Gaza, una paz sin justicia

Tras dos años de infierno, el reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza ha sido recibido, por razones evidentes, con una mezcla de alivio y escepticismo. Alivio, porque toda interrupción de la violencia ofrece un respiro mínimo para miles de vidas que sobreviven entre la devastación de un genocidio. Y escepticismo, porque la experiencia acumulada en procesos de paz y resolución de conflictos muestra que los altos el fuego sostenidos únicamente por la fatiga de la violencia y el peso de la coyuntura —y no por un compromiso con la paz y la justicia— son acuerdos frágiles, injustos, inestables y preludio de nuevas violencias.

"En el caso palestino ningún acuerdo será duradero mientras se ignore la raíz estructural del conflicto: la negación de derechos y la ocupación sostenida"

Una paz sólida requiere más que el silencio de las armas. Exige un proceso de reconocimiento del daño causado, mecanismos de reparación y, sobre todo, un horizonte político que devuelva soberanía y territorio a quienes han sido desposeídos. No hay atisbo de esto en el acuerdo de Trump. Y conviene recordar, además, que en el caso palestino ningún acuerdo será duradero mientras se ignore la raíz estructural del conflicto: la negación de derechos y la ocupación sostenida que desde hace décadas impide a un pueblo ejercer su legítimo gobierno.

Resulta tristemente evidente que la arquitectura de este alto el fuego en Gaza responde más a un movimiento geopolítico que a una lógica de justicia. La Administración Trump lleva años —desde su primer mandato— tratando de redefinir el tablero de Asia Occidental (Oriente Medio) bajo el prisma de los negocios y la primacía de sus alianzas estratégicas. 

En el primer mandato Trump los llamados Acuerdos de Abraham se presentaron como un avance hacia la paz regional, pero en realidad se construyeron sobre una premisa profundamente controvertida y ya ajena al derecho internacional: integrar y legitimar a Israel en un marco de normalización regional sin abordar —o más bien para dejar definitivamente de lado— la cuestión palestina. Es obvio que Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Catar no se convirtieron en aliados prioritarios por su compromiso con la estabilidad en la región y la democracia, sino por su papel de socios económicos y energéticos de referencia para EE. UU. además, claro, de por su rol de contrapoder regional a Irán. 

Pero, ¿qué ha llevado entonces a Trump a forzar un acuerdo coyuntural que no satisface a nadie y a presentar un plan de paz al margen del derecho internacional? Parece evidente que salvaguardar sus alianzas —e intereses comerciales estratégicos— en el golfo ha sido el elemento central que ha motivado el movimiento de la Casa Blanca. Los excesos de Netanyahu para con los aliados de Trump, especialmente el bombardeo a Catar, han pesado incluso más que la posición de 157 países en Naciones Unidas reconociendo el Estado palestino. El resultado ha sido un acuerdo que da un respiro, pero que no abre ningún futuro de esperanza: coyuntural y no duradero, performativo más que efectivo y basado en la coerción del poder y no en la fuerza y la legitimidad de la justicia.

"Sin respeto a las mínimas normas e instituciones de derecho internacional o sin rendición de cuentas, cualquier plan de paz nace muerto"

Voces palestinas e israelíes lo están señalando ya. El jurista palestino Raji Sourani lo ha expresado con precisión esta semana: "Si un plan de paz no menciona el final del genocidio o el derecho internacional y los derechos humanos, ¿cómo podemos esperar que funcione?". Su denuncia erige un argumento claro: sin respeto a las mínimas normas e instituciones de derecho internacional, sin rendición de cuentas ni reparación, cualquier plan de paz nace muerto perdiendo toda legitimidad. 

Por su parte, el exministro israelí Shlomo Ben Ami advertía esta semana: "la victoria total en Gaza es una ilusión". Su afirmación no es un análisis de la geometría del poder militar israelí, sino el reconocimiento del límite político, físico y moral de la doctrina de seguridad del sionismo ultraconservador para el que la victoria de Israel sobre el adversario pasa por su aniquilación total. Ben Ami, que participó en los procesos de Oslo y Camp David, subraya que ningún acuerdo puede sostenerse si ignora la existencia y los derechos del otro. El político es una voz sionista que admite sin tapujos algo evidente: sin justicia ningún acuerdo llevará a la paz.

