Roxana Mînzatu, vicepresidenta de la Comisión Europea: "Hay 93 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa"

Hay un malestar compartido entre todos los europeos. Antes de comenzar la entrevista con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, estaba charlando con un miembro del Instituto Universitario Europeo (IUE) que vivía en la propia Florencia. Él, treinta años; yo, veinticinco. Rápidamente, nuestra conversación se movió hacia una cuestión: la dificultad en el acceso a la vivienda. Porque si algo une a un joven de Berlín, Bruselas, Florencia o Madrid es esta problemática, sobre la que me vi obligado a preguntar a la comisaria Roxana Mînzatu.

El contexto era propicio: nos encontrábamos en la celebración del 50.º aniversario del IUE y, además, la Comisión Europea había anunciado dos días antes la primera estrategia contra la pobreza de ámbito europeo, de la mano de la propia Mînzatu. Ella es plenamente consciente de los desafíos paralelos —"Europa tiene que ponerse al día en industria, economía y soberanía tecnológica", explica—, pero los entiende como vías de acceso a un objetivo legítimo y necesario: "un modelo social europeo que beneficie a todas las personas, no solo a una élite ni a algunas geografías concretas".

Mînzatu se desenvuelve bien, con mucha naturalidad, y sabe que su cartera no es sencilla: toca cuestiones muy sensibles, con objetivos ambiciosos —"reducir en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social para 2030"—, pero que, en términos de recursos y competencias, puede quedar en un segundo plano. La conversación parte de ahí: cómo puede Europa hablar de competitividad o autonomía estratégica sin dejar en los márgenes la promesa social que ha definido el proyecto comunitario.
 
Mi primera pregunta es sobre Europa. Hablamos mucho de competitividad, industria, defensa y autonomía estratégica. ¿Cómo encaja la agenda social en esa conversación?

El modelo social europeo es un activo para nuestro modelo económico. De hecho, debería ser una de sus ventajas diferenciales. Al final, ¿para qué queremos más competitividad y más prosperidad? Para garantizar que las personas tengan oportunidades, protección y una vida digna.

Europa tiene que ponerse al día en industria, economía y soberanía tecnológica. Para ello necesita invertir en tecnología y capital, crear un entorno más ágil para la industria, reducir la fragmentación del mercado único, eliminar barreras y mejorar las reglas sobre ayudas de Estado.

Pero dentro de todo eso hay que asegurar que el destino final sea un modelo social europeo que beneficie a todas las personas, no solo a una élite ni a algunas geografías concretas. Esa es, para mí, la idea de un verdadero modelo económico europeo: uno que incorpora sus activos sociales.

En esa línea, usted ha presentado la estrategia europea contra la pobreza. En términos concretos, ¿qué debería cambiar para una persona en Rumanía, España o Italia después de esta estrategia?

Hay 93 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa. Y no sabemos cómo puede evolucionar esa cifra después de los choques energéticos y las crisis recientes.

La estrategia contra la pobreza parte de un enfoque de ciclo de vida y de una mirada multidimensional. Nos preguntamos qué hacer con los niños en situación de pobreza, con los jóvenes en riesgo de exclusión, con las personas que trabajan o buscan empleo pero siguen siendo pobres, y también con quienes están fuera del mercado laboral. Ahí hay muchas mujeres, personas mayores y personas con distintas situaciones de vulnerabilidad.

La renta es una parte importante, pero no es la única. Una persona puede tener salario y aun así no tener suficiente para vivir. Puede no tener acceso a servicios adecuados, o puede que sus hijos no puedan acceder a la atención sanitaria o educativa que necesitan. También hablamos de pobreza energética y de pobreza en el transporte.

