¿Cuáles son los nombres propios que importan en la batalla española por el presupuesto de la UE?

Bruselas ya no es lo que era porque durante décadas la relación de España con el presupuesto comunitario, el mastodóntico marco financiero plurianual (MFP), ha sido la de un receptor disciplinado centrado en el campo y las infraestructuras, pero los pasillos del Berlaymont y las salas de comisión del Parlamento Europeo están diseñando una nueva Unión que prefiere los microchips a las remolachas y la defensa del flanco este a la cohesión del sur. Para los sectores económicos españoles el tablero ha cambiado y hay que poner nombres, apellidos y acentos a quienes tienen el bolígrafo que decidirá si España sigue siendo una potencia beneficiaria o si sucumbe a la denominada paradoja del éxito.

En mi participación, este próximo miércoles, en el Public Affairs Summit, profundizaré en cómo las empresas españolas pueden anticiparse a este giro, analizando por qué la interlocución técnica con las Direcciones Generales y los eurodiputados es hoy tan determinante como la foto política en el Consejo. El nuevo ecosistema de "fondos condicionados" y soberanía industrial exige que los Asuntos Públicos se conviertan en el núcleo de la estrategia corporativa.

Es imprescindible, por tanto, que los responsables institucionales intercambien las herramientas de inteligencia y lobby necesarias para que el peso de nuestra industria no se diluya en la negociación, ya en marcha, del MFP. En este contexto, señalo seis frentes a los que será necesario prestar especial atención:

El nuevo diseño del gasto y la vigilancia del Este. El hombre más importante para el bolsillo de España no es español, es polaco y se llama Piotr Serafin, comisario de Presupuesto y Administración, quien, como mano derecha de Donald Tusk, llegó con un mandato claro de "modernizar". Esto, en el lenguaje de Bruselas, suele ser un código diplomático para detraer recursos de las políticas tradicionales para dárselos a la industria y la defensa. La Dirección General DG BUDG, liderada técnicamente por la francesa Stéphanie Riso, ha diseñado un marco financiero que se parece más al Plan de Recuperación NextGenEU que a los fondos tradicionales de los años noventa, lo que genera una tensión evidente por el fin de las chequeras abiertas, ya que Serafin busca un presupuesto centralizado. España corre un riesgo de pérdida neta porque ha sido históricamente experta en absorber fondos de cohesión por su nivel de renta, y si se impone un modelo basado en fondos competitivos, donde gana el mejor proyecto tecnológico y no el país que más lo necesita, las pequeñas y medianas empresas españolas, con menor capacidad de lobby que las alemanas, pueden sufrir para acceder al crédito europeo.  

La pugna por la soberanía industrial y el eje franco-alemán. En el ámbito industrial, vital para la automoción y el sector farmacéutico, la batuta la lleva el francés Stéphane Séjourné como vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, cuya visión es la de la soberanía estratégica para crear gigantes europeos capaces de mirar a la cara a China, mientras que en el Parlamento el responsable es el alemán Christian Ehler, quien desde la comisión ITRE tiene un enfoque que suele priorizar la industria pesada y la energía nuclear. Los responsables técnicos en esta área son Kerstin Jorna en la DG GROW y Marc Lemaître en la DG RTD (Research and Innovation), quienes gestionan la tensión derivada del Informe Draghi sobre competitividad y la peligrosa relajación de las reglas de ayudas de Estado, un escenario donde España gana si logra atraer fondos para proyectos de hidrógeno verde y microchips, pero pierde irremediablemente si el presupuesto se convierte en un club exclusivo donde París y Berlín dopan a sus empresas nacionales con el beneplácito de la Comisión.  

La consolidación del apartado 5 de defensa y el ascenso de Andrius Kubilius como primer comisario de Defensa marcan el paso de un presupuesto de investigación a uno de producción masiva y compras conjuntas. Bajo la dirección técnica de Timo Pesonen en la DG DEFIS, Bruselas presiona por una estandarización de armamento que favorece el diseño franco-alemán, situando a empresas españolas como Indra o Navantia ante el riesgo de convertirse en subcontratistas si no logran blindar su soberanía industrial en el Fondo Europeo de Defensa. En el Parlamento, son ahora el alemán David McAllister (PPE), desde la influyente comisión de Exteriores y su peso en Seguridad, junto a perfiles como Marie-Agnes Strack-Zimmermann (SED), quienes marcan la línea dura: el gasto militar ya no es una opción diplomática, sino el nuevo motor industrial del continente.  

