Martes, 28 de julio de 2026
AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

España se juega la relevancia de su industria de defensa

Más gasto no equivale, por sí solo, a más poder. España afronta el auge de la defensa europea con una oportunidad evidente, pero también con un riesgo: invertir más sin corregir sus debilidades industriales, explica Alberto Bueno, experto en seguridad. Entre la apuesta por Indra, la presión tecnológica que impone Ucrania y la dependencia de EE. UU., el debate ya no pasa por cuánto gastar, sino por cómo convertir ese esfuerzo en capacidades reales.

Alberto Bueno Alberto Bueno 8 de abril de 2026
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La ministra de Defensa, Margarita Robles (derecha), y el Comisario Europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en España. | Gabriel Luengas / Europa Press / ContactoPhoto
La ministra de Defensa, Margarita Robles (derecha), y el Comisario Europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en España. | Gabriel Luengas / Europa Press / ContactoPhoto

La industria de defensa española ocupa una posición central en el debate político en un escenario marcado por la aceleración del gasto militar en Europa, la presión de los aliados y la revolución tecnológica. Los nuevos planes industriales del Ministerio de Defensa y la pugna por el liderazgo de las grandes corporaciones españolas evidencian la coyuntura que atraviesa el sector. Las decisiones en el corto plazo van a determinar si esta oportunidad constituye un verdadero punto de inflexión para la industria o si se traduce en business as usual con mayor disponibilidad presupuestaria.

Al mismo tiempo, las lecciones que pueden identificarse en los conflictos actuales —con Ucrania como verdadero campo de pruebas de una transformación militar en curso— introducen una imposición adicional para que dichas decisiones, con el objetivo de configurar un tejido industrial competitivo y un posicionamiento en el marco europeo, se traduzcan en capacidades reales que contribuyan a la seguridad de España. Este elemento resulta imprescindible para evitar el desfase entre inversión, industria y dichas capacidades. De ello se deriva un triple alineamiento —entre política de defensa, política industrial y base tecnológica— que constituye el principal desafío de esta política pública.

En este marco, conviene fijar algunas ideas.

 

  • i) España se encuentra ante una ventana de oportunidad para reposicionarse en la industria europea de defensa, condicionada por la necesidad de coordinar de forma efectiva la política de defensa, la política industrial y los ecosistemas empresariales.
 
  • ii) El sector parte de una estructura marcada por la fragmentación empresarial y por la coexistencia de grandes empresas tractoras con una red extensa de pymes, lo que plantea un dilema entre concentración y especialización. En este punto, la dimensión territorial y la distribución de capacidades industriales se han convertido en variables relevantes de esta política, con el dilema entre eficiencia y competitividad.
 
  • iii) El cambio tecnológico está transformando el conflicto armado hacia modelos basados en datos, inteligencia artificial (IA) y arquitecturas distribuidas, con plataformas no tripuladas que operan de forma coordinada en múltiples dominios y la proliferación de municiones de precisión de largo alcance, por mencionar solo algunos de sus rasgos más destacados.
 
  • iv) La dependencia europea de EE. UU. en capacidades críticas y producción militar limita el alcance de la autonomía estratégica y obliga a matizar los planteamientos políticos que sugieren una desvinculación rápida de la relación trasatlántica.

¿Puede España convertir el rearme europeo en capacidades reales?

En consecuencia, el momento demanda incorporar las lecciones de los conflictos en curso y adaptar los modelos industriales a procedimientos de innovación y adquisición acelerados. Esta situación abre la puerta a nuevos actores industriales y desplaza parte del dinamismo del complejo militar-industrial hacia el ámbito civil, otorgando mayor protagonismo a empresas tecnológicas no tradicionales y (potencialmente) reduciendo las barreras de entrada a determinados segmentos del sector.

El aumento del esfuerzo presupuestario de los Estados miembros de la Unión Europea —donde España continúa por debajo de la media y por debajo de su peso económico—, junto con la movilización de instrumentos financieros comunitarios, ha alterado el papel que este sector desempeña en las economías nacionales. Europa (UE + Reino Unido, Noruega y, sobre todo, Ucrania) concentra una proporción creciente de las importaciones globales de armamento e impulsa programas de inversión orientados a reforzar su base industrial. Un proceso que no responde únicamente a la guerra en Ucrania, sino a una tendencia ya en curso de reconfiguración profunda del entorno estratégico europeo.

Al mismo tiempo, la revolución tecnológica redefine el perímetro del sector, donde la IA, los sistemas no tripulados, la ciberseguridad o el espacio vienen a ocupar una posición estructural en la planificación militar y en la definición de capacidades futuras; estas tecnologías no operan como meros habilitadores, sino como elementos que reconfiguran el modo en que se concibe el uso de la fuerza. Finalmente, este incremento del gasto se acompaña de una voluntad política explícita de revisar los fundamentos de la política de defensa.

