Lunes, 17 de agosto de 2026
EQUILIBRIOS POLÍTICOS
Presupuestos congelados: el freno a la inversión que agranda la brecha social y territorial
"La congelación de las cuentas perpetúa un Estado del bienestar diseñado para los problemas de ayer", lamenta la consultora Fátima E. Fernández. Tras constatarse que no habrá presupuestos generales para este curso, es momento de recordar los costes de la prórroga presupuestaria —"un instrumento legítimo y ciertamente útil", pero que en este momento ya genera "brechas" importantes—.
Diputados durante una sesión plenaria el pasado mes de diciembre.Congreso de los Diputados
España se aproxima a una tercera prórroga de sus cuentas públicas. La ruptura de Junts con el Ejecutivo era una crónica de una muerte anunciada y ha vuelto a dejar el proyecto de presupuestos en suspenso. La pregunta ya no es si el país puede funcionar con las cuentas de ejercicios anteriores (porque la ley así se lo permite ―y cuantas veces quiera―), sino cuán inocente es normalizar ese modo de gobernar.
La prórroga presupuestaria es, en sí misma, un instrumento legítimo y ciertamente útil: una red de seguridad para garantizar la continuidad del gasto público y evitar una parálisis del funcionamiento ordinario de la Administración. Puede considerarse, incluso, una buena práctica siempre que se utilice con carácter transitorio. El problema se presenta cuando lo extraordinario se cronifica y prolongar se vuelve escenario de baile habitual, como lo es ya legislar a golpe de decretos.
La dinámica se replica a escala país: lo importante depende de que haya margen político y técnico para improvisar con créditos extraordinarios y consenso parlamentario. El Estado sigue atendiendo los sueldos de los funcionarios o las prestaciones por desempleo porque, por defecto, forman parte del recibo de cada ejercicio. Sin embargo, las políticas con el impacto social más alto (como reforzar las plantillas en sanidad para que los profesionales no sigan llegando exhaustos al final de cada jornada) quedan a merced de parches y remiendos.
Nada se hunde, al menos en apariencia: la familia sigue durmiendo bajo un techo, las luces se encienden y el hummus aguanta más de un día después de abrirlo porque el frigorífico funciona. Pero, mientras tanto, se acumula una factura silenciosa y la educación de los hijos o la atención de los mayores se resienten. De eso hablamos cuando las partidas que sostienen el Estado del bienestar quedan congeladas. "El corazón del gasto, pensiones y salarios, permanece intacto; el sacrificio llega por el lado de la inversión social y de las nuevas actuaciones", afirma el economista y asesor de estrategia Xavier Gastaminza. Es decir, se reduce el margen para responder a las nuevas demandas de una población que ha cogido un buen ritmo de envejecimiento.
El presupuesto queda anclado en los parámetros de hace varios años mientras la realidad corre por delante. El consultor habla de cuatro territorios altamente sensibles en clave social que no son blindados en situaciones de bloqueo: la infancia, el sistema de cuidados de larga duración y dependencia, la sanidad y la educación. "Desde 2023, la inflación acumulada supera ya el 8%, lo que erosiona el valor real de muchas partidas. Al mismo tiempo, la estructura demográfica, las necesidades tecnológicas en materia sanitaria y educativa y los precios de la vivienda han cambiado, pero no hay financiación que les ampare".
Reforzar plantillas en atención primaria, ampliar plazas de residencia o desplegar una historia clínica digital exige encajes jurídicos complejos, dotaciones adicionales o recortes en otras áreas que dificultan el camino hacia un Sistema Nacional de Salud sólido y resiliente. Asimismo, la inacción consolidaría nuestra posición europea en términos de pobreza infantil, que ronda el 30% a nivel nacional, una de las más altas. En un contexto adverso, "se podrían registrar aumentos de entre uno y dos puntos en los indicadores de menores en riesgo de pobreza".
Gastaminza propone blindar un mínimo de inversión pública plurianual: "La solución razonable es combinar marcos presupuestarios plurianuales en infancia, dependencia y sanidad, con revisiones anuales, a fin de que la presión demográfica y tecnológica no dependa de la aritmética parlamentaria de cada otoño".
