Martes, 28 de julio de 2026
SEMICONDUCTORES
La Ley de Chips 2.0 acerca a Europa a la soberanía tecnológica: ahora tiene que financiarla
La Ley de Chips 2.0 quiere rearmar la política europea de semiconductores, pero la ambición normativa no basta. Emilio García, experto en política digital, examina una propuesta que "extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro" e "incorpora por fin la demanda", aunque mantiene carencias en ayudas de Estado, gobernanza y financiación. La clave: "la prueba de fuego no está en el texto", sino en la voluntad política de hacer efectiva la soberanía tecnológica europea.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica y responsable áreas vinculadas a computación de alto rendimiento, nube, IA, redes digitales y un plan europeo de chips cuánticos.Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press
Una vez superadas las restricciones derivadas de la pandemia, las principales potencias económicas desplegaron diversos mecanismos orientados a robustecer sus respectivos ecosistemas de microelectrónica. Europa adoptó una Ley de Chips que ha tenido un impacto comparativamente limitado. Mientras que Estados Unidos ha logrado atraer líneas de fabricación de chips de vanguardia a su territorio y China avanza con paso firme hacia su autosuficiencia a pesar de las restricciones comerciales en el acceso a la tecnología de fabricación, la Unión Europea todavía carece de hitos de relevancia que acrediten el éxito de su política sectorial.
Diversas voces han reclamado con urgencia una redefinición de la estrategia comunitaria de semiconductores, destacando las recomendaciones de Mario Draghi en su informe, así como la evaluación del Tribunal de Cuentas de la UE. Adicionalmente a los análisis de carácter institucional, el Grupo Asesor de la Industria o la Fundación Alternativas han realizado un diagnóstico de los retos a los que se enfrenta el ecosistema de microelectrónica europeo. En todos estos análisis se subraya la necesidad de articular nuevas prioridades tecnológicas, flexibilizar el régimen de ayudas estatales, asegurar la industria europea mediante el estímulo de la demanda y acometer una reforma profunda de la gobernanza sectorial.
El proyecto legislativo propuesto por la Comisión Europea mantiene la estructura de la Ley de Chips original alrededor de tres pilares —desarrollo de nuevas capacidades e I+D, política industrial y gobernanza—, aunque presenta una densidad regulatoria notablemente mayor. Los 41 preceptos de la ley original se expanden hasta alcanzar los 60 artículos, integrando nuevos mecanismos para dar respuesta a las vulnerabilidades estructurales identificadas en el ecosistema europeo.
Atendiendo —aparentemente— a las propuestas de Mario Draghi y las demandas de la industria, se plantea establecer dentro de este pilar la figura de los grandes retos, concebidos para garantizar la integración y el escalado industrial de arquitecturas de semiconductores críticas. La posibilidad de financiar estos retos con el presupuesto de la Chips JU permitirá al Ejecutivo comunitario ejercer un liderazgo más proactivo en la promoción de proyectos tractores de alto valor tecnológico. Estos grandes retos podrían ofrecer, además, una vía más ágil que los IPCEI (proyectos de interés común europeo) para los proyectos tractores de I+D.
Asimismo, la propuesta normativa introduce como novedad en la arquitectura de su política industrial la catalogación de las Regiones de excelencia europeas en semiconductores. Esta figura persigue distinguir mediante un sello de calidad a aquellos territorios que cuentan con una estrategia coordinada a largo plazo para albergar, atraer y expandir inversiones relacionadas con la cadena de valor sectorial. La acreditación facilitará a las regiones designadas el acceso a fondos de los programas comunitarios. Pero aquí también queda corta la propuesta considerando que el coste de fabricación en Europa es entre un 15% y un 30% superior respecto a Asia. No implica flexibilización ni agilización en lo que respecta al régimen general de ayudas estatales de la Unión, autorización de una situación fiscal específica o subsidio en gastos de operación relevantes, como la energía.
