¿Cómo debe afrontar España sus desafíos de competitividad?

En Europa ya nadie discute que la competitividad debe volver al centro de la agenda. La Comisión Europea ha impulsado el informe Letta sobre el futuro del mercado único y el informe Draghi sobre competitividad; promueve instrumentos como el STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas), y empieza a tratar la autonomía industrial como una prioridad estratégica, con una hoja de ruta marcada en la Brújula de la Competitividad. Varios gobiernos han relanzado sus políticas industriales, conscientes de que ya no basta con resistir el cambio: hay que saber protagonizarlo.

En el contexto actual existe un nivel dispar de competitividad: según el ranking del IMD (International Institute for Management Development), hay varios países europeos en el top diez mundial, pero España, por ejemplo, no aparece hasta el puesto 39. En nuestro país, la palabra "competitividad" sigue atrapada entre el tópico y la omisión. O se menciona de forma genérica o se utiliza como excusa para ajustes sociales. El resultado es que hemos sido lentos tanto en el diagnóstico como en la acción.



El informe Hacia un Pacto de Estado por la Competitividad, promovido por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la consultora beBartlet, parte de otra premisa: si queremos sostener el bienestar, atraer inversión, reforzar la autonomía estratégica y generar empleo de calidad, hay que tomarse en serio cómo compite, y cómo puede competir mejor, la economía española. El documento fue presentado el pasado 9 de junio en el Congreso de los Diputados tras un proceso de diálogo con más de cien expertos, empresarios y representantes institucionales. Más que una lista de quejas o reformas técnicas, propone una hoja de ruta que busca articular un consenso estratégico duradero. 

"La competitividad es una de las grandes prioridades a nivel europeo y también debe serlo en España"

Como subraya Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas, "esta propuesta surge en un contexto en el que la competitividad es una de las grandes prioridades a nivel europeo, y el reto es asumir que también debe serlo en España, desde nuestras especificidades". "Es un documento país, no solo un listado de demandas del sector privado. Mejorar nuestra competitividad exige el esfuerzo y la colaboración de los poderes públicos y también del sector privado", agrega en conversación con Agenda Pública.

El valor del documento no reside únicamente en su capacidad diagnóstica, sino en el propósito firme de construir una plataforma de acción común: una base desde la que transformar el debate público sobre el modelo productivo español. No se trata de un ejercicio tecnocrático abstracto, sino de un programa articulado con medidas concretas, buenas prácticas escalables y prioridades claras. Todo ello bajo una lógica de realismo institucional, voluntad de pacto y compromiso con el largo plazo.

Ahí radica precisamente uno de sus mayores desafíos. Tal y como destaca Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, "desde la perspectiva económica, es el mejor momento para un pacto de Estado. España cabalga una ola de crecimiento que hay que aprovechar. Es ahora o nunca". Sin embargo, advierte, "desde la perspectiva política, un pacto de estas características es inviable en el contexto nacional actual, pese al consenso sólido entre los partidos mayoritarios sobre el diagnóstico y los objetivos".

"Es el mejor momento. España cabalga una ola de crecimiento que hay que aprovechar. Es ahora o nunca"

Esta tensión entre oportunidad económica y fragmentación institucional recorre todo el debate. No se trata de lanzar un plan más, sino de construir una arquitectura reformista sostenida en el tiempo. Hidalgo insiste en que romper el bloqueo exige reformas ambiciosas y transversales: entre otros, un pacto entre administraciones, una política regulatoria más orientada a facilitar el crecimiento empresarial, y una revisión del mercado de capitales que permita escalar. Pero añade un elemento clave: todo ello debe hacerse "sin renunciar a los derechos". Una estrategia proempresa, sí, pero también compatible con el marco de garantías laborales y sociales.

En un mundo donde la política económica vuelve a tener dirección, propósito y geopolítica, competir no consiste únicamente en exportar más o en atraer fábricas. Significa asegurar capacidades propias en sectores clave, escalar lo que funciona, invertir en lo que da futuro y reformar lo que lastra. Incluso las empresas no internacionalizadas compiten en un entorno internacional, definido por estándares, precios, tecnologías y flujos que no controlan. Por eso, aunque el debate de la competitividad es europeo, las respuestas deben adaptarse a las especificidades de cada país.

