Privacidad y salud pública: la silenciosa revolución del dato clínico

La asimetría entre usuarios y plataformas es evidente: nuestros móviles dejan un rastro constante de información que alimenta modelos de negocio basados en la segmentación y la publicidad. La compañía de servicios de privacidad Proton estima que los datos de un ciudadano medio pueden generar más de 700 dólares al año para las compañías que los comercializan. Hoy, la data es el nuevo petróleo o una docena de huevos en contextos de gripe aviar: escasos en manos de quien los produce, pero muy rentables para quien los controla. 

"Los datos de un ciudadano medio pueden generar más de 700 dólares al año para las compañías que los comercializan"

El desequilibrio dibuja un mercado digital guiado por incentivos que chocan con los derechos fundamentales. La lógica cambia, sin embargo, cuando hablamos de salud. La información clínica se construye sobre un régimen de protección reforzada: no es un activo comercial, sino un recurso que puede salvar vidas. Bajo esa premisa, se aprobó el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS) a principios de este año, que contempla el uso secundario de la propia historia clínica, a fin de que investigadores y Administraciones impulsen la efectividad de los tratamientos, desarrollen nuevos medicamentos y perfeccionen los engranajes sanitarios. Todo ello bajo garantías estrictas de anonimización y trazabilidad, sin permitir usos comerciales ni decisiones individualizadas: solo por y para la salud colectiva.

Bruselas fija el marco y enumera las finalidades que justificarán la explotación de la data en el Viejo Continente (como la investigación, la vigilancia epidemiológica, el desarrollo de terapias o la evaluación de políticas sanitarias), pero deja al criterio de cada Estado miembro la traducción en procedimientos, umbrales de riesgo y garantías materiales. En el ámbito nacional, el Ejecutivo aterrizará estos aspectos en la Ley de Salud Digital, cuya propuesta preliminar de texto legal fue sometida a consulta pública durante el pasado mes de octubre. 

Siguiendo las directrices, la iniciativa española deberá definir el concepto de "interés público relevante", cuándo se podrá prescindir del consentimiento sin erosionar la confianza pública, cómo funcionará un opt-out efectivo y qué usos deben quedar taxativamente excluidos del sistema por riesgo de sesgo, discriminación o beneficio comercial. 

De la dispersión al lenguaje común 

La titular de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el proyecto permitirá acceder a la información sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar, dentro o fuera de España. El EEDS no solo regula la reutilización de los datos; también redefine cómo deben generarse, estructurarse y circular en el día a día. En este sentido, la descentralización que caracteriza a nuestro sistema de salud puede ser un freno en el camino hacia el éxito. La coexistencia de diecisiete servicios de salud exige reglas técnicas y financiación común si se quiere evitar que el mapa autonómico se convierta en un cuello de botella. "Hablamos de una transformación estructural de cómo documentamos, compartimos y explotamos la información clínica", explica Jordi Cusidó, gerente de investigación e innovación de Top Health Tech, filial del Grupo Top Doctors.

"La coexistencia de diecisiete servicios de salud exige reglas técnicas y financiación común si se quiere evitar que el mapa autonómico se convierta en un cuello de botella"

Actualmente, la historia clínica electrónica en España es un mosaico de arquitecturas heterogéneas, bases de datos dispares y procesos de codificación variables según el hospital o la comunidad autónoma. A nivel operativo, esto significa que una misma analítica o un mismo diagnóstico de imagen pueden registrarse en formatos incompatibles, dificultando la atención del paciente y cualquier intento de análisis poblacional o investigación multicéntrica.

Una vez que la Ley de Salud Digital entre en vigor (siempre y cuando la aritmética parlamentaria lo permita), la interoperabilidad —que ha sido un propósito retórico durante años— pasará a ser una obligación jurídica: todos los centros, tanto públicos como privados, deberán adaptar sus plataformas para que la información clínica siga estándares comunes y pueda fluir entre comunidades autónomas y con el resto de la UE.

Según explica Cusidó, el impacto para hospitales y clínicas será doble y muy tangible. En la práctica asistencial, "reducirá pruebas innecesarias, mejorará la continuidad entre niveles y aumentará la seguridad en medicación, además de facilitar segundas opiniones en pacientes complejos o crónicos". Si bien, será en el plano científico y económico donde tendrá una repercusión destacada: "la data que ya generan en su trabajo diario les permitirá incorporarse a proyectos de investigación y, en ciertos casos, monetizarlo conforme dicten los marcos regulados". Para los centros más pequeños supone incluso la oportunidad de integrarse en espacios de datos compartidos sin tener que sostener infraestructuras de I+D que, de otra forma, nunca podrían permitirse.

"De esta arquitectura dependerá que España equilibre un uso público del dato sanitario que impulse la investigación sin convertir al paciente en un sujeto pasivo de decisiones opacas"

Aun con todo, el punto crítico es la financiación. La propuesta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública prevé líneas específicas para 2025–2026, del orden de decenas de millones, orientadas a conectar hospitales y clínicas a espacios de datos. Sin ese apoyo estatal, el riesgo es evidente: "Si se exige el mismo nivel técnico a todos sin ayudas diferenciadas, podría abrirse una brecha digital sanitaria entre centros con músculo y centros sin recursos, afectando tanto a la competitividad como a la equidad territorial", advierte el director de innovación. Del acierto —o del error— en esta arquitectura dependerá que España equilibre un uso público del dato sanitario que impulse la investigación sin convertir al paciente en un sujeto pasivo de decisiones opacas.

Aprovechar lo que ya funciona

España se pone al día con Europa partiendo con una ventaja poco habitual: la experiencia acumulada. Proyectos como GlobalHDS, OHSIRIS, EUCAIM o IDERHA han demostrado que hospitales, servicios autonómicos y agencias estatales pueden trabajar de forma federada, segura y útil para la investigación. Existen nodos técnicos, modelos de gobernanza y equipos entrenados; una "infraestructura invisible" que ya funciona y que sitúa al país en una posición adelantada. El riesgo, advierte el experto, no es que la nueva ley frene esta dinámica, sino que la ignore. "Diseñar estructuras a golpe de BOE sin aprovechar lo aprendido multiplicaría órganos, procesos y plataformas", justo lo contrario de lo que necesita un sistema que aspira a ser eficiente.

Las decisiones regulatorias serán muy concretas —reglas homogéneas en todo el territorio, ventanilla única nacional, evitar requisitos adicionales no previstos por Bruselas y combinar interoperabilidad con financiación suficiente— y marcarán la frontera entre liderazgo e irrelevancia. Bien planteada, el nuevo contexto normativo permitiría atraer investigación, generar empleo cualificado y ofrecer a los pacientes beneficios tangibles y un acceso preferente a la innovación. Mal diseñada, empujará a los promotores hacia entornos más ágiles y reducirá al país a un mero proveedor periférico de datos.