Lunes, 17 de agosto de 2026
REGULARIZACIÓN
Patronal y sindicatos blindan el modelo migratorio
En tiempos de polarización extrema, el Consejo Económico y Social ha logrado poner de acuerdo a patronal y sindicatos en un diagnóstico "técnicamente rigurosísimo" sobre la inmigración. El investigador Matthew McLaughlan escribe, cuando el debate político está centrado en la propuesta de regularización de migrantes, sobre los discursos de odio y los contrapone a la aportación positiva y fundamental para la sostenibilidad del Estado de Bienestar de estas personas.
La ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz y el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, presentan el Informe sobre la realidad migratoria en España.Matias Chiofalo / Europa Press / ContactoPhoto
El informe del Consejo Económico y Social (CES) sobre la inmigración está pasando sorprendentemente desapercibido. A pesar de la calidad de sus trabajos, el bajo tono público de esta importante institución en los últimos años es habitual, pero el contenido del informe merece, cuando menos, otro tipo de tratamiento. Su análisis y diagnóstico sobre la que probablemente sea, junto a la vivienda, la principal preocupación de la sociedad española no solo es técnicamente rigurosísimo, sino que viene respaldado por CEOE, CC. OO. y UGT, entre otros, en un momento en el que la inmigración se ha convertido en la principal arma arrojadiza de la política española, europea y global. Un informe jalonado de verdades que describe con rigor la realidad de la inmigración y no lo que la antipolítica, la polarización y el populismo pretenden hacernos creer.
El CES también constata que, tras la pandemia, se observa un mayor nivel educativo de los recién llegados —aunque se mantienen brechas en cualificaciones con respecto a la población autóctona—. También aumenta su empleo en actividades de mayor cualificación y mayor valor añadido, lo que junto con el proceso de asimilación, tras veinte años de los flujos migratorios que entraron a principios de este siglo, permite constatar una mejora de la productividad relativa de los trabajadores extranjeros en relación con la de los trabajadores nacionales. Todo ello puede contribuir a una mejora cíclica de la productividad en el contexto de un modelo de crecimiento basado en un intenso empleo de la población inmigrante.
Los efectos positivos, que alcanzan numerosos ámbitos como el informe explica, son especialmente visibles en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que la integración laboral de las personas migrantes refuerza las bases financieras del sistema con el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas.
La tasa de actividad de las personas extranjeras residentes en España es una de las más elevadas de la Unión Europea (UE) y, además, superior a la de la población autóctona, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del entorno europeo. Uno de los motivos radica en la alta participación laboral de las mujeres procedentes de fuera de la UE.
La diferencia entre las cifras de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la afiliación a la Seguridad Social de personas trabajadoras extranjeras aproxima la magnitud del empleo informal, que en una parte sustancial de los casos está asociada a la falta de derecho de acceso al mercado de trabajo debido a situaciones de irregularidad administrativa.
El CES considera que, respecto al diseño de las políticas públicas, la variable del origen geográfico como factor que incide en la desigualdad debe ser objeto de atención en su diseño, puesto que repercute negativamente en la cohesión social. De hecho, una gran parte de la población extranjera, especialmente en el caso de las mujeres, percibe rentas muy inferiores al promedio y sigue siendo más vulnerable al riesgo de pobreza y exclusión social, a las situaciones de carencia material y a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda, además de a la asistencia sanitaria. El riesgo de quiebra de la cohesión social se torna especialmente grave cuando estas situaciones afectan a los hijos y las hijas de inmigrantes, en la mayoría de los casos ya jóvenes españoles y españolas de pleno derecho.
