España, tercera potencia demográfica de Europa: las cuentas que casi nadie ha hecho

Eurostat publicó el 16 de abril sus proyecciones demográficas para el año 2100 y el dato grueso ha circulado lo suficiente: la población de la Unión Europea, que arranca 2025 en 451,8 millones de habitantes, tocará techo en 2029 con 453,3 millones y después entrará en un declive que la dejará en 398,8 millones al final de siglo. Cincuenta y tres millones menos. Un Estado miembro grande —del tamaño de la España actual— evaporado del continente en tres cuartos de siglo.

La forma más directa de entender lo que esta proyección significa para España es compararla con la foto del resto de la UE, porque los promedios continentales esconden trayectorias muy divergentes. Hay tres Europas demográficas en EUROPOP2025, y España está en una de ellas por razones que conviene explicitar.
 

Tres Europas en una

La primera Europa ya ha tocado techo. Alemania, Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Polonia parten en 2025 desde su máximo y no vuelven a recuperarlo en todo el horizonte de proyección. Italia pasa de 58,9 a 44,8 millones en 2100: una caída del 24% equivalente a perder a toda la población actual de Andalucía, Madrid y Catalunya juntas.

Por otro lado, Polonia pierde casi 12 millones de personas, un 31,6%. Grecia, un 30%. Los países del antiguo bloque del este —Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía— presentan el cuadro más severo: migración hacia el oeste comunitario, fecundidad por debajo del reemplazo y envejecimiento acumulado.
 

La segunda Europa crece tres o cuatro décadas y después se estabiliza en niveles similares a los de 2025. Francia alcanza su pico en 2050 con 70,9 millones y termina el siglo en 67,2. Bélgica, Países Bajos, Suecia y Austria siguen el mismo patrón: techo intermedio y llano prolongado. Son países con fecundidad algo más alta, migración neta positiva estable y mercados laborales que absorben flujos de forma sostenida.

"España terminará el siglo XXI, según esta proyección, con más habitantes que ahora, mientras toda la Unión Europea pierde uno de cada ocho"

Y está España. Crece de 49,1 millones en 2025 hasta un pico de 53,9 millones hacia 2050, se mantiene plana durante una década y desciende suavemente hasta los 49,8 millones al final de siglo: un 1,3% por encima del punto de partida. España terminará el siglo XXI, según esta proyección, con más habitantes que ahora, mientras toda la Unión Europea pierde uno de cada ocho. En ese mismo contexto, entre 2055 y 2060, España sobrepasará a Italia como tercera potencia demográfica de la UE.
 

La matemática silenciosa de la migración

Eurostat publica junto a la proyección principal un ejercicio imprescindible: el escenario de sensibilidad a migración cero. Es un experimento contrafactual que estima qué pasaría si el saldo migratorio neto fuese cero desde 2025 hasta 2100. Sirve para aislar el peso demográfico de la migración frente al de la fecundidad y la mortalidad. El resultado español es el más elocuente de toda la UE.
 

"La diferencia entre la trayectoria del escenario base y la de migración cero es de 26 millones al final del siglo"

Sin migración, España pasa de 49,1 millones en 2025 a 23,7 millones en 2100. Pierde la mitad de su población. La diferencia entre la trayectoria del escenario base y la de migración cero es de 26 millones al final del siglo: el 52% de la España proyectada en 2100 es aporte migratorio acumulado y descendencia. Ningún otro país igual de grande de la UE presenta una proporción comparable. En Alemania, la diferencia es del 36%; en Italia, del 40%; en Francia, del 18%; en Polonia, del 26%. España es, en términos absolutos y relativos, el país de la UE donde la migración se convierte en la mayor diferencia demográfica.
 

El crecimiento vegetativo español —nacimientos menos defunciones— lleva más de una década en rojo, y seguirá en rojo los próximos cincuenta años. Cada año que gana España en población, lo hace exclusivamente por aportación migratoria. Cualquier debate sobre política migratoria que ignore este dato está hablando de otra cosa.

Lo que el envejecimiento no deja en paz

El problema es que la aritmética migratoria resuelve cuántos somos, pero empeora en cuántos trabajan por cada uno que no trabaja. La UE llega a 2025 con un 21,9% de población mayor de 65 años y una edad mediana en torno a los 44. En 2100, según Eurostat, una de cada tres personas en la Unión tendrá más de 65 años. El segmento de población de 80 años o más pasa del 6% al 16% del total. El tramo de mayores de 85 años se multiplica por más de tres, del 3,2% al 10,8%.

La cuestión es que la inmigración, que es la única variable que evita que España se encoja, no arregla por sí sola el problema de la estructura de edad. Lo atenúa —porque los flujos migratorios llegan a edades centrales y activas—, pero no lo resuelve. Los inmigrantes envejecen también. Y la fecundidad, que es el único factor que podría enderezar la pirámide de forma duradera, lleva décadas instalada por debajo de los 1,3 hijos por mujer; las proyecciones de Eurostat asumen una convergencia parcial hacia un 1,64 europeo que nunca se alcanza en el horizonte.

"Sin política migratoria ordenada no hay sostenibilidad del modelo; sin política de apoyo a la natalidad, la vivienda, la conciliación y los cuidados, tampoco"

De ahí salen dos conclusiones políticas que en el debate público español tienden a presentarse como alternativas y son en realidad complementarias: sin política migratoria ordenada no hay sostenibilidad del modelo; sin política de apoyo a la natalidad, la vivienda, la conciliación y los cuidados, tampoco.

