El escenario que apunta a una reducción del 20% del comercio global

La determinación del presidente de EE. UU. de condicionar los intercambios globales a la obsesión por el déficit comercial arrancó ayer con la imposición de una batería de aranceles a decenas de países y un aumento general del 10% que, en algunos casos, supera el 20% o 25% —dependiendo de complejos cálculos de reciprocidad que la Casa Blanca asegura haber efectuado. El mensaje es claro: el objetivo primordial de Trump consiste en menguar, de forma rápida, la brecha comercial que los datos oficiales de su Administración presentan como un agravio para la economía estadounidense. Tal y como señaló en su discurso, la cruzada tarifaria —expresión que él mismo habría empleado en una comparecencia reciente— tiene un fundamento casi dogmático: el déficit.

"La determinación del presidente de EE. UU. de condicionar los intercambios globales a la obsesión por el déficit comercial arrancó ayer con la imposición de una batería de aranceles"

La doctrina de la Administración se asienta en la convicción de que la balanza negativa de la cuenta comercial es en sí misma una amenaza a la prosperidad y a la seguridad nacional. Al aludir al artículo del International Emergency Economic Powers Act y las sucesivas leyes de 1930 y 1974, la Casa Blanca justifica la urgencia de la medida. Los aranceles anunciados el pasado 2 de abril no se guían por un estudio detallado de la cadena de suministro ni de las consecuencias para aliados estratégicos, sino —como apuntan diversos análisis independientes— por un criterio tan simplista como dividir el déficit bilateral con cada país entre las importaciones totales, establecer un arancel teórico y aplicar luego la mitad de esa cifra —con un mínimo del 10%, aun cuando no exista déficit con la nación afectada—.

La fiebre arancelaria en perspectiva histórica

La Casa Blanca aspira a esta subida arancelaria, si se aplicara a los flujos actuales y a las tasas anunciadas, pueda recaudar la extraordinaria cantidad de hasta 700.000 millones de dólares al año. Esa cifra es unas nueve veces superior a la recaudación aduanera actual de EE. UU. y equivaldría a rondar el 2,4 % del PIB. Resulta elocuente comparar la magnitud de esta embestida con acontecimientos pretéritos. Durante la presidencia de William McKinley, a finales del siglo XIX, el proteccionismo estadounidense alcanzó niveles muy altos, pero el porcentaje de recaudación arancelaria sobre el PIB no superó de manera sostenida el 2% más que en las décadas de 1820 y 1830, justo cuando la economía norteamericana era mucho más pequeña y la dependencia de los aranceles como fuente recaudatoria era mayor.

Tampoco las cadenas de valor de finales del XIX guardan relación con las de nuestros días. Actualmente, muchos componentes de un producto pueden recorrer distintos continentes antes de ser ensamblados. Al penalizar las importaciones sin examinar detenidamente el aporte de valor en cada fase, el arancel termina encareciendo bienes intermedios y reduciendo la competitividad de la propia industria estadounidense. De hecho, un buen número de exportadores asentados en Europa, Asia o Latinoamérica comercializan piezas que las plantas estadounidenses necesitan para mantener el ritmo de producción.

La justificación del Gobierno y los reparos de los economistas

El argumento de que la recaudación de 700.000 millones de dólares procederá de los exportadores extranjeros (y no de los consumidores estadounidenses) ha sido cuestionado por la práctica totalidad del mundo académico. Si bien es cierto que, en el muy corto plazo, las empresas exportadoras pueden verse forzadas a asumir parte del coste arancelario para mantener su cuota de mercado, la experiencia histórica y los estudios de comercio internacional muestran que, en última instancia, una porción importante del sobrecoste termina trasladándose al precio final pagado por el consumidor. Además, la subsecuente contracción de las importaciones reduce la base impositiva de los aranceles y puede acabar afectando a la producción local que requería insumos extranjeros, con lo cual tampoco se produciría ese incremento masivo de la recaudación fiscal total.

