Emmanuel Macron ha hecho esta semana algo que merece ser observado desde Madrid. Ha reunido en el Elíseo a los principales líderes políticos franceses y a potenciales candidatos a sucederle en 2027 para explicarles
el deterioro de la situación internacional. Rusia, Ucrania, Oriente Medio, energía, interferencias extranjeras, ciberataques y protección de infraestructuras críticas formaron parte de una conversación que tuvo una particularidad fundamental: junto al presidente y al primer ministro, Sébastien Lecornu,
participaron altos responsables militares y de inteligencia.
No fue una reunión para buscar un acuerdo político.
Fue una sesión informativa de seguridad nacional. Macron explicó su propósito como un ejercicio de transparencia: proporcionar a quienes pueden tener la responsabilidad de gobernar Francia después de las presidenciales de 2027 acceso a una parte de la información de la que dispone el presidente para adoptar decisiones. La idea parece sencilla, pero tiene
una enorme trascendencia democrática.
Quien aspira a gobernar debe saber. Después podrá discrepar.
Macron trasladó a los dirigentes políticos que la
amenaza híbrida rusa contra Francia y Europa se ha intensificado en las últimas semanas y anunció que ha encargado al Gobierno un plan específico para proteger las infraestructuras críticas francesas, incluyendo medidas contra la interferencia extranjera y los ciberataques. También advirtió de que las acciones rusas contra países europeos no quedarían sin respuesta, aunque recordó una de las reglas esenciales de la disuasión: precisamente para que funcione,
un Estado no debe anunciar públicamente cómo responderá.
"Macron trasladó a los dirigentes políticos que la amenaza híbrida rusa contra Francia y Europa se ha intensificado en las últimas semanas"
Pero quizá lo más interesante ocurrió cuando terminó la reunión. Raphaël Glucksmann salió convencido de que la situación puede prolongarse y de que Francia debe prepararse. Édouard Philippe habló del
incremento del nivel de amenazas y riesgos que afronta el país.
Marine Tondelier elogió explícitamente el ejercicio de transparencia y expresó su preocupación por la seguridad del conjunto del continente europeo. Olivier Faure concluyó que no existe un escenario inmediato de desescalada, aunque reclamó que Francia se prepare sin gobernarse desde el miedo.
Después comenzaron las diferencias. Fabien Roussel reclamó una salida política y diplomática rápida a la guerra de Ucrania. Jordan Bardella, Éric Ciotti y Bruno Retailleau centraron parte de sus intervenciones en
el impacto del precio de la energía y los combustibles. Manuel Bompard insistió en la emergencia social y pidió un mensaje inmediato de paz. Otros dirigentes pusieron el acento en Rusia, Ucrania o las consecuencias económicas de una crisis internacional que puede prolongarse. Es decir:
salieron del Elíseo sin pensar lo mismo, pero sabiendo más sobre la misma realidad. Ese es
el verdadero interés del método Macron. Y es precisamente lo que España debería estudiar.
En vez de desclasificar informes de la inteligencia española, Pedro Sánchez debería convocar una reunión semejante con los principales partidos españoles para abordar
el nuevo escenario de seguridad. No para pedirles que compartan la política del Gobierno. No para fabricar una fotografía artificial de unidad nacional. Y tampoco para sustraer la política exterior y de defensa del debate democrático. Para conseguir que quienes pueden gobernar España durante los próximos años
compartan un conocimiento suficiente de las amenazas a las que se enfrenta el país.
Desde este verano existe
una razón adicional para hacerlo y se llama Ceuta. Quizá si Feijóo hubiera dispuesto de mayor información sobre lo que supone Marruecos en términos de inteligencia para España y para Europa, no hubiera señalado a Marruecos. Y con esto no quiero decir que el país vecino no estuviera implicado por activa o por pasiva, pero hablamos de lo que debería estar informado el próximo presidente del gobierno y sobre cómo esto podría condicionar sus declaraciones.
La conversación que quedó pendiente
España estuvo cerca de iniciar esa conversación hace ocho meses. El 14 de enero, en
Agenda Pública publicamos
"Los seis temas de seguridad y defensa que deben tratar Sánchez y Feijóo". Cinco días después,
el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tenían previsto reunirse en La Moncloa para hablar, entre otras cuestiones, de Ucrania, defensa europea y del nuevo escenario internacional.
El encuentro no se produjo. La razón era indiscutible.
El accidente ferroviario de Adamuz obligó a alterar la agenda política. Feijóo propuso suspender la reunión y Sánchez aceptó. La Moncloa anunció que buscaría posteriormente una nueva fecha. Nunca llegó. Adamuz, en efecto,
no sirve para explicar por qué siguen sin haber mantenido aquella conversación ocho meses después.
Sobre todo porque
el mundo no ha esperado a que la política española encontrara un hueco en la agenda. Cuando se planteó aquella reunión, el centro de gravedad de la seguridad europea estaba fundamentalmente en el Este. Ucrania, Rusia, la transformación de la relación transatlántica, la defensa europea, las capacidades militares y el incremento del gasto obligaban a España a plantearse decisiones que trascendían una legislatura. Todos esos asuntos continúan sobre la mesa, pero ahora
se ha añadido el Sur.
