Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS
Abascal no se conforma con compartir el espacio de la derecha española
No se puede menospreciar la experiencia política atesorada por la extrema derecha en materia de pactos: desde los ochenta han participado en más de setenta gobiernos de coalición, con diferentes grados de responsabilidad institucional y en diferentes estados de Europa.
Vox rompe los gobiernos de coalición con el PP.A. Pérez Meca / Europa Press / ContactoPhoto
En España no estamos acostumbrados, porque el arraigo electoral de la extrema derecha no se produjo hasta finales de 2018, pero los pactos, y también las rupturas, de la extrema derecha con los partidos conservadores tiene precedentes lejanos en nuestro entorno europeo. Los gobiernos de coalición entre los conservadores y la extrema derecha europea datan de fechas tan tempranas como 1970 y sus consecuencias no dejan lugar a dudas: acercarse a las posiciones extremistas no beneficia precisamente a los conservadores. El Bloque Flamenco Belga (VB), por ejemplo, entró en el parlamento en 1978 con un único diputado; ahora, cinco décadas después, el ultra Geert Wilders ganó las elecciones de noviembre pasado y formará un gobierno de coalición con los principales partidos de la derecha tradicional. En 1994, Berlusconi firmó en Italia la primera coalición de gobierno con dos socios extremistas, la Liga Norte y la neofascista Alianza Nacional. El idilio apenas duró un año, pero el amor volvió en 2001 y se oficializó con una nueva coalición. Otros han apoyado extra parlamentariamente a gobiernos conservadores en minoría, como el DF danés en 2011. El entendimiento entre ambos universos conservadores es ya un hecho en Finlandia, donde la derecha moderada está acostumbrada a negociar con los ultras del Partido de los Finlandeses.
Estos acuerdos siempre siguen la misma lógica: se trata de ceder algo a la extrema derecha para frenarla. Y nunca funciona. Todas las estrategias que han tratado de neutralizar a los partidos de extrema derecha asumiendo sus premisas han conseguido justo lo contrario: no solo los han legitimado o han provocado un trasvase de votos a su favor, sino que incluso han facilitado la aparición de nuevas ofertas electorales aún más radicales. En Grecia, tras la ilegalización de Amanecer Dorado en 2020, hoy hay tres formaciones parlamentarias que superan el 12,7% de apoyos y que representan una miríada de opciones ideológicas hechas casi a la medida de los distintos idearios de la extrema derecha actual: están los que son directamente neonazis, los más contrarios a la inmigración y aquellos que subrayan sobre todo su euroescepticismo. En Francia, a la derecha de Le Pen nació Zemmour y, en España, apareció «Se acabó la fiesta», una excrecencia conspiranoica de la constelación ultra cuya irrupción ha aumentado la competencia en un espectro ideológico, el de la extrema derecha española, que hasta ahora parecía monopolizado por Vox. Quizás eso también ayude a explicarnos mejor esta bravata de Abascal, con la que intenta demostrar que su partido tiene un peso específico del que los nuevos experimentos políticos no disponen aún.
No se puede menospreciar la experiencia política atesorada por la extrema derecha en materia de pactos: desde los ochenta han participado en más de setenta gobiernos de coalición, con diferentes grados de responsabilidad institucional y en diferentes estados de Europa. Todo ello nos ha permitido conocer, con el adecuado respaldo empírico, los efectos de esta política de acuerdos. Una estrategia pactista que ha allanado el camino la «integración» institucional de la extrema derecha, porque su rotundidad ideológica se ha normalizado socialmente hasta el punto de marcar la conversación política, como pretende ahora mismo hacer Vox con el tema de la inmigración. Es cierto que establecer cordones sanitarios estrictos, como en los casos alemán o francés, no frena su ascenso, pero al menos contiene su institucionalización, ya que impide que la extrema derecha llegue a tomar decisiones de gobierno, como ha sucedido en España en las cinco comunidades autónomas y los más de 150 ayuntamientos hasta ahora gobernadas de forma coaligada.