Por otro lado, basta atender a cómo se calcula el arancel teórico según la Casa Blanca para comprender que este proyecto no es fruto de un riguroso análisis macroeconómico. Se parte de la cosmovisión de que el déficit bilateral es siempre señal de relaciones comerciales injustas, y se aplica una suerte de fórmula en la que, para la mayoría de los países con superávit frente a EE. UU., el arancel teórico resultante rondaba entre el 20% y el 40%. La administración decidió imponer la mitad de esa cifra y, donde el déficit bilateral es inexistente o reducido, instaurar un mínimo de 10%. Así se ha llegado a la disparidad de que determinados aliados históricos, como la Unión Europea en su conjunto, sufran un 20%, mientras el Reino Unido, al menos de momento, quede con un 10% básico, o México y Canadá se rijan por otras líneas arancelarias ligadas a la reciente renegociación de su tratado comercial con Washington.

Impacto macroeconómico y frenazo al crecimiento mundial

En el panorama global, numerosos bancos de inversión y organismos internacionales advierten que, de intensificarse la escalada arancelaria, la economía mundial podría entrar en recesión. Según el Budget Lab de la Universidad Yale, las medidas adoptadas en 2025 podrían elevar la tarifa media efectiva en EE. UU. alrededor del 22,5% —el nivel más alto desde 1909—, con un encarecimiento de precios en torno al 2,3% a corto plazo y una merma de hasta 0,9 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. Además, se prevé un aumento inflacionario de al menos un punto porcentual, lo que complicaría los esfuerzos de la Reserva Federal. El FMI estima que un aumento generalizado del 10% en los aranceles estadounidenses, junto con represalias, podría reducir el PIB de EE. UU. en un 1% y el mundial en 0,5%.

"Numerosos bancos de inversión y organismos internacionales advierten que, de intensificarse la escalada arancelaria, la economía mundial podría entrar en recesión"

En Europa, el impacto también sería severo: según Barclays, la UE afrontaría una contracción del PIB del 1,9% por un arancel del 20% sobre sus exportaciones, mientras que el Reino Unido podría ver una caída del 1,5 %, lo que lo acercaría a una recesión. China es una de las más afectadas, con tarifas que alcanzan el 70%, lo que podría reducir su crecimiento en 2,4 puntos porcentuales, según estimaciones de Citigroup. Oxford Economics prevé una pérdida de hasta medio punto porcentual del PIB global para 2025 y de un punto porcentual para 2026. En conjunto, los aranceles representan un freno significativo para el crecimiento económico global y elevan el riesgo de estanflación.

Para la Unión Europea, el impacto se agrava por la naturaleza estratégica de muchos productos. El arancel del 20% anunciado para las exportaciones europeas y el recargo del 25% en ámbitos como el sector automovilístico suscitan temores de reubicaciones industriales y suspensiones de inversión. Según diversos think tanks, estas tasas podrían situar el arancel efectivo a niveles no vistos en más de un siglo, con repercusiones sociales en grandes economías como Alemania, Francia o España.

La respuesta europea y el énfasis en los servicios

El comisario europeo de Comercio, junto con la presidenta de la Comisión, había amagado con poner en marcha medidas proporcionales, incluyendo la posibilidad de gravar servicios estadounidenses —ámbito que representa una parte creciente del superávit de EE. UU. con Europa—. La lógica de Bruselas es clara: si la administración estadounidense gravita hacia la imposición unilateral sobre bienes, Europa debe exhibir su capacidad de respuesta en el sector donde más duele a la economía norteamericana, el de los servicios. Esta represalia no busca tanto aumentar la recaudación europea cuanto ejercer presión política, habida cuenta de la importancia de las multinacionales estadounidenses de servicios tecnológicos, financieros o de entretenimiento.

