Martes, 28 de julio de 2026
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El nuevo presupuesto europeo como política de salud en tiempos de crisis
Debido a la "presión creciente sobre sistemas sanitarios" y con la evidencia de que el cambio climático es "uno de los principales determinantes de la salud", el gran presupuesto de la Comisión Europea gana todavía más relevancia. Como explica Jaime Manzano, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, existe una "insuficiencia presupuestaria" a nivel europeo en clima que repercute en la salud y por ello pide "herramientas explícitas" para evitar "reproducir desigualdades en salud".
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una reunión semanal sobre el Marco Financiero Plurianual.Servicio audiovisual de la Comisión Europea
El Marco Financiero Plurianual (MFP) es el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Cada siete años fija cuánto puede gastar la UE y en qué grandes prioridades: desde agricultura y cohesión territorial hasta acción climática, investigación o política industrial.
Aunque suele percibirse como un ejercicio técnico, el MFP es, en realidad, una de las decisiones políticas más relevantes de la Unión, porque determina qué problemas se anticipan y cuáles se gestionan cuando ya se han convertido en crisis. La propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, cercana a los dos billones de euros en términos nominales, llega en un contexto marcado por la intensificación de la crisis climática y por sus impactos crecientes sobre la salud de la población europea. Olas de calor más frecuentes y letales, niveles persistentes de contaminación del aire, la expansión de enfermedades transmitidas por vectores y una presión creciente sobre sistemas sanitarios ya tensionados forman parte de la realidad de la ciudadanía.
Sin embargo, este consenso no se traduce de forma coherente en la arquitectura presupuestaria europea. Aunque el presupuesto actual y la propuesta para el siguiente periodo incluyen objetivos de gasto climático —30% primero, 35% ahora— los resultados en salud siguen siendo limitados y mejorables. La gran mayoría de la población urbana europea continúa expuesta a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las muertes asociadas al calor extremo han aumentado de forma sostenida, afectando de manera desproporcionada a personas mayores y grupos socialmente vulnerables.
El problema es estructural; no basta con gastar "más" en clima si la propuesta actual no está diseñada para traducir esa inversión en reducción real de riesgos para la salud pública.
La insuficiencia presupuestaria no es un problema abstracto. En sistemas de riesgo interconectados, como los que caracterizan la relación entre clima y salud, la falta de inversión preventiva amplifica desigualdades y genera costes sanitarios y económicos exponenciales a medio y largo plazo.
Actividades etiquetadas como de impacto climático positivo medio o alto, como la extracción de materias primas o la ampliación de capacidades aeroportuarias, no solo no contribuyen a la acción climática, sino que pueden agravar los riesgos ambientales y sanitarios.
La fusión o eliminación de instrumentos específicos, como el programa LIFE o el Fondo de Transición Justa, reduce la trazabilidad y la visibilidad de las inversiones directamente relacionadas con clima, contaminación y salud. Estos instrumentos han sido fundamentales para financiar mejoras en calidad del aire, adaptación al calor urbano o protección frente a riesgos ambientales. En España, gracias a LIFE, se han financiado actuaciones orientadas a reducir la exposición a contaminantes atmosféricos y a mitigar el calor urbano mediante soluciones basadas en la naturaleza, ambas con esperables impactos positivos en la salud pública. Diluir estos programas en fondos amplios orientados a competitividad o a la seguridad industrial aumenta el riesgo de que los objetivos sanitarios queden subordinados a otras prioridades.
Todo presupuesto es una declaración política. El MFP 2028-2034 decidirá si la UE utiliza su capacidad fiscal para anticipar riesgos climáticos y sanitarios o si sigue gestionando crisis una vez que el daño ya está hecho. Decidirá si la transición verde reduce desigualdades o si, por el contrario, reproduce una "ley de cuidados inversos", donde quienes más necesitan protección reciben menos.
Aunque suele percibirse como un ejercicio técnico, el MFP es, en realidad, una de las decisiones políticas más relevantes de la Unión, porque determina qué problemas se anticipan y cuáles se gestionan cuando ya se han convertido en crisis. La propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, cercana a los dos billones de euros en términos nominales, llega en un contexto marcado por la intensificación de la crisis climática y por sus impactos crecientes sobre la salud de la población europea. Olas de calor más frecuentes y letales, niveles persistentes de contaminación del aire, la expansión de enfermedades transmitidas por vectores y una presión creciente sobre sistemas sanitarios ya tensionados forman parte de la realidad de la ciudadanía.
"El MFP llega en un contexto marcado por la intensificación de la crisis climática y por sus impactos crecientes sobre la salud"En este escenario, el MFP no puede evaluarse solo en términos de volúmenes de inversión. La cuestión central es si su diseño permite anticipar y reducir riesgos en salud o si, por el contrario, perpetúa una lógica reactiva que acaba siendo más costosa, injusta e ineficiente.
Clima y salud, un vínculo desatendido
En los últimos años se ha consolidado la idea de que el cambio climático es uno de los principales determinantes de la salud. Reducir emisiones, mejorar la calidad del aire o adaptar ciudades y sistemas sanitarios a fenómenos extremos no son políticas ambientales accesorias, sino inversiones preventivas con retornos claros en términos de bienestar, productividad y reducción del gasto sanitario.Sin embargo, este consenso no se traduce de forma coherente en la arquitectura presupuestaria europea. Aunque el presupuesto actual y la propuesta para el siguiente periodo incluyen objetivos de gasto climático —30% primero, 35% ahora— los resultados en salud siguen siendo limitados y mejorables. La gran mayoría de la población urbana europea continúa expuesta a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las muertes asociadas al calor extremo han aumentado de forma sostenida, afectando de manera desproporcionada a personas mayores y grupos socialmente vulnerables.
