Energía nuclear: el 20% que sostiene la red

El actual Gobierno presume de liderar la transición energética en Europa mientras pagaremos 1.500 millones de euros extra al año para quemar gas y mantener encendidas las luces. Celebra récords de instalación de paneles solares mientras desecha entre un 10% y un 30% de la electricidad renovable porque el sistema no es capaz de absorberla. Y se prepara para cerrar centrales nucleares que llevan cuarenta años funcionando al 90% de su capacidad, justo cuando Francia, Estados Unidos y China anuncian que prolongarán las suyas hasta los ochenta años de vida útil.

"España se prepara para cerrar sus centrales nucleares justo cuando Francia, Estados Unidos y China anuncian que prolongarán las suyas hasta los ochenta años de vida útil"

Esta serie de flagrantes contradicciones no son un error de marketing político, sino la mera descripción de la errática política energética española de los últimos años. Si solo fuera un error comunicativo podría replantearse con facilidad, sin consecuencias. El problema reside en que sí tiene consecuencias, como la que sufrimos el 28 de abril de 2025, el mayor apagón de la historia. No se trató de un incidente aislado ni de un fenómeno meteorológico inesperado, sino de la consecuencia directa de una planificación eléctrica que debilitó un sistema que antes era robusto y previsible.

En ese contexto, el debate sobre la energía nuclear en España vuelve al primer plano, después de años de estar atrapado en posiciones ideológicas que han ignorado la evidencia técnica, las mejores prácticas internacionales y, sobre todo, el interés de los ciudadanos por un suministro seguro y asequible. Las centrales españolas, entre ellas Almaraz, han aportado de forma constante cerca del 20% de la generación eléctrica con apenas un 5% de la potencia instalada y factores de disponibilidad que superan el 80%. Han sido un pilar de estabilidad para la red, un freno a la volatilidad del mercado mayorista y un seguro contra apagones que afectan directamente a hogares y empresas.

El gran apagón de abril demostró que la falta de tecnologías síncronas y de control de tensión deja al sistema expuesto a colapsos por sobretensión. Siete meses después, rogamos por que no se repita, mientras los responsables siguen sin reconocer públicamente las causas del fallo, lo que dificulta la adopción de soluciones y mantiene elevado el riesgo de que episodios similares vuelvan a ocurrir.

Desde entonces, nuestro sistema eléctrico opera en "modo reforzado", un régimen extraordinario que obliga a quemar más gas para garantizar la estabilidad eléctrica. La factura supera los 1.500 millones de euros al año y termina trasladándose a consumidores e industrias, además de contradecir de lleno los proclamados objetivos medioambientales. A esto se suma la imposibilidad de integrar entre un 10% y un 30% de la generación renovable disponible, una señal de que la política energética no está logrando ordenar el crecimiento de estas tecnologías ni acompasarlo con las necesidades de una red cada vez más tensionada.

Pese a este panorama, el Gobierno mantiene el calendario de cierre nuclear. Las decisiones de los últimos años han desoído que la extensión de vida útil es una práctica validada por organismos internacionales como el OIEA y por el propio regulador español, el CSN. Forma parte de la estrategia energética de Estados Unidos, Francia, China y buena parte de las economías industrializadas. El cierre anticipado de reactores como Almaraz privaría a España de una fuente firme, competitiva y baja en emisiones, y aumentaría su exposición a los vaivenes del gas en el mercado internacional, como quedó demostrado en la crisis energética europea tras la invasión a Ucrania.

Nuevas centrales en 40 países

La energía nuclear aporta precisamente lo que el sistema necesita en momentos críticos, es decir, estabilidad, generación constante y ausencia de emisiones directas de CO₂. Mantener el plan de cierre supondría renunciar a cerca del 20% de la electricidad consumida en la península, en momentos en que se estima que la demanda eléctrica crezca por la electrificación de la industria, el transporte y la climatización.

"España dispone de un cuerpo técnico altamente cualificado y de un regulador reconocido que permitirían gestionar este proceso con total garantía"

Prolongar la operación de los reactores hasta los sesenta, setenta o incluso ochenta años se ha convertido en la norma, y más de 130 reactores en el mundo han superado ya los sesenta años de operación con inversiones en modernización, digitalización y actualización de protocolos de seguridad. España dispone de un cuerpo técnico altamente cualificado y de un regulador reconocido que permitirían gestionar este proceso con total garantía. Renunciar a ello empuja a ingenieros y técnicos a emigrar a países que sí están reforzando su apuesta nuclear como parte de su estrategia de descarbonización.

El cambio geopolítico y energético de los últimos años ha reforzado esta tendencia, y más de cuarenta países han abierto vías para construir erigir nuevas plantas, con una capacidad en construcción que supera ya los 70 GW, camino de un nuevo récord. Hoy, los treintaiún países que cuentan con centrales en operación producen alrededor del 10% de la electricidad mundial. Incluso bancos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo han empezado a flexibilizar las condiciones para financiar proyectos nucleares, algo impensable hace apenas una década.

En España, cerrar el activo estratégico que son las centrales nucleares implicaría aumentar más de veinte millones de toneladas anuales de emisiones de CO₂, como han demostrado los países que clausuraron prematuramente sus reactores y tuvieron que recurrir al gas o al carbón para cubrir la demanda en días de baja producción renovable. El impacto económico sería igualmente severo, porque un cierre precipitado dispararía el precio de la electricidad, afectaría al grueso de los consumidores y golpearía a los sectores industriales que dependen de un suministro estable y barato. Además, implicaría pérdida de empleo cualificado, retroceso tecnológico y un debilitamiento de la posición de España en el mapa internacional de la innovación energética. También tendría efectos en la seguridad nacional, puesto que sin generación firme la red es más vulnerable a fallos y apagones.

Mantener en operación Almaraz (I y II), Cofrentes, Trillo, Vandellós y Ascó (I y II) es asegurar un suministro fiable, preservar empleo cualificado, sostener la innovación y blindar al país ante futuras crisis. Insistir en su cierre solo por satisfacer prejuicios trasnochados es ignorar las evidencias y un verdadero suicidio energético. Renunciar a nuestros reactores nucleares significaría perder capacidad industrial, autonomía estratégica y relevancia internacional en un mundo que corre en la dirección contraria.