El plan industrial militar español que debería pasar por Catalunya

El incremento del gasto en defensa está transformando la industria militar. En este momento, esta industria puede erigirse como una variable clave en la reconfiguración económica territorial en España. En su desarrollo, la dimensión regional es fundamental; lo demuestran tanto la política seguida por el Ministerio de Defensa como las incipientes políticas industriales de las comunidades autónomas que comienzan a interesarse por la seguridad. Dónde se localizan las capacidades industriales, qué territorios concentran los proyectos y cómo se distribuyen sus efectos económicos se han convertido ahora en preguntas centrales de la política pública. A la par, el gran reto es que este impulso presupuestario y sus impactos indirectos —empleo, transferencia tecnológica o desarrollo— no desvíen el objetivo fundamental: la industria debe estar al servicio de la política de defensa.

En efecto, la inestabilidad geopolítica, las amenazas sobre el territorio europeo, la búsqueda de autonomía estratégica y la aceleración tecnológica han situado la defensa en el centro de la agenda política. En este contexto, la política de defensa española pretende vincular la modernización de las Fuerzas Armadas con el fortalecimiento de una base industrial competitiva. Sin embargo, este proceso se ve condicionado por factores como los niveles de gasto militar —y el propio debate sobre qué se considera gasto en defensa—, las inercias derivadas de programas industriales diseñados en ciclos —décadas— anteriores, la incorporación de las lecciones de las guerras en marcha, la creciente difuminación entre industria civil y militar, la limitada inversión en I+D en España, así como la propia estructura empresarial del sector.

"La industria de defensa española aparece como una oportunidad emergente para las comunidades autónomas"

En este marco de revolución tecnológica y de compromisos de inversión aliada —con todas sus reticencias—, la industria de defensa española aparece como una oportunidad emergente para las comunidades autónomas, en la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia industrial y una distribución geográfica que pueda reforzar los clústeres locales y las innovaciones en tecnologías de doble uso. Ahí, la industria de defensa se ha reconvertido en un fenómeno que, en políticas públicas, denominamos YIMBY (del inglés, yes in my backyard, "sí, en mi patio"); esto es, un bien demandado y respaldado por los actores próximos a su implantación.

La propia configuración del sector en España refuerza esta reinterpretación. En términos de volumen, la industria registra una facturación récord superior a los 16.000 millones de euros, con un superávit comercial significativo derivado del peso de las exportaciones. Su contribución al producto interior bruto (PIB) se sitúa en torno al 1,4%. Su peso en el ámbito manufacturero alcanza aproximadamente el 12,9% del PIB industrial, además de tener un impacto relevante en la generación de empleo cualificado. A ello se suma la presencia de capital extranjero, presente en una parte sustancial del sector.

La fisionomía de la industria responde a una estructura piramidal en la que unas pocas empresas lideran el mercado —Indra, Navantia, Airbus…—, mientras una densa red de pymes configura la industria auxiliar o de nicho. Si bien el impacto en el empleo explica en buena medida el arraigo territorial de determinadas compañías y factorías. Madrid concentra el mayor número de empresas y sedes corporativas, siendo el principal polo de la industria de defensa. No obstante, otros núcleos en Andalucía, Galicia o Murcia reflejan la importancia económica del sector en determinadas comunidades autónomas. La industria aeroespacial, por ejemplo, constituye uno de los principales sectores industriales en Andalucía, representando en torno al 1,2% del PIB regional y aproximadamente el 14% de su PIB industrial.

La distribución geográfica de la industria resulta, por tanto, un factor central. Así, los condicionantes político-institucionales, sindicales y sociales a nivel regional pueden influir de manera decisiva en la configuración de los proyectos. De hecho, la investigación académica ha demostrado que la agenda de las comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado —especialmente en las cuestiones relativas a la industria— está muy condicionada por estas dimensiones económico-sociales antes que por las de pura política militar. Las factorías y centros de I+D son percibidos por los actores locales como fuente de empleo, inversión y desarrollo. Lo significativo es la creciente aceptación social de esta industria, que no responde tanto a una adhesión "ideológica" al gasto militar, sino a una valoración pragmática de su impacto económico y tecnológico, especialmente en territorios afectados por procesos pasados de desindustrialización o por una fuerte dependencia del sector servicios.

"Las élites autonómicas y locales compiten por atraer inversiones, mientras que el Ministerio de Defensa impulsa una mayor capilaridad de la industria"

Por ello, la conceptualización de la industria de defensa como un bien público de tipo YIMBY constituye una de las novedades más relevantes en esta política pública. Así, las élites autonómicas y locales compiten por atraer inversiones, mientras que el Ministerio de Defensa impulsa una mayor capilaridad de la industria —aunque el núcleo de decisión y de actividad económica continúe concentrado en Madrid, como señalaba—. Este enfoque, que busca a la par prolongar dinámicas previas, se traduce en la incorporación de cláusulas en la contratación pública orientadas a favorecer una mayor distribución geográfica de la actividad. 

