Martes, 28 de julio de 2026
SEGURIDAD Y DEFENSA
Más allá de la energía: el apagón masivo y la seguridad nacional
El apagón ha revelado la fragilidad estructural del sistema eléctrico español: dependencia renovable sin respaldo, necesidad de clarificación de la coordinación institucional y baja interconexión europea. Según Alberto Bueno, experto en temas de seguridad nacional, el apagón también plantea desafíos geoestratégicos que comprometen la seguridad y soberanía nacionales. "La vulnerabilidad energética es una amenaza expresamente consignada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021", afirma.
El Rey preside en el Palacio de la Moncloa la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.Pool Moncloa/Fernando Calvo / Europa Press / ContactoPhoto
El apagón del sistema de energía español es un evento crítico para el Sistema de Seguridad Nacional, del que se pueden extraer lecciones vinculados a la gestión de la crisis y la respuesta política más allá del ámbito estricto de lo energético. Este inmenso fallo ha sido una prueba real del grado de preparación ante crisis sistémicas; una más, extraordinaria, en un lustro. Su impacto fue transversal: infraestructuras críticas, operatividad de servicios esenciales, la mera cotidianidad. Así, observo cinco áreas a revisar para mejorar la respuesta desde/para toda la sociedad: Estrategia de Seguridad Energética Nacional (ESEN), el refuerzo de los mecanismos de cooperación público-privada, la gobernanza administrativa, la comunicación de crisis y la resiliencia personal-colectiva.
En segundo lugar, la crisis es una prueba de resistencia para la gobernanza del sistema eléctrico. Son entidades privadas quienes lo operan, pero en un mercado fuertemente regulado y donde el Estado, vía SEPI, es el principal accionista de actores clave, como Red Eléctrica de España. Por tanto, la respuesta ha de ser conjunta, en un sector por definición de colaboración público-privada.
Tercero. La gobernanza es, además, multinivel entre las distintas administraciones. La coordinación y cooperación entre niveles de gobierno es básica. Ocho comunidades autónomas solicitaron en pocas horas la declaración de nivel 3 de emergencia, lo que demuestra una mejora significativa en la cultura de protección civil; qué bueno sería poder hablar de un aprendizaje institucional derivado de crisis previas, como la catástrofe en València del pasado noviembre.
También se podría haber decretado la emergencia nacional por parte del Gobierno central. Por ello, interpreto la consolidación de facto de una descentralización operativa, con criterios compartidos entre administraciones autonómicas y el Estado central —y, en menor medida, casi olvidadas, las locales—. Si bien, el voluntarismo político y práctico de muchos de sus engranajes provoca un sistema nacional de protección civil de responsabilidades elusivas. Este diagnóstico es grave y no de fácil solución en un Estado compuesto como el español, donde la Estrategia Nacional de Protección Civil (ENPC) de 2024 inspira, poco más, una gobernanza común.
En quinto, la resiliencia o preparación individual y colectiva ante emergencias. La ausencia generalizada de kits básicos de emergencia y la falta de conocimientos prácticos generalizados para hacer frente a escenarios de interrupción prolongada de servicios esenciales pone de relieve una falla del sistema de seguridad nacional. Un país que prescindió de su defensa civil en los años noventa —aún siquiera comparable a los conceptos de defensa total del norte de Europa—, bien tiene la oportunidad de crear una estructura mínima de (auto)protección civil, de recomendaciones: para guerras, sí, pero también para catástrofes naturales o tecnológicas. La ENPC recoge expresamente poner en marcha guías con recomendaciones de protección civil. Por ende, los kits no son prácticas de militarismo encubierto o alarmismo belicista, sino iniciativas para con una ciudadanía responsable y resiliente. La implementación de dichas guías debe acelerarse, sin ambages.
En definitiva, son todos ellos elementos distintos que componen un Sistema de Seguridad Nacional todavía en construcción. Debería acelerarse la consolidación y construcción de un enfoque de toda la sociedad, vistos los déficits en arquitectura, comunicación, preparación ciudadana y capacidad tecnológica, lo que requiere inversiones cuantiosas y diferenciadas según la naturaleza del bien y servicio público.
"La vulnerabilidad energética es una amenaza expresamente consignada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021"En primer lugar, la ESEN de 2015 requiere de su actualización inmediata. El apagón masivo, la discusión sobre el sostenimiento de la producción nuclear, la irrupción de otras tecnologías energéticas —presentes o futuras—, la interconexión —15% en recomendación UE; 3% real en España— o el cuestionamiento de la autonomía estratégica energética por la guerra de Ucrania lo motivan. Son cuestiones de índole fundamentalmente política, que tienen que ver con la propia configuración de isla energética de la península Ibérica. La vulnerabilidad energética es, además, una amenaza expresamente consignada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021. Los fallos internos disruptivos han de ser recogidos expresamente, aunque los operadores trabajasen ya sobre escenarios de cero energético.
En segundo lugar, la crisis es una prueba de resistencia para la gobernanza del sistema eléctrico. Son entidades privadas quienes lo operan, pero en un mercado fuertemente regulado y donde el Estado, vía SEPI, es el principal accionista de actores clave, como Red Eléctrica de España. Por tanto, la respuesta ha de ser conjunta, en un sector por definición de colaboración público-privada.
