La Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos, no a decidir si los evita. La prórroga es un recurso transitorio, no una opción política. Su abuso vacía de contenido al Parlamento. Y, si son rechazados, no implica dimisión inmediata: en el parlamentarismo racionalizado, la responsabilidad del Ejecutivo solo se activa mediante procedimientos expresos.