Miércoles, 12 de agosto de 2026
SIMPLIFICACIÓN EUROPEA
Menos reglas, ¿más innovación? El error de cálculo de la nueva Bruselas
¿Es la regulación europea el verdadero freno a la innovación o un activo estratégico que estamos a punto de malvender? Itxaso Domínguez, experta en política digital, desmonta la narrativa oficial de una Comisión Europea que asegura estar "aprendiendo a regular mejor". A través de un análisis incisivo, Domínguez advierte que el llamado AI FOMO (el miedo a quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial) está empujando a Bruselas a sacrificar derechos fundamentales en nombre de una competitividad mal entendida.
Los comisarios europeos Valdis Dombrovskis y Maria Luís Albuquerque presentan un proyecto de simplificación administrativa.Servicio audiovisual de la Comisión Europea
En su entrevista en Agenda Pública, Ana Gallego defiende que la Comisión Europea no está desregulando, sino "aprendiendo a regular mejor". El núcleo de los derechos, afirma, permanece intacto. Lo que se revisa son procedimientos, cargas administrativas y formalismos que pueden simplificarse.
El argumento parece tranquilizador, pero eso es solo una apariencia, ya que el contexto en el que se produce esta revisión importa. No estamos ante una reforma aislada. El Ómnibus Digital forma parte de una serie de paquetes que, bajo la bandera de la competitividad, están revisando normas en distintos ámbitos, desde la responsabilidad corporativa hasta el medio ambiente. Cuando esa lógica se convierte en transversal, deja de ser técnica y pasa a ser política.
En el ámbito digital, además, el momento no es neutro. La presión por "no quedarse atrás" en inteligencia artificial (IA) ha generado un clima de urgencia. Un cierto AI FOMO (miedo a quedarse atrás en la IA) europeo. El mensaje implícito es que cualquier freno regulatorio puede hacernos perder la carrera frente a Estados Unidos o China.
Pensar que aliviar obligaciones en materia de derechos fundamentales, y además hacerlo sin respetar las reglas del juego, resolverá ese déficit es una hipótesis débil.
Además, conviene preguntarse quién se beneficia realmente de la flexibilización regulatoria. En el ecosistema digital actual, quienes ya concentran grandes volúmenes de datos y capacidad computacional, por no hablar de equipos legales y de lobby gigantes, no son las pequeñas y medianas empresas europeas. Son plataformas y conglomerados globales con infraestructuras, capital y equipos jurídicos capaces de navegar cualquier ambigüedad normativa.
Cuando se reduce la exigencia de trazabilidad, de documentación o de transparencia, quienes mejor pueden adaptarse son precisamente esos actores dominantes. No las startups que intentan entrar en el mercado. No las pymes que buscan competir en condiciones equilibradas. La Comisión sostiene que la simplificación favorece a las pequeñas empresas. El objetivo es comprensible. Pero existe un riesgo evidente: que, en la práctica, se consoliden ventajas competitivas de quienes ya controlan los flujos de datos y las infraestructuras de IA.
Las reglas no solo imponen límites. También estructuran el mercado. Definen cómo se distribuye la información, quién asume riesgos y quién rinde cuentas. Reducir obligaciones bajo la promesa de mayor agilidad puede parecer pragmático. Sin embargo, si esas obligaciones eran precisamente las que permitían visibilidad y control, el equilibrio cambia.
Aquí conviene reconocer algo importante: los Estados miembros no son ajenos a estos riesgos. El propio Estado español ha impulsado iniciativas en materia de supervisión algorítmica y gobernanza digital que parten del reconocimiento de que las tecnologías digitales generan impactos sociales profundos. Existe conciencia de que el problema no es solo acelerar la adopción, sino gestionar sus consecuencias.
En ese contexto, presentar el Ómnibus Digital como un mero ajuste procedimental resulta insuficiente. No se trata de santificar la burocracia ni de negar que ciertas cargas puedan revisarse. Se trata de entender que, en el ámbito digital, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no son formalidades. Son las herramientas que permiten a las personas, a las autoridades y a los competidores saber qué está ocurriendo.
El debate real no es simplificación frente a regulación. Es qué modelo de desarrollo digital quiere la UE en un momento de presión geopolítica. Puede optar por reforzar su apuesta por estándares elevados que generen confianza y mercado a largo plazo. O puede dejar que el miedo a quedarse atrás reordene sus prioridades y desplace progresivamente el equilibrio entre derechos y mercado.
Ese desplazamiento no se produce de golpe. Surge acumulativamente, a través de ajustes que, tomados de forma aislada, parecen menores. Por eso el debate merece algo más que tranquilidad retórica. Merece una discusión franca sobre qué Europa queremos construir en la era (o más bien la burbuja) de la inteligencia artificial.
El argumento parece tranquilizador, pero eso es solo una apariencia, ya que el contexto en el que se produce esta revisión importa. No estamos ante una reforma aislada. El Ómnibus Digital forma parte de una serie de paquetes que, bajo la bandera de la competitividad, están revisando normas en distintos ámbitos, desde la responsabilidad corporativa hasta el medio ambiente. Cuando esa lógica se convierte en transversal, deja de ser técnica y pasa a ser política.