Los flujos migratorios también impactan en la economía a través de los efectos sobre las finanzas públicas, tanto de forma directa como indirecta. Distintos trabajos han analizado este impacto fiscal directo a partir de la comparación entre las contribuciones de la población inmigrante a los ingresos públicos —impuestos y cotizaciones sociales— y los gastos asociados a su presencia en concepto de servicios y de transferencias monetarias —principalmente prestaciones sociales, sanidad, educación y pensiones—. Pues bien, la consideración de todos estos efectos directos e indirectos sobre las finanzas públicas se centra en la aportación individual de cada persona inmigrante a lo largo de su ciclo vital, que presenta un perfil similar al de las personas autóctonas: la aportación fiscal es positiva cuando se está en edad de trabajar, lo que contribuye a la reducción del déficit público y de la deuda necesaria para financiarlo y genera una corriente futura de ahorro en intereses y deuda, y negativa a partir de la jubilación.
En definitiva, un valioso trabajo del CES que a su rigor técnico añade el valor de su autoría compartida por empresarios, sindicatos y resto de organizaciones representadas en dicho Consejo, situando el debate sobre la inmigración donde verdaderamente se encuentra y alejándolo del discurso manipulador del que viene siendo objeto. Además, lo logra sin negar los retos de la cuestión y las tareas pendientes en materia de inclusión social e integración social de las personas inmigrantes, teniendo en cuenta que estos elementos, junto a la prevención del racismo y la xenofobia, forman parte de los pilares de la política española de extranjería e inmigración.
¿Cuánto contribuye la inmigración al crecimiento del PIB en España?
El CES confirma el papel fundamental de la inmigración para la continuidad y la sostenibilidad del crecimiento económico y del empleo a largo plazo. Así, recuerda, el Banco de España ha estimado esta contribución a la tasa de crecimiento del PIB en España entre 2019 y 2024 en un 80%, explicada por el impacto del incremento de la población en edad de trabajar y de la tasa de empleo de los extranjeros. El Banco de España también ha analizado la contribución de la inmigración al crecimiento del PIB per cápita en las últimas dos décadas, según el criterio tanto de nacionalidad —que excluye a los extranjeros nacionalizados— como de país de nacimiento, concluyendo con un impacto en torno al 12% en el primer caso y al 20% en el segundo."El crecimiento del 2,9% del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024 se explica en más de la mitad por el incremento de la tasa de empleo"Más en concreto, y en lo que se refiere al periodo pospandemia, el crecimiento del 2,9% del PIB per cápita registrado entre 2022 y 2024 se explica en más de la mitad por el incremento de la tasa de empleo y una cuarta parte por el crecimiento de la productividad por hora trabajada, que contribuye en mayor medida respecto a periodos anteriores. En cuanto a la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita tras la pandemia (0,4 puntos porcentuales, pp, según el criterio de nacionalidad y de 0,7 pp según el criterio de país de nacimiento), se explica en más de un 70% por el incremento de la tasa de empleo, seguido por el factor demográfico y el factor de jornada. Además, la evolución de la productividad tiene una contribución negativa, en línea con otros periodos expansivos anteriores, como reflejo de la menor productividad agregada de la población extranjera que suele ocupar en mayor medida puestos de trabajo en ramas de actividad donde la productividad es inferior a la media.
¿Es necesaria la inmigración para sostener el sistema de pensiones?
La evidencia disponible, señala el CES, es que a medida que las personas migrantes se incorporan al mercado laboral, las personas nativas se desplazan hacia nuevas ocupaciones que requieren habilidades más cualificadas o tareas más complejas y, conforme mejoran sus habilidades, este desplazamiento contribuye a que se generen ganancias de productividad a largo plazo para toda la economía.El CES también constata que, tras la pandemia, se observa un mayor nivel educativo de los recién llegados —aunque se mantienen brechas en cualificaciones con respecto a la población autóctona—. También aumenta su empleo en actividades de mayor cualificación y mayor valor añadido, lo que junto con el proceso de asimilación, tras veinte años de los flujos migratorios que entraron a principios de este siglo, permite constatar una mejora de la productividad relativa de los trabajadores extranjeros en relación con la de los trabajadores nacionales. Todo ello puede contribuir a una mejora cíclica de la productividad en el contexto de un modelo de crecimiento basado en un intenso empleo de la población inmigrante.
