¿De quién son los beneficios caídos del cielo? El debate que está redefiniendo el capitalismo europeo

Cuando Pedro Sánchez defendió la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes energéticas y, posteriormente, sobre la banca, la reacción fue inmediata. Para sus detractores, suponía un ataque a la inversión y una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno. Entre sus partidarios, en cambio, era una cuestión elemental de justicia: si determinadas empresas estaban obteniendo beneficios excepcionales gracias a circunstancias extraordinarias que, además, estaban empobreciendo a millones de ciudadanos, era razonable que una parte de esas ganancias regresara a la sociedad.

Una vez más, el debate parecía ser un reflejo de la polarización política española. Sin embargo, reducirlo a una disputa entre el PSOE y la oposición supone perder de vista un fenómeno que es particularmente interesante. La pregunta sobre los llamados 'windfall profits' —los beneficios caídos del cielo— está presente en Europa y llega ya a los principales debates económicos de los países. Es, por tanto, un asunto que va más allá de los impuestos. Aborda algo mucho más ambicioso al cuestionar quién tiene derecho a apropiarse del valor económico en contextos como el de Oriente Medio, que ninguna empresa ha provocado, pero cuyos costes se soportan colectivamente.

La economía de mercado promueve una lógica sencilla: las empresas asumen riesgos, invierten capital, innovan y compiten. En este caso, si aciertan, obtienen beneficios, pero si fallan, deben soportar las pérdidas. Paralelamente, el Estado establece las reglas del juego, corrige determinados fallos del mercado y se encarga también de recaudar impuestos generales para financiar los servicios públicos. Es decir, el beneficio y el riesgo forman parte de un mismo contrato social. O formaban, porque con estas dinámicas el equilibrio empieza hoy a resquebrajarse.

"En casos como la guerra en Oriente Medio, el origen del beneficio extraordinario no fue una decisión empresarial, sino un choque externo que afectó a toda la sociedad"

Las grandes crisis de los últimos años han demostrado que una parte creciente de los beneficios empresariales ya no procede exclusivamente del mérito empresarial. Los ejemplos son varios. Para empezar, la pandemia alteró mercados enteros de forma imprevisible. Después, la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía sin que las compañías eléctricas o petroleras hubieran innovado más que el día anterior. También como consecuencia de la guerra, las rápidas subidas de los tipos de interés multiplicaron los márgenes de la banca mientras encarecían las hipotecas de millones de familias. En todos estos casos, el origen del beneficio extraordinario no fue una decisión empresarial, sino un choque externo que afectó a toda la sociedad.

Ahí nace la cuestión que cada vez más gobiernos europeos se plantean. Si el beneficio extraordinario no responde únicamente al esfuerzo privado, sino, de forma bastante clara, a circunstancias colectivas, ¿debe una parte de esas ganancias volver a la colectividad?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió afirmativamente a la cuestión. España ha sido uno de los primeros países europeos en poner sobre la mesa los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. El presidente defendió reiteradamente que no era razonable que algunas compañías acumularan beneficios históricos mientras hogares y empresas sufrían una inflación sin precedentes. Su argumento, aunque político, apelaba también al plano moral.

Lo interesante es que España no era la única en plantear esta línea. Italia aprobó un impuesto similar sobre las energéticas. El Reino Unido, bajo el gobierno conservador de Rishi Sunak, introdujo un gravamen extraordinario sobre las compañías petroleras y gasísticas del mar del Norte. Asimismo, Grecia, Rumanía y otros Estados miembros adoptaron medidas parecidas. Incluso la propia Unión Europea impulsó mecanismos para captar parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por determinadas empresas energéticas tras la explosión de los precios provocada por la guerra de Ucrania.

En otras palabras, la discusión rompió los marcos ideológicos —al menos los de izquierda-derecha—. El debate adquirió una dimensión europea sobre cómo repartir las rentas derivadas de acontecimientos excepcionales. Y esta cuestión no es nada sencilla, ya que los argumentos de ambos lados son sólidos.

"Los beneficios extraordinarios no constituyen la recompensa habitual a la inversión o a la innovación, sino ganancias inesperadas derivadas de circunstancias excepcionales"

Quienes defienden estos impuestos sostienen que los beneficios extraordinarios son, precisamente, extraordinarios. No constituyen la recompensa habitual a la inversión o a la innovación, sino ganancias inesperadas derivadas de circunstancias excepcionales. Si una empresa obtiene miles de millones adicionales porque una guerra dispara artificialmente el precio de una materia prima, o porque una decisión del banco central incrementa automáticamente sus márgenes financieros, parece razonable que una parte de ese beneficio pueda destinarse a compensar a quienes soportan el coste de esa misma crisis.

Desde esta perspectiva también existe un argumento democrático. En muchos sectores estratégicos —principalmente la energía, la banca, la defensa o las infraestructuras— la actividad empresarial depende de un marco regulatorio extremadamente intenso. La función del Estado no es otra que conceder licencias, establecer normas y regular el mercado. Si el poder público contribuye decisivamente a crear las condiciones para que existan esos beneficios, resulta legítimo preguntarse si también tiene derecho a participar en ellos cuando alcanzan dimensiones excepcionales.

