La designación de Alternativa para Alemania (AfD) como
extremista por parte de la inteligencia interior de Alemania es un paso más en la prevención legal frente al partido de
derecha radical.
Su efecto inmediato en la práctica será el permitir a las autoridades la vigilancia de las actuaciones de la formación política o dificultar su financiación pública, pero no su ilegalización. En el político, no afectará a su electorado, que comulga con el relato victimista y de persecución, ni tampoco alterará los cálculos del canciller democristiano,
Friedrich Merz.
En efecto,
la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) ha clasificado al partido de AfD como "extremista de derecha confirmado" (gesichert rechtsextremistisch) y un peligro para el orden constitucional. Para entender su significado y alcance, hay que comprenderlo, no como adjetivo político o moral —como se entienda mediática o políticamente—, sino como categoría legal y operativa dentro de los procedimientos de
democracia militante de la República Federal. Esa es la diferencia. Esta clasificación se aplica ahora en toda Alemania, tras haber sido designada ya así en varios estados federados, como en Renania del Norte-Westfalia en 2024 o en Sajonia desde enero de 2025.
"La clasificación de la AfD como extremista supone que las autoridades puedan vigilar al partido"
En la práctica, supone que las autoridades puedan vigilar al partido, si así fuese requerido: seguimiento de comunicaciones, uso de informantes, recolección de datos personales y observación abierta o encubierta de sus miembros y actividades. Es decir, no se trata de una ilegalización —ni esta se va a producir, me atrevo a señalar, si nos atenemos a los precedentes—, pero
sí representa una medida coercitiva de calado, que puede introducir restricciones en su financiación o su acceso a fondos públicos. En definitiva, condiciona su margen de actuación política.
El
informe que sustenta la nueva designación por parte del BfV expone cómo
la AfD promueve políticas contrarias a la dignidad humana desde su visión etnicista.
Su objetivo político es excluir a determinados grupos de población, someterlos a un tratamiento desigual inconstitucional y otorgarles un estatus jurídicamente devaluado, promoviendo de forma pública el odio, el racismo y la xenofobia, con posturas antiinmigración y antiislam, fundamentalmente. Para ello, la Oficina ha analizado los programas y declaraciones del partido a nivel federal y de sus representantes durante los últimos tres años, constatando además sus vínculos con grupos de ultraderecha.
Las sospechas y escándalos de financiación y vínculos con potencias extranjeras —
China y
Rusia— permanecen fuera de esta causa. También las simpatías ideológicas y propagandísticas explícitas que la AfD ha recibido desde el Kremlin o desde la nueva
Administración estadounidense, con J.D. Vance y el plutócrata Elon Musk en sus mítines y redes. De hecho,
Marco Rubio acusó el acto de tiránico; lo que mereció una contundente respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, en un gesto diplomático inusual para las formas germanas.
El otro impacto es el político, en clave electoral y gubernamental. Sobre el primero,
será nulo o incluso contraproducente en términos de expectativa electoral: en las encuestas más recientes poselectorales (tras los comicios generales de febrero de 2025),
la AfD aparece como primera fuerza política. El electorado de la AfD no parece susceptible a cambios de percepción por decisiones institucionales de este calibre.
"La experiencia en Sajonia es aleccionadora: tras ser calificada como 'extremista', su apoyo no descendió, sino que se consolidó"
La experiencia en Sajonia es aleccionadora: tras ser calificada como
extremista, su apoyo no descendió, sino que se consolidó; incluso mejoró sus resultados en las circunscripciones urbanas orientales que se le resistían, como Leipzig. Al contrario,
tanto el partido como sus votantes han integrado esa narrativa de persecución como parte de su discurso populista radical, en una lógica de victimismo antiélite, antiestablishment, que le acerca al estilo MAGA. En ese marco,
la designación por el BfV será probablemente utilizada para reforzar su relato sobre el estado profundo que actúa contra la auténtica voluntad del pueblo y el lawfare contra sus representantes.
Sobre el segundo,
es un desafío mayúsculo para el resto del espectro político y, sobre todo, para la CDU. Existe cierta cooperación entre la CDU y la AfD en el nivel local para asuntos de estricta política municipal y Merz coqueteó con aceptar los votos de la formación en el parlamento meses atrás, lo que desató una fuerte crisis también interna. Hay presión desde algunas federaciones, particularmente del este, por ampliar esa colaboración, pero Merz parece querer mantener ahora una posición firme frente a la AfD. La
injerencia trumpista al respecto fue un acicate en esa línea.
La etiqueta de extremismo confirmado complica aún más esa posibilidad: no es lo mismo colaborar con un partido radical que con uno oficialmente clasificado como amenaza para la democracia. Además, el apoyo de los otros partidos para formar alianzas con los democristianos —comenzando con la nueva
Gran Coalición— es aliciente para mantener el
cordón sanitario.
El escenario se torna aún más peligroso: la ultraderecha está en auge, mientras la coalición de gobierno negri-roja necesita demostrar eficacia y conectar con el alemán medio, en plena crisis económica y con crecientes tensiones internacionales. La medida es dura y agravará las divisiones en una política alemana cada vez más polarizada. Sin embargo,
no se producirá la ilegalización del partido. Pese a lo que se suela afirmar, es esta una medida absolutamente extraordinaria, dentro de un proceso escrupulosamente garantista.
"El escenario se torna aún más peligroso: la ultraderecha está en auge, mientras la coalición de gobierno negri-roja necesita demostrar eficacia y conectar con el alemán medio, en plena crisis económica y con crecientes tensiones internacionales"
En toda la historia democrática posterior a 1945, solo dos partidos lo han sido: el
Partido Socialista del Reich, formación heredera de la nacionalsocialista, y el
Partido Comunista Alemán, por considerarse un instrumento de facto de Moscú; en 1952 y 1956 respectivamente, ambos casos reflejan el contexto muy singular de la posguerra mundial y la Guerra Fría. En los últimos 20 años,
el neonazi NPD, declarado igualmente extremista, ha sido objeto de varios intentos de ilegalización que no han prosperado por razones de fondo —como amenaza real para el orden democrático, dada su minoritaria representación o militancia (en el este, de forma principal)—
o procedimentales.
Este señalamiento contra la AfD debe entenderse desde la tradición de
democracia militante que caracteriza al sistema político de Alemania desde su fundación. El caso es ejemplo de cómo ese principio opera. Sin embargo,
el reto es doble: proteger el sistema democrático sin traicionar sus fundamentos, y articular una fortaleza institucional acompañada de una fortaleza política social y cultural, capaz de resistir la seducción autoritaria, interna y externa.