El pasado 23 de septiembre
desahuciaron a Maricarmen, 87 años, de la casa de Madrid en la que había vivido durante los últimos setenta. Tres días después, la manifestación del Sindicato de Inquilinas entre Sol y el Congreso, que contó con una presencia de 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y 300.000 según los convocantes,
terminó con una acampada en la Puerta del Sol que aún continúa, mientras que Maricarmen podrá volver a su casa.
La Puerta del Sol tiene aire de estallido, pero no debería ser una sorpresa. El malestar por la
situación de la vivienda llevaba tres años ampliándose a la vista de todos. Al menos, los datos así lo evidencian. En septiembre de 2023, la vivienda aparecía en el 6,4% de las respuestas a la pregunta del CIS por los principales problemas de España; en mayo de 2026 alcanzó el 48,8%, su máximo histórico.
Hoy sigue encabezando la lista de problemas que más preocupan a la ciudadanía y casi dobla a la inmigración (37,5% frente a 19,7%), aunque esta acostumbre a acaparar mucho más ruido político y mediático.
Lo que se ha transformado en septiembre no es la propia preocupación, sino su forma y expresión, al haber encontrado en Maricarmen un rostro y en Sol una plaza en la que expresarlo.
"En septiembre de 2023, la vivienda aparecía en el 6,4% de las respuestas a la pregunta del CIS por los principales problemas de España; en mayo de 2026 alcanzó el 48,8%, su máximo histórico"
No obstante, vivienda e inmigración siguen sin ser equivalentes. Cruzadas ambas preocupaciones por el recuerdo de voto, dibujan dos mapas distintos del país.
La vivienda es un problema material que está presente en todos los electorados; mientras que la inmigración se configura como un problema identitario que se concentra en el bloque de la derecha y se activa y aumenta con la agenda.
Entre ambas orillas queda el votante del PP, que en septiembre las cita exactamente en el mismo porcentaje. Cómo se resuelva la tensión de agenda pública y atención mediática entre ambas cuestiones dirá mucho del ciclo electoral que viene.
Dos curvas, dos lógicas
Las dos líneas cuentan dos tipos de problema con comportamientos diferentes.
La vivienda crece por acumulación: sube, retrocede algún mes y vuelve a ascender, apoyándose en cada escalón anterior, porque se alimenta de una experiencia cotidiana (el alquiler, la renovación del contrato, el precio de la vivienda en propiedad). Esta experiencia no depende de titulares ni vaivenes de la agenda política o mediática. La inmigración, en cambio, sí se comporta como un problema de agenda. Por ejemplo,
el verano de los cayucos en Canarias y la pelea de la derecha por el reparto de menores migrantes la llevaron al 30,4% en septiembre de 2024. Perdido el foco, tres meses después había vuelto al 13,1%.
El barómetro de septiembre, el primero tras los
acontecimientos en Ceuta, confirma un comportamiento diferente.
Una crisis fronteriza de primer orden no ha hecho subir la preocupación migratoria, la cual cae casi cuatro puntos, sino el señalamiento a los políticos y al Gobierno, lo que se traduce en un récord de la serie al situarse en un 18,8%.
Es un indicio de que la inmigración funciona cada vez menos como problema en sí mismo y cada vez más como munición de la derecha contra el Ejecutivo progresista. La caída de la vivienda en ese mismo barómetro del CIS tampoco debe leerse como alivio, ya que el trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 4 de septiembre, tres semanas antes del desahucio de Maricarmen.
La vivienda: todos la sufren, pocos la priorizan
La vivienda crece en todos los electorados a la vez y se configura como un problema de país (no de bloque partidista o ideológico). Las trayectorias suben en paralelo: más arriba en Sumar y el PSOE, más abajo en el PP y Vox, pero con un ascenso similar. Incluso entre los votantes de Santiago Abascal, el electorado menos receptivo a señalar la vivienda como uno de los principales problemas,
uno de cada cuatro (26,5%) la señalaba en mayo.
La diferencia no está en si la vivienda preocupa o no, sino en cuánto pesa entre cada electorado. En este sentido,
como primer problema la señalan el 41,9% de los votantes de Sumar, frente al 9,1% de los del PP y el 5,6% de los de Vox. Para la izquierda es el principal problema del Estado español; para la derecha, uno más en la lista.
Esa asimetría es parte de la explicación de por qué la oposición no ha convertido la vivienda en su arma contra el Gobierno.
La inmigración: un problema con propietario
Con la inmigración ocurre lo contrario.
