Martes, 28 de julio de 2026
SOBERANÍA DIGITAL
El 86% de los españoles pide tecnología europea propia
El 82% considera que depende de proveedores extranjeros y un porcentaje más alto reclama que Europa desarrolle tecnologías propias. La primera gran encuesta de soberanía digital elaborada en España muestra que la autonomía tecnológica ya no es solo un debate industrial: también se percibe como una cuestión de seguridad, datos y capacidad de decisión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (izquierda) y el comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.Comisión Europea
Es uno de los cambios más rápidos de la actualidad. Hace cinco años, la soberanía digital apenas salía de los despachos de la Comisión Europea. Era un tema reservado a los círculos de especialistas en ciberseguridad o a las grandes operadoras de telecomunicaciones, sobre el que el ciudadano de a pie apenas estaba informado (ni preocupado). En estos momentos, la dinámica está cambiando.
Impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, pero también por otros factores, la tecnología está adquiriendo una mayor importancia en ámbitos como la distribución del poder y la seguridad de los territorios. Y además lo hace de una forma muy cotidiana, puesto que no hace falta conocer al dedillo cómo funcionan los centros de datos y otro tipo de infraestructuras (físicas y digitales) para advertirlo. Ahora podemos poner cifras concretas a este asunto.
El último informe sobre soberanía digital elaborado por Fundación Telefónica pregunta a 2.000 ciudadanos y 300 empresas por este tema. Solo el 29% de los españoles había oído hablar del término "soberanía digital" antes de la encuesta, pero sus resultados sugieren que una parte amplia de la sociedad comparte ya el diagnóstico defendido desde Bruselas: depender de tecnología ajena no representa únicamente un problema para las empresas, sino un riesgo para España y para Europa.
Ese giro social coincide con los pasos que se están dando en la política comunitaria. La Unión Europea, acostumbrada a un reparto de poder que le permitía ejercer como potencia regulatoria mientras dependía de terceros para numerosas tecnologías críticas, ha pasado a otro plano.
Antes, las principales plataformas digitales procedían de Estados Unidos, mientras que buena parte de los semiconductores se fabricaban en Asia y Europa se encargaba de aportar regulación y mercado. Pero ya en la pandemia comenzó a resquebrajarse ese esquema al convertir las cadenas de suministro en una preocupación geopolítica. Y desde la invasión rusa de Ucrania, la dependencia energética se ha situado en el terreno de la seguridad nacional.
La puntilla ha llegado con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Esta dinámica ha terminado de consolidar en Bruselas la idea de que la dependencia tecnológica también reduce la capacidad de decisión política.
Los datos indican que esta preocupación ha llegado también a la sociedad. El 86% de los encuestados considera importante que España disponga de servicios nacionales de ciberseguridad. El mismo porcentaje respalda contar con redes propias de telecomunicaciones. Asimismo, el apoyo alcanza el 83% en el caso de los centros de datos y el 79% en los servicios de computación en la nube.
Los encuestados, cuyo respaldo rebasa la política industrial, relacionan estas infraestructuras con la independencia, la protección de los datos y la capacidad de decisión. De esta manera, las telecomunicaciones se incorporan a una categoría antes asociada sobre todo con puertos, aeropuertos, centrales eléctricas o redes ferroviarias: el 77% las considera una infraestructura crítica para la soberanía digital española.
Estos resultados son, en cierto modo, un respaldo político a algunas de las prioridades defendidas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como desarrollar capacidades europeas en inteligencia artificial y semiconductores o reducir la dependencia de Estados Unidos y China.
Estos datos permiten leer de otro modo la trayectoria regulatoria europea. El Reglamento General de Protección de Datos abrió el camino, seguido por la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y, más recientemente, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. Ciertos sectores critican que el modelo se basa en una obsesión regulatoria europea, contrapuesta a la capacidad innovadora de Estados Unidos. Sin embargo, con estos datos parece que las instituciones comunitarias también están respondiendo a una preocupación social existente.
En gran medida, esta fue la postura defendida por el excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, en Agenda Pública. La regulación europea, explicó, no pretendía limitar la libertad de expresión, sino exigir a quienes operan en el mercado comunitario el cumplimiento de las mismas normas que al resto de los actores económicos. "Si Elon Musk se expresa utilizando X, debe cumplir la legislación europea", afirmó uno de los arquitectos del entramado digital europeo, en una idea que condensa los principios de la DSA: las plataformas pueden tener alcance global, pero no quedan fuera del Estado de derecho europeo.
