Martes, 28 de julio de 2026
LEGISLACIÓN DIGITAL
¿Dará marcha atrás la UE para evitar represalias de la Administración Trump?
La Administración Trump continúa amenazando con represalias comerciales a la Unión Europea. Carlos López Blanco, abogado y experto en regulación digital, señala que este conflicto "lleva arrastrándose muchos años", pero reconoce que con este episodio "se recrudece". El consultor en regulación apunta que el problema no es "que Europa regule" y considera que "no debería echarse atrás, inaplicando o derogando" su legislación, aunque reconoce que cierta manera de legislar puede ser "farragosa, compleja, intrusiva y difícil de entender".
Ursula von der Leyen durante su encuentro con Donald Trump en Escocia.Daniel Torok / Casa Blanca
En las últimas semanas, han ocupado numerosos titulares de prensa las amenazas de la actual Administración americana de adoptar algún tipo de represalia comercial con Europa en forma de nuevos aranceles. La razón es la existencia de dos normas europeas que se consideran contrarias a los intereses de las empresas americanas del mundo de la tecnología, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).
No es este un conflicto nuevo, sino que lleva arrastrándose muchos años, desde antes de que estas normas existieran.
Los más viejos del lugar recordamos a un famoso periodista radiofónico deportivo que acusaba a un club de fútbol, de camiseta blanca por más señas, de ganar en los despachos, lo que no era capaz de ganar en el terreno de juego. No es muy distinta la acusación que ya hace años vienen formulando las administraciones americanas de todos los colores a la regulación europea en materia digital, empezando por la regulación de la protección de datos —el RGPD— y continuando por la llamada tasa Google.
Estos días hemos vuelto a oír el topicazo de que en el mundo de hoy EE. UU. innova, China copia y Europa regula y la sempiterna acusación de que Europa al no saber innovar regula para compensar. Lo que no pasa de ser una verdad a medias.
El problema no es, ni puede ser, que Europa regule: Europa es un conjunto de instituciones en construcción y desarrollo y el único modo de avanzar en este proceso es la creación de reglas comunes que vaya generando un entorno normativo único. No hay otra manera de construir Europa.
Cosa distinta es preguntarse si la regulación europea es farragosa, compleja, intrusiva, difícil de entender y a veces también difícil de aplicar. Esa es, a mi juicio, la verdadera discusión que ha de tenerse, sobre todo cuando el equilibrio normativo europeo ha pasado de las directivas, necesitadas de implementación y adaptación por los Estados miembros, a los reglamentos de aplicación directa sin intermediación alguna. Este instrumento es el que ha usado la UE en materia digital, poniendo de manifiesto que lo considera un asunto estratégico de tal importancia que no quiere dejar margen de maniobra a los Estados y haciendo el centro de su estrategia ser rule setter en el mundo digital.
Hasta aquí, en mi opinión, pocos reproches que hacer a esta regulación. Cosa distinta es criticar la extraordinaria complejidad de estas normas que harán difícil su ejecución y la introducción de mecanismos burocráticos y controles innecesarios que serán un lastre en la actividad de estas empresas. No solo las americanas, sino que con el desarrollo de la digitalización veremos, más pronto que tarde, empresas europeas incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta normativa a medida que digitalicen cada vez más sus actividades. Pensemos, por ejemplo, en una Inditex muy exitosa en el comercio electrónico, cada vez menos analógica y más digital.
Es aquí donde el juicio crítico debe centrarse y sería bueno que, como han recomendado los informes Draghi y Letta, se haga una profunda revisión simplificadora de la regulación europea, no solo en el ámbito digital. Ahora la pregunta es: ¿Qué va a pasar? ¿La UE dará marcha atrás para evitar represalias de la Administración Trump? En mi opinión, ni debe ni puede.
Tampoco, en mi opinión, debería la Unión dar marcha atrás, inaplicando o derogando estas normas: supondría no solo dar una muestra de debilidad política, precisamente en el ámbito en que el intercambio comercial es más favorable a los EE. UU. y, por tanto, su posición más débil. Sino que, además, supondría herir de muerte toda la estrategia industrial europea basada en el desarrollo de las transiciones verde y digital, sobre la que ha venido centrando la Comisión toda su política en los últimos años.
Si se quiere tener algún gesto con la Administración americana, suprimir o no aplicar la inútil tasa Google debería ser suficiente. Pero un giro estratégico en materia de normativa digital transmitiría, no solo a los EE. UU. sino a otros países que están introduciendo regulaciones similares, una falta de coherencia y debilidad que la Unión no se puede ni debe permitir en este momento.
Si alguien quería la prueba de cuál es la voluntad política de la Comisión Europea en esta materia, las dudas se habrán despejado al conocer el día 5 de septiembre la multa impuesta por la Comisión a Google por sus prácticas de abuso en el mercado publicitario. La multa es por un importe de casi 3.000 millones de euros, que con las anteriores viene a incrementar la cantidad a más de 12.000 millones de euros. Una cifra nada desdeñable incluso para este gigante tecnológico, aunque no es menos cierto que la Comisión siempre ha evitado acudir a los remedios estructurales como la venta o separación de negocios que tendría unas consecuencias más serias para la empresa que un conjunto de multas por altas que sean. Sin embargo, en este caso la Dirección General de Competencia ha amagado con la imposición de medidas estructurales que no descarta abordar en el futuro. Un aviso a navegantes.
