En agosto de 1998, Rusia sufrió
una crisis financiera que sacó la fragilidad del Estado de los balances públicos y la llevó a los bancos, los salarios y los ahorros. La devaluación del rublo, la suspensión parcial de pagos de la deuda pública y las restricciones del sistema bancario deterioraron con rapidez
la confianza de hogares y empresas. Las colas frente a las entidades financieras,
la pérdida de valor de los depósitos y las declaraciones oficiales que llamaban a la calma convirtieron
una crisis fiscal en una experiencia social.
Aquel episodio dejó
una percepción duradera en la política rusa: la estabilidad del poder depende también de su capacidad para proteger la vida material de la población. Vladímir Putin construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de que aquello no volvería a ocurrir. El putinismo fue una restauración del orgullo nacional, pero también de
la previsibilidad material: pensiones pagadas, salarios al día y gas barato como sinónimo de Estado fuerte. Después llegó la guerra y, por un tiempo, pareció que esa promesa resistía incluso al delirio. Muchos concluyeron que
la economía rusa era más fuerte de lo que Occidente había imaginado. Quizá era una lectura demasiado simple. Rusia no ha demostrado tanta fortaleza como capacidad para aplazar costes.
"En la política rusa, la estabilidad del poder depende también de su capacidad para proteger la vida material de la población"
Moscú probablemente encontrará recursos para seguir financiando la guerra. Algún dinero siempre puede aparecer cuando un Estado controla bancos, empresas, jueces, estadísticas y miedo. Lo decisivo es quién paga ahora esa guerra. En los dos primeros años, la sostuvieron
los ingresos extraordinarios de la energía, el colchón acumulado con la austeridad previa y una sociedad que no puede preguntar demasiado. En 2026, ese andamiaje empieza a ceder. No porque el Kremlin vaya a quedarse sin rublos mañana, sino porque cada rublo nuevo compra menos estabilidad y causa más daño interno.
El primer punto de desgaste está en
el Fondo Nacional de Riqueza, el cofre de guerra con el que el Kremlin podía presentarse como una potencia sitiada pero solvente. Según el informe
Endgame, del Kiel Institute y del Stockholm Institute of Transition Economics, los activos líquidos del fondo han caído desde el 6,5% del PIB al comienzo de la invasión hasta apenas el 1,8% en abril de 2026. Antes de la guerra,
el fondo acumulaba unos 210.000 millones de dólares; desde entonces,
el efectivo disponible se ha reducido en 60.000 millones. Un Estado autoritario puede funcionar mucho tiempo sin bienestar, pero funciona peor sin colchón.
El presupuesto federal ya no ordena prioridades: tapa agujeros. Solo en el primer trimestre de 2026, el déficit superó los 5,9 billones de rublos, por encima del objetivo previsto para todo el año, mientras
los ingresos por petróleo y gas caían alrededor de un 45% interanual. En 2025, el gasto militar alcanzó unos 16 billones de rublos, alrededor del 7,5% del PIB. Para compensarlo, Putin subió el IVA del 20% al 22% a partir del 1 de enero de 2026.
La guerra no es una política económica; es una forma de reorganizar la economía alrededor de aquello que no produce futuro civil.
"Solo en el primer trimestre de 2026, el déficit superó los 5,9 billones de rublos, por encima del objetivo previsto para todo el año"
Una economía de guerra puede hacer crecer el PIB y empobrecer el país al mismo tiempo. Fabricar proyectiles, drones y blindados genera actividad, pero
absorbe trabajadores, crédito e inversión que no irán a vivienda, salud o educación. El resultado aparece incluso en los pronósticos oficiales: el vicepresidente Alexandr Nóvak admitió en mayo que
el PIB crecerá apenas un 0,4% en 2026, frente al 4,1% de 2024. La cifra oficial de inflación ronda el 6%, pero economistas independientes la sitúan cerca del 20%, con los
alimentos básicos rozando el 30% en algunas estimaciones. Rusia puede exhibir resistencia en las grandes cifras, pero esa resistencia descansa sobre una economía donde lo militar desplaza a lo civil y
la inflación funciona como un impuesto silencioso.
El Banco Central ha intentado ejercer de
último adulto en una habitación llena de generales y propagandistas. La tensión alcanzó su punto álgido en junio de 2026, cuando la gobernadora Elvira Nabiullina desapareció de la vida pública durante casi dos semanas: faltó al Foro Económico de San Petersburgo, a una reunión en el Kremlin y a varias comparecencias previstas. El Kremlin dijo que estaba enferma y Peskov pidió no alimentar teorías de la conspiración. Días antes, Putin había comunicado públicamente a altos cargos del Gobierno que "hay fundamentos para esperar una reducción del tipo de interés",
una presión abierta sobre una institución que en teoría es independiente. Cuando Nabiullina reapareció el 19 de junio, el banco bajó solo 25 puntos básicos, hasta el 14,25%,
la mitad de lo que esperaban empresas y bancos.
Según el
Financial Times, las autoridades rusas han comenzado a discutir candidatos para sustituirla antes del fin de su mandato en 2027. Entre los nombres que circulan figura Piotr Fradkov, director de Promsvyazbank,
el banco estatal históricamente vinculado al complejo militar-industrial. La política fiscal pisa el acelerador mientras la política monetaria intenta no estrellarse contra la pared. Si el sustituto de Nabiullina procede del sector de defensa,
esa contradicción dejará de gestionarse y empezará a resolverse en favor de la guerra.