Si Geert Wilders tardó siete meses en cerrar un pacto de gobierno, en España sorprendió la facilidad con la que el PP suscribió pactos autonómicos con la extrema derecha. Cuando a finales de 2018 el PP necesitó por primera vez a Vox para gobernar en Andalucía, solo tardaron 37 días en firmar un acuerdo de gobierno en el que el partido entonces liderado por Pablo Casado asumió un giro radical a su derecha comprometiéndose a sustituir la ley autonómica de memoria histórica por una de «concordia», a crear una consejería de familia y a garantizar la educación segregada. Cuatro años más tarde, en Castilla y León, Vox no sólo impuso mayores compromisos al PP, como aprobar una ley de violencia intrafamiliar o consolidar un modelo educativo «libre de adoctrinamiento ideológico», sino que exigió por primera vez entrar en el gobierno. Y lo consiguieron en poco más de 27 días. Pero, sin duda, el récord en suscribir pactos de gobierno exprés llegó tras las elecciones autonómicas de 2023: el PP de la Comunidad Valenciana firmó un acuerdo de gobierno en apenas 23 días, tras una reunión de poco más de 3 horas, con una agenda igualmente radical, tres consejerías y la presidencia de las cortes valencianas. Con la misma lógica vertiginosa, ahora Abascal y su entorno han decidido acabar con esos pactos.
Pero, ¿por qué romper unos acuerdos de gobierno que fueron conseguidos con una celeridad inaudita? ¿Por qué deshacer lo que a la extrema derecha española le costó tanto conseguir después de cuarenta años de ostracismo político e institucional? Es evidente que los de Abascal han tomado nota del giro anti inmigratorio de la política europea. No sólo de la más radical: también la de los conservadores, la de algunos socialdemócratas e incluso de parte de la izquierda más irredenta que intentan contener el avance extremista apropiándose, y despojándola, de algunos de sus tópicos más electoralmente eficaces.
Y sin embargo no es fácil entender las razones que han motivado esta decisión tan tajante. Es cierto que la narrativa de Vox siempre ha sido hiperbólica, tremendista e incontinente. Pero todo ese histrionismo no solo fidelizaba el voto de sus electores, sino que incluso reforzaba los pactos de gobierno suscritos en las Comunidades Autónomas o, como prefiere denominarlas Vox, regiones de España. Así lo confirmaban los estudios postelectorales del CIS: si en 2019 el 25% de los votantes del PP de Castilla y León prefería un acuerdo de gobierno entre PP y Vox, cuatro años después esa cifra había aumentado hasta al 46,2%. En la Comunidad Valenciana, por su parte, los números oscilaron entre el 27,3% de 2019 y el 41,4% en 2023. Es decir, que el apoyo de los propios votantes del PP a las coaliciones de gobierno con los de Abascal se había duplicado en apenas cuatro años.
Habrá que ver, claro está, cómo evolucionan esas cifras a partir de este momento. Porque no hay que olvidar que la razón del infortunio electoral de Feijóo en las generales de julio de 2023 fue que, a pesar de ganarlas, no pudo sumar una mayoría de gobierno con Vox, a quienes muchos culparon de aquella tragedia tantálica por presentarse a los comicios con un programa electoral radicalizado en el que hacía alarde de sus principios ideológicos más contumaces sin ningún tapujo, media tinta o concesión al eufemismo edulcorante. Es cierto, sin embargo, que en las posteriores contiendas electorales (vascas, catalanas y europeas) Vox ha conseguido mantener sus posiciones y hasta crecer levemente en algunos casos.
Por lo visto, ese crecimiento le ha parecido a Vox insuficiente. Porque para entender mejor esta decisión draconiana es necesario ampliar el foco temporal y pensar en el medio plazo: si algo demuestran los de Abascal con esta ruptura es que no se conforman con compartir el espacio de la derecha española, sino que aspiran a hegemonizarlo algún día como han hecho la mayoría de sus homólogos europeos, quienes, cabalgando a lomos precisamente de temas como el de la inmigración, han alcanzado mayorías electorales. Pero este desafío de Abascal no deja de estar exento de riesgo, y mucho: quizás ese mismo electorado conservador que hasta ahora ha visto cada vez con mejores ojos los acuerdos con Vox no entiendan que, justamente en este momento, Abascal los dinamite sin contemplaciones, perdiendo musculatura institucional y recursos económicos. Puede que el órdago salga mal, muy mal, y que la ruptura de estos gobiernos derive en una rotura interna de Vox. No tardaremos mucho en saberlo.