El problema es estructural; no basta con gastar "más" en clima si la propuesta actual no está diseñada para traducir esa inversión en reducción real de riesgos para la salud pública.
Una ambición presupuestaria insuficiente
La primera limitación del nuevo marco presupuestario es de escala. Las estimaciones independientes coinciden en que, para cumplir los objetivos climáticos y proteger la salud de la población, sería necesario destinar en torno al 50% del presupuesto europeo a acción climática, protección de la naturaleza y reducción de la contaminación. Dentro de ese esfuerzo, al menos un 10% debería orientarse específicamente a los objetivos de contaminación cero. La propuesta de la Comisión, con un objetivo del 35%, se queda lejos de la escala necesaria. Además, parte del aumento nominal de la propuesta incluye el reembolso de la deuda del programa de recuperación de la COVID-19 (los fondos Next Generation EU), lo que reduce el margen real de inversión pública."El volumen real de recursos destinados a acción climática sería sensiblemente inferior al presentado por la Comisión, situándose por debajo de los 700.000 millones de euros"Todo esto se ve afectado por una exclusión relevante: el gasto en defensa y seguridad queda fuera de la base de cálculo del porcentaje de gasto climático y medioambiental. Dado que el nuevo Fondo Europeo de Competitividad prevé hasta 130.000 millones de euros en este ámbito y que los Estados miembros podrán financiar capacidades de defensa y proyectos de seguridad a través de sus planes nacionales y regionales, el volumen real de recursos destinados a acción climática sería sensiblemente inferior al presentado por la Comisión, situándose por debajo de los 700.000 millones de euros anunciados.
La insuficiencia presupuestaria no es un problema abstracto. En sistemas de riesgo interconectados, como los que caracterizan la relación entre clima y salud, la falta de inversión preventiva amplifica desigualdades y genera costes sanitarios y económicos exponenciales a medio y largo plazo.
Cuando el gasto financia objetivos contradictorios
Más allá de la cantidad, el diseño del MFP plantea un problema de coherencia. El presupuesto europeo ha venido permitiendo inversiones incompatibles con la protección de la salud, como el apoyo directo o indirecto a combustibles fósiles o a infraestructuras altamente contaminantes. Al mismo tiempo, el sistema de etiquetado climático utilizado por la Comisión ha tendido a sobreestimar el impacto positivo de determinadas partidas, inflando artificialmente el gasto "verde".Actividades etiquetadas como de impacto climático positivo medio o alto, como la extracción de materias primas o la ampliación de capacidades aeroportuarias, no solo no contribuyen a la acción climática, sino que pueden agravar los riesgos ambientales y sanitarios.
"Sin condicionalidades claras, exigibles y vinculantes, existe el riesgo de seguir financiando actividades que contribuyen al empeoramiento de la salud mientras se invoca retóricamente la prevención"Una manera efectiva de evitar el problema de la coherencia es incluir condicionalidades robustas que alineen los objetivos con el gasto. La propuesta actual extiende el principio de no causar un perjuicio significativo, pero deja su aplicación en manos de futuras guías técnicas. Sin condicionalidades claras, exigibles y vinculantes, existe el riesgo de seguir financiando actividades que contribuyen al empeoramiento de la salud mientras se invoca retóricamente la prevención.
Simplificación y pérdida de instrumentos clave
La Comisión propone una profunda simplificación del MFP, reduciendo el número de programas y concentrando la financiación en grandes bloques más flexibles. Aunque esta reforma se presenta como una mejora de eficiencia, también conlleva riesgos importantes.La fusión o eliminación de instrumentos específicos, como el programa LIFE o el Fondo de Transición Justa, reduce la trazabilidad y la visibilidad de las inversiones directamente relacionadas con clima, contaminación y salud. Estos instrumentos han sido fundamentales para financiar mejoras en calidad del aire, adaptación al calor urbano o protección frente a riesgos ambientales. En España, gracias a LIFE, se han financiado actuaciones orientadas a reducir la exposición a contaminantes atmosféricos y a mitigar el calor urbano mediante soluciones basadas en la naturaleza, ambas con esperables impactos positivos en la salud pública. Diluir estos programas en fondos amplios orientados a competitividad o a la seguridad industrial aumenta el riesgo de que los objetivos sanitarios queden subordinados a otras prioridades.
"El MFP 2028-2034 decidirá si la UE utiliza su capacidad fiscal para anticipar riesgos climáticos y sanitarios o si sigue gestionando crisis una vez que el daño ya está hecho"Desde el punto de vista de la equidad, la eliminación de mecanismos específicos de transición justa resulta especialmente preocupante, ya que, sin herramientas explícitas para abordar el gradiente social de los impactos climáticos, la transición verde puede reproducir desigualdades en salud ya existentes.
Todo presupuesto es una declaración política. El MFP 2028-2034 decidirá si la UE utiliza su capacidad fiscal para anticipar riesgos climáticos y sanitarios o si sigue gestionando crisis una vez que el daño ya está hecho. Decidirá si la transición verde reduce desigualdades o si, por el contrario, reproduce una "ley de cuidados inversos", donde quienes más necesitan protección reciben menos.
Jaime Manzano
Responsable de Incidencia y política migratoria en Salud por Derecho
Estudió Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y completó sus estudios en la Universidad de Uppsala y en la Universidad de Groningen con un máster en Ayuda Humanitaria Internacional. Ha trabajado en Médicos Sin Fronteras en Chad y actualmente es responsable de Incidencia y política migratoria en Salud por Derecho.
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27 de julio de 2026
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