretar y desarrollarse y, de momento, hay más suposiciones y expectativas por cada una de las partes que compromisos cerrados. ¿Cómo cree que se implementará? Hace falta cambiar la LOFCA, ¿no?
Sí. Hace falta mayoría absoluta. Pero como sabemos en política, si se quiere, se puede. Y para la parte catalana, ahora o nunca vista la coyuntura existente. Es una pena en todo caso que deba ser de esta manera, y no con un pacto de Estado que reconozca la España plural, como se tenga que intentar solucionar los años de desafección catalana, de reiteradas mayorías parlamentarias desoídas, y bajo la descalificación contra las aspiraciones catalanas a mayores cotas de autogobierno, de cierto ultranacionalismo español que ha adolecido de cultura federal, esto es, de cultura democrática. La tramitación de los cambios necesarios confirmará o no la reforma ‘federal’. El fracaso volvería a encender todas las alarmas con un final cada vez menos predecible.
¿Qué les diría a aquellos que dicen que este acuerdo crea desigualdades entre los territorios de España? Hay estudios estudios que indican que la igualación territorial está estancada desde hace años?
Que confunden la desigualdad personal con la territorial, la garantía de los servicios esenciales del estado de bienestar con el desarrollo regional, los recursos públicos per cápita con la renta de mercado, que se equivocan pensando que el empleo público autonómico ha de acabar con el paro creando empleo, que es en la inversión, el fondo de compensación interterritorial, los FEDER, etc. donde han de buscar la inversión motriz de desarrollo empresarial y no en el funcionariado autonómico, que los valores medios de renta autonómica al alza esconden y no solucionan la equidad personal, con desigualdades internas también al alza, que las partidas de inversión para este destino han de ser condicionadas y específicas en destino y no globales, que los servicios esenciales del estado del bienestar no son los gastos añadidos por eliminación de tasas universitarias o financiación de la renta universal, que igualar recursos públicos per cápita cuando son desiguales las contribuciones es ya muy solidario, que invertir el orden entre recursos y contribuciones acaba dañando la eficiencia en el gasto…. Y podría seguir.
En un artículo en El País, Ángel de la Fuente alertaba que este modelo ponía en cuestión la capacidad del gobierno central para hacer políticas de redistribución y reducción de desigualdades. ¿Hasta qué punto este modelo es un riesgo para políticas de izquierda?
Me permitirá que no personalice los comentarios con colegas que aprecio, y que personalice los míos como propios, tras muchos años de tarea universitaria. Yo siempre he intentado trabajar desde la academia, sin pertenecer a partido alguno, para solucionar conflictos y `desencajes` varios que afectan el bienestar de los ciudadanos. En Baleares sabemos bien que las rentas medias aún relativamente altas, y pese a que en términos reales van a la baja, esconden desigualdades personales importantísimas habida cuenta del modelo económico, la frágil inmigración en la que se basa, la temporalidad de los trabajadores de servicios, la falta de vivienda social, el impacto sobre los recursos naturales…aunque algunos nos miren desde la meseta como `payeses ricos’. Para la tarea, parto de la Constitución aprobada, guste más o menos su Título octavo, y no creo que sea buena la estrategia de cuanto peor mejor. La economía sigue a la política y no viceversa. Esta es la dificultad. Si creemos que el análisis económico que a uno le parece más correcto se ha de imponer a las opciones sociales creo que nos equivocamos.
¿En qué medida este acuerdo abre la puerta a que las CCAA que lo deseen puedan crear una agencia tributaria para responsabilizarse más? ¿Qué Comunidades pueden estar más interesadas en seguir ese camino?
No lo sé. El régimen singular no lo entiendo como una opción excluyente; pero ha de incorporar menos garantías de suficiencia en gasto de la mano del Estado, más riesgo financiero según la capacidad de generar prosperidad y más eficiencia en el gasto según parámetros de responsabilidad fiscal. No es una opción ‘gratis’.