Un año de continuidad de las cuentas puede entenderse como un recurso excepcional en un contexto de colapso institucional. Dos años seguidos ya implican una erosión tangible. Más de tres abren la puerta a un Estado del bienestar en déficit de agilidad y eficiencia, que deja de ser palanca de modernización y actúa de forma reactiva garantizando solo el mínimo. "Una nueva prórroga del nivel de ingresos y gastos de 2023 se produciría en plena transición verde, digital y demográfica, cuando los retrasos son más caros", subraya el economista.
La congelación de las cuentas perpetúa un Estado del bienestar diseñado para los problemas de ayer, mientras los problemas de hoy y de mañana avanzan más rápido de lo que el BOE es capaz de procesar. La lección que extrae el asesor es que las prórrogas son un mecanismo de emergencia, no un régimen permanente. "Lo responsable es pactar un marco de estabilidad presupuestaria a largo plazo que blinde las grandes políticas de bienestar frente a la volatilidad coyuntural". Aun así, el Gobierno sigue pensando que disolver las Cortes y convocar elecciones sería un peor porvenir para la sociedad española que la poca claridad con la que se mueven las administraciones públicas en una situación de sucesivos bloqueos
La prórroga presupuestaria es, en sí misma, un instrumento legítimo y ciertamente útil: una red de seguridad para garantizar la continuidad del gasto público y evitar una parálisis del funcionamiento ordinario de la Administración. Puede considerarse, incluso, una buena práctica siempre que se utilice con carácter transitorio. El problema se presenta cuando lo extraordinario se cronifica y prolongar se vuelve escenario de baile habitual, como lo es ya legislar a golpe de decretos.
"Extender la vigencia de las cuentas públicas puede extrapolarse a la gestión de un hogar con las cifras de gasto mensual de hace cuatro años"Extender la vigencia de las cuentas públicas puede extrapolarse a la gestión de un hogar con las cifras de gasto mensual de hace cuatro años: se paga la hipoteca y las facturas fijas de luz, gas y agua, pero los números no se ajustan para el hijo que empieza la universidad y al que dieron un hermanito dos años atrás ―y cuyas necesidades básicas van en aumento―; o para el abuelo al que los años le pesan y necesita cuidados extra, o para la lavadora a la que le quedan tres centrifugados.
La dinámica se replica a escala país: lo importante depende de que haya margen político y técnico para improvisar con créditos extraordinarios y consenso parlamentario. El Estado sigue atendiendo los sueldos de los funcionarios o las prestaciones por desempleo porque, por defecto, forman parte del recibo de cada ejercicio. Sin embargo, las políticas con el impacto social más alto (como reforzar las plantillas en sanidad para que los profesionales no sigan llegando exhaustos al final de cada jornada) quedan a merced de parches y remiendos.
Nada se hunde, al menos en apariencia: la familia sigue durmiendo bajo un techo, las luces se encienden y el hummus aguanta más de un día después de abrirlo porque el frigorífico funciona. Pero, mientras tanto, se acumula una factura silenciosa y la educación de los hijos o la atención de los mayores se resienten. De eso hablamos cuando las partidas que sostienen el Estado del bienestar quedan congeladas. "El corazón del gasto, pensiones y salarios, permanece intacto; el sacrificio llega por el lado de la inversión social y de las nuevas actuaciones", afirma el economista y asesor de estrategia Xavier Gastaminza. Es decir, se reduce el margen para responder a las nuevas demandas de una población que ha cogido un buen ritmo de envejecimiento.
Inversiones sociales y territoriales sin horizonte
Operar con números del pasado acentúa una de las grandes debilidades de la economía española, la baja productividad. "En un escenario prudente a medio plazo (entre cinco y diez años vista), el PIB potencial podría crecer entre 0,2 y 0,4 puntos menos por ejercicio que con un techo de gasto renovado y reformas activas. La productividad por hora trabajada, ya de por sí frágil, avanzaría entre tres y cinco décimas menos al año respecto a una senda de inversión reforzada", estima Gastaminza."El Instituto de Estudios Económico calcula que harían falta unos 15.000 millones de inversión pública adicional anual para acercarnos a estándares europeos"Resultados que poco pueden enorgullecer al Instituto de Estudios Económicos, el mismo que ya nos saca los colores incluso en contextos de acuerdos presupuestarios: el organismo calcula que harían falta unos 15.000 millones de inversión pública adicional anual para acercarnos a estándares europeos. En paralelo, la tasa de paro general podría mantenerse hasta dos puntos por encima de su nivel tendencial y el desempleo juvenil, situado hoy en torno al 25%, tendría muy difícil romper su umbral sin un refuerzo de las políticas activas.