Breton sostenía además que la DSA y la DMA no buscaban frenar la innovación porque su objetivo era reforzar la transparencia, la responsabilidad y la confianza ciudadana en el entorno digital. Sin embargo, es cierto que esta regulación no resuelve por sí misma la dependencia tecnológica. El continente sigue utilizando de manera mayoritaria infraestructuras, plataformas y servicios desarrollados fuera de sus fronteras. Por un lado, las grandes plataformas son estadounidenses. Por otro lado, buena parte del equipamiento se fabrica en Asia y las empresas norteamericanas encabezan la carrera de la inteligencia artificial.
Probablemente esta sea la razón por la que la tecnología se ha convertido también en un terreno de competencia geopolítica. La política europea se despliega ahora en dos frentes: limitar el poder de las grandes plataformas y desarrollar capacidades propias. La discusión ya no se circunscribe a lo que Google, Meta o Microsoft pueden hacer en Europa. Hoy día, incluye la capacidad del continente para ofrecer alternativas en inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores y un largo etcétera. Y por ello la soberanía digital tiene tanto una parte industrial como un componente eminentemente regulatorio.
Pese a la magnitud de la dependencia, el 54% de los encuestados cree que la soberanía tecnológica europea aumentará durante la próxima década, frente al 29% que espera un retroceso. Es una expectativa moderada, pero indica que una mayoría considera posible reducir la dependencia exterior. Para la Unión Europea, ese respaldo amplía el margen político para impulsar inversiones y proyectos industriales.
Las iniciativas comunitarias se habían justificado principalmente mediante argumentos económicos: mejorar la competitividad, estimular la innovación y crear empleo. A esas razones se añade ahora otra relacionada con la seguridad y la capacidad de decisión.
La expansión de los centros de datos, el aumento de la inversión en inteligencia artificial y la llegada de proyectos industriales vinculados al procesamiento de datos ofrecen oportunidades relevantes. Pero el camino no será fácil: existirán dificultades tecnológicas así como políticas. Construir capacidades propias requiere inversión pública, tejido industrial y decisiones que van más allá de los criterios de eficiencia económica. También obliga a determinar dónde se almacenan los datos, quién desarrolla los sistemas de inteligencia artificial y qué infraestructuras deben recibir la consideración de estratégicas.
Hace unos años, estas ideas se habrían tachado de proteccionistas. Hoy forman parte del consenso estratégico de Bruselas, en una visión que ya empieza a extenderse entre la ciudadanía española.
Impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, pero también por otros factores, la tecnología está adquiriendo una mayor importancia en ámbitos como la distribución del poder y la seguridad de los territorios. Y además lo hace de una forma muy cotidiana, puesto que no hace falta conocer al dedillo cómo funcionan los centros de datos y otro tipo de infraestructuras (físicas y digitales) para advertirlo. Ahora podemos poner cifras concretas a este asunto.
El último informe sobre soberanía digital elaborado por Fundación Telefónica pregunta a 2.000 ciudadanos y 300 empresas por este tema. Solo el 29% de los españoles había oído hablar del término "soberanía digital" antes de la encuesta, pero sus resultados sugieren que una parte amplia de la sociedad comparte ya el diagnóstico defendido desde Bruselas: depender de tecnología ajena no representa únicamente un problema para las empresas, sino un riesgo para España y para Europa.
"Una parte amplia de la sociedad comparte ya el diagnóstico defendido desde Bruselas: depender de tecnología ajena no representa únicamente un problema para las empresas"El conocimiento del concepto y el respaldo a las alternativas europeas, sin embargo, no evolucionan de forma paralela. El 35% de los menores de 35 años había oído hablar de soberanía digital, frente al 24% de quienes tienen entre 50 y 64 años. No obstante, son estos últimos los que apoyan en mayor medida que Europa disponga de plataformas y tecnologías propias: un 93%, frente al 72% de los jóvenes. La disposición a priorizar una plataforma europea con prestaciones equivalentes también aumenta con la edad, desde el 63% entre los menores de 35 años hasta el 77% entre los mayores de 65.