El calendario político no coincide con el calendario demográfico

Hay un desajuste entre el horizonte en que se producen estos cambios y el horizonte en que operan las decisiones políticas. Las proyecciones hablan de 2050, 2070, 2100; los ciclos electorales duran cuatro años; los mandatos de los comisarios europeos, cinco. El resultado es que la demografía aparece en los debates como tema de fondo —"reto demográfico", "despoblación", "pensiones"— sin traducirse en marcos decisionales operativos.

El debate migratorio se ha desacoplado de la discusión demográfica. No es un problema técnico: es un problema político. La derecha europea —en España, Vox y sectores crecientes del PP— ha construido un marco en el que la inmigración se discute desde la identidad, la seguridad y la presión sobre servicios públicos, ignorando que datos como los expuestos aquí hacen inviable cualquier proyección económica española a 2050 sin flujos migratorios sostenidos.

La izquierda tampoco tiene una narrativa completa. La defensa progresista de la inmigración suele articularse en términos de derechos humanos y solidaridad. La realidad es también estructural del modelo productivo. Hay aquí una oportunidad de reencuadrar el debate en términos materiales: qué pasa con las pensiones si en 2050 la proporción de cotizantes por pensionista cae por debajo de 1,5; qué pasa con el cuidado de la cuarta edad cuando el 10,8% de la población tenga más de 85 años; qué pasa con el mercado inmobiliario si la demanda se desplaza hacia las zonas tensionadas por atracción migratoria.

Una hoja de ruta (mínima) a la que obligan los datos

Las proyecciones de Eurostat no prescriben políticas: describen trayectorias. Pero permiten descartar algunas opciones por incoherencia interna con los datos disponibles. Al menos cuatro:

La primera es la política migratoria. No hay escenario demográfico español sostenible sin flujos netos positivos significativos durante el resto del siglo. El debate relevante no es si aceptar inmigración, sino cómo gestionarla: qué perfiles, qué vías legales, qué integración laboral, qué acceso a derechos, qué política de nacionalidad.

"Si la ciudadanía entiende que las pensiones dependen de la inmigración, el debate migratorio cambia de naturaleza"

La segunda es la natalidad. Los países europeos con fecundidad más alta —Francia, los nórdicos— combinan servicios universales de 0-3 años, permisos parentales largos y bien remunerados, vivienda asequible y estabilidad laboral en los tramos 25-40. España tiene déficits reconocidos en todas esas dimensiones. Sin intervención en ellas, la política migratoria carga con la totalidad del ajuste demográfico.

La tercera es la cuestión de las pensiones. El último informe del Pacto de Toledo asume flujos compatibles con el escenario base de Eurostat, pero la comunicación pública del debate ha evitado hacer explícita esa dependencia. Si la ciudadanía entiende que las pensiones dependen de la inmigración, el debate migratorio cambia de naturaleza.

La cuarta es el equilibrio territorial. El vaciamiento rural no se resolverá con crecimiento vegetativo, porque no hay crecimiento vegetativo. O llegan inmigrantes a zonas rurales —con infraestructuras, servicios, vivienda y empleo— o la concentración urbana se acelerará en términos que tensionarán aún más el mercado de la vivienda de Madrid, Barcelona, Valencia y los ejes costeros.

España, potencia demográfica por decisión

La situación demográfica española no es un accidente ni una excepción inexplicable. Es el resultado de decisiones —migratorias, económicas, sanitarias, de inserción europea— tomadas durante las últimas cuatro décadas. Que España pueda ser la tercera potencia demográfica de la Unión en 2060 no es un destino: es la consecuencia directa de que las puertas hayan estado abiertas y de que el mercado laboral y el sistema de acogida hayan absorbido esos flujos con mayor eficacia que los vecinos europeos.

Esta prospectiva de Eurostat ha coincidido en su publicación —el mismo 16 de abril— con el Real Decreto 316/2026, que busca regularizar administrativamente a cerca de medio millón de personas migrantes ya residentes en España. Es la primera medida de estas dimensiones desde 2005. Los datos de Eurostat permiten leerla como una medida de derechos, pero también como una decisión demográficamente coherente con la única trayectoria que mantiene viable el modelo productivo y el Estado del bienestar.

"Nada de esto se improvisa. Y nada sobrevive si el debate se construye, como ocurre en buena parte de la derecha europea, sobre el rechazo frontal a regularizar a quienes ya están"

Al mismo tiempo, se abre la pregunta sobre cómo se debe construir una narrativa pública que la haga sostenible. Los países que han compatibilizado flujos migratorios elevados con cohesión social —Canadá, Australia, algunos casos nórdicos— lo han hecho con consensos políticos amplios y arquitecturas institucionales específicas: selección transparente, integración laboral rápida, residencia estable, acceso razonable a la ciudadanía. Nada de esto se improvisa. Y nada sobrevive si el debate se construye, como ocurre en buena parte de la derecha europea, sobre el rechazo frontal a regularizar a quienes ya están.

La alternativa está en los datos italianos, polacos y búlgaros. Son países con políticas migratorias restrictivas que llevan décadas exportando trabajadores hacia Europa occidental sin compensarlos. El saldo es una contracción demográfica que arrastrará, con desfase, a la económica y a la institucional.