El poder de compra del Estado para acelerar la transición ecológica

El comienzo del nuevo ciclo político llega con un Congreso muy dividido y con la intención y el reto del Gobierno de negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El Ejecutivo ya no llegará al plazo constitucional del 30 de septiembre, pero mantiene su intención de presentar unas nuevas cuentas antes de que termine el año y llegar al final de la legislatura con unos Presupuestos renovados y adaptados al actual contexto económico. En este escenario toca preguntarnos: ¿Cómo podemos comprar mejor? ¿Cómo podemos utilizar mejor el dinero público que gastamos?

Las decisiones de compra de nuestras administraciones que se tomen ahora afectan a las infraestructuras, la construcción, la vivienda, el transporte, la educación, la sanidad, la alimentación y las inversiones para la transición ecológica que necesitamos poner en marcha. En todo este proceso, la contratación pública verde es una herramienta clave.

El comienzo del curso político en Europa también supone una oportunidad para revisar las reglas que delimitan "cómo comprar". En esta dirección, la Comisión Europea presentó el 9 de septiembre la propuesta de Reglamento Europeo de Contratación Pública (Public Procurement Act). ¿El objetivo? Convertir las tres directivas de 2014 en un único reglamento, simplificar el marco europeo de contratación pública y reforzar su papel estratégico.

Cómo utilizamos el dinero público una vez que hemos decidido gastarlo también es importante. La contratación pública no es solo administrar el gasto. Es política económica, industrial, ambiental y social. Cada año, las administraciones destinan una parte muy significativa de sus recursos a construir y gestionar edificios y oficinas, mantener carreteras, comprar vehículos, contratar servicios, adquirir alimentos o equipar escuelas y hospitales. Estas decisiones no solo permiten cubrir necesidades públicas: también pueden orientar mercados, impulsar la innovación y acelerar la transición hacia una economía más sostenible y competitiva. La contratación pública, por tanto, no debería entenderse únicamente como un mecanismo para adquirir bienes, servicios u obras. Es también una forma de utilizar estratégicamente los recursos públicos y de enviar señales a los mercados.

España tiene ahora una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública, hasta el 7 de octubre, el borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, que puede convertir la capacidad de compra de las administraciones en una palanca para acelerar la transición ecológica, descarbonizar nuestra economía, impulsar la economía circular y orientar los mercados hacia soluciones más sostenibles, como propone ECODES.

"La contratación pública es también una forma de utilizar estratégicamente los recursos públicos y de enviar señales a los mercados"

El momento es especialmente relevante. El plan anterior, vigente entre 2018 y 2025, avanzó en la incorporación de criterios ambientales y estableció grupos prioritarios de bienes, obras y servicios. El Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas es un buen ejemplo de ello. Pero la aplicación de estos criterios sigue siendo desigual y depende, en buena medida, de las capacidades y decisiones de cada administración.

El plan definitivo debe dar un paso más: pasar de facilitar la contratación más verde a utilizarla estratégicamente para transformar los mercados. Porque la contratación pública puede hacer algo que pocas políticas económicas consiguen: crear demanda a gran escala. Cuando una administración exige materiales bajos en carbono, productos circulares, edificios energéticamente eficientes o alimentos adquiridos bajo criterios de sostenibilidad, no solo está modificando las características de un contrato. Está enviando una señal al mercado. Una empresa difícilmente invertirá en aumentar su capacidad de producción de acero bajo en carbono, materiales reciclados o soluciones energéticamente eficientes si no percibe una demanda suficientemente estable. Una contratación pública bien planificada puede reducir esa incertidumbre y contribuir a convertir soluciones sostenibles que hoy son minoritarias en mercados competitivos.

Para lograrlo, el plan definitivo debería priorizar aquellos sectores con mayores impactos ambientales y mayor capacidad de transformación, y establecer criterios progresivos que permitan anticipar hacia dónde se dirige la demanda pública. La transformación debería empezar incluso antes de la licitación, evaluando la necesidad real de compra y alternativas como la reutilización, la reparación, la prolongación de la vida útil o los modelos basados en servicios. Comprar mejor también significa preguntarse si es necesario comprar.

"Una contratación pública bien planificada puede reducir esa incertidumbre y contribuir a convertir soluciones sostenibles que hoy son minoritarias en mercados competitivos"

Aumentar la ambición ambiental no significa cerrar mercados. Al contrario: una contratación bien diseñada puede abrir oportunidades para empresas innovadoras y, especialmente, para las pymes. Requisitos de solvencia proporcionales, división en lotes cuando sea conveniente, sistemas de acreditación accesibles y una adecuada planificación de las compras pueden facilitar su participación. El diálogo temprano con el mercado es esencial: si las empresas conocen hoy qué requisitos ambientales tendrán que cumplir, pueden adaptar mañana sus productos, procesos y capacidades. La contratación pública se convierte así en una herramienta de anticipación industrial, en lugar de limitarse a reaccionar ante la oferta existente.

Pero para que esta transformación sea real, España tendrá que resolver también otra cuestión: saber qué estamos consiguiendo con el gasto público. Necesitamos información clara, homogénea, completa y actualizada sobre cómo se incorporan los criterios ambientales a los contratos públicos. Saber cuántos contratos contienen cláusulas verdes es necesario, pero no suficiente. La pregunta relevante es qué resultados están produciendo: cuántas emisiones se evitan, cuánto se reduce el consumo de recursos, qué grado de circularidad se alcanza o qué mejoras de eficiencia energética se consiguen. Esto implica también superar la lógica del precio inicial y avanzar hacia una evaluación que tenga en cuenta el coste total y el desempeño ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras.

Por eso, se deben establecer indicadores comunes, mecanismos de seguimiento y mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, avanzando hacia una contratación orientada a resultados e impactos que permita identificar ámbitos de mejora.

"Saber cuántos contratos contienen cláusulas verdes es necesario, pero no suficiente. La pregunta relevante es qué resultados están produciendo"

La ambición debe ir acompañada de capacidad técnica. Para ello, los órganos de contratación necesitan criterios claros, metodologías comunes, herramientas de verificación y asistencia técnica, especialmente aquellos con menos recursos. En este sentido, el Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas debería convertirse en una herramienta más operativa y dinámica, con criterios armonizados, modelos de pliegos y recursos prácticos, actualizados periódicamente.

Además, España no parte de cero. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya establece la obligación de incorporar de manera sistemática criterios ambientales y de sostenibilidad en la contratación pública. El reto ahora es hacer efectivo y operativo ese mandato de forma homogénea, ambiciosa y medible.

Y hacerlo ahora tiene sentido. El Plan 2026-2033 puede proporcionar ese marco en un momento especialmente oportuno. Europa está avanzando en una transformación más amplia de su marco industrial, abriendo una oportunidad para alinear competitividad, descarbonización y demanda pública.

España tiene la oportunidad de anticiparse y situar su nuevo marco y estrategia en esa misma dirección: utilizar la contratación pública no solo para reducir el impacto ambiental de sus compras, sino también para generar demanda, dar previsibilidad a las empresas e impulsar las soluciones y capacidades industriales que necesitaremos en los próximos años. No necesitamos simplemente un nuevo plan de contratación pública verde; necesitamos una estrategia para comprar mejor y, con ello, transformar los mercados.