"Lo que planteamos es un enfoque integrado. Hay que mirar a cada persona en situación de vulnerabilidad, entender sus distintas necesidades y ofrecer un apoyo que combine varios servicios"

Hay tres elementos centrales en la estrategia. El primero es una posible herramienta legal para mejorar la activación de personas que están fuera del mercado laboral. No hablamos de personas desempleadas en sentido estricto, sino de personas que no están buscando trabajo. En Europa hay alrededor de cincuenta millones de personas en esa situación. Algunas estudian, otras se consideran jubiladas, pero también hay muchas personas, especialmente mujeres o familias monoparentales, que no pueden trabajar porque no tienen los apoyos adecuados.

Piense en una mujer que no puede aceptar un empleo porque no tiene acceso a una escuela infantil o a un entorno seguro para sus hijos. O quizá no tiene las competencias necesarias, o paga un alquiler más alto que el salario que podría obtener. Puede que reciba una ayuda para el alquiler o que en algún país tenga acceso a servicios de cuidado infantil, pero de forma fragmentada. Lo que planteamos es un enfoque integrado. Hay que mirar a cada persona en situación de vulnerabilidad, entender sus distintas necesidades y ofrecer un apoyo que combine varios servicios: apoyo a la renta, formación para acceder a un empleo, cuidado infantil u otros recursos. Hablamos de servicios personalizados e integrados.

En la estrategia no aparece con este nivel de detalle, pero sí se menciona una posible herramienta legal para mejorar la activación de personas fuera del mercado laboral. Habrá consultas con los interlocutores sociales sobre su contenido. Para nosotros es uno de los elementos más fuertes de la estrategia, porque creemos que el acceso a empleos de calidad para todos es la mejor vía para salir de la pobreza y vivir con dignidad.

"Tenemos que asumir una responsabilidad colectiva en Europa hacia decenas de millones de personas que podrían incorporarse al mercado laboral"

Esto implicará debates con los Estados miembros y también inversión. Pero no podemos hablar a las personas en riesgo de pobreza solo en términos de prestaciones, ni decirles simplemente que busquen trabajo. Tenemos que asumir una responsabilidad colectiva en Europa hacia decenas de millones de personas que podrían incorporarse al mercado laboral.

Muchas son mujeres. Por eso sufren interrupciones en su carrera profesional por falta de servicios de cuidado infantil y, más tarde, pensiones más bajas. También es una cuestión de igualdad de género. En otros casos hablamos de personas con alguna discapacidad que podrían trabajar si contaran con asistencia personalizada suficiente o si el empleador adaptara el puesto de trabajo.

La herramienta podría adoptar la forma de una directiva que establezca estándares mínimos en los Estados miembros para este tipo de servicios. Los otros dos grandes elementos son la lucha contra la pobreza infantil y contra la exclusión residencial, con distintas iniciativas en ambos ámbitos.
 
El plan ha tenido una buena acogida, pero hay sectores que esperaban un aumento de los fondos. ¿Cree que con estos recursos será posible alcanzar los objetivos planteados?

Ya existe un compromiso de los Estados miembros y de la Unión Europea: reducir en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social para 2030. Además, tenemos una ambición más amplia: ayudar a los Estados miembros a erradicar la pobreza en 2050.

Cuando miramos los objetivos de 2030, vemos que no vamos bien. De los 15 millones previstos, hemos conseguido ayudar a salir de esa situación a unos 3,7 millones, casi cuatro millones. En los próximos años habría que llegar a 15 millones, y eso va a ser muy complicado.

Ayudar a las personas a salir de la pobreza requiere recursos financieros, y la Unión Europea ya invierte, especialmente a través del Fondo Social Europeo Plus. Pero no basta con tener dinero. También importa cómo se invierte.

Si se entregan bonos para compensar el precio de la energía, pero una madre soltera necesita además empleo, formación y apoyo para el cuidado infantil, esa ayuda aislada no la sacará de la pobreza. Por eso queremos combinar el apoyo financiero europeo con una nueva forma de prestar servicios: integrada, personalizada y más eficaz.

En la propuesta del próximo marco financiero plurianual, los Estados miembros recibirán una asignación a través de un plan nacional. Al menos una cuarta parte, es decir, un mínimo del 14%, deberá dedicarse a inversión social, inversión en las personas. ¿Es suficiente? No. Pero cada Estado miembro tiene desafíos distintos en competencias, pobreza o inclusión, y puede asignar más recursos de forma flexible.

