La justicia europea asesta un golpe histórico a Hungría (y a Orbán)

Viktor Orbán ha sufrido su mayor derrota judicial después de muerto electoralmente, pero no por ello resulta menos significativa. El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado este martes a Hungría por violar el artículo 2 del Tratado de la Unión, un veredicto sin precedentes en el que, por primera vez, los jueces fallan que un país ha infringido los valores fundamentales de la Unión.

"La norma, según la sentencia, atenta directamente contra la dignidad humana y choca frontalmente con los principios de la Unión"

Hasta ahora, la Hungría de Orbán había sido condenada y castigada por violar o incumplir normas comunitarias. Pero en esta ocasión, los jueces concluyen que la ley húngara contra la pedofilia discrimina a los homosexuales. La norma, según la sentencia, atenta directamente contra la dignidad humana y choca frontalmente con los principios de la Unión, lo que habría expuesto a Hungría a quedarse sin derecho de voto en el Consejo de la Unión de haberse negado a acatar el fallo, como previsiblemente habría hecho Orbán.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea llevaban años intentando castigar a Hungría con esa máxima pena, prevista en el artículo 7 del Tratado para los países que violen el artículo 2. Pero una mayoría de socios de la Unión se resistía a esgrimir un arma calificada como "la bomba atómica" del arsenal del club para defenderse de sus propios enemigos.

Las tornas, sin embargo, habían empezado a cambiar en los últimos años ante la continua y creciente deslealtad de Orbán hacia una Unión de la que Hungría forma parte voluntariamente. El juicio sobre la ley contra la comunidad LGTBI+ ha mostrado hasta qué punto había llegado la condición de paria del gobierno húngaro saliente.

A la denuncia cursada por la Comisión se sumaron el Parlamento Europeo y hasta dieciséis países de la Unión, incluidos Alemania, Francia y España, y tres países de la ampliación (Estonia, Eslovenia y Malta), habitualmente reacios a penalizar la deriva del húngaro. De manera significativa, esos dieciséis países suman el 65,03% de la población de la UE, unas décimas por encima del umbral necesario para aprobar por mayoría cualificada cualquier medida al margen de la posición de Hungría de Orbán.

"La sentencia proscribe de manera tajante la tentación de que cualquier otro Gobierno de la UE intente emular la deriva discriminatoria por razones de orientación sexual o de cualquier otra índole"

El tremendo varapalo judicial coloca al gobierno de Péter Magyar, protagonista de la aplastante victoria electoral frente a Orbán, ante la ineludible necesidad de enmendar la ley que, según el Tribunal, estigmatizó y marginó a las personas LGTBI+ con la excusa de proteger a una infancia supuestamente amenazada por los homosexuales. Pero, sobre todo, la sentencia proscribe de manera tajante la tentación de que cualquier otro Gobierno de la UE intente emular la deriva discriminatoria por razones de orientación sexual o de cualquier otra índole.

Los jueces advierten de que la norma húngara comete una "vulneración de la dignidad humana", un derecho consagrado en el artículo 1 de la Carta europea de derechos fundamentales. Y añaden que algunos de sus preceptos "tratan a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad merecedora de un trato legal particular".

Unas palabras de los jueces que pueden extrapolarse a cualquier otro tipo de discriminación por razón de sexo, raza, nacimiento u origen étnico y que ganan mucho peso en el contexto de políticas sociales arbitrarias que intentan introducir algunos partidos a rebufo de las políticas xenófobas de Donald Trump. Es el caso de la llamada "prioridad nacional" pactada por el Partido Popular y Vox para el gobierno de Extremadura, en lo que parece el borrador de un posible acuerdo a nivel nacional que, de llevarse a cabo, difícilmente superaría el listón fijado por el Tribunal de la UE en su histórica sentencia de este 21 de abril.

El mismo Tribunal declaró ilegal la semana pasada la norma establecida por Baviera (Alemania) para rebajar la prestación concedida por la educación de los hijos a los trabajadores de otros países europeos cuyos hijos no residieran en Alemania. La sentencia sobre Baviera recuerda que "los trabajadores migrantes deben poder ser beneficiarios de las políticas sociales del Estado miembro de acogida en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales", pues contribuyen a la financiación de esas políticas con las cotizaciones fiscales y sociales que pagan en dicho Estado".

En el caso de Hungría, las elecciones de hace diez días han evitado que el trascendental veredicto desencadene un choque entre Bruselas y Budapest de graves repercusiones políticas y jurídicas, sobre todo para el país infractor. Tras años de infringir las normas comunitarias y de exponer a Hungría a sanciones económicas multimillonarias, Orbán cruzó con la ley contra la homosexualidad la línea roja del artículo 2 del Tratado.

Por primera vez, un país es condenado por traspasar ese límite, lo que hubiera facilitado, de haber seguido Orbán en el poder, la aplicación hasta las últimas consecuencias, también por primera vez, de un artículo 7 del Tratado que permite suspender el derecho de voto de un país en el Consejo de la UE y reducirlo a un humillante papel de convidado de piedra en las decisiones del club comunitario.

Porque Orbán ha ido perdiendo aliados incluso entre los países de Europa central y del Este, principalmente por sus repetidas trabas a la ayuda para Ucrania y a las sanciones contra Moscú. El primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, fue uno de los primeros en celebrar públicamente la derrota electoral de Fidesz.

El aislamiento de Orbán en la recta final de su mandato resultaba cada vez más patente. Y hasta tuvo que soportar en 2023 la humillación de que el entonces canciller alemán, Olaf Scholz, le sugiriese abandonar momentáneamente la mesa del Consejo Europeo para proceder sin él a una votación, so pena de que la Unión optase por seguir adelante esquivando y ninguneando el veto húngaro. Orbán se levantó y los otros veintiséis Estados miembros aprobaron la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania.

La sentencia de este martes muestra que Orbán se encontraba ya al borde del precipicio. Y que la Unión Europea disponía cada vez de más argumentos para empujarle hacia un final abrupto. Ahora incluso con una sentencia que pone negro sobre blanco la incompatibilidad de una norma húngara con los principios de la UE.