España e Italia ponen en la diana una respuesta insuficiente de Bruselas a la crisis energética

Pocas veces la Comisión Europea logra cosechar un consenso total entre los Estados miembros, siempre tan divididos en sus intereses, motivaciones y objetivos. Pero la semana pasada el Ejecutivo comunitario lo consiguió con la presentación de su paquete de medidas para aliviar la crisis energética que está golpeando a Europa. El diagnóstico de todos los líderes europeos y fuentes diplomáticas que han respondido a la propuesta de Bruselas ha sido común: no es suficiente. Consenso total, aunque no el deseado.

Hasta ahora, la crisis energética que ha ocasionado la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha provocado que los europeos hayan tenido que pagar unos 25.000 millones de euros adicionales, según los cálculos de Bruselas. El miércoles pasado, antes de que los jefes de Estado y de Gobierno viajaran a Chipre para una cumbre informal, la Comisión puso sobre la mesa un paquete centrado en medidas voluntarias y en coordinación entre las capitales.

"Varios líderes coincidieron en señalar públicamente que la propuesta se había quedado corta. Cada uno con ideas diferentes, España e Italia lideraron la carga"

Tanto el jueves, en una cena en Ayia Napa, en la costa chipriota, como el viernes, en una reunión más formal celebrada en Nicosia, varios líderes coincidieron en señalar públicamente que la propuesta se había quedado corta. Cada uno con ideas diferentes, España e Italia lideraron la carga. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, insistió con la idea de obtener una mayor flexibilización de las reglas fiscales, una idea que la Comisión ha rechazado por el momento. Ante el planteamiento de una relajación de las normas de ayudas de Estado, que establecen los límites de las ayudas que los gobiernos pueden ofrecer a sectores o empresas en dificultades por la crisis, Meloni recordó que no todos los países tienen el mismo espacio fiscal. La líder ultraconservadora propuso, de hecho, un sistema similar a SAFE, por el que la Comisión Europea emite deuda conjunta europea que luego canaliza a los Estados miembros en forma de créditos ventajosos para financiar el aumento del gasto en defensa.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, también ejerció de liebre el viernes. Como Meloni, agradeció a la Comisión sus propuestas para, acto seguido, dejar claro que quiere mucho más. El líder socialista solicitó una prórroga de entre seis y doce meses para los desembolsos del Fondo de Recuperación, el mecanismo que se creó para reactivar la economía europea tras la crisis del coronavirus. Además, Sánchez pidió una flexibilización de las reglas fiscales para que el gasto dedicado a la electrificación no se contabilice para el cumplimiento del déficit, que establece un tope del 3% del PIB.

Además, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria, a través de sus ministros de Finanzas, habían solicitado a la Comisión Europea que propusiera un impuesto especial para los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Por ahora, Bruselas no ha recogido el testigo, pero Sánchez volvió a plantear la idea en Nicosia. "Hay empresas que ahora mismo se están beneficiando del alza del precio del crudo y, por tanto, tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a proteger a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias", señaló el presidente del Gobierno.

Fuentes europeas coincidieron en señalar que la percepción entre los líderes es que la situación se agrava cada día y que será necesario encontrar soluciones creativas y más ambiciosas que las planteadas ahora mismo por Von der Leyen.

"La Comisión, especialmente esta, tan poco dada a asumir riesgos, ha decidido ser muy discreta y no plantear nada especialmente audaz"

El trabajo ya ha empezado. Los jefes de Estado y de Gobierno han encargado a sus ministros de Finanzas que trabajen en una serie de alternativas más allá de las planteadas por el Ejecutivo comunitario. Eso no solamente demuestra el descontento de muchas capitales con el plan planteado por Bruselas. Es reflejo también de por qué precisamente la Comisión, especialmente esta, tan poco dada a asumir riesgos, ha decidido ser muy discreta y no plantear nada especialmente audaz: es un tema enormemente sensible, que levanta muchas emociones, una cuestión de absoluta prioridad política que requiere de la implicación directa de las capitales. En Chipre, lo que ha quedado claro es que son los gobiernos nacionales los que recuperan el timón.