En busca de mayor inversión en su economía digital, Europa afronta su primera prueba: el Ómnibus Digital. Las malas noticias son que el borrador que circula en Bruselas apunta a un marco demasiado acotado, lo que contrasta con la grandilocuencia de las aspiraciones políticas de sus líderes. El texto se limita a un número reducido de capítulos técnicos sobre inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, datos, normativa de cookies e identidad digital.
Si bien puede parecer pragmático, este enfoque no basta para dar el impulso que la economía digital europea necesita. Las empresas toman decisiones de inversión en función de la predictibilidad y la coherencia del marco normativo. Si estas no mejoran, la inversión que Europa necesita seguirá en pausa.
¿Qué medidas podrían marcar una diferencia sin necesidad de reabrir las leyes ya aprobadas? Dos ideas destacan por su impacto y viabilidad:
"Parece que el enfoque del Ómnibus Digital no basta para dar el impulso que la economía digital europea necesita"
La primera es la coordinación entre diferentes normas. En los casos en los que distintos instrumentos piden prácticamente lo mismo —por ejemplo, los informes de incidencias o las plantillas de transparencia que se repiten en varias normativas— las empresas deberían poder presentar esa información una sola vez, a través de un canal seguro y siguiendo un calendario común. La misma lógica se aplica a aquellas funciones esenciales y de bajo riesgo que generan solicitudes de consentimiento. Una orientación más clara, que distinga mejor entre niveles de riesgo, reduciría el coste administrativo y la fatiga de los usuarios sin menoscabar sus derechos.
La segunda es la predictibilidad. La acumulación de normas ha desdibujado los límites entre las mismas. Un ejemplo es la interacción entre la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y el derecho de competencia, que ha planteado dudas sobre la autoridad competente en caso de incumplimiento. Las empresas necesitan saber ante qué regulador deben responder, qué estándares se aplican y cómo se juzgarán las medidas adoptadas por ellas. Establecer guías claras y garantías básicas ayudaría a evaluar riesgos, reducir la incertidumbre regulatoria y, en consecuencia, estimular la inversión.
La interacción de las legislaciones europeas
Detrás de todo esto hay una cuestión aún más importante. Europa ya ha establecido un entramado regulatorio amplio y de estándares elevados. El desafío ahora no es discutir si necesitamos más o menos regulación, sino ordenarla mejor. Cuando las empresas deban seguir los mismos controles para cumplir distintas normativas, la Comisión Europea debe ofrecer guías claras, además de consolidar y secuenciar los requisitos. La complejidad normativa no solo proviene de un exceso de leyes, sino de cómo estas mismas interactúan en la práctica. Cuando se ordena esa interacción, los costes administrativos se reducen sin diluir los objetivos marcados por el regulador.
"La señal política que llega de las capitales europeas es que están a favor de simplificar la regulación digital, y las empresas han admitido que esto desbloquearía inversiones adicionales"
Los tiempos importan. La señal política que llega de las capitales europeas a favor de simplificar la regulación digital es alta y clara; y el sector empresarial ha señalado que un marco más coherente desbloquearía inversiones adicionales. Es por ello que el impacto del Ómnibus Digital quedaría muy por debajo de sus posibilidades si no aborda la carga regulatoria que frena la competitividad digital europea.
El momento que afronta la Comisión Europea es decisivo. La coordinación de requisitos regulatorios podría convertir este Ómnibus en mucho más que un trámite burocrático. Si Europa quiere que las empresas inviertan en el continente, su marco normativo debe ser comprensible y fácil de aplicar. Esta es, en esencia, una política de competitividad económica, sin costes añadidos y que puede ponerse en marcha de inmediato.
Óscar Guinea
Director en el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE)
Especialista en comercio internacional, mercados digitales y política industrial, colabora habitualmente en debates sobre la política comercial de la UE y escribe una columna en 'El País' sobre economía y comercio. Antes de unirse a ECIPE en 2018, trabajó como asesor económico en el Gobierno de Escocia y en la Comisión Europea. Se formó en la Universidad Autónoma de Madrid, el Colegio de Europa y la Universidad de Sussex.