El presupuesto queda anclado en los parámetros de hace varios años mientras la realidad corre por delante. El consultor habla de cuatro territorios altamente sensibles en clave social que no son blindados en situaciones de bloqueo: la infancia, el sistema de cuidados de larga duración y dependencia, la sanidad y la educación. "Desde 2023, la inflación acumulada supera ya el 8%, lo que erosiona el valor real de muchas partidas. Al mismo tiempo, la estructura demográfica, las necesidades tecnológicas en materia sanitaria y educativa y los precios de la vivienda han cambiado, pero no hay financiación que les ampare".
Reforzar plantillas en atención primaria, ampliar plazas de residencia o desplegar una historia clínica digital exige encajes jurídicos complejos, dotaciones adicionales o recortes en otras áreas que dificultan el camino hacia un Sistema Nacional de Salud sólido y resiliente. Asimismo, la inacción consolidaría nuestra posición europea en términos de pobreza infantil, que ronda el 30% a nivel nacional, una de las más altas. En un contexto adverso, "se podrían registrar aumentos de entre uno y dos puntos en los indicadores de menores en riesgo de pobreza".
Gastaminza propone blindar un mínimo de inversión pública plurianual: "La solución razonable es combinar marcos presupuestarios plurianuales en infancia, dependencia y sanidad, con revisiones anuales, a fin de que la presión demográfica y tecnológica no dependa de la aritmética parlamentaria de cada otoño".
"La diferencia entre la comunidad peor financiada y la mejor alcanzó récord histórico en 2023, cuando rozó los mil euros por habitante ajustado"A todo lo anterior se suma que las prórrogas también comprometen la financiación autonómica, acentuando la brecha regional. La diferencia entre la comunidad peor financiada y la mejor alcanzó récord histórico en 2023, cuando rozó los mil euros por habitante ajustado. "La continuidad de las cuentas agrava las desventajas de territorios infrafinanciados como Murcia, Valencia, Andalucía o Castilla-La Mancha, que son muy dependientes de transferencias del Estado. Además, la inversión nacional con impacto territorial (carreteras, ferrocarril, rehabilitación urbana y equipamientos educativos y sanitarios) suele retrasarse o atascarse, lo que se hace más visible en comunidades autónomas con menor capacidad fiscal para cofinanciar o adelantar recursos".
Un año de continuidad de las cuentas puede entenderse como un recurso excepcional en un contexto de colapso institucional. Dos años seguidos ya implican una erosión tangible. Más de tres abren la puerta a un Estado del bienestar en déficit de agilidad y eficiencia, que deja de ser palanca de modernización y actúa de forma reactiva garantizando solo el mínimo. "Una nueva prórroga del nivel de ingresos y gastos de 2023 se produciría en plena transición verde, digital y demográfica, cuando los retrasos son más caros", subraya el economista.
La congelación de las cuentas perpetúa un Estado del bienestar diseñado para los problemas de ayer, mientras los problemas de hoy y de mañana avanzan más rápido de lo que el BOE es capaz de procesar. La lección que extrae el asesor es que las prórrogas son un mecanismo de emergencia, no un régimen permanente. "Lo responsable es pactar un marco de estabilidad presupuestaria a largo plazo que blinde las grandes políticas de bienestar frente a la volatilidad coyuntural". Aun así, el Gobierno sigue pensando que disolver las Cortes y convocar elecciones sería un peor porvenir para la sociedad española que la poca claridad con la que se mueven las administraciones públicas en una situación de sucesivos bloqueos
Fátima E. Fernández
Consultora de asuntos públicos e incidencia regulatoria
Economista y Máster en Análisis de Datos, es consultora especializada en asuntos públicos. Trabaja en el punto de encuentro entre política, regulación y comunicación, buscando entender cómo las decisiones públicas moldean lo privado y viceversa.
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Democracia, Presupuestos, Junts, PIB, Sanidad, inversión social, Comunidades Autónomas, Estado de Bienestar Ahora en portada
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