Miércoles, 12 de agosto de 2026
EN PROFUNDIDAD
La política del medicamento en la UE y su renuncia a la salud global
El Parlamento Europeo vota hoy la Ley de Medicamentos Críticos para frenar desabastecimientos y reducir dependencias, pero el debate se está moviendo del terreno de la salud pública al de la seguridad. Jaime Manzano y Adrián Alonso, responsables de Incidencia Política de Salud por Derecho, recuerdan que "las enfermedades no entienden de fronteras" y alertan de que privilegiar el mercado europeo puede aumentar inequidades y debilitar la cooperación internacional.
Los autores profundizan en la necesidad de reconducir la política farmacéutica de la UE. Unsplash / Oscar Ochoa
A raíz de la pandemia del COVID-19, los récords históricos de desabastecimientos de medicamentos esenciales en la Unión Europea y la dependencia de la producción de otras regiones, la Comisión Europea decidió en marzo de 2025 convertir en propuesta legislativa las discusiones sobre el refuerzo de la autonomía estratégica, la reindustrialización y la reducción de la dependencia externa en el sector farmacéutico. El resultado fue la presentación de la Ley de Medicamentos Críticos (CMA, por sus siglas en inglés).
Esta propuesta plantea identificar una lista actualizable de medicamentos críticos cuya escasez supondría un problema grave en la salud de la población europea y establece una serie de incentivos económicos y regulatorios para reforzar la capacidad de producción e innovación estratégica en la Unión Europea. También busca mapear riesgos y vulnerabilidades en las cadenas de suministro, mejorar la coordinación y gestión frente a la escasez de medicamentos y para la compra conjunta de medicamentos críticos y facilitar que la cooperación internacional mejore la resiliencia de las cadenas de suministro de la UE.
A las puertas de la votación de las enmiendas en el Parlamento Europeo, que son el paso previo para las negociaciones con la Comisión y el Consejo, analizamos cómo el paso de una lógica de salud pública y derechos a una de seguridad crea amenazas para la gobernanza democrática y para la salud pública global.
La relación entre salud global y seguridad no es nueva. En múltiples países se investiga, produce y legisla para que los Estados tengan acceso a contramedidas médicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la salud es una condición necesaria para la seguridad mundial y enfermedades como el VIH, el COVID-19 o el ébola han sido tratadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el pasado. Nadie niega que un mundo más sano es un mundo más seguro. Sin embargo, es importante aclarar tres cosas: cómo se alcanza un mundo más seguro a través de la salud, quién es el beneficiario de esa seguridad y cuál será el coste de esa seguridad en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Así, lejos de solucionar los problemas estructurales de la cadena farmacéutica —como falta de transparencia, accesibilidad limitada y precios inasequibles— este enfoque podría agravarlos. Las políticas sanitarias requieren financiación propia, estable y adecuada a las necesidades de salud pública y una mayor transparencia para asegurar la rendición de cuentas, no opacidad y dependencia de recursos ajenos pensados para otros fines.
Incrementar la capacidad de producción en terceros países es un objetivo de la agenda política de salud global que permitiría aumentar la resiliencia global y mejorar el acceso global a productos sanitarios esenciales en aquellas regiones históricamente desfavorecidas. Priorizar el mercado europeo podría desestabilizar la salud pública de estos países, poniendo en riesgo a todo el mundo y especialmente a los más vulnerables. Además, limitaría el trabajo de partenariados estratégicos como el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, herramientas fundamentales para mejorar la salud global. Puede que la propuesta de la Comisión y el Parlamento incremente de manera marginal la seguridad de suministro hacia Europa, pero lo hará a costa de olvidar las obligaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos, posiblemente contribuyendo a la inseguridad global.
Finalmente, no incluir condiciones para que los desarrolladores de productos farmacéuticos que han recibido financiación pública hagan público el precio final y el coste de producción y desarrollo, impide una fijación informada y justa del precio de los medicamentos. Sin requisitos más ambiciosos que garanticen la asequibilidad, la CMA seguirá reproduciendo barreras que impedirán que la población europea pueda acceder a tratamientos e información esenciales. La propuesta para aumentar la transparencia de los productos que han recibido apoyo público es también parte de las negociaciones del paquete farmacéutico, así como de diversas leyes nacionales de países como España o Francia. Todo ello muestra que, si bien aún queda mucho trabajo para hacer, los países son cada vez más conscientes de la falta de equilibrio existente entre riesgo asumido y retorno en el sector público.
Con el voto inminente de los Estados miembro en el Consejo para formalizar su posición de negociación, el Parlamento Europeo se encuentra en un momento decisivo. En su poder está optar por mejorar no solo la seguridad del suministro médico y el acceso para los pacientes y resistir el empuje securitizador, sino optar por un camino que avance en los problemas de altos precios, falta de transparencia, inequidades en el acceso e injusticias globales que persisten desde hace décadas en el ecosistema farmacéutico global.