Ceuta cambia el mapa
Lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio obliga a
reconsiderar la manera en que España piensa su seguridad. El propio presidente del Gobierno describió la crisis como una violación y un ataque contra la integridad territorial española. Posteriormente, el Consejo de Ministros declaró por primera vez en democracia una situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Europa también ha modificado
el marco desde el que interpreta lo sucedido.
"Ucrania, Rusia, la transformación de la relación transatlántica, la defensa europea, las capacidades militares y el incremento del gasto obligaban a España a plantearse decisiones que trascendían una legislatura"
El
Parlamento Europeo ha considerado
la instrumentalización de la migración irregular como una herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro y ha reclamado reforzar la protección de las fronteras exteriores terrestres y marítimas de la Unión en Ceuta.
Ursula von der Leyen fue todavía más explícita en el Parlamento Europeo:
"Ceuta's border is a European border". Esta afirmación debería tener
consecuencias estratégicas que van mucho más allá de una declaración de solidaridad. Durante años, los países del Este han pedido a España que entienda que la frontera polaca, los países bálticos o el corredor de Suwałki también forman parte de nuestra seguridad. España, Italia o Grecia han reclamado a su vez que Varsovia, Helsinki o Tallín comprendan que
el Mediterráneo constituye igualmente una frontera estratégica europea.
Quizá el cambio fundamental que necesita la seguridad europea sea
dejar de enfrentar ambas geografías.
Narva y Ceuta pertenecen al mismo mapa. Y si España quiere convencer a sus socios de ello, debería empezar por construir en casa
una conversación política capaz de sostener esa posición durante más de una legislatura.
Primero información, después política
Aquí aparece la principal enseñanza de la reunión francesa. Macron no consiguió que Glucksmann y Bardella salieran pensando igual. Tampoco que Tondelier, Philippe, Faure, Roussel o Bompard compartieran una misma política hacia Rusia.
Ni lo intentó. Consiguió algo anterior.
Les permitió escuchar información y evaluaciones procedentes del Estado francés antes de formular sus propias respuestas.
España debería explorar
un mecanismo parecido adaptado a nuestras instituciones. El presidente podría reunir a los principales partidos con representación parlamentaria y permitir que los ministerios de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Departamento de Seguridad Nacional y el CNI
expusieran su evaluación del escenario estratégico.
"El presidente podría reunir a los principales partidos y permitir que varios ministros, el Departamento de Seguridad Nacional y el CNI expusieran su evaluación"
Una sesión informativa de seguridad nacional
no convierte a la oposición en corresponsable de las decisiones del Ejecutivo. No elimina su obligación de fiscalizar al Gobierno. Tampoco impide investigar qué ocurrió en Ceuta, qué información existía previamente, qué funcionó, qué falló o qué responsabilidades políticas pueden derivarse.
Significa aceptar que
las amenazas sobreviven a los gobiernos.
Una agenda que ya no puede esperar
La conversación debería
comenzar por Ceuta, pero no terminar allí. Rusia y Ucrania. El Sahel. Marruecos y Argelia. El Estrecho. Canarias. La evolución de la OTAN. La relación con Estados Unidos. Defensa aérea y drones. Cables submarinos e infraestructuras críticas. Ciberseguridad. Desinformación. Dependencia tecnológica. Seguridad energética. Industria de defensa.
Y ahora también algo que la reunión francesa ha colocado en primer plano:
la relación entre seguridad exterior y seguridad económica. Y lo sabe bien la ciudadanía que sufre el incremento de la inflación en España.
"La seguridad nacional del siglo XXI se discute también hablando de energía, tecnología, puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones, materias primas y capacidad industrial"
Macron habló a los partidos franceses de
los efectos de las guerras sobre los precios de la energía, del cierre del estrecho de Ormuz, de reservas estratégicas, de protección de las cadenas de suministro y de la necesidad de reducir la dependencia de los hidrocarburos mediante la electrificación.
La seguridad nacional del siglo XXI ya no se discute únicamente entre militares y diplomáticos. Se discute también hablando de
energía, tecnología, puertos, redes eléctricas, telecomunicaciones, materias primas y capacidad industrial. Una crisis migratoria puede convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Un dron puede tener implicaciones militares, industriales y políticas. Una infraestructura energética puede convertirse en objetivo de una operación híbrida.
Una campaña de desinformación puede acompañar una presión fronteriza. Ceuta representa perfectamente
esa nueva realidad.
Un pacto sobre cómo discrepamos
España no necesita un pacto mediante el cual PP y PSOE prometan
dejar de discutir sobre seguridad, defensa o política exterior. Necesitamos algo más modesto y quizá más importante. Necesitamos un
pacto sobre cómo discrepamos.
En enero lo definíamos en
Agenda Pública como un "pacto mínimo sobre cómo se decide". España tendrá que adoptar durante los próximos años
decisiones estratégicas cuyos efectos sobrevivirán a los gobiernos que las adopten. Para que sean sostenibles, necesitan legitimidad democrática y cierta continuidad institucional. Ocho meses después,
esa necesidad es mayor.
Macron acaba de demostrar que un presidente puede sentar en la misma sala a dirigentes que discrepan radicalmente entre sí,
compartir con ellos información sensible sobre las amenazas que afronta el país y permitir que después cada uno formule sus propias respuestas.
Eso no debilita la democracia.
En realidad, la hace más adulta. ¡Reúnanse!