En el ámbito digital, además, el momento no es neutro. La presión por "no quedarse atrás" en inteligencia artificial (IA) ha generado un clima de urgencia. Un cierto AI FOMO (miedo a quedarse atrás en la IA) europeo. El mensaje implícito es que cualquier freno regulatorio puede hacernos perder la carrera frente a Estados Unidos o China.
"La falta de competitividad europea no se explica principalmente por la existencia de reglas de protección de datos o por obligaciones de transparencia"Pero esa narrativa simplifica demasiado el problema. La falta de competitividad europea no se explica principalmente por la existencia de reglas de protección de datos o por obligaciones de transparencia. Responde a factores estructurales como la fragmentación del mercado, las dificultades de financiación para escalar, la dependencia tecnológica, las brechas en inversión y la ausencia de campeones industriales propios en infraestructuras digitales. A ello se suma una trayectoria de políticas públicas de inversión que, en ocasiones, han priorizado la reducción de riesgos para actores privados frente al desarrollo de capacidades digitales propias y de infraestructuras orientadas al interés público.
Pensar que aliviar obligaciones en materia de derechos fundamentales, y además hacerlo sin respetar las reglas del juego, resolverá ese déficit es una hipótesis débil.
Además, conviene preguntarse quién se beneficia realmente de la flexibilización regulatoria. En el ecosistema digital actual, quienes ya concentran grandes volúmenes de datos y capacidad computacional, por no hablar de equipos legales y de lobby gigantes, no son las pequeñas y medianas empresas europeas. Son plataformas y conglomerados globales con infraestructuras, capital y equipos jurídicos capaces de navegar cualquier ambigüedad normativa.
Cuando se reduce la exigencia de trazabilidad, de documentación o de transparencia, quienes mejor pueden adaptarse son precisamente esos actores dominantes. No las startups que intentan entrar en el mercado. No las pymes que buscan competir en condiciones equilibradas. La Comisión sostiene que la simplificación favorece a las pequeñas empresas. El objetivo es comprensible. Pero existe un riesgo evidente: que, en la práctica, se consoliden ventajas competitivas de quienes ya controlan los flujos de datos y las infraestructuras de IA.
Las reglas no solo imponen límites. También estructuran el mercado. Definen cómo se distribuye la información, quién asume riesgos y quién rinde cuentas. Reducir obligaciones bajo la promesa de mayor agilidad puede parecer pragmático. Sin embargo, si esas obligaciones eran precisamente las que permitían visibilidad y control, el equilibrio cambia.
"La Unión Europea ha construido durante años una identidad regulatoria basada en la idea de que la protección de derechos no es un obstáculo para la innovación, sino su condición de legitimidad"La Unión Europea ha construido durante años una identidad regulatoria basada en la idea de que la protección de derechos no es un obstáculo para la innovación, sino su condición de legitimidad. Esa posición generó confianza social y previsibilidad jurídica. Una confianza que debe ser vista como activo económico. Si ahora el marco se reconfigura bajo la presión de la carrera por la IA, el riesgo pasa a ser jurídico y también estratégico. Europa puede terminar compitiendo en el terreno de otros, en lugar de reforzar aquello que la diferenciaba.
Aquí conviene reconocer algo importante: los Estados miembros no son ajenos a estos riesgos. El propio Estado español ha impulsado iniciativas en materia de supervisión algorítmica y gobernanza digital que parten del reconocimiento de que las tecnologías digitales generan impactos sociales profundos. Existe conciencia de que el problema no es solo acelerar la adopción, sino gestionar sus consecuencias.
En ese contexto, presentar el Ómnibus Digital como un mero ajuste procedimental resulta insuficiente. No se trata de santificar la burocracia ni de negar que ciertas cargas puedan revisarse. Se trata de entender que, en el ámbito digital, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no son formalidades. Son las herramientas que permiten a las personas, a las autoridades y a los competidores saber qué está ocurriendo.
El debate real no es simplificación frente a regulación. Es qué modelo de desarrollo digital quiere la UE en un momento de presión geopolítica. Puede optar por reforzar su apuesta por estándares elevados que generen confianza y mercado a largo plazo. O puede dejar que el miedo a quedarse atrás reordene sus prioridades y desplace progresivamente el equilibrio entre derechos y mercado.
Ese desplazamiento no se produce de golpe. Surge acumulativamente, a través de ajustes que, tomados de forma aislada, parecen menores. Por eso el debate merece algo más que tranquilidad retórica. Merece una discusión franca sobre qué Europa queremos construir en la era (o más bien la burbuja) de la inteligencia artificial.
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Itxaso Domínguez de Olazábal
Asesora de política digital en European Digital Rights
Es doctora en Filosofía y analista especializada en Oriente Próximo y Norte de África. Actualmente es asesora de política digital en European Digital Rights. Ha sido profesora en Sciences Po de París y la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras universidades.
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10 de agosto de 2026
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