Si bien se integran formalmente en el pilar de desarrollo de capacidades, la propuesta introduce como vectores de política industrial el Foro de Demanda, los Aceleradores de Demanda y el respaldo a la contratación pública de soluciones innovadoras en semiconductores. Estos instrumentos representan un esfuerzo por trascender una estrategia focalizada estrictamente en la oferta, incorporando mecanismos destinados a dinamizar la demanda. Sin embargo, este planteamiento carece de incentivos directos para la adquisición de componentes basados en tecnología europea, una medida que sí se ha incorporado para otros sectores estratégicos en el marco de la reciente Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act).
Sin embargo, se ha desaprovechado la ocasión para dotar de competencias efectivas al Consejo Europeo de Semiconductores. En la misma línea, las medidas introducidas en el texto no suponen un avance relevante hacia una política comercial común —decisión colectiva sobre el control de inversiones extranjeras o las restricciones a la exportación— ni hacia un alineamiento real de las estrategias nacionales en una orientación política compartida.
En conjunto, la Ley de Chips 2.0 corrige buena parte de los errores de diagnóstico de su predecesora: amplía la mirada a toda la cadena de valor, incorpora por fin la demanda y dota a Bruselas —aparentemente— de instrumentos más ágiles y mejor ordenados. Sin embargo, mantiene algunas carencias procedimentales, tanto en el ámbito de la gobernanza como de la gestión de ayudas de Estado. También hay incertidumbres en las disponibilidades de capital público y privado para un sector tan exigente de financiación. Las instituciones habrán de mostrar en la tramitación legislativa voluntad política para avanzar hacia una verdadera política comercial e industrial común. El riesgo es repetir la historia: un marco ambicioso sobre el papel que vuelve a quedarse corto frente a Estados Unidos y Asia. La prueba de fuego no está en el texto, sino en lo que los Estados miembros y el Parlamento estén dispuestos a aportar para hacer realmente efectiva la soberanía tecnológica europea.
Diversas voces han reclamado con urgencia una redefinición de la estrategia comunitaria de semiconductores, destacando las recomendaciones de Mario Draghi en su informe, así como la evaluación del Tribunal de Cuentas de la UE. Adicionalmente a los análisis de carácter institucional, el Grupo Asesor de la Industria o la Fundación Alternativas han realizado un diagnóstico de los retos a los que se enfrenta el ecosistema de microelectrónica europeo. En todos estos análisis se subraya la necesidad de articular nuevas prioridades tecnológicas, flexibilizar el régimen de ayudas estatales, asegurar la industria europea mediante el estímulo de la demanda y acometer una reforma profunda de la gobernanza sectorial.
"No puede existir una autonomía estratégica geopolítica para Europa sin que se fortalezca la piedra fundacional de la transformación digital"El Ejecutivo comunitario ha presentado su propuesta para la Ley de Chips 2.0, enmarcada en un paquete legislativo bajo una comunicación de carácter estratégico sobre la soberanía tecnológica de la Unión. Porque no puede existir una autonomía estratégica geopolítica para Europa sin que se fortalezca la piedra fundacional de la transformación digital. La demanda europea de chips se duplicará hacia 2040 —y se multiplicará por 2,4 veces en la industria que fabrica en suelo europeo, según el estudio de ZVEI para los gobiernos de Alemania y Países Bajos—, impulsada sobre todo por la automoción, la energía y los centros de datos. Sin capacidades locales de producción en todos los eslabones de la cadena de valor, la UE estará a merced de las coerciones de terceros.
El proyecto legislativo propuesto por la Comisión Europea mantiene la estructura de la Ley de Chips original alrededor de tres pilares —desarrollo de nuevas capacidades e I+D, política industrial y gobernanza—, aunque presenta una densidad regulatoria notablemente mayor. Los 41 preceptos de la ley original se expanden hasta alcanzar los 60 artículos, integrando nuevos mecanismos para dar respuesta a las vulnerabilidades estructurales identificadas en el ecosistema europeo.
