Por qué el Estado del Bienestar protege mejor el final que el comienzo de la vida

El Estado del Bienestar nació de una preocupación concreta: responder a las necesidades de la población desfavorecida. A finales del siglo XIX, Bismarck impulsó en Alemania los primeros seguros sociales para proteger a los trabajadores frente a accidentes, enfermedad, invalidez o vejez. Décadas después, sir William Beveridge, miembro de la Facultad de Economía de la London School of Economics and Political Science (LSE), llevó esa intuición más lejos: no bastaba con cubrir algunos riesgos laborales; debía construirse un sistema capaz de ofrecer seguridad ante las grandes contingencias de la vida (enfermar, perder el empleo, jubilarse) y de hacerlo con una vocación más amplia, casi universal. Sobre esta base surge la idea moderna del Estado del Bienestar: un pacto por el cual el Estado interviene para asegurar el bienestar general de la población, mejorar la distribución de la renta y garantizar la igualdad de oportunidades.

España incorporó esa promesa de forma gradual: primero, en 1963, con la unificación de los seguros sociales y la creación de la Seguridad Social; después, con la Constitución de 1978, se incorporó el principio de universalidad de la protección social; y, finalmente, en 1990, se reconocieron las prestaciones no contributivas. Sin embargo, medio siglo después, conviene preguntarse si el Estado del Bienestar no necesita ser revisado, ampliado o reforzado donde las necesidades sociales han cambiado. Esto plantea una pregunta necesaria: si el Estado del Bienestar nació para acompañarnos a lo largo de la vida, ¿está respondiendo hoy con la misma eficacia a los riesgos a los que se enfrentan todas las generaciones?

"Conviene preguntarse si el Estado del Bienestar no necesita ser revisado, ampliado o reforzado donde las necesidades sociales han cambiado"

Para responder a esta pregunta, se debe evaluar cómo se reparte hoy la protección social y a qué riesgos responde. El sistema español se construyó en torno a unas contingencias muy concretas, sobre todo la vejez y la enfermedad, a las cuales responde eficientemente. Los datos de Eurostat de 2024 evidencian que, por cada euro de protección social, alrededor de 42 céntimos se destinan a la vejez y apenas 5 o 6 a la familia y la infancia; a la vivienda, poco menos de medio céntimo.
 
Dicho reparto es el reflejo de cómo se diseñó el sistema en su momento; España protege a sus mayores de manera similar a la que lo hacen nuestros países vecinos. Dedica a la vejez una proporción muy parecida a la media europea, entre el 12% y el 14% del PIB. La diferencia aparece en las primeras etapas de la vida: en infancia y familia se invierte poco más de la mitad que la media de la Unión Europea (un 1,4% del PIB frente a un 2,4%).
 
Según datos de Eurostat, en 2004 las personas de 65 años o más eran el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza en España: el 29,8% se situaba por debajo del umbral de pobreza relativa, es decir, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana del país, ajustada por el tamaño del hogar. No obstante, en 2025, la tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 16 años se situó en el 28,5%, mientras que entre los mayores de 65 años ha descendido hasta el 16,4%. Este cambio no debería interpretarse como una disputa entre generaciones, sino como el reflejo de una arquitectura institucional que protege con distinta intensidad según la etapa de la vida. La reducción de la pobreza en la vejez constituye un logro importante del Estado del Bienestar; el problema no está en ese éxito, sino en que la protección frente a otros riesgos parece haber avanzado en menor medida. Desde esta perspectiva, la orientación generacional de los Estados del Bienestar no se explica tanto por una pugna abierta entre jóvenes y mayores como por decisiones institucionales tomadas mucho antes: el diseño de los programas sociales, los grupos a los que protegían y los riesgos que se consideraron prioritarios en cada momento.
 