Esta multa, impuesta tras un titubeo inicial debido a las negociaciones arancelarias, reafirma la voluntad europea de mantenerse firme y ha provocado sin sorpresa alguna la airada reacción tuitera del presidente americano, prometiendo unas represalias que hasta el momento no se han materializado.
Sin embargo, Alphabet no debería cantar victoria porque todavía penden sobre su cabeza serias investigaciones de algunas autoridades de competencia estatales, especialmente en el ámbito de la publicidad, que podrían acarrear multas o, lo que es peor, la adopción de medidas estructurales con impacto muy importante en el medio y largo plazo.
En resumen, las diferencias trasatlánticas en materia de política digital han pasado a ocupar la primera línea de las diferencias entre la Administración Trump y la UE y están aquí para quedarse, nada indica que vayan a dejar de estar en el centro del conflicto por mucho tiempo.
No es este un conflicto nuevo, sino que lleva arrastrándose muchos años, desde antes de que estas normas existieran.
Los más viejos del lugar recordamos a un famoso periodista radiofónico deportivo que acusaba a un club de fútbol, de camiseta blanca por más señas, de ganar en los despachos, lo que no era capaz de ganar en el terreno de juego. No es muy distinta la acusación que ya hace años vienen formulando las administraciones americanas de todos los colores a la regulación europea en materia digital, empezando por la regulación de la protección de datos —el RGPD— y continuando por la llamada tasa Google.
"La división actual se explica por la necesidad europea de preservar la competencia y la llegada de una Administración americana proclive al conflicto"El actual conflicto no es más que un nuevo episodio que lo recrudece por dos factores nuevos. Por un lado, una regulación europea específicamente dirigida a la actividad de las plataformas digitales de gran tamaño y a preservar la competencia en el sector de los servicios digitales. Por otro lado, una nueva Administración americana adicta al conflicto que además se mueve, al contrario del primer mandato de Trump, en un entorno de gran sintonía con los gigantes de Silicon Valley, históricamente alineados con el Partido Demócrata.
Estos días hemos vuelto a oír el topicazo de que en el mundo de hoy EE. UU. innova, China copia y Europa regula y la sempiterna acusación de que Europa al no saber innovar regula para compensar. Lo que no pasa de ser una verdad a medias.
El problema no es, ni puede ser, que Europa regule: Europa es un conjunto de instituciones en construcción y desarrollo y el único modo de avanzar en este proceso es la creación de reglas comunes que vaya generando un entorno normativo único. No hay otra manera de construir Europa.
Cosa distinta es preguntarse si la regulación europea es farragosa, compleja, intrusiva, difícil de entender y a veces también difícil de aplicar. Esa es, a mi juicio, la verdadera discusión que ha de tenerse, sobre todo cuando el equilibrio normativo europeo ha pasado de las directivas, necesitadas de implementación y adaptación por los Estados miembros, a los reglamentos de aplicación directa sin intermediación alguna. Este instrumento es el que ha usado la UE en materia digital, poniendo de manifiesto que lo considera un asunto estratégico de tal importancia que no quiere dejar margen de maniobra a los Estados y haciendo el centro de su estrategia ser rule setter en el mundo digital.
¿Qué son y qué pretenden estas normas europeas?
Estas normas, la DSA y la DMA, junto con el Reglamento de Inteligencia Artificial, introducen un ambicioso marco normativo general sobre el desarrollo de la economía digital y la digitalización en Europa, regulando dos aspectos esenciales. Primero, el papel de las grandes plataformas digitales, imponiéndoles una serie de obligaciones destinadas a dar transparencia y control a sus actividades en favor de los derechos de los usuarios, garantizando al tiempo la licitud de los contenidos en la red. En segundo lugar, se quiere establecer una serie de normas ex ante, claramente inspiradas en la regulación de las telecomunicaciones, para garantizar las condiciones de competencia en el mercado digital europeo."El actual estado del mercado puede empujar a un oligopolio que afecte a la competencia y los derechos de los ciudadanos"Se trata, prima facie, de establecer reglas que protejan a los usuarios y la libre competencia en un mercado nuevo como es el de la economía digital. Este mercado, por su propia dinámica, ha creado en un tiempo récord un grupo de grandes empresas que ostentan una posición de dominio en el mercado que pueden afectar no solo a la competencia sino también a derechos de los ciudadanos. Nada nuevo desde que a finales del siglo XIX se aprobó la Sherman Act, primera regulación antimonopolio.