Los efectos positivos, que alcanzan numerosos ámbitos como el informe explica, son especialmente visibles en la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que la integración laboral de las personas migrantes refuerza las bases financieras del sistema con el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y la mejora de la ratio entre cotizantes y pensionistas.
"La tasa de actividad de las personas extranjeras residentes en España es una de las más elevadas de la Unión Europea (UE) y, además, superior a la de la población autóctona"El empleo es la motivación principal de la mayoría de los proyectos migratorios. Ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa. Los principales análisis prospectivos revelan que España seguirá registrando necesidades de empleo en los próximos años, estimadas en 2,4 millones desde 2025 hasta 2035. En el contexto actual de contracción de la población activa autóctona, las personas trabajadoras de origen migrante mantendrán un papel importante en la cobertura de esos empleos. A la luz de esta contribución, resulta ineludible integrar la perspectiva migrante en el análisis del mercado de trabajo en España y, singularmente, prestar atención al grado y calidad de la integración laboral de las personas de origen migrante, así como al marco regulatorio que afecta a las empresas, como claves del adecuado funcionamiento del mercado de trabajo de nuestro país.
La tasa de actividad de las personas extranjeras residentes en España es una de las más elevadas de la Unión Europea (UE) y, además, superior a la de la población autóctona, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del entorno europeo. Uno de los motivos radica en la alta participación laboral de las mujeres procedentes de fuera de la UE.
La diferencia entre las cifras de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la afiliación a la Seguridad Social de personas trabajadoras extranjeras aproxima la magnitud del empleo informal, que en una parte sustancial de los casos está asociada a la falta de derecho de acceso al mercado de trabajo debido a situaciones de irregularidad administrativa.
El CES considera que, respecto al diseño de las políticas públicas, la variable del origen geográfico como factor que incide en la desigualdad debe ser objeto de atención en su diseño, puesto que repercute negativamente en la cohesión social. De hecho, una gran parte de la población extranjera, especialmente en el caso de las mujeres, percibe rentas muy inferiores al promedio y sigue siendo más vulnerable al riesgo de pobreza y exclusión social, a las situaciones de carencia material y a los problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda, además de a la asistencia sanitaria. El riesgo de quiebra de la cohesión social se torna especialmente grave cuando estas situaciones afectan a los hijos y las hijas de inmigrantes, en la mayoría de los casos ya jóvenes españoles y españolas de pleno derecho.
"La aportación fiscal del inmigrante es positiva cuando se está en edad de trabajar, lo que contribuye a la reducción del déficit público y de la deuda necesaria para financiarlo"Las mujeres migrantes se enfrentan a una confluencia de desventajas y riesgo de discriminación por la doble condición de ser mujer y migrante, junto a una mayor vulnerabilidad frente al riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente cuando encabezan hogares monomarentales, así como frente a las violencias de género. Estas desventajas están agravadas en muchas ocasiones por el desconocimiento de sus derechos, las barreras culturales, la falta de redes de apoyo y las situaciones de irregularidad.
Los flujos migratorios también impactan en la economía a través de los efectos sobre las finanzas públicas, tanto de forma directa como indirecta. Distintos trabajos han analizado este impacto fiscal directo a partir de la comparación entre las contribuciones de la población inmigrante a los ingresos públicos —impuestos y cotizaciones sociales— y los gastos asociados a su presencia en concepto de servicios y de transferencias monetarias —principalmente prestaciones sociales, sanidad, educación y pensiones—. Pues bien, la consideración de todos estos efectos directos e indirectos sobre las finanzas públicas se centra en la aportación individual de cada persona inmigrante a lo largo de su ciclo vital, que presenta un perfil similar al de las personas autóctonas: la aportación fiscal es positiva cuando se está en edad de trabajar, lo que contribuye a la reducción del déficit público y de la deuda necesaria para financiarlo y genera una corriente futura de ahorro en intereses y deuda, y negativa a partir de la jubilación.