El odio sembrado bajo los escombros de Gaza y los casi ochenta años de ocupación es inmenso. Y la historia enseña que las paces impuestas nunca perduran en el tiempo. Y viendo esta paz impuesta, cabe preguntarse ¿no es acaso el peor precedente para un orden internacional basado en reglas, un plan de paz impuesto por la fuerza y fuera del marco del derecho internacional?

Mirar al pasado para no repetir los mismos errores

Todos los procesos y planes de paz que han logrado consolidarse, desde el tratado de paz entre Egipto e Israel (Camp David, 1978), al acuerdo entre Eritrea y Etiopía (2018), el proceso de reconciliación impulsado por la ONU entre Indonesia y Timor Oriental, la paz en Mozambique (1992) o los procesos de paz y fin del apartheid en Sudáfrica, en Irlanda del Norte con los Acuerdos del Viernes Santo o, en buena medida, en Colombia con las FARC compartieron algunos elementos técnicos esenciales. Estos son: una arquitectura jurídica sustentada en el derecho internacional, mecanismos legitimados de cumplimiento y, obviamente, la incorporación progresiva de medidas de reparación social y económica. 

La diferencia con el llamado Plan de Paz promovido por la administración Trump en Gaza es estructural y elocuente: mientras aquellos acuerdos buscaron cimentar la paz en la justicia y el reconocimiento del daño causado, el actual se asienta sobre la gestión del poder y la conveniencia geopolítica, sin un horizonte de reparación, derechos garantizados, soberanía y solución duradera para la población palestina.

"Gaza y Palestina necesitan una paz que no se limite a la administración de la ayuda humanitaria o al cálculo de cuotas territoriales"

Y es que Gaza y Palestina necesitan precisamente una paz con justicia. Una paz que no se limite a la administración de la ayuda humanitaria o al cálculo de cuotas territoriales, sino que abra el espacio político y diplomático para la reconstrucción moral y material de la vida en Palestina. Sin ese componente de justicia —sin derechos, sin reparación, sin reconocimiento, sin fin del apartheid, sin soberanía sobre el territorio propio— cualquier alto el fuego será solo una tregua que da paso a otro capítulo de violencia e ignominia interminable.

Como miembro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) —institución multilateral que agrupa a 57 Estados y que, nacida en la Guerra Fría, ha actuado como uno de los principales marcos de prevención de conflictos, verificación y mediación en Europa, Asia y América— he visto con mis propios ojos cómo acuerdos laboriosamente negociados se malograban por la ausencia de garantías y de voluntad política. En el Alto Karabaj, los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán articulados en el Grupo de Minsk se truncaron por la falta de mecanismos efectivos de cumplimiento, vaciándose así de sentido los compromisos asumidos por las partes. Cabe recordar que también en el Cáucaso Trump ha impuesto recientemente, ante la presión de Turquía y la preponderancia de Azerbaiyán, un acuerdo de paz asimétrico que solo retarda el estallido de un nuevo conflicto. 

"He podido ver cómo la paz se malogra cuando se privilegia al actor del conflicto con más fuerza militar"

De igual manera, como miembro de distintas misiones de observación de derechos humanos, he podido ver cómo la paz se malogra cuando se privilegia al actor con más fuerza militar del conflicto o se opera bajo el criterio cortoplacista del oportunismo político: desde los Acuerdos de San Andrés en Chiapas —vulnerados por el Gobierno mexicano en los años noventa— hasta la sistemática vulneración de la legalidad internacional en los Altos del Golán en el Líbano ocupado por Israel. Cualquier plan de paz sin justicia, acaba por ser solo un espejismo.

La comunidad internacional, más allá de los intereses de las potencias que hoy influyen en la región, debe decidir si quiere una paz duradera en Gaza y Palestina o seguir enterrando el derecho internacional —sembrando las condiciones para un conflicto aún mayor— mientras se pliega ante la ley del más fuerte. La diferencia, como siempre, está en el quién y el cómo. Quién trata de imponer un plan de paz: si es la comunidad internacional o un poderoso actor bajo el criterio de sus intereses. Y cómo se enuncia la palabra paz: si es con la urgencia de una cuenta de resultados geoeconómica y electoral, o si es con la voluntad histórica de generar un futuro de estabilidad y paz con justicia y dignidad.