Agenda Pública quiere contribuir al mejor debate público a partir del conocimiento y del rigor. Hemos pedido al profesor Guillem López Casasnovas que nos ayude a poner luz sobre el debate que acaba de empezar y que a tenor de las declaraciones que hemos visto de diferentes lideres políticos se trata de una toma de posiciones ante lo que puede ser una actualización federal del sistema de financiación autonómica en España.
Guillem López Casasnovas, que nos ha atendido muy amablemente en sus primeros días de vacaciones, fue consejero del Banco de España (2005-2017) por la llamada cuota catalana. Contó con el apoyo del Gobierno tripartito catalán y de parte de CiU. Es catedrático de Economía Pública de la Universidad Pompeu Fabra y se le ha definido como "independiente políticamente". Lo que cuenta para esta entrevista es que se trata de uno de los más prestigiosos expertos españoles en finanzas públicas. Actualmente es presidente del Consell Assessor en Política Econòmica de la Generalitat de Catalunya.
Leamos la Constitución:
Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas
Artículo 156
Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
¿Es en este artículo en el que se podría enmarcar el acuerdo al que han llegado PSC y ERC?
Lo encajarán, si quieren, como puedan. Actuar por delegación o colaboración, de recursos que ‘son del Estado’… bueno… es poco ‘federal’ en el sentido de no compartir soberanía, pero es aceptable ya que la Constitución aguanta, si se quiere, este encaje interpretativo. La solidaridad, por supuesto, nunca se ha cuestionado en la parte de las propuestas catalanas, aunque este precepto constitucional no veo aplique igualmente a los territorios forales.
¿Es riguroso decir que lo que se ha acordado es un concierto para Catalunya? La mención central a la solidaridad, la voluntad de utilizar los parámetros de igualación (que solo tienen sentido en modelos compartidos)... ¿En qué medida el posible nuevo modelo de financiación se aparta del régimen común y se aproxima a la esencia del modelo vasco?
La palabra concierto, en minúscula, por la idea de ‘acuerdo’, sí. Pero por su resonancia en los detalles al concierto foral, sin duda no. Aquí no hay cuota establecida por las competencias que continúe gestionando el Estado mientras así sea, con aportación según PIB relativo (no recaudación) ni opacidad en la definición del cupo, bajo el amparo de la ordinalidad.
"Es bueno en el federalismo nuevo del que se nos habla contar con Agencias y entidades con estatuto propio que puedan actuar al servicio de la Federación y de los federados "
Parece que la principal discrepancia entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya tenía que ver con la existencia de una agencia consorciadas o de una específicamente catalana. Lo sustantivo que se ha hecho público es que, al final, no habrá un consorcio que recaude los impuestos, sino una agencia propia catalana, que ya existía. ¿Qué consecuencias tiene realmente un tipo u otro de agencia?
No creo que sea realista pensar que en breve la Agencia Catalana pueda realizar las tareas acordadas. Por supuesto empezando por el IRPF en el 2025. No sucederá. Es un desideratum declarativo. La realidad se impondrá y será supongo la Agencia Estatal quien recaude bajo las directrices (prioridades inspectoras) y la normativa estatal (y europea) aprobada entre todos, y desde las competencias en base y tarifa que las Comunidades ya todas tienen. Hemos de pensar que es bueno en el federalismo nuevo del que se nos habla contar con Agencias y entidades con estatuto propio que puedan actuar al servicio de la Federación y de los federados.
El acuerdo dará más poder e información en la gestión de los impuestos a la Generalitat, aunque el espíritu es que obligará a ambos gobiernos mayor concertación. ¿Es así?
Por supuesto. La coordinación y un órgano para dirimir disonancias (el Senado refundado para todos o las comisiones bilaterales existentes) parecería lo más lógico.
Hay una confusión en el debate público sobre el concepto “concierto” (quién recauda) y el concepto "cupo” (el cálculo del reparto). ¿Lo que puede generar la desigualdad es el “cupo” y no el “concierto”?
Ciertamente. Se iguala el pacto al concierto foral, que se identifica como insolidario, y sorprendentemente se salva después de la crítica al concierto foral y se arremete contra el pacto fiscal solidario catalán.