En el caso de España, además de avanzar en productividad y tamaño empresarial, se trata de reconocer el peso decisivo de los activos intangibles. Según WIPO, la inversión global en intangibles ya supera con creces a la inversión en capital físico, y el estudio de BBVA Research sitúa a España en clara desventaja relativa: nuestras empresas destinan menos recursos a marca, software, propiedad intelectual o I+D organizativa que sus competidores europeos. Corregir esa brecha es condición necesaria para sostener ventajas en la economía del conocimiento. 

Como reconoce López Gil, "en las empresas hay una preocupación importante por los factores exógenos que afectan a su competitividad, en particular las cuestiones regulatorias. Pero la competitividad también depende de lo que hagan las propias empresas: digitalización, innovación, inversión en intangibles. Los poderes públicos pueden y deben ayudar, facilitar y acompañar, pero las compañías también tienen que implementar cambios internamente". En España, las respuestas pasan por cinco ejes concretos. 
 

1. Menos burocracia, mejor regulación

España ha avanzado en algunos aspectos regulatorios, pero sigue existiendo una superposición normativa que genera costes y distorsiones innecesarias. Como recuerda el informe, la complejidad no solo frena la actividad empresarial, sino que erosiona la confianza. Por ejemplo, muchas empresas denuncian la coexistencia de normativas europeas, nacionales y autonómicas que se contradicen o duplican.

Frente a ello, se plantea un enfoque integral que combine digitalización de trámites, ventanillas únicas, evaluaciones de impacto regulatorio ex ante, y sobre todo una lógica de regulación que integre la competitividad como criterio explícito, no subordinado. No se trata de desregular, sino de regular mejor, con previsibilidad, simplicidad y propósito.

2. Apostar por los intangibles

El valor añadido de las economías avanzadas no depende solo de las máquinas, sino también —y cada vez más— de los activos intangibles: marca, software, diseño, algoritmos, propiedad intelectual, cultura organizativa. Aquí, España está por detrás de sus pares europeos: invierte solo un 5,3 % del PIB en intangibles, frente al 9,3 % de los países líderes. Según BBVA Research, esta brecha no se limita a la cantidad invertida, sino también a la concentración: mientras otros países han logrado que pymes y medianas empresas integren intangibles en sus estrategias, en España sigue siendo un fenómeno demasiado ligado a grandes corporaciones. 

López Gil remarca que "en un mundo protagonizado por la economía del conocimiento, los intangibles (marca, diseño, innovación, know-how...) son esenciales. Estar rezagados en este campo genera vulnerabilidades. Además, existe una correlación clara entre inversión en intangibles y productividad, pero también con la complejidad económica y el crecimiento. Por eso, esta transición hacia una economía de más intangibles debe ser una prioridad de política económica, no solo comercial".

Tal y como señala el informe, revertir esta brecha no es solo una cuestión de gasto, sino de marco institucional: hace falta revisar el tratamiento contable de estos activos, crear instrumentos de financiación adaptados a su naturaleza y generar incentivos fiscales coherentes. Apostar por los intangibles no es una moda, es construir competitividad estructural en la economía del conocimiento.

3. Escalar para competir

El tamaño importa. España tiene un tejido empresarial extremadamente atomizado: el 94 % de las empresas tiene menos de diez empleados. Esta fragmentación limita su capacidad para innovar, invertir, internacionalizarse o resistir crisis.

"No se trata solo de añadir nuevos incentivos, sino también de revisar qué trabas regulatorias están impidiendo crecer a las empresas"

El informe plantea una batería de medidas para favorecer el crecimiento empresarial, no solo con financiación, que también, sino reformando umbrales normativos que penalizan el aumento de tamaño empresarial, fortaleciendo los mecanismos de apoyo a la internacionalización, y articulando consorcios sectoriales. El texto incide además en la importancia de invertir en reskilling y upskilling del capital humano, y propone avanzar en fórmulas como el aprendizaje dual o la colaboración universidad-empresa.