Otra grieta se abre en la energía. Ucrania ha entendido que
no todas las sanciones se firman en Bruselas: algunas se aplican por la fuerza. La campaña de drones contra refinerías, depósitos y puertos ha convertido el interior ruso en
una retaguardia agujereada. En junio de 2026, la producción de gasolina cayó en torno a un 25% respecto al mismo mes del año anterior. Varias regiones sufrieron restricciones y colas. La refinería de Moscú quedó dañada y necesitaría al menos medio año para recuperar su capacidad. Rusia, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, ha tenido que contemplar importaciones de combustible.
Es un petroestado obligado a racionar la tranquilidad que antes vendía como abundancia.
"Rusia, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, ha tenido que contemplar importaciones de combustible"
La banca es el tercer punto sensible. Un corralito no parece inminente, pero tampoco puede descartarse. Rusia puede imponer límites, forzar conversiones, recapitalizar entidades y castigar cualquier relato de pánico. En una democracia, la confianza bancaria es un contrato; en un régimen autoritario, puede ser una orden. Sin embargo, desde 2022,
el Kremlin ha obligado a la banca a conceder créditos preferenciales a la industria armamentística, generando lo que el investigador Craig Kennedy denomina una "deuda oculta de guerra" estimada entre 207.000 y 249.000 millones de dólares. Cuando los bancos financian industrias de defensa, refinancian empresas zombis y absorben deuda pública mientras tranquilizan a depositantes nerviosos,
dejan de ser intermediarios económicos para convertirse en órganos de movilización. La banca rusa no tiene que caer para ser peligrosa: basta con que se vuelva un mecanismo de extracción interna.
Putin no necesita exprimir la economía de golpe. Puede hacerlo por acumulación:
inflación, impuestos, deuda forzada, tipos reales negativos, controles de capital y deterioro lento de los servicios civiles. Como señaló
The Moscow Times a comienzos de 2026, "el subidón del gasto militar de tiempos de guerra se está desvaneciendo y sus costes van a trasladarse a través de más impuestos". Las guerras largas se financian con
miles de pequeñas transferencias desde la vida ordinaria hacia la maquinaria del Estado. Un litro de gasolina más caro, un crédito inaccesible, una pensión que compra menos, un joven que va al frente porque el salario militar supera cualquier expectativa local:
así se socializa la guerra.
El gran sostén externo de este esquema es China. Moscú no está aislada del mundo;
está reinsertada en él de forma más estrecha y subordinada. Pekín compra, vende, suministra componentes y evita que Rusia caiga en la autarquía. Pero cada mes de guerra
reduce el margen de maniobra ruso y aumenta su dependencia de una potencia que no necesita salvar a Moscú por amor histórico, sino administrarla como proveedor útil.
Una potencia que en 2022 decía luchar por su soberanía estratégica se está volviendo, en 2026, menos soberana.
"El agotamiento económico no produce automáticamente moderación política. A veces produce lo contrario: más violencia, más prisa"
Europa debería mirar este proceso sin triunfalismo. La economía rusa no está a punto de desmoronarse por completo. Los regímenes autoritarios pueden metabolizar
una cantidad notable de pobreza, miedo y deterioro: ocultan estadísticas, encarcelan quejas, desplazan costes a provincias lejanas y convencen a parte de la población de que sufrir es una forma de patriotismo.
La historia rusa está llena de Estados capaces de perder mucho sin rendirse pronto. El agotamiento económico no produce automáticamente moderación política. A veces produce lo contrario: más violencia, más prisa, más necesidad de lograr en el campo de batalla aquello que la economía ya no puede sostener indefinidamente.
Si la guerra rusa entra en una fase de rendimientos decrecientes, Europa no debería interpretar el cansancio como desenlace, sino como oportunidad.
Reforzar la defensa ucraniana, endurecer la aplicación del tope petrolero, perseguir la flota fantasma, reducir las compras residuales de energía rusa, cerrar vías de triangulación tecnológica y sostener la presión sobre refinerías, logística y finanzas no son gestos morales sueltos. Son formas de acelerar la conversión de la guerra en coste político para el Kremlin.
No basta con sancionar a Rusia;
hay que impedir que Rusia convierta cada sanción en una comisión pagada por intermediarios.
En la primera semana de septiembre de 1998, cuando la suspensión de pagos ya había golpeado los bancos, el rublo y la autoridad presidencial,
The Wall Street Journal sentenció: "La economía rusa no es un sistema de mercado defectuoso, es un sistema feudal altamente sofisticado disfrazado de capitalismo". La frase señalaba
la persistencia de una forma de poder en la que la economía nunca termina de emanciparse de la jerarquía, la propiedad nunca se separa del favor y la riqueza circula menos como derecho que como concesión.
"La economía de guerra ha recuperado el principio más ruso del feudalismo: toda propiedad es concesión del poder"
Esa continuidad une 1998 con la Rusia de hoy. El país ha cambiado de reservas, de socios, de lenguaje y de enemigos, pero
no ha roto del todo con la vieja lógica patrimonial según la cual la sociedad existe como profundidad disponible del Estado. Antes fueron los bancos, los oligarcas, las privatizaciones y el rublo. Ahora son
las refinerías, el crédito dirigido, los salarios militares, la inflación y las provincias que entregan hombres a cambio de renta. La economía de guerra ha recuperado el principio más ruso del feudalismo: toda propiedad es concesión del poder y toda vida puede ser reclamada como servicio.
La contradicción cierra el círculo. Putin prometió saldar la humillación de 1998 construyendo un poder capaz de proteger al país del caos. La guerra ha invertido lentamente esa promesa.
El poder ya no protege a la sociedad de la fragilidad, sino que administra la fragilidad de la sociedad para protegerse a sí mismo. Quizá el poder ruso consiga salvarse otra vez. El país, en cambio, puede salir de esa salvación
más pequeño, más pobre y más cautivo de su propia historia.