Miércoles, 9 de septiembre de 2026
SEGURIDAD ALIMENTARIA
La geopolítica entra en el supermercado: el mundo después de la abundancia
El analista de defensa y seguridad Antonio Legaz examina cómo alimentos, fertilizantes, puertos y rutas comerciales se han convertido en instrumentos de poder geopolítico. China, India o Rusia ya tratan el abastecimiento como una cuestión de seguridad nacional, mientras España y Europa siguen, a su juicio, expuestas a dependencias críticas en soja, proteína vegetal, logística e insumos agrícolas.
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El buque granelero WONTANARA navega por Jiangdu, en la provincia china de Jiangsu, tras salir del astillero de Chengxi rumbo a rutas internacionales.Meng Delong / Xinhua News / Europa Press
En julio de 2023, un decreto administrativo firmado en Nueva Delhi eliminó de la noche a la mañana el 40% del comercio mundial de arroz. India, el mayor exportador del planeta, prohibió sin previo aviso ni periodo de transición la venta del arroz blanco no basmati que sostenía la alimentación de decenas de países africanos y asiáticos. Los precios del grano se dispararon entre un 15% y un 20% en semanas, y las exportaciones indias hacia África subsahariana cayeron un 43% en los meses siguientes.
No fue un episodio aislado: solo en 2022, treinta y dos países habían impuesto ya setenta y siete restricciones distintas a la exportación de alimentos, apenas meses después de que Indonesia bloqueara sus propias exportaciones de aceite de palma y de que Rusia condicionara la salida de grano ucraniano por el mar Negro a sus propios intereses de guerra. El mundo entero había empezado a tratar la comida como un activo que se protege, se raciona y, cuando conviene, se usa como palanca.
Esa es la clave que se pierde cuando el debate sobre geopolítica alimentaria se reduce a un pulso bilateral entre Washington y Pekín. Lo que está ocurriendo es una reordenación mucho más amplia y multipolar del sistema alimentario mundial, en la que China es, sin duda, el actor con más músculo y con la estrategia mejor diseñada, pero de ninguna manera el único que está redibujando el tablero.
Dentro de esa reordenación, sin embargo, conviene detenerse en China porque ilustra con más nitidez que ningún otro actor hacia dónde se dirige el juego. Pekín importa casi el 85% de la soja que consume y su factura alimentaria anual roza los 215.000 millones de dólares, la más alta del mundo. Sobre el papel, es el país más vulnerable del sistema, pero, como explican Caitlin Welsh y Brian Hart en Foreign Affairs, ha convertido esa vulnerabilidad en ventaja: construyó reservas que concentran el 44% del trigo, el 53% del arroz y el 59% del maíz almacenado en el planeta.
También compró tecnología de semillas —la adquisición de Syngenta por ChemChina en 2017, por 43.000 millones de dólares, sigue siendo la mayor compra extranjera china de la historia— para tratar la genética agrícola como se trata a los semiconductores y diversificó proveedores a una velocidad que desmonta cualquier relato de dependencia pasiva. La cuota de las exportaciones agrícolas brasileñas hacia China pasó del 8% en 2005 al 33% en 2025; la australiana, del 10% al 22%; y la tailandesa, del 9% al 24%.
También abre vías nuevas: en abril de 2026, un buque zarpó de un puerto argentino cargado de maíz con destino a China, rompiendo quince años de silencio comercial entre ambos países en ese producto.
Esa capacidad no habría llegado tan lejos sin la fusión entre el comercio de alimentos y la logística marítima. COFCO, la comercializadora agroalimentaria estatal china, opera hoy en casi 40 países con capacidad para mover 180 millones de toneladas entre almacenes, puertos y ferrocarriles. En 2023, COSCO Shipping pagó 810 millones de dólares por una participación del 5,8% en COFCO Fortune, con un objetivo declarado: "salvaguardar la seguridad de las cadenas de suministro alimentario globales".
El mismo operador que mueve contenedores de electrónica y automóviles por medio mundo es, simultáneamente, el brazo logístico de una estrategia alimentaria nacional. Así, el patrón continúa: China concentra entre el 80% y el 100% de la producción mundial de ciertas vitaminas y aminoácidos esenciales para el pienso animal, un insumo que la propia industria ganadera estadounidense reconoce como su punto ciego.
Es la prueba de que, en este nuevo tablero, el poder no reside solo en producir más grano, sino en controlar los nodos —semillas, reservas, puertos, insumos— por los que ese grano tiene que pasar necesariamente. Incluso Estados Unidos y la Unión Europea, que durante décadas defendieron el libre comercio agrícola como dogma, han empezado a hablar en voz baja de reservas estratégicas propias y de reducir la dependencia de proveedores únicos, aunque todavía sin la coherencia ni la financiación que China lleva una década construyendo.