Esta propuesta plantea identificar una lista actualizable de medicamentos críticos cuya escasez supondría un problema grave en la salud de la población europea y establece una serie de incentivos económicos y regulatorios para reforzar la capacidad de producción e innovación estratégica en la Unión Europea. También busca mapear riesgos y vulnerabilidades en las cadenas de suministro, mejorar la coordinación y gestión frente a la escasez de medicamentos y para la compra conjunta de medicamentos críticos y facilitar que la cooperación internacional mejore la resiliencia de las cadenas de suministro de la UE.
A las puertas de la votación de las enmiendas en el Parlamento Europeo, que son el paso previo para las negociaciones con la Comisión y el Consejo, analizamos cómo el paso de una lógica de salud pública y derechos a una de seguridad crea amenazas para la gobernanza democrática y para la salud pública global.
Giro securitizador de las políticas sanitarias
La propuesta de la CMA parte de un diagnóstico correcto: la creciente vulnerabilidad de las cadenas de suministro de medicamentos requiere reforzar la resiliencia industrial y regulatoria. Sin embargo, el texto de la Comisión, junto con número significativo de enmiendas parlamentarias, consolida el desplazamiento de la política farmacéutica desde el ámbito de la salud pública hacia una lógica de seguridad regional.La relación entre salud global y seguridad no es nueva. En múltiples países se investiga, produce y legisla para que los Estados tengan acceso a contramedidas médicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la salud es una condición necesaria para la seguridad mundial y enfermedades como el VIH, el COVID-19 o el ébola han sido tratadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el pasado. Nadie niega que un mundo más sano es un mundo más seguro. Sin embargo, es importante aclarar tres cosas: cómo se alcanza un mundo más seguro a través de la salud, quién es el beneficiario de esa seguridad y cuál será el coste de esa seguridad en términos de transparencia y rendición de cuentas.
"El uso del Fondo Europeo de Defensa ha sido criticado por su escasa transparencia en la evaluación de los proyectos o el control de conflictos de interés"En el caso de la CMA, las propuestas securitizadoras más evidentes son aquellas que proponen el uso de fondos de defensa para la compra de medicamentos críticos. Esta iniciativa fue impulsada en marzo por un número de Estados miembros, incluyendo España, y reaparece ahora con propuestas de partidos de todo el arco parlamentario. La medida se justifica por la falta de presupuesto suficiente para salud y la intención de redirigir parte del incremento presupuestario en defensa para priorizar políticas sanitarias. Sin embargo, esta iniciativa tendría un gran coste democrático. El uso del Fondo Europeo de Defensa ha sido criticado por su escasa transparencia en la evaluación de los proyectos, por la falta de mecanismos de control de conflictos de interés o la limitación de la supervisión del Parlamento. Estos fondos además limitan la transparencia sobre las directrices éticas de la UE y la participación de la sociedad civil.
Así, lejos de solucionar los problemas estructurales de la cadena farmacéutica —como falta de transparencia, accesibilidad limitada y precios inasequibles— este enfoque podría agravarlos. Las políticas sanitarias requieren financiación propia, estable y adecuada a las necesidades de salud pública y una mayor transparencia para asegurar la rendición de cuentas, no opacidad y dependencia de recursos ajenos pensados para otros fines.
Y la salud global, ¿dónde está?
Saber que las enfermedades no entienden de fronteras (y las cadenas de producción y suministro farmacéutico tampoco) debería llevar a políticas que promovieran la salud de la población mundial, no aquellas que privilegian unas poblaciones sobre otras. Sin embargo, la CMA sigue la estela de otras políticas farmacéuticas que anteponen los intereses regionales a corto plazo frente a la colaboración y el beneficio mutuo. Así, del mismo modo que los Estados Unidos promueve una estrategia US first en su política de salud global, la CMA plantea que los instrumentos europeos de cooperación internacional o los de comercio internacional puedan estar supeditados a mejorar el suministro de productos para los europeos.Incrementar la capacidad de producción en terceros países es un objetivo de la agenda política de salud global que permitiría aumentar la resiliencia global y mejorar el acceso global a productos sanitarios esenciales en aquellas regiones históricamente desfavorecidas. Priorizar el mercado europeo podría desestabilizar la salud pública de estos países, poniendo en riesgo a todo el mundo y especialmente a los más vulnerables. Además, limitaría el trabajo de partenariados estratégicos como el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, herramientas fundamentales para mejorar la salud global. Puede que la propuesta de la Comisión y el Parlamento incremente de manera marginal la seguridad de suministro hacia Europa, pero lo hará a costa de olvidar las obligaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos, posiblemente contribuyendo a la inseguridad global.