Ese desajuste se aprecia con especial claridad entre los jóvenes. No porque hayan hecho menos méritos, ni porque hayan invertido menos en su futuro. De hecho, ocurre lo contrario. El 53% de los españoles de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, por encima de la media de la Unión Europea (44%). Sin embargo, esa mejora educativa no se ha traducido en una entrada más segura en el mercado laboral.

"La orientación generacional de los Estados del Bienestar no se explica tanto por una pugna abierta entre jóvenes y mayores como por decisiones institucionales tomadas mucho antes"

Según las últimas estadísticas anuales de empleo de Eurostat, en 2025 el 34% de los trabajadores españoles ocupaba un puesto por debajo de su nivel de cualificación, frente al 21,4% de la media europea. Es decir, muchos jóvenes han seguido el camino que se les pidió, pero al final de ese recorrido encuentran empleos que no siempre reconocen esa inversión.

A ello se suma una tasa de paro juvenil persistentemente superior a la europea. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre los menores de 25 años, el desempleo alcanzaba en España el 24,1% entre los hombres y el 25,8% entre las mujeres, frente al 15,3% y el 15,1%, respectivamente, en la UE-27. Pero la precariedad no se expresa solo en la dificultad para encontrar empleo, sino también en la calidad de los trabajos disponibles. Cuatro de cada diez asalariados jóvenes encadenan contratos temporales y, a igual edad, perciben en torno a un 20% menos que la generación de sus padres, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

El resultado es una paradoja difícil de ignorar: una generación más formada, pero con trayectorias laborales más inciertas, salarios más bajos y menos capacidad para construir un proyecto de vida autónomo.

A esta precariedad laboral se suma el problema de la vivienda, que dificulta aún más la emancipación de los jóvenes. En España, los jóvenes se emancipan cerca de los 30 años, casi cuatro años más tarde que la media europea, en un contexto en el que los precios han aumentado alrededor de un 90% desde 2015. La dificultad de acceso a la vivienda no es ya un problema coyuntural ni una etapa transitoria de la juventud; se ha convertido en uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad. Quien cuenta con apoyo familiar, patrimonio heredado o capacidad de endeudamiento parte con ventaja. Quien no lo tiene queda atrapado durante más tiempo en la dependencia familiar, el alquiler inestable o la renuncia a formar un hogar propio.

El Estado del Bienestar español cuenta con pocas herramientas para responder a este problema. El parque de vivienda social en alquiler apenas representa entre el 2% y el 3% del total, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 8%. Para converger simplemente a esa media, España necesitaría construir más de 850.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler social. Asimismo, el Banco de España calcula un déficit acumulado de aproximadamente 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, en un contexto en el que los permisos de construcción se sitúan sistemáticamente por debajo de la creación neta de hogares.

"Para converger hacia la media europea de parque público, España necesitaría construir más de 850.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler social"

Volvamos, entonces, a la pregunta de partida. El Estado del Bienestar español sigue cumpliendo una parte importante de su promesa: protege determinados momentos del ciclo vital, especialmente la vejez. Sin embargo, está menos preparado para responder a los problemas que hoy dificultan el comienzo de la vida adulta: la entrada al mercado laboral, el acceso a la vivienda, la emancipación y la formación de nuevos hogares. En esa brecha se expresa la desigualdad generacional: quienes hoy empiezan su vida adulta lo hacen en condiciones más difíciles que generaciones anteriores, pese a tener más formación.

Actualizar el Estado del Bienestar no consiste, por tanto, en enfrentar a jóvenes y mayores, sino en corregir un desequilibrio. No se trata de proteger menos la vejez, sino de proteger mejor las primeras etapas de la vida. Eso exige reforzar tres frentes: el apoyo a la infancia y a las familias, un mercado de trabajo que ofrezca estabilidad y salarios dignos a los jóvenes, y una política de vivienda que haga posible la emancipación. Beveridge imaginó un sistema capaz de acompañar a las personas de principio a fin. Cumplir hoy esa promesa exige proteger las etapas más tempranas del ciclo vital con la misma determinación con la que se protege su final.