Como señala Manuel Hidalgo, "no se trata solo de añadir nuevos derechos o incentivos, sino también de revisar en detalle qué trabas regulatorias están impidiendo crecer a las empresas. Muchas veces se legisla sin tener en cuenta el impacto sobre el empleo o la inversión". De ahí la importancia de una regulación verdaderamente proempresa, que no elimine garantías pero sí facilite escalar, innovar y competir. Porque escalar no es solo crecer: es conectarse mejor a los ecosistemas de valor y a los mercados más dinámicos.

4. Digitalización avanzada y útil

Aunque España está relativamente bien posicionada en conectividad digital, sufre un claro déficit en adopción tecnológica por parte de las empresas. Solo un 11 % de las pymes utilizan herramientas como el big data, y la penetración de tecnologías avanzadas como IA, IoT o cloud computing sigue siendo baja.

El informe propone un enfoque más personalizado y estratégico: fomentar programas de digitalización a medida, desarrollar competencias digitales específicas (por ejemplo, en ciberseguridad o IA), y aprovechar la tracción de grandes empresas para arrastrar al tejido más pequeño. No se trata solo de "transformarse digitalmente", sino de usar la tecnología para ser más eficientes, rápidos, creativos y resilientes.

5. Una política industrial para el siglo XXI

Durante años, la mejor política industrial fue la que no existía. Hoy, la mejor es la que existe, y funciona. El informe lo plantea con claridad: en un contexto de transición energética, tensiones geopolíticas y disrupciones tecnológicas, la autonomía estratégica y la competitividad ya no son separables.

España necesita una política industrial moderna, que combine instrumentos horizontales (fiscales, formativos, regulatorios) con apuestas verticales selectivas (energía, salud, defensa, tecnologías digitales). Se propone fortalecer la coordinación institucional multiescalar, dotar de más recursos y estabilidad a los organismos responsables, y alinear esta estrategia con los instrumentos europeos, desde los PERTE hasta los fondos de innovación. No se trata de volver al proteccionismo, sino de diseñar un marco que haga viable producir, innovar y competir desde Europa.

Más que un ejercicio técnico o un compendio de propuestas, el informe apuesta por algo políticamente mucho más ambicioso: un pacto de Estado por la competitividad. No como eslogan vacío, sino como punto de partida para una agenda sostenida en el tiempo, compartida entre instituciones, partidos, empresas y sociedad civil. "Es importante que los estados identifiquen en qué elementos están peor posicionados y se implanten reformas estructurales a nivel nacional para atajar estos gaps de competitividad", en palabras de Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano que participó en la presentación del informe en el Congreso.

"Es importante que los estados identifiquen en qué elementos están peor posicionados y se implanten reformas estructurales"

En un país acostumbrado a vivir en modo reforma parcial o ajuste improvisado, lo que aquí se plantea es un marco de acción duradero, no ideológico, con capacidad de trascender legislaturas y mayorías coyunturales. Como recuerda Hidalgo, no se trata de acciones puntuales o medidas aisladas, sino de "una tarea inmensa que requiere trabajar simultáneamente en distintos ámbitos, con una filosofía procrecimiento que no renuncie a los derechos".

El gran reto ahora es político: ¿seremos capaces de elevar este consenso técnico a un compromiso institucional de país? ¿Existe la voluntad de construir una agenda compartida que combine ambición económica, estabilidad normativa y legitimidad democrática? Como concluye López Gil, "tanto el informe como su presentación representan un primer paso, un punto de inicio para abrir una conversación constructiva entre las empresas y los poderes públicos. La competitividad no se resuelve en un documento, se construye con un esfuerzo compartido y sostenido en el tiempo". Esa es la discusión que merece España. Lo demás —recortes o parches, quejas o resignación— ya es de sobra conocido.

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