La Comisión Europea señala el alto riesgo de corrupción en los contratos públicos en España en plena crisis por el 'caso Cerdán'

La contratación pública, los proyectos de infraestructuras y la financiación de los partidos políticos son los sectores clave con mayor riesgo de corrupción en España. Así lo sostiene el Informe sobre el Estado de derecho de la Unión Europea de 2025 sobre España, que será publicado a lo largo del día. La advertencia llega apenas semana y media después de que el Tribunal Supremo haya decretado la prisión provisional para el ex secretario de Organización y exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, investigado junto a su predecesor en el cargo y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por repartirse presuntamente dádivas de varias constructoras en contratos de obras públicas. En ese contexto, Bruselas reprocha a España la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, aunque valora tímidamente algunas reformas para combatir la de alto nivel.

"Bruselas reprocha a España la ausencia de una estrategia nacional anticorrupción, aunque valora tímidamente algunas reformas para combatir la de alto nivel"

En plena crisis por el 'caso Cerdán', el nuevo informe sobre el Estado de derecho de la UE señala que la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de partidos son los sectores con mayor riesgo de corrupción en España. Bruselas critica la falta de una estrategia nacional anticorrupción, aunque valora tímidamente algunas reformas para combatir las tramas de alto nivel.

El 40% de las compañías españolas —frente a una media del 25% en toda la UE— creen que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones o lograr contratos públicos en los últimos tres años, según refleja el informe citando el Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción. Bruselas también subraya que los contratos públicos de servicios son los más denunciados, según el Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública en España de 2024. Las irregularidades más señaladas son las detectadas en las adjudicaciones, así como otras prácticas corruptas relacionadas con la ejecución de los contratos y el recurso a la subcontratación. "La financiación de los partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo", recuerda el informe, que, sin embargo, reprocha que "no se hayan dado pasos para reformar la legislación electoral". 

 

El informe sobre el Estado de derecho en la UE afea a España que no haya puesto en marcha todavía su Estrategia Nacional Anticorrupción. La ley de protección de los informantes y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ordenaba al Gobierno adoptarla antes de septiembre de 2024 "en colaboración con las comunidades autónomas". Sin embargo, detecta "algunos progresos" en la reducción las investigaciones de los "casos de corrupción de alto nivel". Esos avances tienen que ver, según la UE, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno, pero también con la asignación de recursos adicionales para la lucha contra estos delitos. El informe se refiere, en concreto, a las dos nuevas plazas creadas en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2025. También a la creación en 2024 de las dos nuevas fiscalías de Delitos Económicos y de Delitos contra la Administración Pública. La UE valora que, con esas nuevas plazas y fiscalías, se incremente la plantilla del Ministerio Público. 

 

"Los avances tienen que ver, según la UE, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno, pero también con la asignación de recursos adicionales para la lucha contra la corrupción"

Bruselas también subraya el avance que puede suponer la ley de eficiencia —la que transforma los tradicionales juzgados unipersonales en tribunales de instancia— que entró en vigor el pasado enero. Esa norma, dice el informe sobre el Estado de derecho, "busca acelerar los procedimientos judiciales, incrementar el personal de la Fiscalía Anticorrupción y también el número de jueces". El documento señala como hecho relevante que en octubre de 2024 se inició el caso Koldo, en el que está imputado el exministro Ábalos "por un caso de corrupción relacionado con la pandemia de la covid". "En cualquier caso, teniendo en cuenta la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la provisión de nuevos recursos [humanos] en la Fiscalía, se han hecho algunos progresos respecto a la recomendación del informe del Estado de derecho" del año anterior, señala el texto.

 

El documento del año pasado recomendaba también a España que estableciera una regulación del lobby, incluyendo el establecimiento de un registro público para estos grupos. El informe de 2025 subraya que el Gobierno ha hecho algunos avances al redactar un proyecto de ley de transparencia e integridad para estos colectivos que crea ese registro y da su gestión a la Oficina de Conflictos de Interés. Al mismo tiempo, recuerda que muy pocos parlamentarios publican su agenda y los grupos o asociaciones con los que se reúnen pese a las recomendaciones del Código de Conducta de las Cortes Generales. Según el anuario de 2024 que recogió el grado de cumplimiento de esa recomendación, en 2023 solo el 10% de los diputados y senadores hicieron públicos estos encuentros. 

 

El informe también ve insuficiente el marco normativo referido a la corrupción transnacional. El documento refleja que se han hecho algunos esfuerzos, pero tanto la legislación como su aplicación a los casos concretos sigue siendo mejorable. Bruselas recuerda que la OCDE ha reiterado a España su recomendación de clarificar sus regulaciones sobre responsabilidad corporativa y para asegurar que las investigaciones de corrupción transnacional tengan un plazo suficiente para su esclarecimiento. "El nivel de cumplimiento sigue siendo bajo, con solo dos casos concluidos con éxito desde 2016". 

"El Eurobarómetro Especial sobre Corrupción de este mismo año muestra que el 89% de los consultados creen que la corrupción está extendida por todo el país: la media europea está en el 69%"

Respecto a la percepción del nivel de corrupción en el sector público entre expertos, ciudadanos y empresas, es, según el documento, "relativamente alta". Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, España obtiene una nota de cincuenta y seis sobre cien y se sitúa en el puesto dieciséis entre los veintisiete miembros de la UE y en el cuarenta y seis a nivel global. "Esta percepción ha crecido significativamente en los últimos cinco años", sostiene el documento europeo. El Eurobarómetro Especial sobre Corrupción de este mismo año muestra que el 89% de los consultados creen que la corrupción está extendida por todo el país (la media europea está en el 69%). El 51% de los encuestados se consideraron afectados por la corrupción en su vida diaria (un 30% de media en la UE). que "no se hayan dado pasos para reformar la legislación electoral". El Tribunal de Cuentas sancionó el pasado abril a Vox con 862.000 euros por aceptar donaciones irregulares.