"Todas las estrategias que han tratado de neutralizar a los partidos de extrema derecha asumiendo sus premisas han conseguido justo lo contrario"
Estos acuerdos siempre siguen la misma lógica: se trata de ceder algo a la extrema derecha para frenarla. Y nunca funciona. Todas las estrategias que han tratado de neutralizar a los partidos de extrema derecha asumiendo sus premisas han conseguido justo lo contrario: no solo los han legitimado o han provocado un trasvase de votos a su favor, sino que incluso han facilitado la aparición de nuevas ofertas electorales aún más radicales. En Grecia, tras la ilegalización de Amanecer Dorado en 2020, hoy hay tres formaciones parlamentarias que superan el 12,7% de apoyos y que representan una miríada de opciones ideológicas hechas casi a la medida de los distintos idearios de la extrema derecha actual: están los que son directamente neonazis, los más contrarios a la inmigración y aquellos que subrayan sobre todo su euroescepticismo. En Francia, a la derecha de Le Pen nació Zemmour y, en España, apareció «Se acabó la fiesta», una excrecencia conspiranoica de la constelación ultra cuya irrupción ha aumentado la competencia en un espectro ideológico, el de la extrema derecha española, que hasta ahora parecía monopolizado por Vox. Quizás eso también ayude a explicarnos mejor esta bravata de Abascal, con la que intenta demostrar que su partido tiene un peso específico del que los nuevos experimentos políticos no disponen aún.
No se puede menospreciar la experiencia política atesorada por la extrema derecha en materia de pactos: desde los ochenta han participado en más de setenta gobiernos de coalición, con diferentes grados de responsabilidad institucional y en diferentes estados de Europa. Todo ello nos ha permitido conocer, con el adecuado respaldo empírico, los efectos de esta política de acuerdos. Una estrategia pactista que ha allanado el camino la «integración» institucional de la extrema derecha, porque su rotundidad ideológica se ha normalizado socialmente hasta el punto de marcar la conversación política, como pretende ahora mismo hacer Vox con el tema de la inmigración. Es cierto que establecer cordones sanitarios estrictos, como en los casos alemán o francés, no frena su ascenso, pero al menos contiene su institucionalización, ya que impide que la extrema derecha llegue a tomar decisiones de gobierno, como ha sucedido en España en las cinco comunidades autónomas y los más de 150 ayuntamientos hasta ahora gobernadas de forma coaligada.
"En España sorprendió la facilidad con la que el PP suscribió pactos autonómicos con la extrema derecha. El récord en suscribir pactos de gobierno exprés llegó tras las elecciones autonómicas de 2023"
Si Geert Wilders tardó siete meses en cerrar un pacto de gobierno, en España sorprendió la facilidad con la que el PP suscribió pactos autonómicos con la extrema derecha. Cuando a finales de 2018 el PP necesitó por primera vez a Vox para gobernar en Andalucía, solo tardaron 37 días en firmar un acuerdo de gobierno en el que el partido entonces liderado por Pablo Casado asumió un giro radical a su derecha comprometiéndose a sustituir la ley autonómica de memoria histórica por una de «concordia», a crear una consejería de familia y a garantizar la educación segregada. Cuatro años más tarde, en Castilla y León, Vox no sólo impuso mayores compromisos al PP, como aprobar una ley de violencia intrafamiliar o consolidar un modelo educativo «libre de adoctrinamiento ideológico», sino que exigió por primera vez entrar en el gobierno. Y lo consiguieron en poco más de 27 días. Pero, sin duda, el récord en suscribir pactos de gobierno exprés llegó tras las elecciones autonómicas de 2023: el PP de la Comunidad Valenciana firmó un acuerdo de gobierno en apenas 23 días, tras una reunión de poco más de 3 horas, con una agenda igualmente radical, tres consejerías y la presidencia de las cortes valencianas. Con la misma lógica vertiginosa, ahora Abascal y su entorno han decidido acabar con esos pactos.