El anuncio formal de la Comisión se prevé en las próximas semanas, aunque depende en gran medida de la respuesta que adopten distintos Estados miembro. Se teme que la dispersión de intereses nacionales (algunos países con fuerte dependencia de la exportación industrial, otros más proclives a la apertura de servicios, etc.) dificulte la unanimidad de la UE. Aun así, la palabra que resuena en Bruselas es proporcionalidad: la intención es contrarrestar los aranceles de EE. UU. por un monto similar y no rebasar los márgenes permitidos por las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

El caso español: un plan de 14.100 millones para unas exportaciones de 20.000 millones

Dentro de la Unión Europea, España afronta este golpe arancelario con una mezcla de preocupación y voluntad de defensa de su sector exportador. El presidente del Gobierno anunció ayer de manera inmediata un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial por valor de 14.100 millones de euros, con 7.400 millones de nueva financiación y 6.700 millones procedentes de instrumentos ya existentes. La magnitud del plan refleja la conciencia gubernamental de que las exportaciones españolas a EE. UU. se sitúan en torno a los 20.000 millones de euros anuales, cifra que convierte a EE. UU. en un mercado de relevancia capital para muchas ramas industriales, agroalimentarias y tecnológicas.

"El presidente del Gobierno anunció ayer de manera inmediata un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial por valor de 14.100 millones de euros"

Estas medidas, que buscan proteger el tejido productivo y blindar el empleo, contemplan dos líneas de avales y financiación intermediada a través del Instituto de Crédito Oficial por valor de 6.000 millones de euros; la ejecución de un Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado con 200 millones; un Plan MOVES enfocado a la movilidad sostenible, con 400 millones, y la activación del mecanismo RED para la protección temporal de trabajadores y empresas afectadas por la caída de la demanda externa. Además, el Gobierno español ha constituido una Mesa de Diálogo Social con patronal y sindicatos para consensuar una hoja de ruta, y ha anunciado que convocará a la Conferencia Sectorial de Comercio con las comunidades autónomas. Asimismo, se ha puesto en marcha una campaña institucional de defensa de la calidad y competitividad de la producción española.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo pretende canalizar 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para apuntalar la transformación digital y ecológica de industrias que, ante las barreras arancelarias en EE. UU., necesitan diversificar sus mercados de destino. Se incluyen también 2.000 millones en seguros de crédito a la exportación y en cobertura de riesgo comercial para aquellas pymes que deseen dar el salto a nuevos mercados. El planteamiento oficial subraya que esta crisis arancelaria puede ser, a la vez, un incentivo para acelerar cambios pendientes y buscar nichos en Asia o América Latina, para sortear el muro tarifario estadounidense.

Se aprecia, no obstante, un matiz de urgencia en estos planes, ya que el Gobierno español teme que la mera expectativa de tarifas altas pueda desincentivar a empresas que estaban cerrando contratos con distribuidores estadounidenses. La demanda de bienes industriales y agroalimentarios podría resentirse en un plazo corto. No en vano, los aranceles se orientan a bienes, pero no cubren la exportación de servicios, un capítulo menor pero de crecimiento rápido en la relación España-EE. UU. De ahí que el Ejecutivo también se plantee exigir a la Comisión Europea una revisión a fondo de las reglas de ayudas de Estado para poder sostener empresas estratégicas, así como un fondo de ayuda a los sectores más vulnerables.

No faltan las voces críticas que acusan al plan español de tener un perfil más simbólico que real. La cuantía total de 14.100 millones, aunque notable, probablemente acabe siendo insuficiente para compensar el potencial perjuicio a un volumen de exportaciones cercano a 20.000 millones y con alto valor añadido en sectores como automoción, componentes industriales o agroalimentario. Además, apuntan que el conjunto de medidas no cuenta con un mecanismo claro de seguimiento ni con metas concretas de diversificación, lo cual dificulta valorar su eficacia real. Tampoco se aborda de forma explícita la integración de la producción en cadenas de valor alternativas o la apertura de nuevos mercados prioritarios, más allá de meras intenciones generales.

Por el contrario, el plan corre el riesgo de ser demasiado fragmentado, repartido en diversos instrumentos sin un hilo conductor que refuerce la competitividad exterior en el largo plazo. Algunos empresarios hubiesen preferido una estrategia más focalizada en sectores clave y en una diplomacia comercial más contundente para renegociar contingencias con EE. UU. Con todo, el Gobierno defiende que la mera existencia de este paquete supone un mensaje de seguridad y respaldo que, combinado con las eventuales respuestas europeas y la búsqueda de alianzas en otros mercados, podría amortiguar el golpe.

