Un impuesto extraordinario bien diseñado puede ser justo y eficaz

Ante la inquietud que genera en ciertos sectores la propuesta —impulsada por España junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal— de establecer un gravamen temporal coordinado a escala europea sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, nos gustaría compartir ciertas reflexiones. El ministro Carlos Cuerpo, en una carta dirigida a la Comisión Europea el 3 de abril de 2026, pedía explorar un instrumento fiscal de solidaridad que obligue a las compañías que se están lucrando con la guerra en Oriente Medio a contribuir a aliviar la carga sobre consumidores y presupuestos públicos.

Por qué Europa vuelve a debatir impuestos extraordinarios en tiempos de guerra

Ni la política monetaria ni la política fiscal están pensadas para hacer frente a una pandemia o a tiempos de guerra. Por eso, al suceder lo improbable, tenemos que hacer políticas extraordinarias. Por ejemplo, en la pandemia articulamos unos mecanismos masivos de préstamos ICO y de ERTE para salvar nuestras empresas. Nadie protestó por inseguridad jurídica entonces. Todo lo contrario. Más debate generaron las medidas por la guerra de Putin en 2022, que son el antecedente próximo inesperado de lo que se propone ahora. Las medidas entonces se entendieron más en el sentido de mitigar la inflación y sus consecuencias que como instrumento de solidaridad en tiempo real o de reciprocidad respecto a los subsidios en la pandemia. El shock energético derivado de la guerra entre el tándem EE. UU.-Israel e Irán llega cuando aún no hemos saldado las cuentas del anterior.

"Ni la política monetaria ni la política fiscal están pensadas para hacer frente a una pandemia o a tiempos de guerra"

Es cierto que la urgencia hace más fácil cometer errores de política económica. Además, como somos humanos, los impuestos extraordinarios nos hacen sentir más inseguros (jurídicamente hablando) que los subsidios extraordinarios. La situación actual puede ser más complicada que la crisis de la COVID-19 o incluso que el shock energético de 2022. Es por ello que el Gobierno —y, en este caso, la Comisión Europea— debe diseñar y explicar muy bien a quién y cómo se grava, y el alcance de tales gravámenes. Para empezar, lo deseable es que tales gravámenes se diseñen para decaer en cuanto acabe la urgencia: el carácter temporal de las medidas. Deseable también es que los gravámenes que se acuerden se entiendan como parte de la tributación común europea. El Reglamento (UE) 2022/1854, aprobado tras la invasión rusa de Ucrania, puede servir de referencia jurídica, pero también de advertencia: su implementación dispar entre Estados miembros generó incertidumbre inversora que conviene no repetir.

Eléctricas, petroleras y banca: a quién gravar y con qué límites

Parece deseable, desde luego, gravar los llamados windfall profits de las eléctricas y petroleras. En el caso de las eléctricas, estos se producen porque los derechos de emisión de CO2 suben el precio de la electricidad. Puesto que las energías limpias no contaminan, las empresas que las producen tienen esos beneficios "caídos del cielo" a través de un precio eléctrico inflado por razón regulatoria. Es decir, el diseño del mercado de emisiones, junto con el mercado marginalista, hace que los precios de los derechos de emisión sean un impuesto sobre las energías fósiles que, implícitamente, sirve para subvencionar a las energías limpias. La cuestión es si el volumen de esa subvención es el adecuado. Si es demasiado alta, en vez de animar a las empresas a que innoven, estamos premiando que se adocenen.

El actual diseño marginalista del mercado hace, además, que el gas esté marcando el precio, aunque en España la situación ha mejorado sensiblemente: el despliegue acelerado de renovables ha logrado que el gas fije el precio eléctrico en apenas el 15% de las horas en 2026, frente al 75% de 2019. Pese a este avance, el alza del precio del petróleo en el contexto de la guerra de Irán no responde a razones de escasez estructural, sino de geopolítica y de gestión de riesgos financieros. Parece, por tanto, razonable también poner un recargo sobre los beneficios extraordinarios en el sector de los hidrocarburos. Ello exige, aún más que en el caso de las eléctricas, una intervención coordinada a nivel europeo —exactamente lo que proponen los cinco ministros— con una base jurídica sólida que evite impugnaciones. Confiemos en que los expertos diseñen la intervención que mejor alinee los incentivos. El diseño correcto es la clave. Nos inclinamos siempre por un recargo temporal en el impuesto sobre sociedades frente a otras alternativas que puedan tener efectos secundarios indeseados.

"Lo preocupante es que esos beneficios se observen en sectores en los que la competencia no es una opción: las compañías energéticas o la banca"

Los beneficios extraordinarios en el sector energético pueden haber extendido la idea de que la crisis induce márgenes extraordinarios en muchos otros sectores. Algunos estudios apuntan a márgenes elevados en distribución, alimentación y tecnológicas, asociados a cuellos de botella en la oferta. En esos casos, la CNMC debería actuar en defensa de la competencia. Lo preocupante es que esos beneficios se observen en sectores en los que la competencia no es una opción: las compañías energéticas o la banca. No tiene sentido que, por los avatares de la política monetaria y la guerra en Irán, se conviertan otra vez en una lluvia de millones para el sector bancario a costa de los deudores hipotecarios. Del mismo modo, el escenario actual ha favorecido el ejercicio de poder de mercado de las empresas de hidrocarburos. No se puede defender que el mercado determine la evolución de precios clave en un entorno de guerra y, a la vez, invalidar que los gobiernos, de manera coordinada a nivel europeo y de forma consensuada con las grandes empresas, propongan medidas impositivas extraordinarias.

Sabemos que es controvertido sugerir gravar los beneficios, la facturación o los activos. Si hay algo que la innovación financiera favorece, es la posibilidad de ocultar rentas. Si hay algo que permite la moderna tecnología de procesamiento de datos, es volver observables dimensiones que hasta hace poco eran propicias a la ocultación. En muchos casos, la riqueza o la facturación pueden ser un proxy de flujos no observados sujetos a gravamen. Montar un escándalo con este asunto y hablar de confiscación nos parece de otra época, más aún en el marco que acabamos de describir.

Lo importante es que las empresas se hagan justo cargo de su parte en el sostenimiento de los bienes públicos y que puedan transmitir a la ciudadanía que lo hacen. La máxima cooperación entre lo público y lo privado, más aún en sectores estratégicos, es imprescindible.