¿Se equivoca Pedro Sánchez invocando el derecho internacional?

En Europa, invocar el derecho internacional solía ser el gesto más previsible —y menos polémico— de un dirigente. Hoy es una apuesta. Cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindica el orden jurídico internacional como brújula de su política exterior, lo hace en un mundo donde las reglas compiten con los hechos consumados. 

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.

Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

Para algunos declaraciones como esta ante la ofensiva militar contra Irán, es una señal de coherencia. Para otros, una forma de estar mal situado en un tablero que premia la fuerza y la ambigüedad.

El dilema no es nuevo. Las potencias medias —categoría en la que España encaja cómodamente— han prosperado históricamente en entornos regulados. Sin capacidad para imponer su voluntad, dependen de normas que limiten a los más fuertes y de instituciones que multipliquen su voz. La apuesta europea tras 1945 fue exactamente esa: tejer una red de reglas, tribunales y alianzas que convirtieran la interdependencia en seguridad. En ese marco, reivindicar el derecho internacional no es ingenuidad; es interés propio.

Pero es innegable que el contexto ha cambiado. La invasión rusa de Ucrania, el conflicto en Gaza, la rivalidad entre Estados Unidos y China y el retorno de la política de bloques han erosionado la ilusión de que el mundo converge hacia un orden liberal estable. "Occidente está muerto" afirmaba recientemente Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, en Agenda Pública. La legalidad internacional sigue existiendo, pero su aplicación es selectiva y su cumplimiento depende de la correlación de fuerzas. En ese paisaje, apelar a la norma puede sonar a moralismo si no va acompañado de poder o de alianzas sólidas.

"Un país que se singulariza demasiado corre el riesgo de parecer que está perdiendo influencia"

Ahí reside la primera crítica a Sánchez: el riesgo de la asimetría. Si España enfatiza la primacía del derecho internacional en todos los foros, pero sus socios adoptan posiciones más pragmáticas, Madrid puede parecer desalineado. En política exterior, la percepción de unidad importa casi tanto como el contenido. Un país que se singulariza demasiado corre el riesgo de parecer que está perdiendo influencia.

Sin embargo, la alternativa no es obvia. España no es una potencia nuclear ni un actor con capacidad de veto estructural. Su margen de maniobra depende de su inserción en la Unión Europea y en la OTAN. Y tanto la UE como la Alianza Atlántica se legitiman, al menos retóricamente, en la defensa de un orden basado en reglas. Quizás la cuestión no es si España debe invocar el derecho internacional, sino cómo y con qué consistencia.

La consistencia es el segundo punto delicado. En un entorno polarizado, y con una derecha radical europea que ya actúa como "masilla estratégica" para el movimiento MAGA, los adversarios políticos examinan cada declaración en busca de incoherencias. También hay un cálculo doméstico. En sociedades donde la política exterior rara vez decide elecciones, el coste de adoptar posiciones normativas parecía bajo. Eso está cambiando. La guerra en Ucrania ha afectado a los precios de la energía; la tensión en Oriente Próximo influye en la seguridad y en la cohesión social; la competencia tecnológica con China tiene impacto industrial. Las decisiones internacionales ya no son abstractas. Reivindicar el derecho internacional puede generar apoyo en determinados segmentos de la población europeístas pero también alimentar la narrativa de quienes priorizan una visión más transaccional de los intereses.

No obstante, conviene recordar que el derecho internacional no es sólo ética; es infraestructura. Regula el comercio marítimo del que depende la economía española, protege inversiones en América Latina, estructura acuerdos pesqueros y define marcos de cooperación migratoria. Cuando España invoca la legalidad internacional, no solo habla de guerras lejanas; defiende un ecosistema que sostiene su prosperidad. Abandonar esa narrativa por considerarla poco "realista" sería olvidar que el realismo de una potencia media consiste precisamente en blindar reglas. "Lo que sucede entre Teherán y Estados Unidos - Tel Aviv terminará afectando al bolsillo de una pyme en Cuenca o al presupuesto de una familia en Almería" afirmaba recientemente Albert Guivernau. 

"Lo que sucede entre Teherán, Washington y Tel Aviv terminará afectando al bolsillo de una pyme en Cuenca o al presupuesto de una familia en Almería"

La Unión Europea ofrece un laboratorio instructivo. El proyecto comunitario es, en esencia, un experimento de soberanía compartida basado en normas. Si los Estados miembros empiezan a tratar el derecho como una variable opcional, el edificio se resiente. Desde esa perspectiva, la posición de Sánchez puede interpretarse como una inversión en capital político europeo. España, que durante su presidencia rotatoria del Consejo de la UE buscó proyectarse como actor constructivo, tiene incentivos para mostrarse coherente con el multilateralismo.

El riesgo, sin embargo, es la desconexión entre discurso y capacidad. Las normas sin instrumentos que las respalden se diluyen. La defensa del derecho internacional exige también contribuir a su cumplimiento: apoyar sanciones cuando se vulnera, invertir en defensa cuando la disuasión falla, reforzar tribunales y mecanismos de verificación. Si la retórica no se acompaña de recursos, la crítica de "mal posicionamiento" gana fuerza.

Existe además una dimensión estratégica más amplia. En un mundo fragmentado, muchos países del Sur Global observan con escepticismo la selectividad occidental. España, por su historia y sus vínculos con América Latina y el Mediterráneo, podría desempeñar un papel puente si su defensa del derecho internacional se percibe como coherente y no instrumental. Esa es una oportunidad: convertir la norma en herramienta de mediación, no solo en declaración de principios.

En última instancia, la pregunta no es si reivindicar el derecho internacional es correcto, sino si es eficaz. Para una potencia media integrada en la UE y dependiente del comercio global, el orden basado en reglas es un activo estratégico. Defenderlo puede implicar fricciones tácticas, pero renunciar a él equivaldría a aceptar un entorno donde el peso relativo de España disminuye. La clave está en combinar norma y poder: articular alianzas, invertir en capacidades y mantener coherencia.

"La posición de Sánchez puede resultar incómoda para quienes privilegian el corto plazo, pero ofrece una narrativa clara sobre el lugar de España en el mundo"

En tiempos de incertidumbre, la tentación es refugiarse en la ambigüedad. Sin embargo, la ambigüedad también tiene costes: erosiona credibilidad y dificulta construir coaliciones. La posición de Sánchez puede resultar incómoda para quienes privilegian el corto plazo, pero ofrece una narrativa clara sobre el lugar de España en el mundo. La alternativa —un pragmatismo sin marco— corre el riesgo de convertir cada crisis en una improvisación.

El derecho internacional no es una garantía de paz ni un escudo infalible. Es un conjunto imperfecto de reglas que requieren voluntad política para sostenerse. Para países como España, su erosión no es una abstracción académica; es una amenaza concreta a su capacidad de influir y prosperar. Reivindicarlo no asegura estar bien situado, pero abandonarlo casi garantiza lo contrario.