Pero, ¿por qué romper unos acuerdos de gobierno que fueron conseguidos con una celeridad inaudita? ¿Por qué deshacer lo que a la extrema derecha española le costó tanto conseguir después de cuarenta años de ostracismo político e institucional? Es evidente que los de Abascal han tomado nota del giro anti inmigratorio de la política europea. No sólo de la más radical: también la de los conservadores, la de algunos socialdemócratas e incluso de parte de la izquierda más irredenta que intentan contener el avance extremista apropiándose, y despojándola, de algunos de sus tópicos más electoralmente eficaces.
"El apoyo de los propios votantes del PP a las coaliciones de gobierno con los de Abascal se ha duplicado en apenas cuatro años"
Y sin embargo no es fácil entender las razones que han motivado esta decisión tan tajante. Es cierto que la narrativa de Vox siempre ha sido hiperbólica, tremendista e incontinente. Pero todo ese histrionismo no solo fidelizaba el voto de sus electores, sino que incluso reforzaba los pactos de gobierno suscritos en las Comunidades Autónomas o, como prefiere denominarlas Vox, regiones de España. Así lo confirmaban los estudios postelectorales del CIS: si en 2019 el 25% de los votantes del PP de Castilla y León prefería un acuerdo de gobierno entre PP y Vox, cuatro años después esa cifra había aumentado hasta al 46,2%. En la Comunidad Valenciana, por su parte, los números oscilaron entre el 27,3% de 2019 y el 41,4% en 2023. Es decir, que el apoyo de los propios votantes del PP a las coaliciones de gobierno con los de Abascal se había duplicado en apenas cuatro años.
Habrá que ver, claro está, cómo evolucionan esas cifras a partir de este momento. Porque no hay que olvidar que la razón del infortunio electoral de Feijóo en las generales de julio de 2023 fue que, a pesar de ganarlas, no pudo sumar una mayoría de gobierno con Vox, a quienes muchos culparon de aquella tragedia tantálica por presentarse a los comicios con un programa electoral radicalizado en el que hacía alarde de sus principios ideológicos más contumaces sin ningún tapujo, media tinta o concesión al eufemismo edulcorante. Es cierto, sin embargo, que en las posteriores contiendas electorales (vascas, catalanas y europeas) Vox ha conseguido mantener sus posiciones y hasta crecer levemente en algunos casos.
"Para entender mejor esta decisión draconiana es necesario ampliar el foco temporal y pensar en el medio plazo"
Por lo visto, ese crecimiento le ha parecido a Vox insuficiente. Porque para entender mejor esta decisión draconiana es necesario ampliar el foco temporal y pensar en el medio plazo: si algo demuestran los de Abascal con esta ruptura es que no se conforman con compartir el espacio de la derecha española, sino que aspiran a hegemonizarlo algún día como han hecho la mayoría de sus homólogos europeos, quienes, cabalgando a lomos precisamente de temas como el de la inmigración, han alcanzado mayorías electorales. Pero este desafío de Abascal no deja de estar exento de riesgo, y mucho: quizás ese mismo electorado conservador que hasta ahora ha visto cada vez con mejores ojos los acuerdos con Vox no entiendan que, justamente en este momento, Abascal los dinamite sin contemplaciones, perdiendo musculatura institucional y recursos económicos. Puede que el órdago salga mal, muy mal, y que la ruptura de estos gobiernos derive en una rotura interna de Vox. No tardaremos mucho en saberlo.
Anna López Ortega
Doctora en Ciencia Política por la Universitat de València (UV, España) y licenciada en Periodismo y Ciencia Política por la misma Universidad.
Autora del libro 'La extrema derecha en Europa' (Tirant, 2025).
Ha sido becaria en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en asesoría política y parlamentaria en diferentes gabinetes e instituciones públicas.
Sus principales líneas de investigación abordan temas vinculados a la nueva extrema derecha, los delitos de odio y el análisis y comportamiento electoral.
Desde 2016, imparte docencia en la UV en áreas de conocimiento de ciencia política, periodismo y sociología, en la Universidad Internacional de Valencia y en el Instituto Valenciano de Administración Públicas.
Etiquetas
Democracia, Gobiernos de coalición, PP, vox, Comunidades Autónomas, extrema derecha, Europa Ahora en portada
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