Desinformación y discursos de odio: hacia una nueva narrativa
El sesudo informe de casi trescientas páginas concluye con veinte conclusiones y propuestas entre las que destaca una: "hacia una nueva narrativa veraz. Actitudes y participación social" que alerta sobre el riesgo de desinformación y manipulación del fenómeno migratorio en nuestro país. Así, considera el CES, en los últimos años, la inmigración se ha convertido progresivamente en un tema central de debate público. Aunque la convivencia cotidiana con personas migrantes en España sigue siendo mayoritariamente positiva y aceptada, la estigmatización de la inmigración por corrientes políticas xenófobas, nativistas y nacionalistas excluyentes ha incrementado su percepción como un problema para el país. Esta visión negativa, continúa el CES, no se origina en la experiencia directa con personas migrantes, sino en contextos de desinformación que sitúan a la inmigración como eje del descontento y de la desafección social y política, reforzando estereotipos y actitudes hostiles hacia los diferentes grupos migrantes. Su manifestación más extrema son los discursos que incitan a actos de odio potencialmente delictivos por su carácter racista o xenófobo, responsables de cuatro de cada diez delitos de odio en el país."Aunque España es uno de los países europeos donde la inmigración ha crecido con mayor intensidad en los últimos años, su representación política apenas ha experimentado variaciones"Frente a ello, la lucha contra los discursos de odio no solo debe basarse en la veracidad informativa y los datos sobre la realidad económica y social, sino también en la desarticulación de los marcos emocionales que presentan la inmigración como problema o amenaza, planteando narrativas alternativas que interpelen a la ciudadanía también desde la ética y la empatía. Recuperar y proponer una visión rigurosa de la inmigración, que reconozca y aprecie su valor intrínseco, más allá de una contribución a la sociedad en términos cuantitativos, favorecerá las condiciones de inclusión social, política, económica y cultural de las personas migrantes. En términos políticos, su participación electoral es muy reducida en comparación con el peso demográfico que representan. Al mismo tiempo, aunque España es uno de los países europeos donde la inmigración ha crecido con mayor intensidad en los últimos años, su representación política apenas ha experimentado variaciones en las últimas décadas. Esta situación evidencia un proceso de inclusión política limitado, que no avanza al mismo ritmo que la transformación demográfica del país. En este sentido, la participación social, política y cultural, tanto individual como a través de organizaciones migrantes y no migrantes, contribuye y deberá seguir contribuyendo a crear, promover y difundir narrativas radicalmente opuestas a los discursos de odio dirigidos contra las personas migrantes.
En definitiva, un valioso trabajo del CES que a su rigor técnico añade el valor de su autoría compartida por empresarios, sindicatos y resto de organizaciones representadas en dicho Consejo, situando el debate sobre la inmigración donde verdaderamente se encuentra y alejándolo del discurso manipulador del que viene siendo objeto. Además, lo logra sin negar los retos de la cuestión y las tareas pendientes en materia de inclusión social e integración social de las personas inmigrantes, teniendo en cuenta que estos elementos, junto a la prevención del racismo y la xenofobia, forman parte de los pilares de la política española de extranjería e inmigración.
Matthew McLaughlan Merelo
Investigador visitante júnior en el CIDOB
Forma parte del equipo de investigación del 'think tank' catalán CIDOB. Ha sido redactor en 'Agenda Pública'. Anteriormente, fue investigador en el Centro de Economía Global y Geopolítica de Esade (EsadeGeo), donde apoyaba a Javier Solana en discursos y escritos, y preparaba sesiones informativas sobre política nacional e internacional.
Etiquetas
Democracia, Inmigración, Academia, PIB, productividad, crecimiento, España, xenofobia, Derecha radical Ahora en portada
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