La política de competencia ha jugado, ya desde el primer Tratado, un papel central en Europa y con frecuencia ha sido el elefante en la habitación que todos veían, pero de cuyo papel en la política europea nadie quería hablar.
La política de competencia en una Comunidad entonces subordinada a los Estados constituía la excepción, el big bertha: el comisario de Competencia era el único con poderes reales, capacidad de condicionar operaciones de gran calado y, algo que siempre da mucho prestigio, capaz de imponer multas y sancionar a las grandes empresas.
También ha sido el área comunitaria más influyente: de todos los comisarios, el más conocido ha sido históricamente el de Competencia y la D. G. Competencia, una de las partes más desarrolladas de la burocracia europea, donde todos los jóvenes funcionarios querían trabajar.
"Muchos piensan que si la política de competencia no permite a las empresas europeas alcanzar tamaño suficiente para competir con los gigantes americanos y asiáticos, es un lastre para el futuro de Europa"
Pero el desarrollo de la política europea de competencia ha sido controvertido, primero, y cuestionado después, al comprobarse su efecto negativo sobre la competitividad global: muchos piensan que si la política de competencia no permite a las empresas europeas alcanzar tamaño suficiente para competir con los gigantes americanos y asiáticos, es un lastre para el futuro de Europa. La lista de las cincuenta empresas más importantes del mundo donde hay que bucear hasta el puesto número dieciocho para encontrar la primera europea de tres, todas ellas del sector del lujo y ninguna tecnológica, parece acreditar este recelo.
La política de competencia ha tenido hitos considerables: la prohibición de las fusiones de las bolsas europeas en 2017, entre Tata y Thyssen en 2018, y la frustrada entre Siemens y Alstom en 2019 que muchos consideraban crucial para la competitividad europea en un sector estratégico, la alta velocidad por ferrocarril. Esta última puso de manifiesto las contradicciones de la Unión: provocó una airada reacción de los principales gobiernos europeos en una carta muy crítica hacia la Comisión, pero también una contrarreacción de determinados países del norte de Europa más comprensivos con la política de competencia.
Pero han sido el sector tecnológico y las telecomunicaciones quienes más han alimentado la nómina de críticos, cuando no enemigos, de la política europea de competencia.
Las empresas tecnológicas americanas han sido las víctimas favoritas de la política europea y no hay empresa relevante del sector que no haya sufrido una merma de su abultada caja en favor de las arcas comunitarias: desde Intel en 2009 hasta los más de 8.000 millones de multas a Google, pasando por Microsoft o Amazon. Incluso hemos visto cómo Apple se ha visto por razones de competencia obligado a pagar al fisco irlandés una abultada cantidad de 16.000 millones que el beneficiario no tenía ningún interés en recibir. Decisiones, todas ellas polémicas, que han seguido una suerte diversa en los Tribunales Comunitarios.
"La política de competencia se ha convertido en serio motivo de fricción entre EE. UU. y la Unión Europea"
También la política de competencia se ha convertido en serio motivo de fricción entre EE. UU. y la Unión Europea. Recordando a José María García, que acusaba al Real Madrid de ganar en los despachos lo que no ganaba en el terreno de juego, las autoridades americanas han acusado a Europa de utilizar su política de competencia para compensar su escaso desarrollo en la Economía Digital y poner trabas a la actividad de las empresas americanas, líderes del sector.
Podría pensarse que esta hostilidad hacia las empresas digitales americanas debería haber hecho a sus competidores desde mercados adyacentes —las telecomunicaciones— sentirse satisfechos con la política de competencia, pero nada más lejos de la realidad: si hay un sector beligerante hacia esta política ha sido el de las telecomunicaciones, que, necesitado de escala para mejorar su competitividad, ha visto siempre en ella, centrada no solo en el mercado europeo, sino también en los mercados nacionales, un freno a la consolidación necesaria para su desarrollo. Numerosas han sido las operaciones severamente limitadas o simplemente prohibidas, como la de Telefónica en el Reino Unido (revocada después por la justicia europea).
Esta es una característica esencial de la política europea de competencia; las autoridades europeas tienen competencia y obligación de escrutar no solo las operaciones de ámbito europeo sino también las domésticas que sobrepasasen ciertos umbrales, convirtiéndose en garantes de la competencia también en los mercados nacionales relevantes y dificultando los procesos de consolidación tanto domésticos como europeos.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si en el mundo de hoy —especialmente con la irrupción del proteccionismo de Trump— la política de competencia es una soga al cuello de Europa. Sobre todo en un momento en que está más necesitada que nunca, no solo de autonomía estratégica —política y de defensa—, sino de una economía con tamaño suficiente para competir a nivel global. La pérdida de relevancia de Europa no se debe solo a la política de competencia, pero es indiscutible que esta ha jugado un papel importante en ello, diagnóstico también compartido por el informe Draghi.
Parece fuera de toda duda que es necesario repensar la política comunitaria en esta materia y redefinir el mandato legal a la Comisión hacia una política de competencia flexible y escala europea.
"La pérdida de relevancia de Europa no se debe solo a la política de competencia, pero es indiscutible que esta ha jugado un papel importante en ello"
Así parece indicarlo la carta de mandato de la presidenta a la nueva comisaría del ramo, Teresa Ribera: "Europa necesita un nuevo enfoque de la política de competencia, que apoye más a las empresas que se expanden en los mercados mundiales […] la política de competencia también debe tener en cuenta la creciente importancia de la resiliencia frente a las amenazas geopolíticas".
No va a tener otra opción que o bien promover una reforma en profundidad de la política de competencia o, al menos, enmendar su rumbo, algo que disgustará a los poderosos funcionarios de la D. G. Competencia.
En el mundo al que, nos guste o no, nos dirigimos, Europa tendrá que aprender que mantenerse fuerte ante el Trump de hoy exige replantear muchas de sus políticas. La de competencia, sin duda, es una de ellas; poniendo fin a esa peculiar leyenda de Penélope de la política económica europea: lo que teje la Comisión por el día con reformas profundas en sectores como el Digital, dirigidas a fortalecer a las empresas europeas, lo desteje por las noches la D. G. Competencia.
No parece que la ingenuidad sea la brújula adecuada en este primer cuarto del siglo XXI. Europa, quiera o no, tendrá que construir una agenda económica y estratégica que haga compatible el inevitable proteccionismo en un mundo en guerra comercial con el impulso al mercado único y al desarrollo no solo de la Europa política sino de una fuerte economía europea sin barreras internas, acabando con la contradicción posBrexit: una Europa más cohesionada políticamente pero con dificultades crecientes para construir un mercado único, política fiscal incluida.
Pero no seamos pesimistas. Europa, como decía Monet, se hace en las crisis: entró en el siglo XXI como candidato cierto a la decadencia y, sin embargo, ha sido capaz de sobrevivir a una crisis política, el Brexit, y a dos graves crisis económicas. Todos los analistas hubieran pensado que la Unión no sería capaz de sobrevivir a tres crisis tan cercanas y de este calado, pero no ha sido así y hoy la Unión sigue en pie.