Actualización de prioridades tecnológicas y refuerzo del liderazgo de la Comisión
El pilar relativo al desarrollo de nuevas capacidades se mantiene financiado por la UE bajo el paraguas de la empresa conjunta de Chips (Chips Joint Undertaking o Chips JU). Se mantienen las prioridades tecnológicas de la Ley de Chips, actualizadas de acuerdo con el estado actual de la industria. De este modo, al fomento del diseño de vanguardia, la implementación de infraestructuras piloto de fabricación avanzada y la apuesta por el 'hardware' cuántico, se incorpora ahora el respaldo a la fotónica integrada. Respecto a los instrumentos transversales, se ratifica el apoyo a los centros de competencia nacionales y el Fondo de Chips para tomar participaciones en empresas emergentes de microelectrónica.Atendiendo —aparentemente— a las propuestas de Mario Draghi y las demandas de la industria, se plantea establecer dentro de este pilar la figura de los grandes retos, concebidos para garantizar la integración y el escalado industrial de arquitecturas de semiconductores críticas. La posibilidad de financiar estos retos con el presupuesto de la Chips JU permitirá al Ejecutivo comunitario ejercer un liderazgo más proactivo en la promoción de proyectos tractores de alto valor tecnológico. Estos grandes retos podrían ofrecer, además, una vía más ágil que los IPCEI (proyectos de interés común europeo) para los proyectos tractores de I+D.
Ampliación del foco de la oferta a la demanda, pero sin flexibilizar ayudas de Estado
Entrando en el segundo pilar del proyecto normativo, se propone acometer una profunda —y acertada— revisión de las prioridades de la política industrial comunitaria. Mientras la Ley de Chips original realizaba una apuesta casi exclusiva por promover fábricas de semiconductores avanzados en suelo europeo, la nueva regulación extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro. El sello de proyecto pionero ('first-of-a-kind', FOAK), que presuntamente otorga una tramitación preferente dentro del régimen europeo de ayudas de Estado, no se otorgará ya solo a líneas de manufactura. Las Instalaciones de Producción Integradas y Fundiciones Abiertas de la Ley de Chips original se sustituyen por la nueva figura de las Iniciativas Tecnológicas Europeas (ITE), que pueden abarcar también segmentos como el diseño de chips o equipamiento de fabricación."No se realiza una integración de los procedimientos de designación como ITE y autorización de la ayuda de Estado"Junto a las ITE, el reglamento define una segunda figura, los proyectos estratégicos —reservada a iniciativas de interés común europeo y reconocible incluso fuera de la UE, con los mismos derechos y obligaciones que las ITE y ventajas añadidas—, a la que pertenece su buque insignia: una fundición europea de fabricación avanzada de nodos de 3 nanómetros (nm) e inferiores, con integración de 'chiplets' y empaquetado 3D, impulsada bajo la nueva Herramienta de Coordinación de la Competitividad, con una inversión estimada de entre 20.000 y 40.000 millones de euros y producción piloto prevista para 2030-2033. No obstante, no se realiza una integración de los procedimientos de designación como ITE y autorización de la ayuda de Estado, una convergencia administrativa demandada por la industria para agilizar los proyectos —el reglamento se limita a prever que ambos se tramiten en paralelo—.
Asimismo, la propuesta normativa introduce como novedad en la arquitectura de su política industrial la catalogación de las Regiones de excelencia europeas en semiconductores. Esta figura persigue distinguir mediante un sello de calidad a aquellos territorios que cuentan con una estrategia coordinada a largo plazo para albergar, atraer y expandir inversiones relacionadas con la cadena de valor sectorial. La acreditación facilitará a las regiones designadas el acceso a fondos de los programas comunitarios. Pero aquí también queda corta la propuesta considerando que el coste de fabricación en Europa es entre un 15% y un 30% superior respecto a Asia. No implica flexibilización ni agilización en lo que respecta al régimen general de ayudas estatales de la Unión, autorización de una situación fiscal específica o subsidio en gastos de operación relevantes, como la energía.
Si bien se integran formalmente en el pilar de desarrollo de capacidades, la propuesta introduce como vectores de política industrial el Foro de Demanda, los Aceleradores de Demanda y el respaldo a la contratación pública de soluciones innovadoras en semiconductores. Estos instrumentos representan un esfuerzo por trascender una estrategia focalizada estrictamente en la oferta, incorporando mecanismos destinados a dinamizar la demanda. Sin embargo, este planteamiento carece de incentivos directos para la adquisición de componentes basados en tecnología europea, una medida que sí se ha incorporado para otros sectores estratégicos en el marco de la reciente Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act).
