Miércoles, 29 de julio de 2026
POLÍTICA COMERCIAL
El nuevo plan arancelario de Trump tras el golpe del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado ilegales la mayoría de aranceles impuestos por la Administración Trump. El experto en política comercial César Guerra Guerrero analiza el contexto económico que surge en el país y cómo el presidente ha conseguido eludir la sentencia. A pesar de que esta es una decisión que "reafirma el principio de separación de poderes", la Administración Trump ha encontrado un nuevo resquicio para imponer un "arancel global del 10%".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa impulsando una política comercial centrada en el uso de aranceles.Casa Blanca / Daniel Torok
La política comercial de Estados Unidos ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, particularmente a partir de la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Su enfoque rompió con décadas de consenso bipartidista a favor del libre comercio, introduciendo una estrategia basada en el uso intensivo de aranceles, la renegociación de acuerdos internacionales y una retórica de soberanía económica que redefinió el papel del país en el sistema global. Este giro no solo alteró las relaciones comerciales con aliados y competidores estratégicos, sino que también provocó intensos debates jurídicos internos, culminando recientemente con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de declarar inconstitucionales ciertos aranceles impuestos durante el llamado Liberation Day (Día de la Liberación).
El Liberation Day marcó un momento simbólico dentro de esta estrategia. En esa fecha, el presidente anunció una nueva ronda de aranceles amplios, presentados como un acto de "liberación" frente a lo que describió como prácticas comerciales injustas y dependencias perjudiciales.
Sin embargo, muchas empresas que necesitaban insumos importados enfrentaron mayores costos, lo que en algunos casos se trasladó a los consumidores. Asimismo, los mercados financieros reaccionaron con volatilidad ante la incertidumbre comercial. Instituciones como la Reserva Federal observaron con atención el impacto de los aranceles en la inflación y el crecimiento, ajustando sus proyecciones en función de la evolución del conflicto comercial.
En su decisión, el Tribunal Supremo determinó que los aranceles en cuestión no cumplían con los requisitos establecidos por la legislación invocada por el Ejecutivo. Según el razonamiento mayoritario, la declaración de emergencia utilizada como fundamento no se ajustaba a los parámetros legales previstos, y la amplitud de los gravámenes superaba lo permitido por el marco normativo. En consecuencia, los aranceles fueron declarados inconstitucionales.
Por su parte, era de esperar que el presidente Trump no se detendría ante el fallo. Horas después de conocer la decisión del Tribunal Supremo, se anunció un arancel del 10%, vigente a partir del 24 de febrero, en base a la Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, argumentando problemas de balanza de pagos. Esta medida permite aranceles de hasta 15% durante un plazo de 150 días, el cual puede ser extendido con aprobación del Congreso.
Asimismo, se espera que la Administración Trump amplíe el uso de la Sección 232, la misma que le permite mantener aranceles elevados —por ejemplo, al acero y al aluminio— por cuestiones de seguridad nacional. Las medidas derivadas de esta herramienta no tienen límites ni en su vigencia ni en el monto del arancel; solo requieren de una investigación previa por parte de su Departamento de Comercio. El mayor uso de esta herramienta podría derivar en un mayor nivel de protección a nivel sectorial, es decir, más quirúrgico, en lugar de horizontal, como en el caso del Liberation Day.
Ahora, el presidente Trump enfrentará un campo de acción más reducido al establecer sus aranceles, pero este tipo de medidas seguirán siendo la base de su política para mantener la presión en el mundo que ya le ha redituado algunas victorias en su ego negociador.
La estrategia arancelaria como ruptura histórica
Durante gran parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue uno de los principales arquitectos del orden comercial multilateral. Apoyó activamente la reducción de barreras arancelarias y la consolidación de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo la premisa de que el libre comercio fomentaba el crecimiento económico, la estabilidad política y la influencia internacional estadounidense. Sin embargo, el presidente Trump cuestionó abiertamente este paradigma. Argumentó que los acuerdos comerciales existentes habían perjudicado a los trabajadores industriales estadounidenses, facilitando la deslocalización de empleos y el aumento del déficit comercial."En el 'Liberation Day' el presidente anunció una nueva ronda de aranceles amplios, presentados como un acto de «liberación» frente a lo que describió como prácticas comerciales injustas"En ese contexto, su Administración adoptó una política comercial más confrontacional. Se impusieron aranceles significativos a importaciones de acero y aluminio bajo el argumento de la seguridad nacional, así como gravámenes adicionales a productos provenientes de economías consideradas "competidoras desleales". Estas medidas se justificaron en parte mediante leyes que delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de actuar en situaciones de emergencia económica o amenaza estratégica.
El Liberation Day marcó un momento simbólico dentro de esta estrategia. En esa fecha, el presidente anunció una nueva ronda de aranceles amplios, presentados como un acto de "liberación" frente a lo que describió como prácticas comerciales injustas y dependencias perjudiciales.