 

La sombra de la guerra comercial y la amenaza de recesión global

Dado que la teoría y la práctica de las guerras comerciales enseñan que las represalias suelen encender nuevas espirales de sanciones, existe preocupación de que, si la escalada continua, asistamos a un fenómeno de desglobalización. En la actualidad, el comercio internacional es más complejo que nunca y la disrupción de un eslabón puede agravar la situación de otros. De extenderse esta pugna a China y a las principales economías asiáticas, la ralentización global podría acercarse a la recesión. Según algunos modelos económicos, cuando los aranceles se adoptan de forma amplia y se generan respuestas en cadena, el impacto en la confianza inversora se ve multiplicado, y ello incide en la capacidad de recuperación.

"Esta segunda oleada arancelaria desde EE. UU., mucho más drástica, sorprende a Europa en un momento en el que la inflación es alta y el crecimiento, frágil"

Ya durante la primera presidencia de Trump se observó una tendencia creciente a la adopción de medidas defensivas en varias regiones. Esta segunda oleada, mucho más drástica, sorprende a Europa en un momento en el que la inflación es alta y el crecimiento, frágil. El riesgo es que la política monetaria restrictiva, diseñada para frenar la escalada de precios, se vea enfrentada a una contracción de la demanda externa. De la misma manera, EE. UU., con su histórica racha de pleno empleo, podría ver reducida la competitividad de su sector industrial si las empresas sufren costes crecientes de insumos.

La última prueba de resistencia del Banco de Inglaterra para los principales bancos británicos precisamente contempla un escenario basado en estas premisas donde, ante un choque global de oferta agravado por la escalada comercial y arancelaria, el volumen de comercio mundial se contrae en torno a un 20%, y el PIB global (ponderado por tipo de cambio) cae un 2% arrastrando a la eurozona a una recesión del 4% del PIB y a China a una contracción del 2% del PIB.

Una pugna de incierto desenlace

La cruzada tarifaria iniciada por la Administración Trump, sustentada en la visión de que el déficit comercial es un problema estructural que justifica medidas de emergencia, abre una nueva fase de tensión. El contraste entre la retórica oficial —que considera que estos gravámenes engordarán las arcas públicas a costa de los exportadores foráneos— y los análisis de economistas y empresarios —convencidos de que buena parte del coste recae en el consumo y la competitividad estadounidenses— augura un largo forcejeo mediático.

"El tiempo dirá si este movimiento responde a una táctica negociadora destinada a forzar acuerdos más favorables a EE. UU. o si, en realidad, encarna una revisión profunda del orden comercial vigente desde la posguerra"

Para Europa, y en especial para España, el golpe inicial se traduce en costes financieros, perturbaciones logísticas y una urgente necesidad de reorientar mercados. La UE, que suele avanzar lentamente en materia de política exterior y comercial, se ve forzada a acelerar la adopción de contramedidas que podrían incluir servicios, un capítulo que EE. UU. domina con ventaja. Mientras tanto, el Gobierno español ha reaccionado con un plan multimillonario para apoyar a las empresas exportadoras y salvaguardar el empleo. Con todo, los 14.100 millones prometidos parecen más orientados a paliar la coyuntura que a sortear el problema de fondo: la creciente incertidumbre sobre el libre comercio y el auge de un proteccionismo de tintes anacrónicos.

El desenlace final de esta pugna arancelaria depende en gran medida de si otras potencias y la propia UE ejercen su derecho a la réplica con proporcionalidad o si, por el contrario, la escalada se intensifica. De convertirse en una auténtica guerra comercial, la secuencia podría desembocar en una recesión mundial, con consecuencias impredecibles para la estabilidad financiera y para el orden económico establecido. El tiempo dirá si este movimiento responde a una táctica negociadora destinada a forzar acuerdos más favorables a EE. UU. o si, en realidad, encarna una revisión profunda del orden comercial vigente desde la posguerra. En cualquier caso, la cruzada arancelaria de Trump ya ha comenzado y no cabe ignorar sus efectos profundos y duraderos.