La organización de la industria militar y el contexto catalán

La Estrategia de Industria de Defensa articula el sector en torno a tres corredores industriales —Norte, Central y Levante-Sur— con el objetivo de reforzar esa imbricación territorial mediante la concentración de proyectos estratégicos y el desarrollo de clústeres especializados. Al potenciar la creación de clústeres, se pretende que el efecto YIMBY no se limite a la preservación de empleo, sino que actúe como un factor de atracción de talento y de desarrollo de tecnologías de doble uso. Dicha capilaridad se concibe, por tanto, como una posible ventaja competitiva.

La intención es consolidar estos ecosistemas regionales para que en esos corredores se concentren empresas tractoras o especializadas, junto con la aparición de nuevos hubs tecnológicos —Aragón, Murcia, Córdoba— en regiones que buscan posicionarse en el sector. En fechas recientes, observamos cómo se suceden este tipo de iniciativas en torno a hubs de defensa mediante fórmulas de cooperación público-privada. 

"El principal desafío para Catalunya es de naturaleza política: definir si la industria de defensa se entiende como un ámbito de oportunidad o es rechazada por razones ideológicas"

Resulta significativo que Catalunya no figure de forma explícita en esta configuración de corredores. Esta ausencia responde a criterios de planificación industrial, pero sobre todo a condicionantes políticos e institucionales que han dificultado su integración en los ejes estratégicos estatales, a pesar de contar con una base tecnológica relevante. En este sentido, el principal desafío para Catalunya es de naturaleza política: definir si la industria de defensa se entiende como un ámbito de oportunidad o es rechazada por razones ideológicas. "En mi patio" o "no en mi patio". 

Con todo, existe una tensión estructural en el diseño de esta política que puede colisionar con esas dinámicas. La finalidad última de la política de defensa obliga a equilibrar objetivos estratégicos y consideraciones socioeconómicas; la industria ha de ser un medio de la misma, no un fin. El impacto de una factoría en el empleo local o en la economía de una comarca adquiere un peso notable en la toma de decisiones, de modo que la localización de proyectos no responde únicamente a criterios de eficacia o especialización técnica, ni, en sentido último, de servicio a la defensa. Por el contrario, la industria de defensa se piensa antes de nada como una herramienta de política económica territorial, donde el presupuesto de defensa contribuye al sostenimiento de esos polos industriales estratégicos en determinadas comunidades. Por tanto, eficacia, eficiencia y economía no conviven en todas las circunstancias en armonía. 

Asimismo, la política industrial de defensa se despliega en un marco multinivel que exige una creciente alineación entre los distintos niveles: autonómico, nacional… y cada vez más, europeo. Todavía más en un país como España, cuyas élites y sociedad mantienen aún una marcada inclinación proeuropea. Tanto las presiones del sistema internacional como de la propia guerra, así como los incentivos y exigencias derivados de los programas europeos, añaden tensión a esas otras políticas públicas vinculadas al empleo, la cohesión territorial o la estabilidad social.

"La industria puede actuar como motor territorial, pero su consolidación exige mantener estándares de competitividad y excelencia tecnológica"

En esta pregunta acerca de dónde reside el "interés general", el desarrollo de la industria de defensa en España depende de su capacidad para gestionar esta ambivalencia. La industria puede actuar como motor territorial, pero su consolidación exige mantener estándares de competitividad y excelencia tecnológica en un entorno internacional exigente, que busca dotar las capacidades militares y con tendencias claras hacia la concentración empresarial y el liderazgo de grandes corporaciones.

Bajo estas circunstancias, el carácter YIMBY de la industria debería servir como base para que las administraciones autonómicas impulsen ecosistemas de innovación en tecnologías de doble uso, integrando universidades —incluidas las ciencias sociales, fundamentales para comprender el fenómeno militar—, centros tecnológicos y empresas. Igualmente, resultaría necesario facilitar la incorporación de pymes y startups a la cadena de valor mediante instrumentos de financiación y acceso a programas europeos que permitan escalar y ganar competitividad por especialización, volumen o aporte crítico en las cadenas de valor. 

Por último, y esencial, deberían desarrollar estrategias regionales alineadas con la política de defensa nacional y europea, identificando nichos de especialización y reforzando la conexión con empresas tractoras, siempre en coherencia con las necesidades de la defensa; es decir, un impulso bottom-up que demanda, no obstante, una coordinación y alineamiento entre los distintos niveles políticos.