No hay una preocupación compartida entre el electorado de la izquierda y la derecha: en Vox es la preocupación dominante en toda la serie, y en Sumar apenas existe. En el último semestre,
el electorado que más la cita lo hace casi nueve veces más que el que menos; en vivienda, en cambio, la proporción es de tres a uno. Es lo que se llama propiedad temática: Vox ha hecho de la inmigración su bandera y el eje de su identidad, y la preocupación de sus votantes sube y baja al ritmo en que el partido la empuja a la agenda.
Por eso también es relevante lo que pasa tras los hechos de Ceuta.
Entre los votantes de Vox, la mención a la inmigración desciende del 60,4% de julio al 31,3% de septiembre, mientras que la del Gobierno como problema sube hasta el 52,4%. No es desinterés por la inmigración, sino reencuadre.
En vez de haberse procesado como un problema migratorio, Ceuta se ha vivido como una prueba de la falta de respuesta del Ejecutivo.
La bisagra del electorado popular
El electorado del PP ha recorrido las dos agendas en tres años.
Durante 2024 se parecía enormemente a Vox: la inmigración le preocupaba más que la vivienda, y en el verano migratorio de ese mismo año la triplicaba. A partir de 2025 se fue acercando al patrón de los votantes del PSOE, hasta que en mayo la vivienda le sacaba más de veinte puntos a la inmigración como uno de los principales problemas de España (45,8% frente a 22,4%).
En septiembre esa diferencia desaparece: 28,8% vivienda, 28,9% inmigración. A la vez, el reproche al Gobierno casi se duplica entre sus votantes, del 23,1% al 43,3%. Se evidencia así
un electorado sometido a presiones cruzadas, que comparte con la izquierda, en buena medida, la inquietud material y con Vox la identitaria. De qué agenda domine en él depende buena parte de la
estrategia de Alberto Núñez Feijóo: competir por el centro con un discurso moderado sobre la vivienda o disputarle a Vox el terreno de la inmigración. Ceuta empujó en la conversación pública en una dirección; Sol empuja en la otra.
Lo que se vive y lo que se observa
La pregunta del CIS por el problema que afecta a cada uno personalmente añade la distinción más útil de la serie, la que muestra la diferencia entre preocupaciones egotrópicas y sociotrópicas. La vivienda se ubica entre las primeras. Se vive en primera persona, y quienes la señalan como problema propio han pasado del 8,8% al 27,9% en los últimos tres años. La inmigración es de las segundas.
El 19,7% la sitúa entre los principales problemas de España, pero solo el 12,6% la siente como propia. Es decir, se trata de una percepción que depende en buena medida de lo que cuentan los medios y los partidos.
"La vivienda se ubica entre las primeras preocupaciones. Se vive en primera persona, y quienes la señalan como problema propio han pasado del 8,8% al 27,9% en los últimos tres años"
Ahí está la clave de la acampada en Sol.
Un problema que casi tres de cada diez ciudadanos viven como suyo no necesita grandes intermediarios para movilizar. En este caso, basta con una historia simbólica en la que reconocerse: Maricarmen es lo que muchos temen que les pase a corto o medio plazo.
Los votantes de Vox, de nuevo, son la excepción, al ser los únicos en los que la inmigración se percibe más como problema personal que como problema nacional. Cuando su votante piensa hoy en los problemas de España, nombra al Gobierno.
Un problema sin dueño
La vivienda es la primera preocupación del país y, sobre todo, lo es del electorado de la izquierda: en el último semestre la citan dos de cada tres votantes de Sumar y la mitad de los del PSOE. Eso coloca al Gobierno en una posición difícil. Responde por
el problema sin que nadie le reconozca la solución, y la derecha no lo ha capitalizado porque quien lo sufre entre sus votantes lo hace sin jerarquizarlo.
Ese vacío es el que ha venido a ocupar Sol. Por eso la protesta apunta a las diferentes administraciones autonómicas y locales. También al Gobierno de coalición progresista, al que requieren que canalice las demandas en forma de políticas. Una respuesta que el Ejecutivo ha emitido a través de los dos decretos.
La inmigración, en cambio, tiene dueño partidista, pero es volátil. Vive de picos de agenda y titulares alarmistas. En cambio, tras Ceuta,
el electorado de derechas lo ha expresado más como reproche al Ejecutivo y la política en general que como inquietud migratoria. Para Vox es una ventaja táctica, para el PP un riesgo estratégico, ya que la inmigración se diluye en un descontento general que la ultraderecha puede capitalizar de forma más sencilla.