Miércoles, 29 de julio de 2026
ANÁLISIS

España y las sanciones: diplomacia gradualista para el éxito de la transición en Venezuela

La propuesta del Ejecutivo español de vincular el levantamiento progresivo de sanciones a avances democratizadores se perfila como una vía intermedia viable. Dado que la agenda de Estados Unidos difiere de estos objetivos y que el oficialismo sigue firme en el poder, este mecanismo puede ser el catalizador adecuado para introducir nuevos valores institucionales en Venezuela.

Agenda Pública Agenda Pública 15 de enero de 2026
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la primera reunión del Consejo de Ministros posterior a la captura de Nicolás Maduro. | Marta Fernández / Europa Press / ContactoPhoto
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la primera reunión del Consejo de Ministros posterior a la captura de Nicolás Maduro. | Marta Fernández / Europa Press / ContactoPhoto

La posición del Gobierno español ante Venezuela ha entrado en una nueva fase tras los acontecimientos que han sacudido el tablero internacional y que Agenda Pública ha venido analizando en las últimas semanas. En un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la redefinición del equilibrio de poder en Caracas y el desconcierto europeo ante una acción unilateral de enorme calado, España ha optado por una línea clara: rechazo a la lógica de la fuerza, apuesta por una transición democrática ordenada y defensa de un levantamiento progresivo de sanciones condicionado a avances verificables hacia la democracia.

Esta postura no surge en el vacío. Responde tanto a la tradición diplomática española en América Latina como a una lectura estratégica del momento actual, en el que el riesgo no es solo la perpetuación del autoritarismo venezolano, sino también la normalización de cambios de régimen impuestos desde el exterior.

Una crisis que cambia de naturaleza

La captura de Nicolás Maduro no ha supuesto automáticamente la resolución de la crisis venezolana. De hecho ha abierto una etapa muy compleja. La captura forzada del líder del régimen no ha traído consigo, de manera inmediata, ni un gobierno democrático consolidado ni una arquitectura institucional legítima. Lo que emerge es un vacío de poder, una pugna interna entre actores del chavismo, las fuerzas armadas y la oposición, y una creciente presión internacional para definir el rumbo del país.

"No se trata de defender al régimen caído, sino de evitar que la solución a la crisis venezolana siente un precedente peligroso para el orden internacional"
En este contexto, el Gobierno español ha sido cuidadoso al separar dos planos: por un lado, la constatación de que el régimen de Maduro carecía de legitimidad democrática; por otro, la negativa a avalar una operación que vulnera principios básicos del derecho internacional. Esta doble posición atraviesa toda la narrativa española: no se trata de defender al régimen caído, sino de evitar que la solución a la crisis venezolana siente un precedente peligroso para el orden internacional.

Sanciones: de castigo a instrumento político

Uno de los ejes centrales del debate es el papel de las sanciones internacionales. Durante años, estas han sido concebidas como un mecanismo de presión para forzar cambios en el comportamiento del régimen venezolano. Sin embargo, su eficacia ha sido limitada y sus efectos colaterales sobre la población han sido evidentes.

"Las sanciones no deben ser un castigo perpetuo, sino una herramienta reversible, diseñada para acompañar —y no bloquear— una evolución democrática"
El Gobierno español introduce ahora un matiz clave: las sanciones no deben ser un castigo perpetuo, sino una herramienta reversible, diseñada para acompañar —y no bloquear— una evolución democrática. De ahí la idea, expresada con claridad desde Moncloa y Exteriores, de que a medida que Venezuela avance hacia un sistema político plural, con garantías y libertades, las sanciones deberían ir desapareciendo.


Este enfoque gradualista pretende evitar dos errores opuestos: levantar las sanciones sin condiciones, legitimando de facto estructuras autoritarias recicladas; o mantenerlas de forma rígida, alimentando el colapso económico y dificultando cualquier transición viable.

La transición como proceso, no como acontecimiento

Uno de los mensajes más insistentes en la posición española es que la democracia no se instaura por decreto ni por captura militar. La transición venezolana, si llega a consolidarse, será un proceso largo, lleno de tensiones internas y contradicciones. España asume esta realidad y propone un marco de acompañamiento internacional que no sustituya a los actores venezolanos, sino que cree incentivos para el cambio.

En este sentido, el levantamiento progresivo de sanciones aparece ligado a hitos concretos: apertura del espacio político, liberación de presos políticos, garantías para la oposición, reconocimiento de derechos civiles y reconstrucción institucional. No se trata de exigir una democracia perfecta como condición previa, sino de reconocer avances reales y verificables, por imperfectos que sean.

Esta lógica conecta con una lectura pragmática del poder en Venezuela: la caída de Maduro no implica automáticamente la desaparición del chavismo ni de sus redes. Ignorar esta realidad sería condenar cualquier intento de transición al fracaso.

Europa ante su propia irrelevancia

El debate venezolano revela también una cuestión más amplia: la fragilidad de la posición europea en crisis geopolíticas de alta intensidad. La acción estadounidense ha dejado a la Unión Europea en una posición reactiva, obligada a pronunciarse sobre hechos consumados.

"El debate venezolano revela también una cuestión más amplia: la fragilidad de la posición europea en crisis geopolíticas de alta intensidad"
Desde esta perspectiva, la postura española busca preservar un espacio autónomo de acción europea: ni alineamiento automático con Washington ni equidistancia moral, sino una defensa de principios que permita a Europa jugar algún papel en la reconstrucción política y económica de Venezuela.


El discurso sobre las sanciones encaja aquí como un instrumento europeo por excelencia: flexible, negociable y vinculado a estándares normativos. España intenta así evitar que el futuro de Venezuela quede exclusivamente en manos de lógicas de poder duro.

Una diplomacia incómoda pero coherente

La posición del Gobierno español no está exenta de críticas. Para algunos sectores, hablar de levantar sanciones es premiar a quienes han sostenido un sistema represivo durante años. Para otros, es una concesión realista que reconoce que sin incentivos no habrá transición posible.

Lo relevante es que España está intentando construir una narrativa coherente en medio del caos: condena del autoritarismo, rechazo del cambio de régimen impuesto, defensa de una transición negociada y uso inteligente de las sanciones como palanca política.

Esta diplomacia incómoda refleja una convicción de fondo: la estabilidad democrática de Venezuela no puede nacer de la humillación ni del colapso, sino de un proceso en el que los propios venezolanos encuentren salidas políticas sostenibles.

Sanciones para salir, no para quedarse

En última instancia, lo que plantea el Gobierno español es un cambio de enfoque: las sanciones no como fin en sí mismo, sino como parte de una arquitectura de salida. Mantenerlas indefinidamente sería aceptar que la crisis venezolana no tiene solución política. Levantarlas sin condiciones sería renunciar a cualquier exigencia democrática.

Entre ambos extremos, España apuesta por una vía intermedia, consciente de sus límites pero también de sus responsabilidades. En un mundo donde la fuerza vuelve a imponerse como método, la defensa de procesos graduales, imperfectos y negociados puede parecer débil. Pero es precisamente esa debilidad aparente la que, en el largo plazo, puede ofrecer una salida menos violenta y más duradera para Venezuela.
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