Hasta aquí, en mi opinión, pocos reproches que hacer a esta regulación. Cosa distinta es criticar la extraordinaria complejidad de estas normas que harán difícil su ejecución y la introducción de mecanismos burocráticos y controles innecesarios que serán un lastre en la actividad de estas empresas. No solo las americanas, sino que con el desarrollo de la digitalización veremos, más pronto que tarde, empresas europeas incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta normativa a medida que digitalicen cada vez más sus actividades. Pensemos, por ejemplo, en una Inditex muy exitosa en el comercio electrónico, cada vez menos analógica y más digital.
Es aquí donde el juicio crítico debe centrarse y sería bueno que, como han recomendado los informes Draghi y Letta, se haga una profunda revisión simplificadora de la regulación europea, no solo en el ámbito digital. Ahora la pregunta es: ¿Qué va a pasar? ¿La UE dará marcha atrás para evitar represalias de la Administración Trump? En mi opinión, ni debe ni puede.
"La regulación ha debido hacerse con normas más simples y menos intrusivas, intentando no truncar la innovación empresarial digital"La Unión Europea tiene el derecho soberano y también la responsabilidad de establecer un marco normativo propio en materia digital, con normas que garanticen los derechos de sus ciudadanos y las condiciones de competencia en el mercado digital. Los citados informes Letta y Draghi, a la vez que abogan por una simplificación de la complejidad normativa europea, defienden la necesidad de una regulación europea en la economía digital y más específicamente la DSA, la DMA y el Reglamento de IA. Ahora bien, esto, como se ha dicho, debería haberse hecho con normas más simples y menos intrusivas, procurando poner los menores obstáculos posibles a la innovación de las empresas digitales, que no son todas americanas.
Tampoco, en mi opinión, debería la Unión dar marcha atrás, inaplicando o derogando estas normas: supondría no solo dar una muestra de debilidad política, precisamente en el ámbito en que el intercambio comercial es más favorable a los EE. UU. y, por tanto, su posición más débil. Sino que, además, supondría herir de muerte toda la estrategia industrial europea basada en el desarrollo de las transiciones verde y digital, sobre la que ha venido centrando la Comisión toda su política en los últimos años.
Si se quiere tener algún gesto con la Administración americana, suprimir o no aplicar la inútil tasa Google debería ser suficiente. Pero un giro estratégico en materia de normativa digital transmitiría, no solo a los EE. UU. sino a otros países que están introduciendo regulaciones similares, una falta de coherencia y debilidad que la Unión no se puede ni debe permitir en este momento.
Si alguien quería la prueba de cuál es la voluntad política de la Comisión Europea en esta materia, las dudas se habrán despejado al conocer el día 5 de septiembre la multa impuesta por la Comisión a Google por sus prácticas de abuso en el mercado publicitario. La multa es por un importe de casi 3.000 millones de euros, que con las anteriores viene a incrementar la cantidad a más de 12.000 millones de euros. Una cifra nada desdeñable incluso para este gigante tecnológico, aunque no es menos cierto que la Comisión siempre ha evitado acudir a los remedios estructurales como la venta o separación de negocios que tendría unas consecuencias más serias para la empresa que un conjunto de multas por altas que sean. Sin embargo, en este caso la Dirección General de Competencia ha amagado con la imposición de medidas estructurales que no descarta abordar en el futuro. Un aviso a navegantes.
Esta multa, impuesta tras un titubeo inicial debido a las negociaciones arancelarias, reafirma la voluntad europea de mantenerse firme y ha provocado sin sorpresa alguna la airada reacción tuitera del presidente americano, prometiendo unas represalias que hasta el momento no se han materializado.
"Google ha esquivado dos amenazas judiciales muy importantes en Estados Unidos, dejando vía libre por el momento a su contrato con Apple"Mejores noticias ha recibido Google del otro lado del Atlántico con la decisión del juez Amit Mehta de no imponer la venta o división de ninguna de las actividades de Google, como pedía el Departamento de Justicia. Tampoco, y lo que es más importante a corto plazo, sin afectar al muy jugoso contrato con Apple para instalar el buscador de Google como predeterminado en los teléfonos móviles de esta empresa.
Sin embargo, Alphabet no debería cantar victoria porque todavía penden sobre su cabeza serias investigaciones de algunas autoridades de competencia estatales, especialmente en el ámbito de la publicidad, que podrían acarrear multas o, lo que es peor, la adopción de medidas estructurales con impacto muy importante en el medio y largo plazo.
En resumen, las diferencias trasatlánticas en materia de política digital han pasado a ocupar la primera línea de las diferencias entre la Administración Trump y la UE y están aquí para quedarse, nada indica que vayan a dejar de estar en el centro del conflicto por mucho tiempo.
Carlos López Blanco
Asesor sénior de Flint Global
Abogado, consultor y experto en regulación de telecomunicaciones y economía digital con más de 30 años de experiencia. Senior Adviser en Flint Global. Abogado del Estado (ex) y abogado en ejercicio. Profesor en ESADE Law School. Presidente de la Fundación ESYS y de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España. Preside el comité organizador del Foro La Toja y es patrono de las fundaciones Euroamérica, Teaming y NTT Data.
Ahora en portada
27 de julio de 2026
27 de julio de 2026
Lo más leído