"Luchar contra la pobreza es una responsabilidad social colectiva. El sector empresarial, las organizaciones filantrópicas y las instituciones financieras internacionales también deben sumarse"

El presupuesto está ahora en plena negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Nosotros facilitamos esas conversaciones y ofrecemos apoyo. Pero en la estrategia también decimos algo importante: luchar contra la pobreza es una responsabilidad social colectiva. El sector empresarial, las organizaciones filantrópicas y las instituciones financieras internacionales también deben sumarse.

Por eso lanzaremos una coalición contra la pobreza. La idea es no limitar la expectativa al presupuesto europeo o a los presupuestos nacionales. El presupuesto europeo puede apoyar a los Estados miembros en competitividad, Europa social o transformación tecnológica, pero la erradicación de la pobreza requiere un compromiso de toda la sociedad.

Las competencias de los Estados miembros son muy relevantes en esta materia. ¿Cómo puede ayudar la Comisión a que concentren sus políticas en este objetivo?

Es cierto que los Estados miembros tienen la competencia principal. La Comisión cuenta con varias herramientas. La primera son los fondos europeos, la política de cohesión y el Fondo Social Europeo. Muchas veces estos instrumentos han ayudado a moldear las políticas nacionales.

Por ejemplo, cuando se aprobó la Garantía Infantil, se pidió a los Estados miembros con altos niveles de pobreza infantil que garantizaran a cada niño acceso a servicios básicos: vivienda, educación, atención médica, una comida al día y otros apoyos. También se les ofrecieron fondos del Fondo Social Europeo Plus. Eso cambió políticas nacionales: los gobiernos fueron más activos, más eficientes y aportaron recursos propios. No resolvió completamente el problema, porque la pobreza infantil sigue siendo muy relevante, pero sí demuestra que la Unión Europea influye en las políticas de los Estados miembros con financiación y herramientas blandas como las recomendaciones.

La segunda herramienta es el Semestre Europeo. Tradicionalmente se conoce como un proceso para alinear las trayectorias fiscales y económicas de los Estados miembros con la Unión Europea. Pero recientemente hemos introducido una dimensión social. Cada año evaluamos a cada Estado miembro también desde el punto de vista social.

Es importante ajustar los presupuestos y evitar déficits excesivos, pero no a costa del tejido social. Por eso evaluamos riesgos de divergencia social: pobreza, abandono escolar, tasas de empleo, brechas, desempleo. Después se formulan recomendaciones por país.

"Proponemos que cada Estado miembro tenga una estrategia contra la pobreza. Si ya la tiene, debería actualizarla; si no, debería diseñarla"

Esas recomendaciones importan mucho. Las recomendaciones del Semestre Europeo de 2027, si las negociaciones avanzan, se usarán en las conversaciones con cada Estado miembro sobre su presupuesto para 2028-2034. La forma en que diseñen sus planes deberá reflejar cómo proponen soluciones y cómo invierten en los retos identificados por el Semestre Europeo.

Además, proponemos que cada Estado miembro tenga una estrategia contra la pobreza. Si ya la tiene, debería actualizarla; si no, debería diseñarla. Y creemos que la coordinación debe situarse en el centro del Gobierno: en la presidencia, en el primer ministro o en la presidencia del Consejo de Ministros. No puede ser responsabilidad exclusiva del ministro de Trabajo o de Asuntos Sociales.

La pobreza es una cuestión económica y social. También se trata de invertir en personas vulnerables para que puedan ser independientes económicamente y contribuir a la economía. Eso reduce la presión presupuestaria futura. Y la inversión en infancia es, sin duda, una de las que ofrece mejores retornos.
 
Antes de comenzar la entrevista, estábamos hablando del problema de la vivienda. Es una cuestión central en prácticamente todos los Estados miembros Usted ha señalado que la estrategia contra la pobreza también aborda la vivienda. ¿Cómo se conecta con la política social?