Ese giro social coincide con los pasos que se están dando en la política comunitaria. La Unión Europea, acostumbrada a un reparto de poder que le permitía ejercer como potencia regulatoria mientras dependía de terceros para numerosas tecnologías críticas, ha pasado a otro plano.
Antes, las principales plataformas digitales procedían de Estados Unidos, mientras que buena parte de los semiconductores se fabricaban en Asia y Europa se encargaba de aportar regulación y mercado. Pero ya en la pandemia comenzó a resquebrajarse ese esquema al convertir las cadenas de suministro en una preocupación geopolítica. Y desde la invasión rusa de Ucrania, la dependencia energética se ha situado en el terreno de la seguridad nacional.
La puntilla ha llegado con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Esta dinámica ha terminado de consolidar en Bruselas la idea de que la dependencia tecnológica también reduce la capacidad de decisión política.
"Ya en la pandemia comenzó a resquebrajarse ese esquema al convertir las cadenas de suministro en una preocupación geopolítica"La Comisión Europea ha colocado por ello la autonomía tecnológica junto a la defensa, la energía y el acceso a materias primas críticas. Es decir, la denominada autonomía estratégica abierta ha dejado de ser una doctrina exclusivamente económica. Parte de la premisa de que la capacidad para desarrollar o controlar tecnologías esenciales condiciona la soberanía de los Estados.
Los datos indican que esta preocupación ha llegado también a la sociedad. El 86% de los encuestados considera importante que España disponga de servicios nacionales de ciberseguridad. El mismo porcentaje respalda contar con redes propias de telecomunicaciones. Asimismo, el apoyo alcanza el 83% en el caso de los centros de datos y el 79% en los servicios de computación en la nube.
Los encuestados, cuyo respaldo rebasa la política industrial, relacionan estas infraestructuras con la independencia, la protección de los datos y la capacidad de decisión. De esta manera, las telecomunicaciones se incorporan a una categoría antes asociada sobre todo con puertos, aeropuertos, centrales eléctricas o redes ferroviarias: el 77% las considera una infraestructura crítica para la soberanía digital española.
Estos resultados son, en cierto modo, un respaldo político a algunas de las prioridades defendidas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como desarrollar capacidades europeas en inteligencia artificial y semiconductores o reducir la dependencia de Estados Unidos y China.
"La capacidad para desarrollar o controlar tecnologías esenciales condiciona la soberanía de los Estados"En línea con este punto, la encuesta recoge un alto grado de desconfianza hacia las grandes plataformas tecnológicas. El 78% considera probable que compañías como Google, Meta, Amazon, Apple o Microsoft vendan o cedan datos personales sin autorización. E incluso el 80% afirma sentirse inquieto por el acceso de estas empresas a su información. Casi dos tercios de los españoles reconocen, además, que no se sienten suficientemente protegidos frente al uso indebido de sus datos cuando utilizan servicios digitales. La mayoría depende de esas plataformas, pero no confía plenamente en el tratamiento que hacen de su información.
Estos datos permiten leer de otro modo la trayectoria regulatoria europea. El Reglamento General de Protección de Datos abrió el camino, seguido por la Ley de Mercados Digitales (DMA), la Ley de Servicios Digitales (DSA) y, más recientemente, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial. Ciertos sectores critican que el modelo se basa en una obsesión regulatoria europea, contrapuesta a la capacidad innovadora de Estados Unidos. Sin embargo, con estos datos parece que las instituciones comunitarias también están respondiendo a una preocupación social existente.
En gran medida, esta fue la postura defendida por el excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, en Agenda Pública. La regulación europea, explicó, no pretendía limitar la libertad de expresión, sino exigir a quienes operan en el mercado comunitario el cumplimiento de las mismas normas que al resto de los actores económicos. "Si Elon Musk se expresa utilizando X, debe cumplir la legislación europea", afirmó uno de los arquitectos del entramado digital europeo, en una idea que condensa los principios de la DSA: las plataformas pueden tener alcance global, pero no quedan fuera del Estado de derecho europeo.
Breton sostenía además que la DSA y la DMA no buscaban frenar la innovación porque su objetivo era reforzar la transparencia, la responsabilidad y la confianza ciudadana en el entorno digital. Sin embargo, es cierto que esta regulación no resuelve por sí misma la dependencia tecnológica. El continente sigue utilizando de manera mayoritaria infraestructuras, plataformas y servicios desarrollados fuera de sus fronteras. Por un lado, las grandes plataformas son estadounidenses. Por otro lado, buena parte del equipamiento se fabrica en Asia y las empresas norteamericanas encabezan la carrera de la inteligencia artificial.
