Se acabó el 'greenwashing': las nuevas reglas de juego en la sostenibilidad empresarial

En un contexto de grandes cambios en nuestro sistema productivo y en nuestras compañías, se ha incrementado la conciencia corporativa de los directivos sobre el impacto social de su actividad empresarial. En consecuencia, las nuevas líneas estratégicas se dirigen hacia modelos empresariales comprometidos con la sostenibilidad y la transición ecológica, teniendo especial relevancia la transparencia con la que se gestionan estos aspectos.

Los nuevos criterios ESG (por sus siglas en inglés environmental, social and governance) van más allá de la ya conocida responsabilidad social corporativa —incorporada en esta última década en las sociedades— y son un factor fundamental en el compromiso que adquieren las empresas con la sociedad, abriéndose una nueva ventana de oportunidades de negocio. Así, estamos ante el inicio de la (gran) transformación sostenible de nuestras compañías, donde también entran en juego otros stakeholders como los reguladores, los mercados y la opinión pública. 

"Estamos ante el inicio de la (gran) transformación sostenible de nuestras compañías, donde también entran en juego otros stakeholders como los reguladores, los mercados y la opinión pública"

Según el Atlas de la sostenibilidad de Morningstar, España está es de los diez mejores países del mundo en materia ESG. Si bien queda mucho camino por recorrer, resultan destacables los avances normativos que se están produciendo en materia de sostenibilidad y transición ecológica. Aunque aún están en proceso de elaboración legislativa, ejemplos de ello son el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible —que regula, entre otras cuestiones, el greenwashing sobre el que ya hablé en este medio—, así como las nuevas normas aprobadas el pasado mes de octubre por el Consejo de Ministros: el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad y el anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, que trasponen diferentes directivas del Parlamento Europeo.

Estos dos últimos proyectos normativos tienen por objetivo mejorar el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de información corporativa para las empresas. 

Informes sobre sostenibilidad y menos cargas administrativas

El Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad es el proyecto normativo más avanzado. El Consejo de Ministros lo remitió al Congreso de los Diputados y actualmente está en plazo de enmiendas para su posterior debate en Comisión de Justicia. Con una aplicación prevista a partir del 1 de enero de 2025, esta norma sustituye a la anterior Directiva de Información No Financiera (NFRD), traspuesta en España en la ley 11/2018, ampliando el alcance y los requisitos de reporte de sostenibilidad. 

"Las compañías y organizaciones empresariales tienen que responder a las exigencias en sostenibilidad, que van más allá de la gestión empresarial o del sesgo medioambiental, ya que responden al grado de compromiso"

La nueva ley obligará a que las compañías elaboren un informe de sostenibilidad que incluya información relativa al impacto que generan sobre cuestiones corporativas, así como información necesaria para comprender cómo afectan factores medioambientales, sociales o los relativos a derechos humanos y gobernanza en la evolución de los resultados. Se trata de un nuevo impulso legislativo con normas más exigentes. Porque las empresas españolas no se pueden quedar atrás. La sociedad las demanda. Las compañías y organizaciones empresariales tienen que responder a las exigencias en sostenibilidad, que van más allá de la gestión empresarial o del sesgo medioambiental, ya que responden al grado de compromiso (y responsabilidad) que tienen para y con la mejora de nuestra sociedad.

Con esta actualización, los informes permitirán comparar la información de las empresas a nivel europeo. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se encargará de la supervisión de la información sobre sostenibilidad, en términos análogos a la auditoría de cuentas. La normativa será aplicable a todas las grandes empresas y a las pymes cotizadas cuando su activo supere los veinticinco millones de euros y el importe neto de la cifra de negocios supere los cincuenta millones de euros. 

Desde algunos países de la UE como Francia han advertido de un posible riesgo regulatorio en la implementación de la norma, ya que podría suponer "una carga excesiva para las empresas". En una entrevista concedida a Le Journal du Dimanche, el primer ministro francés, Michel Barnier, manifestó su deseo de poder reducir el ámbito de aplicación de la normativa de información empresarial sobre sostenibilidad. Tras la publicación del informe Draghi sobre el futuro de la competitividad en la UE, el jefe del Ejecutivo francés trasladó la necesidad de que se promueva una "simplificación administrativa" para que las compañías sean más competitivas. Por eso es necesario más espacios de escucha activa. Porque sin la escucha del sector público, difícilmente se mejorará el sector privado. Y sin escucha del sector privado, difícilmente se acertará en la dirección de las políticas públicas. 

En cuanto al anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas, a efectos de información corporativa, está pendiente su aprobación definitiva como proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. Tendrá por objetivo la trasposición de una directiva europea cuya finalidad es conseguir una incidencia económica positiva a través de la reducción de las cargas administrativas de las empresas.

Más obligaciones desde Europa

En paralelo, después de un trámite legislativo (muy) complejo de más de dos años, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que se publicó en el DOUE el pasado 5 de julio. Los sujetos obligados de la misma serán las empresas con más de 1.000 empleados y cuyo volumen de negocios supere los 450 millones de euros, si bien su aplicación será paulatina, en función de sus características y actividades.

"La transformación sostenible que persigue el regulador solo será posible y efectiva con la colaboración de los sectores público y privado"

Esta directiva, pendiente de trasposición en España, impondrá a las empresas obligaciones relativas al respeto de los derechos humanos y al medioambiente a lo largo de su proceso productivo. Si se detecta un incumplimiento, las compañías tendrán que adoptar las medidas para prevenir, mitigar y eliminar los efectos adversos derivados de sus propias actividades, las de sus filiales y las de sus socios comerciales. Y, en caso de que una compañía fuera considerada responsable de los daños causados, tendrá que indemnizar íntegramente a las víctimas.

Además de la obligación que tiene el Gobierno de España de trasponer la anterior directiva en el plazo de dos años, la Comisión Europea deberá cumplir los mandatos relativos a la publicación de directrices generales y para sectores específicos, así como sobre la clarificación de la información que tendrán que publicar las empresas en su declaración anual. Es otra norma que refuerza la apuesta de todas las instituciones públicas por el impulso de una Europa más sostenible y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

Con todo ello, se evidencia que estamos ante un importante proceso regulatorio, europeo y nacional, que impacta directamente en muchas empresas españolas. No obstante, la transformación sostenible que persigue el regulador solo será posible y efectiva con la colaboración de los sectores público y privado. Porque las grandes transformaciones nunca se logran unilateralmente.