El derecho a permanecer como eje de una política migratoria digna

La violencia de carácter racista lleva tiempo presente en nuestro país, aunque en los últimos tiempos se ha vuelto más visible y preocupante. Los recientes ataques en Torre-Pacheco nos devuelven a una realidad que muchos creíamos superada, pero que recuerda episodios tan dolorosos como los de El Ejido en el año 2000. Estos hechos no son aislados ni espontáneos: son síntomas de un clima social y político cada vez más convulso, alimentado por discursos de odio, desinformación y miedo.

Hasta ahora, España ha gestionado la migración de manera menos polarizada que otros países europeos. Factores como el arraigo, la agilización de la nacionalización para personas latinoamericanas y un modelo de integración relativamente flexible han favorecido una convivencia en general pacífica. No obstante, este equilibrio podría verse amenazado. Según el CIS, la migración ha escalado entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Su creciente politización está alimentando prejuicios, dificultando el diseño de políticas eficaces y abriendo espacio a discursos excluyentes que tensionan la cohesión social. 

"El debate tiene sus riesgos si no se aborda con argumentos y conocimientos técnicos, porque podemos caer en discursos simplistas"

Esta distorsión tiene efectos tangibles: limita la inversión en políticas inclusivas, erosiona el respaldo ciudadano y refuerza la falsa percepción de que quienes migran representan una amenaza para el Estado del bienestar. Abordar este debate es arriesgado si no se introducen argumentos sólidos y propuestas viables, para así evitar caer en la dominación de discursos simplistas, etnicistas y profundamente injustos. 

La realidad migratoria: una silenciosa mayoría no migrante

Frente a la narrativa alarmista centrada en la migración irregular, los datos dibujan una realidad mucho más matizada. Solo el 3,6% de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento, y en la Unión Europea, la mayoría de los movimientos migratorios se produce por vías legales. Endurecer las fronteras no detiene la migración, en cambio, la vuelve más peligrosa, fomenta la irregularidad y alimenta el negocio de las mafias.

La mayor parte de los problemas asociados a la migración no tienen su origen en la movilidad en sí, sino en la insuficiencia de las vías de migración legal, una situación común en la mayoría de los países del norte global. 

Libertad para quedarse también para los migrantes

En la Unión Europea, la libre circulación ha impulsado el empleo, la movilidad y el sentido europeísta. Pero conviene recordar que, para muchas personas, desplazarse no es una elección, sino una necesidad forzada por las desigualdades entre regiones. Tal como recoge el Pacto Mundial de Migraciones en su objetivo 2, deberíamos minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Es necesario avanzar hacia un nuevo paradigma que complemente la libertad de movimiento con la libertad de quedarse, es decir, la capacidad real de vivir con dignidad en el lugar de origen.

"Es fundamental diseñar políticas públicas que garanticen el acceso a servicios básicos, empleos de calidad y oportunidades de desarrollo"

¿Por qué no abordar las políticas migratorias desde esta misma perspectiva? Migrar debe ser una opción libre, no una obligación ni un privilegio. Para lograrlo, es crucial diseñar políticas públicas que garanticen el acceso a servicios básicos, empleos de calidad y oportunidades de desarrollo, tanto en los países de origen como en los de destino. Además, es necesario reconocer que la migración suele comportarse como un fenómeno cíclico, por lo que exige un enfoque que contemple el retorno, la reintegración y la portabilidad de derechos como parte de una movilidad digna.

Propuestas para una política migratoria más justa y eficaz

Desde esta perspectiva, que sitúa la libertad para quedarse como un pilar fundamental, es posible identificar varios ámbitos prioritarios para avanzar hacia una política migratoria basada en la dignidad, los derechos y la corresponsabilidad. 

En primer lugar, fomentar el arraigo en los lugares de origen implica atender las causas estructurales de la migración forzada, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para desarrollarse en sus propios territorios. Esto supone generar oportunidades reales de bienestar, inclusión y desarrollo, garantizando el acceso a servicios básicos y respuestas efectivas frente al cambio climático, por ejemplo. 

Por otro lado, garantizar un retorno voluntario, digno y con perspectivas de futuro es esencial. El retorno debe dejar de ser un tabú o una imposición. Cuando se gestiona adecuadamente, puede abrir oportunidades de desarrollo tanto para las personas migrantes como para sus comunidades. Aquí hay una oportunidad para las sinergias entre las políticas internas que se ocupan del bienestar e integración de las personas migrantes en destino, por un lado, y la cooperación al desarrollo, por otro, para potenciar la principal característica de la migración: el ser un vector de desarrollo, también para las comunidades de origen. Esto requiere acompañamiento individualizado, acceso a formación, asesoría financiera, atención psicosocial y mecanismos de reconocimiento de competencias adquiridas en el exterior, así como campañas de sensibilización para facilitar la reintegración y combatir el estigma.

"Es necesario eliminar las barreras que existen en el mercado laboral o la educación, especialmente en sectores donde la mano de obra migrante es mayoritaria"

Asimismo, asegurar la plena inclusión en los países de destino es clave. Para ello, debemos considerar que la integración va más allá de la regularización administrativa. Es imprescindible eliminar barreras al acceso al empleo, la educación o el emprendimiento, especialmente en sectores donde la mano de obra migrante es esencial, como la agricultura, los cuidados o la hostelería. Para ello, deben impulsarse programas de migración laboral circular, sistemas de contratación en origen, reconocimiento mutuo de cualificaciones y colaboración con el sector privado para generar oportunidades reales de integración.

Podemos permanecer atrapados en una visión estrecha, reactiva y marcada por el temor hacia la migración, o bien atrevernos a construir un modelo que la aborde desde la dignidad, los derechos y la corresponsabilidad. No se trata de elegir entre acoger o rechazar, sino de garantizar que todas las personas cuenten con la libertad real para decidir su futuro. La libertad de quedarse debe situarse en el centro de este nuevo paradigma. Solo reconociendo la humanidad y la complejidad de los procesos migratorios podremos articular políticas que reflejen los valores democráticos que decimos defender.