El mismo patrón se aplicó contra Australia en 2020, cuando Canberra pidió una investigación sobre el origen de la COVID-19 y Pekín respondió con más de 4.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas australianas bloqueadas. Y en 2026 Pekín repitió la misma jugada contra Canadá, que había impuesto sus propios aranceles a los vehículos eléctricos chinos: la respuesta llegó, de nuevo, por la vía agrícola, no por la industrial.
Pero este instinto no es exclusivamente chino. India, al frenar el arroz en 2023, priorizó su estabilidad interna sobre sus compromisos de suministro con más de 140 países clientes, y ese gesto unilateral disparó un efecto dominó que empujó a otros exportadores de arroz, como Vietnam o Pakistán, a ganar cuota de mercado mientras estudiaban restricciones propias por miedo a quedarse sin reservas.
Lo que estos episodios comparten es la lección de fondo: cualquier gobierno con suficiente peso en la producción o la logística de un alimento estratégico puede convertir ese peso en influencia política, y cada vez más gobiernos están dispuestos a hacerlo, desde Nueva Delhi hasta Yakarta, desde Moscú hasta Pekín.
España está más expuesta de lo que sugieren las estadísticas comerciales agregadas porque su vulnerabilidad, más que concentrarse en el consumo final, se sitúa en el eslabón intermedio que convierte materias primas importadas en proteína animal. El país sostiene una potente especialización ganadera —porcino, avicultura y vacuno intensivo— sobre una formulación de piensos que exige aportes continuos de proteína de alta calidad, especialmente soja y harina de soja. España importa en torno a seis millones de toneladas anuales de soja y sus derivados para este fin.
No es una dependencia sustituible de un día para otro: reemplazar harina de soja por colza, girasol, guisante, habas, granos secos de destilería con solubles (DDGS) u otros subproductos exige reformular raciones según especie y fase productiva, asegurar volúmenes homogéneos, ajustar instalaciones y asumir, en algunos casos, peores conversiones alimenticias o mayores costes.
A ello se suma un problema de calendario: las fábricas de pienso, las integradoras y las explotaciones trabajan con inventarios limitados y una demanda diaria rígida. No pueden detener el flujo sin afectar a la sanidad y la productividad animal. Por eso, el riesgo no es tanto que España se quede sin soja, sino que un alza sostenida del flete, una disrupción portuaria o una mala campaña sudamericana comprima los márgenes de toda la cadena antes de que el consumidor perciba el problema.
El problema no es atribuir a un operador extranjero un poder que legalmente no tiene, sino reconocer que España ha vinculado una parte relevante de su conectividad marítimo-ferroviaria a una red logística estatal de otra potencia, sin incorporar ese hecho de forma sistemática a su evaluación de riesgos agroalimentarios.
Para la Unión Europea, el desafío es más profundo y distinto: se trata de una brecha entre su capacidad productiva agraria y su autonomía material para sostenerla. La UE es relativamente autosuficiente en piensos de bajo contenido proteico, pero importa el 74% de los piensos ricos en proteína y el 94% de la proteína de soja que utiliza.
En 2024-2025, las importaciones de proteínas vegetales equivalieron a unos 13,4 millones de toneladas y requirieron aproximadamente 13 millones de hectáreas situadas fuera del territorio europeo. Esa superficie agrícola externalizada expone a la Unión no solo a precios y fletes, sino también a deforestación, estrés hídrico, cambios regulatorios de los países productores y conflictos entre sus propios objetivos, entre los que se encuentran la seguridad del suministro, la renta agraria, la descarbonización, la protección de la biodiversidad y el comercio abierto.
Pero la dependencia proteica es solo una parte de una vulnerabilidad más amplia. La agricultura europea necesita fertilizantes nitrogenados, cuya producción depende a su vez de gas barato. Mientras intenta reducir su exposición energética a Moscú, la UE siguió importando 4,4 millones de toneladas de fertilizantes rusos en 2024, el 30% de sus importaciones, por un valor de 1.500 millones de euros.