La vivienda es un tema muy complejo. En algunos Estados miembros, como en mi país, el problema tiene que ver con el coste de las hipotecas y los préstamos. Es un modelo basado en la propiedad, pero los jóvenes o las parejas jóvenes no pueden permitirse comprar una casa en las grandes ciudades, aunque tengan buenos salarios.

En Europa occidental, los alquileres en las grandes ciudades se han disparado, y eso genera exclusión, especialmente entre los jóvenes. Por eso la Comisión, coordinada por Dan Jørgensen, comisario de Vivienda, presentó un plan europeo de vivienda asequible con medidas para distintas categorías de beneficiarios. No se limita a las personas vulnerables.

En el paquete contra la pobreza me centro más en las personas sin hogar, en riesgo de sinhogarismo, en riesgo de desahucio o víctimas de desahucio. Es decir, miro la dimensión social de la vivienda y el acceso a vivienda social, también para jóvenes.

Hemos propuesto una recomendación del Consejo. Es una herramienta legal, aunque blanda. Pero es la primera de este tipo que fija por escrito una orientación política sobre cómo los Estados miembros deberían alinear sus esfuerzos contra la exclusión residencial.

"Es esencial identificar cuanto antes a las personas afectadas por el sinhogarismo, en riesgo de sinhogarismo, en alojamientos de emergencia o en riesgo de desahucio"

El primer elemento son los datos. Es esencial identificar cuanto antes a las personas afectadas por el sinhogarismo, en riesgo de sinhogarismo, en alojamientos de emergencia o en riesgo de desahucio. Después proponemos sistemas de alerta temprana, asesoramiento sobre deuda y mecanismos situados donde resulten más eficaces.

Esto puede formar parte de los servicios sociales, pero también ir más allá. En universidades, por ejemplo, se puede detectar la situación de jóvenes antes de que sea demasiado tarde, antes de que abandonen los estudios o pierdan su vivienda. También hay que mirar a las personas que empiezan o desarrollan su vida laboral y ofrecer asesoramiento sobre deuda y educación financiera. Es una parte preventiva de la estrategia.

Después está el enfoque housing first. Si una persona no tiene techo, no basta con darle ropa o comida caliente. Lo primero es un techo sobre su cabeza y, después, los servicios que necesite. Si está en un albergue, hay que diseñar el paso hacia una vivienda temporal y luego hacia una solución de largo plazo. La vivienda debe ser el primer nivel de intervención, acompañada por los servicios necesarios.

También abordamos los alquileres elevados y los desahucios, dentro de los límites que nos imponen los Tratados. Desde el nivel europeo no podemos imponer determinadas soluciones legales, porque es competencia de los Estados miembros. Pero sí podemos señalar que es importante que los Estados miembros, mediante incentivos, animen a los propietarios a apostar por alquileres de larga duración en lugar de alquileres de corta duración.

No queremos distorsionar el mercado, pero tampoco es sostenible evitar este debate. Muchas grandes ciudades están afectadas por los alquileres de corta duración.

La recomendación también incluye medidas sobre desahucios y relación con los bancos para proteger mejor a los inquilinos y lograr un enfoque más equilibrado. Además, defendemos que la inversión pública, ya sea mediante ayudas de Estado o fondos europeos, debe priorizar proyectos de vivienda asequible y social. La sostenibilidad de la construcción es importante, pero la asequibilidad debería formar parte de los criterios de adjudicación cuando haya dinero público.

"Necesitamos un mecanismo de protección que permita actuar cuanto antes frente a distintas formas de exclusión residencial"

Para mí, lo más importante es la prevención: capacidad de alerta temprana, detección precoz y actuación antes de que la situación se deteriore. No resuelve todo el problema, pero puede ser un cambio decisivo. Necesitamos un mecanismo de protección que permita actuar cuanto antes frente a distintas formas de exclusión residencial.

Muchas gracias.