"Uno de los problemas que emerge es la aceleración de dinámicas previas que no siempre incorporan este diagnóstico, con el problema de caer en la trampa de la inercia"
En este sentido, el momento actual difiere de ciclos anteriores por la convergencia de factores que afectan simultáneamente a la demanda, la tecnología y la organización industrial. Como resultado, uno de los problemas que emerge es la aceleración de dinámicas previas que no siempre incorporan este diagnóstico, con el problema de caer en la trampa de la inercia. España afronta este ciclo desde una estructura industrial condicionada por rasgos persistentes, marcada por una organización piramidal en la que un número reducido de empresas concentra las capacidades principales (Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Airbus o —muy especialmente desde que el Gobierno la "designara" como el potencial campeón nacional— Indra), mientras una red amplia de pequeñas y medianas empresas sostiene la cadena de suministro o se especializa en nichos concretos (Oesía, GMV o ITP Aero).

Estas empresas tractoras desempeñan una función que trasciende su dimensión productiva, ya que permiten la participación española en grandes programas internacionales y facilitan el acceso a mercados exteriores. Su papel resulta especialmente relevante en un sector donde la escala y la capacidad de integración condicionan el acceso a contratos y la participación en consorcios y programas europeos, que se han convertido en una palanca estratégica, financiera e industrial.

Indra, pymes y territorio: el dilema industrial de la defensa española

Esta configuración plantea un complicado equilibrio en la política industrial. La estrategia oscila entre la consolidación de un actor con capacidad de liderazgo y la preservación de ese ecosistema diversificado (y fragmentado). La apuesta por Indra como eje de un posible "campeón nacional", reforzada mediante operaciones corporativas de amplia resonancia reciente en prensa y su papel en programas estratégicos, respondería a esa primera estrategia de contar con una empresa capaz de competir en el ámbito europeo. No obstante, la propia Indra tiene una posición de especialización tecnológica que hacía debatible la opción de darle tanto peso a las plataformas terrestres a través de la compra —por el momento frustrada— de EM&E Group, ni siquiera bajo prisas de la creación de ese gigante o sin considerar a otras empresas de tradición en el ámbito.

Si bien desde el tejido empresarial se observa una inclinación por esa segunda estrategia, como muestran los resultados del proyecto de I+D REPENFAS. Diversos actores consideran más viable posicionarse como proveedores tecnológicos en segmentos concretos de la cadena de valor en lugar de competir como integradores de sistemas completos. Esta lógica se traduce en la preferencia por operar como tier 2 —empresas que aportan subsistemas o componentes especializados— frente a tier 1 —empresas que integran plataformas completas y gestionan grandes programas—. Esta posición no reduce su relevancia, sino que la redefine, al situarlas como proveedores críticos de capacidades tecnológicas. Asimismo, la dependencia de grandes programas también puede introducir rigideces en la planificación industrial, limitando esa capacidad de adaptación a cambios tecnológicos rápidos.

Dicho equilibrio es aún más complicado si consideramos que: primero, el peso del capital extranjero en la industria española es elevado y puede intensificarse en el contexto actual de concentración europea, donde grandes grupos buscan ampliar su presencia; segundo, la inversión en investigación y desarrollo continúa siendo limitada en términos comparados, lo que condiciona la capacidad de generar tecnologías propias; y tercero, existe una percepción social y política de la defensa dividida y cada vez más polarizada, lo que influye en el debate sobre el aumento del gasto.

"La localización de capacidades industriales y proyectos tecnológicos tiene implicaciones económicas, sociales y políticas relevantes"
A esta complejidad se añade la dimensión territorial. La localización de capacidades industriales y proyectos tecnológicos tiene implicaciones económicas, sociales y políticas relevantes, en la medida en que afecta al empleo, a la especialización regional y a la distribución de recursos públicos. Algunos análisis interpretan los cambios recientes en la dirección de Indra como un intento sobrevenido por articular una conexión entre Catalunya y Madrid que complemente o supere los corredores industriales actuales.

En efecto, la política pública ha incorporado la dimensión territorial mediante la promoción de corredores industriales y la distribución geográfica de proyectos de defensa, lo que añade una tensión entre eficiencia productiva y cohesión territorial. Por ejemplo, a finales de marzo, los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia, Innovación y Universidades formalizaron un acuerdo —alineado en principio con el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa— orientado a reforzar el ecosistema formativo con el fin de impulsar el crecimiento del sector, su capacidad de generación de empleo y su posicionamiento en el ámbito europeo, buscando crear oportunidades en todas las comunidades autónomas, en síntesis de las declaraciones gubernamentales. Unas afirmaciones que subrayan de nuevo cómo la creación de empleo y la cohesión territorial son objetivos relevantes en sí mismos dentro de la política de defensa y, por consiguiente, han de ser incorporadas en los cálculos de la industria.