Bruselas ha respondido con aranceles graduales sobre fertilizantes rusos y bielorrusos, pero eso muestra la contradicción: reducir una dependencia geopolítica puede elevar los costes de producción de los agricultores si no existe una alternativa industrial, energética y logística preparada. La cuestión europea, por tanto, no es elegir entre apertura o autosuficiencia —dos conceptos demasiado generalistas—, sino construir resiliencia operativa diversificando orígenes, aumentando la proteína vegetal europea, recuperando capacidad de producción de fertilizantes bajos en carbono y creando reservas o mecanismos de respuesta para los insumos cuyo fallo paraliza toda la cadena. Este 2026 hemos comprobado hasta qué punto las cadenas de suministro de hidrocarburos pueden pasar, en cuestión de días, de ser una abstracción técnica a condicionar precios, decisiones empresariales y margen político. La lección debería servir también para los graneleros.
Tal vez en los próximos años descubramos, con la lógica repetitiva del Día de la Marmota del caos global, que las rutas del petróleo no eran las únicas susceptibles de atascarse, encarecerse o convertirse en objeto de presión: también pueden hacerlo las rutas que transportan soja brasileña, maíz argentino, trigo del mar Negro o fertilizantes.
Las Comunidades Europeas sí lo entendieron en su origen. Cuando pusieron en marcha la política agrícola común en 1962, con el continente aún marcado por el hambre y el racionamiento de la posguerra, no estaban diseñando una política sectorial más: estaban levantando una infraestructura de autopreservación. El Tratado de Roma situó entre los objetivos de la PAC estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de suministros y hacerlos llegar al consumidor a precios razonables. Se atribuye a Napoleón la frase "los ejércitos marchan sobre su estómago"; a ello añadiría que sobre él marchan las naciones, las economías y las uniones políticas.
Europa nació de la convicción de que no podía construir paz, prosperidad ni soberanía sobre la incertidumbre de su abastecimiento. La gran ironía es que, mientras India, Indonesia, Rusia o China vuelven a tratar la alimentación como un asunto de seguridad nacional, la Unión parece haber olvidado que garantizar el alimento es la condición previa para que cualquier otra política pueda existir.
No fue un episodio aislado: solo en 2022, treinta y dos países habían impuesto ya setenta y siete restricciones distintas a la exportación de alimentos, apenas meses después de que Indonesia bloqueara sus propias exportaciones de aceite de palma y de que Rusia condicionara la salida de grano ucraniano por el mar Negro a sus propios intereses de guerra. El mundo entero había empezado a tratar la comida como un activo que se protege, se raciona y, cuando conviene, se usa como palanca.
Esa es la clave que se pierde cuando el debate sobre geopolítica alimentaria se reduce a un pulso bilateral entre Washington y Pekín. Lo que está ocurriendo es una reordenación mucho más amplia y multipolar del sistema alimentario mundial, en la que China es, sin duda, el actor con más músculo y con la estrategia mejor diseñada, pero de ninguna manera el único que está redibujando el tablero.
"Lo que está ocurriendo es una reordenación mucho más amplia y multipolar del sistema alimentario mundial"La propia FAO lo confirmaba en su informe de cereales de julio de 2026: la demanda de importación se está contrayendo en toda Asia, mientras que Europa y América Latina emergen como las regiones donde el apetito importador se mantiene o incluso crece. Es un cambio del centro de gravedad que va más allá de un capítulo más de la rivalidad entre dos superpotencias.
Dentro de esa reordenación, sin embargo, conviene detenerse en China porque ilustra con más nitidez que ningún otro actor hacia dónde se dirige el juego. Pekín importa casi el 85% de la soja que consume y su factura alimentaria anual roza los 215.000 millones de dólares, la más alta del mundo. Sobre el papel, es el país más vulnerable del sistema, pero, como explican Caitlin Welsh y Brian Hart en Foreign Affairs, ha convertido esa vulnerabilidad en ventaja: construyó reservas que concentran el 44% del trigo, el 53% del arroz y el 59% del maíz almacenado en el planeta.
También compró tecnología de semillas —la adquisición de Syngenta por ChemChina en 2017, por 43.000 millones de dólares, sigue siendo la mayor compra extranjera china de la historia— para tratar la genética agrícola como se trata a los semiconductores y diversificó proveedores a una velocidad que desmonta cualquier relato de dependencia pasiva. La cuota de las exportaciones agrícolas brasileñas hacia China pasó del 8% en 2005 al 33% en 2025; la australiana, del 10% al 22%; y la tailandesa, del 9% al 24%.
También abre vías nuevas: en abril de 2026, un buque zarpó de un puerto argentino cargado de maíz con destino a China, rompiendo quince años de silencio comercial entre ambos países en ese producto.