Sin embargo, muchas empresas que necesitaban insumos importados enfrentaron mayores costos, lo que en algunos casos se trasladó a los consumidores. Asimismo, los mercados financieros reaccionaron con volatilidad ante la incertidumbre comercial. Instituciones como la Reserva Federal observaron con atención el impacto de los aranceles en la inflación y el crecimiento, ajustando sus proyecciones en función de la evolución del conflicto comercial.
¿Por qué ya no valen los aranceles de Trump?
El núcleo del conflicto reciente ha sido jurídico y constitucional. La Constitución estadounidense confiere al Congreso la potestad de regular el comercio con naciones extranjeras. A lo largo del siglo XX, el Congreso delegó parte de esa autoridad al Ejecutivo mediante leyes que permiten la imposición de aranceles en circunstancias específicas. La cuestión central era si el presidente había actuado dentro de esos límites o si, por el contrario, había excedido su autoridad.En su decisión, el Tribunal Supremo determinó que los aranceles en cuestión no cumplían con los requisitos establecidos por la legislación invocada por el Ejecutivo. Según el razonamiento mayoritario, la declaración de emergencia utilizada como fundamento no se ajustaba a los parámetros legales previstos, y la amplitud de los gravámenes superaba lo permitido por el marco normativo. En consecuencia, los aranceles fueron declarados inconstitucionales.
"El fallo envía un mensaje sobre la necesidad de que las acciones presidenciales estén firmemente ancladas en la autoridad conferida por el Congreso"Esta decisión tiene implicaciones profundas porque reafirma el principio de separación de poderes, subrayando que incluso en materia de política comercial —un ámbito donde el Ejecutivo ha acumulado poder considerable— existen límites constitucionales claros. El fallo envía un mensaje sobre la necesidad de que las acciones presidenciales estén firmemente ancladas en la autoridad conferida por el Congreso. Al final del día, es el Congreso quien aprueba los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, incluyendo aquellos inscritos en la OMC. Por ello, imponer aranceles sin sustento legal que violen dichos acuerdos no es una cosa menor.
Por su parte, era de esperar que el presidente Trump no se detendría ante el fallo. Horas después de conocer la decisión del Tribunal Supremo, se anunció un arancel del 10%, vigente a partir del 24 de febrero, en base a la Sección 122 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, argumentando problemas de balanza de pagos. Esta medida permite aranceles de hasta 15% durante un plazo de 150 días, el cual puede ser extendido con aprobación del Congreso.
Asimismo, se espera que la Administración Trump amplíe el uso de la Sección 232, la misma que le permite mantener aranceles elevados —por ejemplo, al acero y al aluminio— por cuestiones de seguridad nacional. Las medidas derivadas de esta herramienta no tienen límites ni en su vigencia ni en el monto del arancel; solo requieren de una investigación previa por parte de su Departamento de Comercio. El mayor uso de esta herramienta podría derivar en un mayor nivel de protección a nivel sectorial, es decir, más quirúrgico, en lugar de horizontal, como en el caso del Liberation Day.
El nuevo papel del Congreso y el futuro del presidente
El Congreso, por su parte, enfrenta la disyuntiva de si reforzar, limitar o redefinir la autoridad presidencial en materia arancelaria. En años recientes, tanto demócratas como republicanos han recurrido a órdenes ejecutivas y declaraciones de emergencia para avanzar agendas políticas ante la polarización legislativa. El fallo en torno al Liberation Day motivará un mayor protagonismo del Congreso."Trump capitalizó el descontento de sectores que percibían que el libre comercio había beneficiado desproporcionadamente a las élites urbanas"El episodio refleja una tensión más amplia sobre el rumbo de la globalización. El presidente Trump capitalizó el descontento de sectores que percibían que el libre comercio había beneficiado desproporcionadamente a las élites urbanas y a las corporaciones multinacionales, mientras que las comunidades manufactureras sufrían pérdidas de empleo y estancamiento salarial. Su política comercial se presentó como una herramienta para reequilibrar esa situación y recuperar soberanía económica, ignorando el comportamiento favorable de los otros elementos que complementan la ecuación, como el comercio de servicios o el mercado de capitales.
Ahora, el presidente Trump enfrentará un campo de acción más reducido al establecer sus aranceles, pero este tipo de medidas seguirán siendo la base de su política para mantener la presión en el mundo que ya le ha redituado algunas victorias en su ego negociador.
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César Guerra Guerrero
Fundador de Trade & Access Consulting y secretario general de MexChamEU
César Guerra Guerrero es especialista en negociaciones comerciales internacionales con más de veinticinco años de experiencia en la Secretaría de Economía de México. Fue jefe negociador de la modernización del Acuerdo México–UE y director general de Política Comercial. Hoy, desde Bruselas, asesora en comercio y asuntos europeos como fundador de Trade & Access Consulting y secretario general de MexChamEU.
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