¿Qué respuestas hay al otro lado? Los críticos advierten de que el concepto de "beneficio extraordinario" resulta sumamente difícil de definir. ¿Cuándo deja una rentabilidad elevada de ser el premio al riesgo para convertirse en una renta inesperada susceptible de ser gravada? Las empresas energéticas, por ejemplo, invierten miles de millones en proyectos con horizontes de varias décadas. Los años de beneficios excepcionales suelen alternarse con periodos de rentabilidades mucho más reducidas. Gravar únicamente los momentos favorables puede alterar profundamente los incentivos a invertir.

Existe además un problema de seguridad jurídica. Si los gobiernos pueden decidir, en función del contexto político, cuándo un beneficio resulta excesivo, esto afecta directamente a la previsibilidad regulatoria. Y en sectores que requieren inversiones gigantescas, desde las redes eléctricas hasta los centros de datos o las nuevas tecnologías, la estabilidad regulatoria constituye uno de los activos más valiosos.

En síntesis, ambos argumentos contienen parte de verdad. Quizá porque el debate real no consiste en determinar si el Estado debe intervenir más o menos en la economía, sino en reconocer que la propia naturaleza del capitalismo europeo está cambiando.

A lo largo de buena parte del siglo XX predominó la idea de que el Estado corregía el mercado. Hoy, en cambio, el Estado contribuye activamente a crearlo. La transición energética depende de enormes subvenciones públicas. La autonomía estratégica europea, de la que tanto hablamos, moviliza cientos de miles de millones en ayudas industriales. La industria de defensa vive impulsada por contratos públicos. ¿Y las farmacéuticas? Crecieron durante la pandemia gracias, en parte, a compras masivas financiadas por los Estados. Sin olvidar las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, las cuales dependen de infraestructuras energéticas, regulación y financiación pública que condicionan profundamente su desarrollo. En todos estos ámbitos resulta cada vez más difícil separar completamente la creación privada de valor de la acción pública que hace posible ese valor.

"A la redistribución se le une la tarea de decidir cómo se reparten las rentas generadas por una colaboración permanente entre lo público y lo privado"

La economista Mariana Mazzucato lleva años defendiendo precisamente esta idea. La labor del Estado va más allá de corregir fallos del mercado porque también es capaz de crear mercados enteros mediante inversión pública, investigación, regulación o contratación. Si aceptamos esa premisa, la discusión sobre los beneficios extraordinarios adquiere una dimensión distinta. A la redistribución se le une la tarea de decidir cómo se reparten las rentas generadas por una colaboración permanente entre lo público y lo privado.

Naturalmente, esta visión también plantea riesgos. Si cada vez que los beneficios se elevan, estos pueden ser objeto de una negociación política, puede haber más obstáculos para la atracción de inversión y para la innovación. Y, como sabemos, estas son áreas en las que Europa necesita continuar trabajando debido a la competencia con Estados Unidos y China. Ese es probablemente el verdadero dilema europeo.

Europa necesita más inversión privada para financiar la transición energética, la digitalización y la defensa. Pero también afronta una creciente presión social para garantizar que las enormes rentas derivadas de esos procesos no queden concentradas exclusivamente en unas pocas empresas mientras los costes recaen sobre los ciudadanos. Como suele decirse, no existe una respuesta sencilla.

Lo que sí parece evidente es que el concepto de "beneficio caído del cielo" ha llegado para quedarse. Cada nueva crisis —una guerra, una pandemia, una revolución tecnológica o incluso una decisión de política monetaria— volverá a plantear la misma pregunta: ¿debe el Estado limitarse a recaudar impuestos generales o puede reclamar una parte de aquellas ganancias que no habrían existido sin circunstancias extraordinarias compartidas por toda la sociedad?

Pedro Sánchez ha sido uno de los líderes europeos que con mayor claridad ha respondido afirmativamente. Otros gobiernos, incluso de distinto signo político, han llegado a conclusiones similares. Sus críticos continúan advirtiendo de los riesgos para la inversión y la seguridad jurídica. Y, sin embargo, ambos bandos quizá estén discutiendo una cuestión todavía más profunda sin formularla explícitamente.

"No hay que preguntarse únicamente quién «genera» los beneficios, sino quién tiene la legitimidad para «reclamarlos»"

En el capitalismo europeo, cada vez más sectores estratégicos funcionan como una coproducción que combina la iniciativa privada con el papel regulador del Estado. Cuando el poder público adquiere un papel tan grande en la economía como el actual —financia la innovación, protege mercados, garantiza infraestructuras y absorbe buena parte del riesgo sistémico—, no hay que preguntarse únicamente quién "genera" los beneficios, sino quién tiene la legitimidad para "reclamarlos". Esta, probablemente, será una de las discusiones económicas que marcarán la próxima década en Europa.