Todo está por concretar y desarrollarse y, de momento, hay más suposiciones y expectativas por cada una de las partes que compromisos cerrados. ¿Cómo cree que se implementará? Hace falta cambiar la LOFCA, ¿no?
Sí. Hace falta mayoría absoluta. Pero como sabemos en política, si se quiere, se puede. Y para la parte catalana, ahora o nunca vista la coyuntura existente. Es una pena en todo caso que deba ser de esta manera, y no con un pacto de Estado que reconozca la España plural, como se tenga que intentar solucionar los años de desafección catalana, de reiteradas mayorías parlamentarias desoídas, y bajo la descalificación contra las aspiraciones catalanas a mayores cotas de autogobierno, de cierto ultranacionalismo español que ha adolecido de cultura federal, esto es, de cultura democrática. La tramitación de los cambios necesarios confirmará o no la reforma ‘federal’. El fracaso volvería a encender todas las alarmas con un final cada vez menos predecible.
¿Qué les diría a aquellos que dicen que este acuerdo crea desigualdades entre los territorios de España? Hay estudios estudios que indican que la igualación territorial está estancada desde hace años?
Que confunden la desigualdad personal con la territorial, la garantía de los servicios esenciales del estado de bienestar con el desarrollo regional, los recursos públicos per cápita con la renta de mercado, que se equivocan pensando que el empleo público autonómico ha de acabar con el paro creando empleo, que es en la inversión, el fondo de compensación interterritorial, los FEDER, etc. donde han de buscar la inversión motriz de desarrollo empresarial y no en el funcionariado autonómico, que los valores medios de renta autonómica al alza esconden y no solucionan la equidad personal, con desigualdades internas también al alza, que las partidas de inversión para este destino han de ser condicionadas y específicas en destino y no globales, que los servicios esenciales del estado del bienestar no son los gastos añadidos por eliminación de tasas universitarias o financiación de la renta universal, que igualar recursos públicos per cápita cuando son desiguales las contribuciones es ya muy solidario, que invertir el orden entre recursos y contribuciones acaba dañando la eficiencia en el gasto…. Y podría seguir.
"La economía sigue a la política y no viceversa. Si creemos que el análisis económico que a uno le parece más correcto se ha de imponer a las opciones sociales creo que nos equivocamos."
En un artículo en El País, Ángel de la Fuente alertaba que este modelo ponía en cuestión la capacidad del gobierno central para hacer políticas de redistribución y reducción de desigualdades. ¿Hasta qué punto este modelo es un riesgo para políticas de izquierda?
Me permitirá que no personalice los comentarios con colegas que aprecio, y que personalice los míos como propios, tras muchos años de tarea universitaria. Yo siempre he intentado trabajar desde la academia, sin pertenecer a partido alguno, para solucionar conflictos y `desencajes` varios que afectan el bienestar de los ciudadanos. En Baleares sabemos bien que las rentas medias aún relativamente altas, y pese a que en términos reales van a la baja, esconden desigualdades personales importantísimas habida cuenta del modelo económico, la frágil inmigración en la que se basa, la temporalidad de los trabajadores de servicios, la falta de vivienda social, el impacto sobre los recursos naturales…aunque algunos nos miren desde la meseta como `payeses ricos’. Para la tarea, parto de la Constitución aprobada, guste más o menos su Título octavo, y no creo que sea buena la estrategia de cuanto peor mejor. La economía sigue a la política y no viceversa. Esta es la dificultad. Si creemos que el análisis económico que a uno le parece más correcto se ha de imponer a las opciones sociales creo que nos equivocamos.
¿En qué medida este acuerdo abre la puerta a que las CCAA que lo deseen puedan crear una agencia tributaria para responsabilizarse más? ¿Qué Comunidades pueden estar más interesadas en seguir ese camino?
No lo sé. El régimen singular no lo entiendo como una opción excluyente; pero ha de incorporar menos garantías de suficiencia en gasto de la mano del Estado, más riesgo financiero según la capacidad de generar prosperidad y más eficiencia en el gasto según parámetros de responsabilidad fiscal. No es una opción ‘gratis’.
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27 de julio de 2026
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