Esa capacidad no habría llegado tan lejos sin la fusión entre el comercio de alimentos y la logística marítima. COFCO, la comercializadora agroalimentaria estatal china, opera hoy en casi 40 países con capacidad para mover 180 millones de toneladas entre almacenes, puertos y ferrocarriles. En 2023, COSCO Shipping pagó 810 millones de dólares por una participación del 5,8% en COFCO Fortune, con un objetivo declarado: "salvaguardar la seguridad de las cadenas de suministro alimentario globales".
El mismo operador que mueve contenedores de electrónica y automóviles por medio mundo es, simultáneamente, el brazo logístico de una estrategia alimentaria nacional. Así, el patrón continúa: China concentra entre el 80% y el 100% de la producción mundial de ciertas vitaminas y aminoácidos esenciales para el pienso animal, un insumo que la propia industria ganadera estadounidense reconoce como su punto ciego.
Es la prueba de que, en este nuevo tablero, el poder no reside solo en producir más grano, sino en controlar los nodos —semillas, reservas, puertos, insumos— por los que ese grano tiene que pasar necesariamente. Incluso Estados Unidos y la Unión Europea, que durante décadas defendieron el libre comercio agrícola como dogma, han empezado a hablar en voz baja de reservas estratégicas propias y de reducir la dependencia de proveedores únicos, aunque todavía sin la coherencia ni la financiación que China lleva una década construyendo.
"El poder no reside solo en producir más grano, sino en controlar los nodos por los que ese grano tiene que pasar necesariamente"Ese control de nodos no se ha quedado en la teoría: ya se ha usado como instrumento de castigo político, y no solo por parte de China. Pekín ha aplicado veintiséis episodios de coerción comercial agrícola desde 2010, cinco solo en 2025. Desde 2024 le ha costado a la Unión Europea casi 4.000 millones de dólares en exportaciones de cerdo, lácteos, brandy y coñac, en represalia por los aranceles antidumping que Bruselas impuso a los vehículos eléctricos chinos —una disputa que no tenía nada que ver con alimentos, pero que se resolvió golpeando al sector agroalimentario europeo—.
El mismo patrón se aplicó contra Australia en 2020, cuando Canberra pidió una investigación sobre el origen de la COVID-19 y Pekín respondió con más de 4.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas australianas bloqueadas. Y en 2026 Pekín repitió la misma jugada contra Canadá, que había impuesto sus propios aranceles a los vehículos eléctricos chinos: la respuesta llegó, de nuevo, por la vía agrícola, no por la industrial.
Pero este instinto no es exclusivamente chino. India, al frenar el arroz en 2023, priorizó su estabilidad interna sobre sus compromisos de suministro con más de 140 países clientes, y ese gesto unilateral disparó un efecto dominó que empujó a otros exportadores de arroz, como Vietnam o Pakistán, a ganar cuota de mercado mientras estudiaban restricciones propias por miedo a quedarse sin reservas.
Lo que estos episodios comparten es la lección de fondo: cualquier gobierno con suficiente peso en la producción o la logística de un alimento estratégico puede convertir ese peso en influencia política, y cada vez más gobiernos están dispuestos a hacerlo, desde Nueva Delhi hasta Yakarta, desde Moscú hasta Pekín.
España está más expuesta de lo que sugieren las estadísticas comerciales agregadas porque su vulnerabilidad, más que concentrarse en el consumo final, se sitúa en el eslabón intermedio que convierte materias primas importadas en proteína animal. El país sostiene una potente especialización ganadera —porcino, avicultura y vacuno intensivo— sobre una formulación de piensos que exige aportes continuos de proteína de alta calidad, especialmente soja y harina de soja. España importa en torno a seis millones de toneladas anuales de soja y sus derivados para este fin.
No es una dependencia sustituible de un día para otro: reemplazar harina de soja por colza, girasol, guisante, habas, granos secos de destilería con solubles (DDGS) u otros subproductos exige reformular raciones según especie y fase productiva, asegurar volúmenes homogéneos, ajustar instalaciones y asumir, en algunos casos, peores conversiones alimenticias o mayores costes.
A ello se suma un problema de calendario: las fábricas de pienso, las integradoras y las explotaciones trabajan con inventarios limitados y una demanda diaria rígida. No pueden detener el flujo sin afectar a la sanidad y la productividad animal. Por eso, el riesgo no es tanto que España se quede sin soja, sino que un alza sostenida del flete, una disrupción portuaria o una mala campaña sudamericana comprima los márgenes de toda la cadena antes de que el consumidor perciba el problema.
"El riesgo no es tanto que España se quede sin soja, sino que una disrupción comprima los márgenes de toda la cadena antes de que el consumidor perciba el problema"La red logística añade otra capa: COSCO posee el 51% de Noatum Ports, que integra terminales en Valencia y Bilbao y puertos secos en Madrid y Zaragoza, y recibió en 2026 una concesión de cincuenta años para una nueva terminal en Tarragona. Estas infraestructuras siguen bajo jurisdicción española y europea.