La brecha para impulsar la tecnología europea es el gran reto
La distancia entre la aspiración de autonomía y la vida cotidiana sigue siendo amplia. El 69% de los españoles reconoce depender de teléfonos inteligentes, ordenadores o tabletas. Y uno de cada dos admite que pasar varios días sin acceso a internet tendría un efecto "importante" sobre su actividad diaria."El continente sigue utilizando de manera mayoritaria infraestructuras, plataformas y servicios desarrollados fuera de sus fronteras"Es decir, la dependencia continúa creciendo y, con ella, la preocupación por quién controla las infraestructuras y los servicios digitales. La globalización tecnológica había restado importancia a la nacionalidad de las empresas: lo decisivo era que ofrecieran prestaciones mejores o más baratas. Las tensiones entre Washington y Pekín, las restricciones a la exportación de chips, la disputa sobre TikTok, las sanciones tecnológicas y el uso de los datos como instrumento de poder han alterado esa percepción.
Probablemente esta sea la razón por la que la tecnología se ha convertido también en un terreno de competencia geopolítica. La política europea se despliega ahora en dos frentes: limitar el poder de las grandes plataformas y desarrollar capacidades propias. La discusión ya no se circunscribe a lo que Google, Meta o Microsoft pueden hacer en Europa. Hoy día, incluye la capacidad del continente para ofrecer alternativas en inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores y un largo etcétera. Y por ello la soberanía digital tiene tanto una parte industrial como un componente eminentemente regulatorio.
"La política europea se despliega ahora en dos frentes: limitar el poder de las grandes plataformas y desarrollar capacidades propias"En este sentido, ciudadanos y empresas coinciden en buena parte del diagnóstico y de la respuesta. En ambos grupos, más de ocho de cada diez perciben que Europa depende de compañías tecnológicas extranjeras, cerca de siete de cada diez priorizarían una alternativa europea con prestaciones equivalentes y una amplia mayoría reclama que los gobiernos impulsen tecnología propia. También comparten el escepticismo: solo el 47% de los ciudadanos y el 46% de los responsables empresariales confían en que Europa pueda competir tecnológicamente con Estados Unidos o China. La mayor distancia aparece al valorar las consecuencias para la seguridad: el 62% de la ciudadanía considera que la dependencia puede representar una amenaza, frente al 49% en el ámbito empresarial.
Pese a la magnitud de la dependencia, el 54% de los encuestados cree que la soberanía tecnológica europea aumentará durante la próxima década, frente al 29% que espera un retroceso. Es una expectativa moderada, pero indica que una mayoría considera posible reducir la dependencia exterior. Para la Unión Europea, ese respaldo amplía el margen político para impulsar inversiones y proyectos industriales.
Las iniciativas comunitarias se habían justificado principalmente mediante argumentos económicos: mejorar la competitividad, estimular la innovación y crear empleo. A esas razones se añade ahora otra relacionada con la seguridad y la capacidad de decisión.
"La soberanía digital abarca la fabricación de semiconductores y la construcción de centros de datos, pero no se agota en ellas"La soberanía digital abarca la fabricación de semiconductores y la construcción de centros de datos, pero no se agota en ellas. También exige que Europa conserve margen para decidir sobre las tecnologías que sostienen su economía, sus instituciones democráticas y su seguridad. Dentro de la ecuación, España, una variable más, cuenta con activos para participar en el proceso.
La expansión de los centros de datos, el aumento de la inversión en inteligencia artificial y la llegada de proyectos industriales vinculados al procesamiento de datos ofrecen oportunidades relevantes. Pero el camino no será fácil: existirán dificultades tecnológicas así como políticas. Construir capacidades propias requiere inversión pública, tejido industrial y decisiones que van más allá de los criterios de eficiencia económica. También obliga a determinar dónde se almacenan los datos, quién desarrolla los sistemas de inteligencia artificial y qué infraestructuras deben recibir la consideración de estratégicas.
Hace unos años, estas ideas se habrían tachado de proteccionistas. Hoy forman parte del consenso estratégico de Bruselas, en una visión que ya empieza a extenderse entre la ciudadanía española.
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