Condiciones de retorno a la inversión pública
La propuesta de la Comisión incluye condiciones para hacer que, si un medicamento recibe financiación pública durante su desarrollo, el titular deba hacer sus mejores esfuerzos para que esté disponible en los Estados miembro, priorizando el suministro a la Unión por encima de otros países o regiones. Si bien condicionar la inversión pública de I+D al retorno social es una petición clásica de la sociedad civil, la propuesta pasa por alto que no se puede mantener a la población europea segura si el mundo sigue sin recibir acceso a medicamentos esenciales. La experiencia del COVID-19 es clara en este aspecto: aunque el suministro de vacunas privilegió a los países de la UE y otras regiones ricas, la distribución desigual tuvo impactos sobre la economía mundial, ralentizando la recuperación de los países, incrementando las desigualdades, la estabilidad y, en definitiva, la inseguridad."Durante la COVID-19, aunque el suministro de vacunas privilegió a los países de la UE y otras regiones ricas, la distribución desigual tuvo impactos sobre la economía mundial"Por otro lado, la propuesta solo habla de disponibilidad, olvidando otras dimensiones del acceso, como la asequibilidad. Por ejemplo, es ilustrativo el caso de la bedaquilina, medicamento crítico para tratar la tuberculosis multirresistente. Está disponible en la UE (está registrada y hay acuerdos de precio y reembolso con los Estados miembro), pero los precios desorbitados que pagamos por el régimen que contiene la bedaquilina —45.000 euros por paciente por curso de tratamiento de media y unos 58.000 euros en España—, impiden la accesibilidad, aunque existan mecanismos internacionales para comprar el tratamiento a unos 250 euros.
Finalmente, no incluir condiciones para que los desarrolladores de productos farmacéuticos que han recibido financiación pública hagan público el precio final y el coste de producción y desarrollo, impide una fijación informada y justa del precio de los medicamentos. Sin requisitos más ambiciosos que garanticen la asequibilidad, la CMA seguirá reproduciendo barreras que impedirán que la población europea pueda acceder a tratamientos e información esenciales. La propuesta para aumentar la transparencia de los productos que han recibido apoyo público es también parte de las negociaciones del paquete farmacéutico, así como de diversas leyes nacionales de países como España o Francia. Todo ello muestra que, si bien aún queda mucho trabajo para hacer, los países son cada vez más conscientes de la falta de equilibrio existente entre riesgo asumido y retorno en el sector público.
Comprar juntos es comprar mejor: poder de compra y el reto de los antibióticos
La pandemia del COVID-19 mostró que el poder de negociación y compra de la Unión es superior al de los Estados miembro por separado. La CMA propone crear un marco para la compra conjunta de medicamentos y utilizar ese mayor poder de compra para impulsar un incentivo destinado a abordar la grave falta de antibióticos innovadores. Este incentivo se basa en garantizar ingresos mínimos anuales a los fabricantes, desvinculados del volumen de ventas. Países como Suecia o el Reino Unido ya han adoptado modelos similares, reconocidos por decisores políticos, académicos y sociedad civil como prometedores y necesarios, y al que la UE llegaba tarde."La pandemia mostró que el poder de negociación y compra de la Unión es superior al de los Estados miembro por separado"Si bien son dos elementos necesarios que abordan dos grandes problemáticas de salud pública, hay que matizar. Ambos mecanismos deben ser transparentes, de forma que todos los europeos sepamos cuánto pagamos por los medicamentos. Si bien es difícil que un solo país avance en solitario hacia una mayor transparencia de los precios reales, un mecanismo a nivel europeo debería favorecer una mayor transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, la garantía de ingresos para antibióticos debe incluir de forma explícita qué antibióticos innovadores son elegibles para los incentivos y además deben establecerse garantías para asegurar un acceso equitativo, sin interrupciones.
Con el voto inminente de los Estados miembro en el Consejo para formalizar su posición de negociación, el Parlamento Europeo se encuentra en un momento decisivo. En su poder está optar por mejorar no solo la seguridad del suministro médico y el acceso para los pacientes y resistir el empuje securitizador, sino optar por un camino que avance en los problemas de altos precios, falta de transparencia, inequidades en el acceso e injusticias globales que persisten desde hace décadas en el ecosistema farmacéutico global.
Jaime Manzano
Responsable de Incidencia y política migratoria en Salud por Derecho
Estudió Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y completó sus estudios en la Universidad de Uppsala y en la Universidad de Groningen con un máster en Ayuda Humanitaria Internacional. Ha trabajado en Médicos Sin Fronteras en Chad y actualmente es responsable de Incidencia y política migratoria en Salud por Derecho.
Adrián Alonso
Responsable de Investigación e Incidencia Política en Salud por Derecho.
Graduado en Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y máster en Salud Global en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)/Universidad de Barcelona. Actualmente, es responsable de Investigación e Incidencia Política en Salud por Derecho.
Ahora en portada
10 de agosto de 2026
Noticias relacionadas
Hace 39 semanas
El día que Bruselas tuvo que rectificar: la Comisión enmienda su propia reforma presupuestaria
Hace 44 semanas
Fina Lladós, presidenta de FarmaIndustria: "Cada euro invertido en medicamentos devuelve cuatro al conjunto del país"
Lo más leído
3