En paralelo, también se ha presentado recientemente la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2026), que buscaría dirigir la inversión hacia tecnologías y procesos de adquisición con impacto en la operativa y la innovación militar. De materializarse, estas medidas pretenderían incrementar la participación empresarial y reforzar las sinergias entre el sector de defensa y el ecosistema tecnológico civil; expresamente se asegura el apoyo a las distintas fases de esos procesos —desde la investigación inicial hasta su integración operativa—. Esta voluntad se reflejaría, por tanto, en la ampliación de la cadena de valor.

"Estos cambios estratégicos-operacionales desplazan el foco desde la superioridad tecnológica individual de grandes plataformas hacia la capacidad de generar volumen, sostener el ritmo de uso bélico y asumir costes de reposición"
Dicha evolución se quiere acompasar a un cambio más amplio de las formas de librar la guerra. Ámbitos como los sensores, las comunicaciones y el análisis de datos han adquirido un peso crítico, facilitando la potencial entrada de empresas del sector civil a través de tecnologías de doble uso. Ciberseguridad, sistemas antidron o capacidades que permiten integrar información, comunicaciones y sistemas de mando se sitúan en el centro de la transformación del sector. En efecto, la expansión de la drónica introduce una transformación transversal del campo de batalla en los dominios aéreo, terrestre y marítimo, al permitir la combinación de volumen, persistencia y bajo coste relativo en la generación de efectos operativos. También la proliferación de drones y misiles apunta hacia dinámicas propias de un paradigma de "guerra de salvas", caracterizada por el lanzamiento simultáneo o secuencial de municiones de precisión con el objetivo de saturar defensas, como ha teorizado mi colega Guillermo Pulido. Estos cambios estratégicos-operacionales desplazan el foco desde la superioridad tecnológica individual de grandes plataformas hacia la capacidad de generar volumen, sostener el ritmo de uso bélico y asumir costes de reposición, alterando la relación tradicional entre calidad, cantidad y efecto militar. Un fenómeno que altera, además, la lógica de la disuasión y el cálculo ofensivo-defensivo.

En este contexto emerge una tensión entre dos modelos industriales. Por un lado, un modelo basado en esas grandes plataformas y ciclos largos de desarrollo. Por otro, un modelo caracterizado por la rapidez, la iteración y la adaptación continua. En este último, la innovación se produce en ciclos cortos, con procesos de prueba y validación rápidos que contrastan con los plazos tradicionales de adquisición. Un contraste que desafía la industria y los sistemas de contratación, porque los procedimientos diseñados para proyectos de largo plazo tienen dificultades para incorporar tecnologías en evolución constante. De ahí la necesidad de flexibilizar procesos y reducir tiempos de desarrollo.

En Europa, este proceso se desarrolla bajo una dependencia estructural de EE. UU. en capacidades críticas y, en general, en equipamiento militar, como han demostrado Mejino-López y Wolff. Sistemas de defensa aérea, misiles, C4ISR, así como componentes asociados dependen en gran medida de proveedores estadounidenses; Ucrania refleja la debilidad europea al respecto. Esta dependencia condiciona cualquier intento de desarrollar una autonomía estratégica europea, que debería entenderse en términos más acotados a día de hoy: no como independencia plena, sino como capacidad de decisión y margen de maniobra dentro de un vínculo estructuralmente (inter)dependiente.

En este escenario, la industria de defensa se configura como un instrumento de la política de defensa de inextricable alineación con las fuerzas armadas, que impacta además en la estructura productiva, la innovación y el posicionamiento internacional del país. Su desarrollo dependerá de la capacidad para traducir inversión en capacidades operativas, integrar a nuevos actores tecnológicos y ajustar las decisiones industriales a las exigencias del entorno estratégico. Con todo, la pregunta más importante no reside en el volumen del gasto, sino en la capacidad para orientar ese esfuerzo hacia resultados concretos. En última instancia, la industria de defensa podrá desempeñar un papel relevante si se aborda como una política estratégica que articule de forma coherente el binomio seguridad-defensa, con tecnología y pensamiento estratégico.

Alberto Bueno
Alberto Bueno
Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la UGR
Es profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y miembro del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces, and Society (RODAS). También es profesor adjunto en la Universidad de Leipzig (Alemania) y 'non-resident fellow' del UTSYN - Centre for Security and Total Defence (Noruega).
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