"Ucrania es una potencia agrícola masiva y, si entra en el reparto presupuestario sin aumentar el pastel total, los fondos para el olivar, el vino o el cereal español se desplomarían por pura matemática presupuestaria"

El campo español ante la sombra de la ampliación. El sector agroalimentario español se enfrenta también a un cambio de guardia tectónico con el luxemburgués Christophe Hansen como comisario de Agricultura y la checa Veronika Vrecionová presidiendo la comisión AGRI del Parlamento, lo que representa un giro hacia el pragmatismo productivo y un alejamiento de las exigencias medioambientales más radicales del mandato anterior que tanto encendieron las protestas en el campo español. Sin embargo, una de las tensiones principales es la incipiente ucranización de la Política Agraria Común, ya que Ucrania es una potencia agrícola masiva y, si entra en el reparto presupuestario sin aumentar el pastel total, los fondos para el olivar, el vino o el cereal español se desplomarían por pura matemática presupuestaria, pese a que la dirección general DG AGRI, dirigida por el austríaco Wolfgang Burtscher, intente simplificar la burocracia para calmar los ánimos en el sur.  

La condicionalidad de los fondos y el fin de la autonomía regional. En cuanto a la cohesión y el desarrollo regional, el vicepresidente Raffaele Fitto de Italia es la figura clave porque gestiona la rúbrica que contiene los fondos FEDER y FSE+ bajo una nueva tensión de condicionalidad de reformas, donde el dinero solo se entrega si el Gobierno nacional cumple con hitos estructurales, eliminando de facto el modelo tradicional donde una región recibía dinero basándose exclusivamente en su nivel de renta per cápita. Esto supone que España pierda autonomía política real, ya que las regiones perderán peso en la interlocución directa con Bruselas y con los técnicos de la DG REGIO de Themis Christophidou, mientras que el modelo se centraliza en Madrid bajo la estrecha supervisión de Fitto, quien no oculta su intención de vincular cada euro a la productividad nacional por encima de la convergencia territorial.  

La figura de Teresa Ribera emerge como el baluarte definitivo para los sectores económicos españoles. Desde su posición como vicepresidenta ejecutiva, Ribera es mucho más que la gatekeeper de la competencia; es el contrapeso necesario frente a los halcones del Este. Su capacidad para definir qué se considera "industria estratégica" y cómo se flexibilizan las ayudas de Estado determinará si el hidrógeno verde, la descarbonización naval o el sector aeroespacial español acceden al corazón del presupuesto o quedan relegados por las prioridades bálticas. Para cualquier director de relaciones institucionales, entender la agenda de Ribera no es una opción, sino el único camino para asegurar que la transición económica española sea financiada, y no solo exigida, por Bruselas.

"Los empresarios que buscan apoyos descubren pronto que el consenso español ya está construido. «El problema no es España», suelen oír"

España entra en este ciclo presupuestario con una economía que crece por encima de la media europea, pero con una influencia política que se enfrenta a un bloque del este y del norte mucho más asertivo, lo que obliga a jugar una partida presupuestaria basada en la eficiencia de las reformas porque el objetivo de Bruselas ya no es la cohesión territorial, sino la supervivencia competitiva. 

En una reciente conversación entre los eurodiputados Javi López (PSOE) y Esteban González Pons (PP) se puso en valor que, más allá del error que representa la españolización de la política comunitaria, socialistas y populares españoles cooperan para defender a empresas, sectores productivos y prioridades económicas españolas. Los empresarios que buscan apoyos descubren pronto que el consenso español ya está construido. "El problema no es España", suelen oír. "Es con no españoles y con otros Estados miembros con quienes hay que hablar". 

Los sectores económicos españoles deben tirar de sus representantes para poder establecer contacto y presionar a aquellos que tienen el bolígrafo, porque corremos el riesgo de financiar, con nuestro propio crecimiento, el renacimiento industrial de sus competidores del norte en un mapa donde los nombres están sobre la mesa y solo falta saber si el país tiene la agudeza necesaria para hablar el nuevo y exigente idioma del dinero europeo.