"La gestión de crisis ha de integrar a los operadores de otros mercados: transporte, telefonía, alimentario… La seguridad nacional es un esfuerzo colectivo"Sin embargo, dicha colaboración va más allá del sector energético. La gestión de crisis ha de integrar a los operadores de otros mercados: transporte, telefonía, alimentario… La seguridad nacional es un esfuerzo colectivo que, desde estos parámetros de economía de mercado, exige que los actores privados participen en la planificación estratégica, no solo en la prevención o anticipación. Como algunos de sus representantes han señalado de forma acertada en medios de comunicación, han de ser parte de los protocolos, de forma proactiva. La respuesta como sistema no debe dejarse a la incertidumbre de la disponibilidad y la buena voluntad.
Tercero. La gobernanza es, además, multinivel entre las distintas administraciones. La coordinación y cooperación entre niveles de gobierno es básica. Ocho comunidades autónomas solicitaron en pocas horas la declaración de nivel 3 de emergencia, lo que demuestra una mejora significativa en la cultura de protección civil; qué bueno sería poder hablar de un aprendizaje institucional derivado de crisis previas, como la catástrofe en València del pasado noviembre.
También se podría haber decretado la emergencia nacional por parte del Gobierno central. Por ello, interpreto la consolidación de facto de una descentralización operativa, con criterios compartidos entre administraciones autonómicas y el Estado central —y, en menor medida, casi olvidadas, las locales—. Si bien, el voluntarismo político y práctico de muchos de sus engranajes provoca un sistema nacional de protección civil de responsabilidades elusivas. Este diagnóstico es grave y no de fácil solución en un Estado compuesto como el español, donde la Estrategia Nacional de Protección Civil (ENPC) de 2024 inspira, poco más, una gobernanza común.
"La gestión de emisión de alertas e información queda como un gran debe dentro de esa política comunicativa para la autoprotección"En cuarto lugar, la gestión de la comunicación. Durante horas, el país tuvo una caída generalizada de los principales canales de información. Asimismo, hubo horas de apagón de novedades gubernamentales. Así, a la alusión del presidente del Gobierno en sus comparecencias a informarse por vías oficiales para evitar bulos, se respondía con un cómo. Tampoco se establecieron mecanismos de comunicación directa —en calles mediante megafonía, por ejemplo—. Por tanto, la gestión de emisión de alertas e información queda como un gran debe dentro de esa política comunicativa para la autoprotección. La comunicación de crisis, como asignatura pendiente.
En quinto, la resiliencia o preparación individual y colectiva ante emergencias. La ausencia generalizada de kits básicos de emergencia y la falta de conocimientos prácticos generalizados para hacer frente a escenarios de interrupción prolongada de servicios esenciales pone de relieve una falla del sistema de seguridad nacional. Un país que prescindió de su defensa civil en los años noventa —aún siquiera comparable a los conceptos de defensa total del norte de Europa—, bien tiene la oportunidad de crear una estructura mínima de (auto)protección civil, de recomendaciones: para guerras, sí, pero también para catástrofes naturales o tecnológicas. La ENPC recoge expresamente poner en marcha guías con recomendaciones de protección civil. Por ende, los kits no son prácticas de militarismo encubierto o alarmismo belicista, sino iniciativas para con una ciudadanía responsable y resiliente. La implementación de dichas guías debe acelerarse, sin ambages.
"No sea el apagón masivo una oportunidad sobrevenida para pensar que la defensa stricto sensu no es una política específica y única que demanda sus propios recursos"Una última adenda clave: el apagón masivo afecta de lleno en la agenda política del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa y Seguridad; el presidente Sánchez tiene prevista su comparecencia en el Congreso el próximo 7 de mayo y ya ha anunciado que abordará ambas cuestiones. La crisis apoya la lógica dual civil-militar de muchas tecnologías o enseña la vulnerabilidad cibernética. Integrar estas capacidades dentro de un ecosistema nacional mejoraría la seguridad y la soberanía nacional. Por tanto, invertir en emergencias —una partida que se lleva casi el mismo monto inversor que el rearme en el Plan—, no es solo una opción complementaria, sino una prioridad estratégica de esfuerzo sostenido. Ahora bien, no sea esto una oportunidad sobrevenida para pensar que la defensa stricto sensu no es una política específica y única que demanda sus propios recursos.
En definitiva, son todos ellos elementos distintos que componen un Sistema de Seguridad Nacional todavía en construcción. Debería acelerarse la consolidación y construcción de un enfoque de toda la sociedad, vistos los déficits en arquitectura, comunicación, preparación ciudadana y capacidad tecnológica, lo que requiere inversiones cuantiosas y diferenciadas según la naturaleza del bien y servicio público.
Alberto Bueno
Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la UGR
Es profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y miembro del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces, and Society (RODAS). También es profesor adjunto en la Universidad de Leipzig (Alemania) y 'non-resident fellow' del UTSYN - Centre for Security and Total Defence (Noruega).
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