El problema no es atribuir a un operador extranjero un poder que legalmente no tiene, sino reconocer que España ha vinculado una parte relevante de su conectividad marítimo-ferroviaria a una red logística estatal de otra potencia, sin incorporar ese hecho de forma sistemática a su evaluación de riesgos agroalimentarios.
Para la Unión Europea, el desafío es más profundo y distinto: se trata de una brecha entre su capacidad productiva agraria y su autonomía material para sostenerla. La UE es relativamente autosuficiente en piensos de bajo contenido proteico, pero importa el 74% de los piensos ricos en proteína y el 94% de la proteína de soja que utiliza.
En 2024-2025, las importaciones de proteínas vegetales equivalieron a unos 13,4 millones de toneladas y requirieron aproximadamente 13 millones de hectáreas situadas fuera del territorio europeo. Esa superficie agrícola externalizada expone a la Unión no solo a precios y fletes, sino también a deforestación, estrés hídrico, cambios regulatorios de los países productores y conflictos entre sus propios objetivos, entre los que se encuentran la seguridad del suministro, la renta agraria, la descarbonización, la protección de la biodiversidad y el comercio abierto.
Pero la dependencia proteica es solo una parte de una vulnerabilidad más amplia. La agricultura europea necesita fertilizantes nitrogenados, cuya producción depende a su vez de gas barato. Mientras intenta reducir su exposición energética a Moscú, la UE siguió importando 4,4 millones de toneladas de fertilizantes rusos en 2024, el 30% de sus importaciones, por un valor de 1.500 millones de euros.
Bruselas ha respondido con aranceles graduales sobre fertilizantes rusos y bielorrusos, pero eso muestra la contradicción: reducir una dependencia geopolítica puede elevar los costes de producción de los agricultores si no existe una alternativa industrial, energética y logística preparada. La cuestión europea, por tanto, no es elegir entre apertura o autosuficiencia —dos conceptos demasiado generalistas—, sino construir resiliencia operativa diversificando orígenes, aumentando la proteína vegetal europea, recuperando capacidad de producción de fertilizantes bajos en carbono y creando reservas o mecanismos de respuesta para los insumos cuyo fallo paraliza toda la cadena. Este 2026 hemos comprobado hasta qué punto las cadenas de suministro de hidrocarburos pueden pasar, en cuestión de días, de ser una abstracción técnica a condicionar precios, decisiones empresariales y margen político. La lección debería servir también para los graneleros.
Tal vez en los próximos años descubramos, con la lógica repetitiva del Día de la Marmota del caos global, que las rutas del petróleo no eran las únicas susceptibles de atascarse, encarecerse o convertirse en objeto de presión: también pueden hacerlo las rutas que transportan soja brasileña, maíz argentino, trigo del mar Negro o fertilizantes.
"Reducir una dependencia geopolítica puede elevar los costes de producción de los agricultores si no existe una alternativa industrial, energética y logística preparada"Un barco cargado de crudo inmovilizado altera la factura energética, pero uno cargado de soja o cereal compromete el coste del pienso, la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y, finalmente, el precio de la cesta de la compra. Europa está aprendiendo a golpe de crisis las distintas caras de la autonomía estratégica; esperemos que el episodio alimentario sea menos traumático que el de la defensa o la energía.
Las Comunidades Europeas sí lo entendieron en su origen. Cuando pusieron en marcha la política agrícola común en 1962, con el continente aún marcado por el hambre y el racionamiento de la posguerra, no estaban diseñando una política sectorial más: estaban levantando una infraestructura de autopreservación. El Tratado de Roma situó entre los objetivos de la PAC estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de suministros y hacerlos llegar al consumidor a precios razonables. Se atribuye a Napoleón la frase "los ejércitos marchan sobre su estómago"; a ello añadiría que sobre él marchan las naciones, las economías y las uniones políticas.
Europa nació de la convicción de que no podía construir paz, prosperidad ni soberanía sobre la incertidumbre de su abastecimiento. La gran ironía es que, mientras India, Indonesia, Rusia o China vuelven a tratar la alimentación como un asunto de seguridad nacional, la Unión parece haber olvidado que garantizar el alimento es la condición previa para que cualquier otra política pueda existir.
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Democracia, Alimentación, EE. UU. e Israel atacan Irán, Irán, Europa, España, Brasil, Agricultura, inflación Ahora en portada
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