Reordenación de la gobernanza y una financiación difusa
Finalmente, en el plano de la gobernanza y la respuesta a crisis, Bruselas busca obtener poderes extraordinarios más robustos —obligar a los fabricantes a priorizar pedidos de sectores críticos, sanciones por falta de colaboración— para episodios de escasez como el desatado tras la toma de control de Nexperia por el Gobierno neerlandés. Estos instrumentos ya existían en esencia en la norma original y la propuesta refuerza y ordena más que inventa. Habrá que ver cómo se materializan en el "Plan de la UE para la gestión de crisis en el sector de los semiconductores" que se anuncia. El proyecto de desarrollo de un gemelo digital de la cadena de suministro europea puede facilitar la prevención y respuesta ante crisis.Sin embargo, se ha desaprovechado la ocasión para dotar de competencias efectivas al Consejo Europeo de Semiconductores. En la misma línea, las medidas introducidas en el texto no suponen un avance relevante hacia una política comercial común —decisión colectiva sobre el control de inversiones extranjeras o las restricciones a la exportación— ni hacia un alineamiento real de las estrategias nacionales en una orientación política compartida.
"Son difusas las fuentes de financiación que darán soporte a la nueva política comunitaria"La Ley de Chips 2.0 abre el camino para la revisión de las condiciones de entorno, aunque difícilmente estará aprobada antes del año 2028. Sin embargo, son difusas las fuentes de financiación que darán soporte a la nueva política comunitaria. El ecosistema de semiconductores europeo necesita, aproximadamente antes del año 2035, inversiones públicas o privadas de entre 120.000 millones de euros —según la Comisión Europea— y 300.000 millones —según el grupo asesor de la industria—. Es incierto aún el entorno presupuestario de la Unión, pendiente de las negociaciones del marco financiero plurianual (MFP) 2028-2034, pero la propuesta de Fondo de Competitividad solo recoge una ventana de 54.000 millones para todas las políticas digitales. La nueva estrategia de microelectrónica necesitará, para ser efectiva, contribuciones complementarias de los Estados miembros o de otras partidas del presupuesto de la UE. Consciente de esta brecha, la propia comunicación abre la reflexión sobre una nueva capacidad europea de inversión en capital, concebida como ancla de coinversión para atraer fondos privados, en un mercado en el que la UE apenas concentra el 5% del capital riesgo mundial frente al 52% de Estados Unidos y el 40% de China.
| Pilar | Ley de Chips (original) | Ley de Chips 2.0 |
|---|---|---|
| I — Capacidades e I+D | Chips for Europe Initiative: diseño, líneas piloto, cuántica, centros de competencia y Chips Fund. | Chips for Europe Initiative 2.0: añade fotónica y grandes retos; giro a industrialización y demanda. |
| II — Política industrial y seguridad de suministro | Foco en fabricación; centrada en la oferta; instalaciones IPF y Open EU Foundries (sello FOAK); sin exención del control de ayudas de Estado. | Toda la cadena de valor; ITE y proyectos estratégicos (incluso en terceros países); Regiones de Excelencia; fomento de la demanda (Foro y Aceleradores); sin exención del control de ayudas de Estado. |
| III — Gobernanza y crisis | Consejo Europeo de Semiconductores (ESB); vigilancia del mercado y respuesta a crisis (pedidos prioritarios, compra común). | Monitorización reforzada ('mapping', plataforma B2B); fase preventiva; mismas herramientas de crisis, ordenadas; ESB con papel asesor en cooperación internacional. |
Emilio García
Exdirector de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (2020-2021)
Es asesor en el Instituto de Astrofísica de Canarias y funcionario del Cuerpo Superior de Tecnologías y Sistemas de la Información. También es coautor del libro 'Chips y Poder' (Ed. Libros de la Catarata, 2025) y activista por los derechos trans.
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27 de julio de 2026
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