La reciente firma en Shanghái del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial de Cooperación en
Inteligencia Artificial (WAICO), promovida por China y respaldada inicialmente por veintinueve países, entre los que destacan Rusia, Indonesia, Brasil, Cuba, Venezuela y otros sospechosos habituales del mal llamado sur global,
marca un hito en la geopolítica digital. Esta iniciativa pretende
crear una nueva organización internacional dedicada a la cooperación y la gobernanza de la inteligencia artificial, por supuesto bajo el liderazgo de Pekín.
El discurso que la acompaña resulta difícilmente objetable: cooperación internacional, desarrollo compartido, acceso a la inteligencia artificial para los países en desarrollo y elaboración de reglas comunes para una tecnología llamada a cambiar la economía y la sociedad. En un contexto de creciente y fundada desconfianza hacia Estados Unidos y, en particular, hacia la actual Administración, esta propuesta china puede ser seductora para muchos gobiernos, analistas y creadores de opinión, especialmente para los que piensan que
en el mundo de hoy Europa debe mantenerse equidistante entre las dos superpotencias: Cristo entre los dos ladrones.
Precisamente por eso conviene detenerse a analizarla con mayor atención.
"En un contexto de creciente y fundada desconfianza hacia Estados Unidos y, en particular, hacia la actual Administración, esta propuesta china puede ser seductora"
No cabe duda de que
China dejó hace mucho de ser solo un competidor tecnológico para convertirse en un serio aspirante a liderar el orden internacional, tanto en la geopolítica como en la geopolítica digital. Durante años, el
debate sobre la inteligencia artificial estuvo dominado por Estados Unidos, mientras
la Unión Europea intentaba consolidar un modelo regulatorio propio inspirado en el mundo de los derechos fundamentales nacidos en la segunda posguerra mundial, para muchos ya caduco.
Hoy las cosas son diferentes:
China, que sigue aspirando a desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial o a fabricar más chips, confía también en poder definir las reglas globales que gobernarán esta tecnología durante las próximas décadas. Esta evolución merece ser tomada muy en serio:
el poder en la economía digital está en desarrollar tecnología, pero también en fijar los estándares, los principios, las reglas y las instituciones. Quien escribe las reglas ejerce una influencia que puede resultar más duradera que quien desarrolla primero una determinada tecnología. China parece haber aprendido lo útil que puede ser
rule setter y
no parece dispuesta a dejar este papel solo a la UE.
La creciente receptividad hacia las propuestas chinas
refleja una confusión muy peligrosa. La justificada crítica a determinadas políticas estadounidenses, agravada por el deterioro de las relaciones transatlánticas durante la Administración Trump, está favoreciendo
una cierta idealización de China como actor responsable en la gobernanza global y digital.
El modelo digital de una dictadura
Esa percepción ignora una diferencia esencial que ningún contexto geopolítico debería hacernos olvidar:
China sigue siendo una dictadura y no parece que esto vaya a cambiar. Ha demostrado claramente que el viejo paradigma californiano de que el desarrollo tecnológico y la innovación estaban intrínsecamente unidos a entornos libres, abiertos y, a la postre, democráticos no era inevitable y
China ha sido capaz de aunar control político y restricciones de derechos analógicos y digitales con una altísima capacidad de competir por el liderazgo tecnológico en la IA y, lo que es más relevante, en la computación cuántica.
"Quien escribe las reglas ejerce una influencia que puede resultar más duradera que quien desarrolla primero una determinada tecnología"
Basta echar un vistazo a la legislación china sobre inteligencia artificial. Mientras en Europa el debate gira en torno a la protección de derechos fundamentales y en Estados Unidos se centra en el equilibrio entre innovación y regulación,
la normativa china incorpora objetivos ideológicos. Las normas que regulan los servicios de inteligencia artificial generativa establecen que estos deben adherirse a los "valores fundamentales del socialismo",
preservar la seguridad nacional y el orden social, y no producir contenidos que cuestionen el liderazgo del Partido Comunista. Tinto y en botella.
La inteligencia artificial deja así de ser una tecnología regulada por el derecho para convertirse en un instrumento al servicio del Estado.
Este aspecto suele quedar sorprendentemente diluido en muchos debates occidentales. Se habla de
la rapidez con la que China desarrolla nuevos modelos, de su capacidad industrial, de su enorme disponibilidad de datos o de su creciente influencia sobre el sur global. Todo ello es cierto. Pero se omite que ese extraordinario desarrollo tecnológico se produce dentro de un sistema político donde
no existen cosas tan normales en nuestro mundo occidental como pluralismo, independencia judicial o libertad de expresión. La regulación tecnológica china no persigue, como la europea, proteger a los ciudadanos frente a los riesgos de la inteligencia artificial; persigue garantizar que esa tecnología refuerce la estabilidad y la continuidad del régimen y esté a su servicio.
Naturalmente, ello no significa idealizar el modelo estadounidense.
Estados Unidos afronta
problemas muy serios en materia digital: la enorme concentración de poder de las grandes plataformas, las dificultades para proteger adecuadamente la privacidad, la creciente polarización política o los debates sobre moderación de contenidos
son cuestiones muy relevantes.
"En China no es el poder político el que está sometido al derecho, sino el derecho el que queda subordinado a las necesidades del poder político"
Pero precisamente porque se trata de una democracia,
todas esas políticas pueden discutirse, modificarse y ser sometidas al control de mecanismos independientes. Las empresas pueden enfrentarse a investigaciones parlamentarias, perder litigios ante los tribunales o cuestionar públicamente las decisiones del Gobierno. Existe alternancia política, prensa libre, jueces independientes y contrapesos institucionales. En definitiva,
la tecnología opera dentro de un Estado de derecho. En China sucede lo contrario: no es el poder político el que está sometido al derecho, sino el derecho el que queda subordinado a las necesidades del poder político.
China quiere escribir las reglas de la IA
Esa diferencia resulta decisiva cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque
la IA condiciona qué información reciben los ciudadanos, qué opiniones circulan en el espacio público o qué datos pueden recopilarse. En una democracia, esas decisiones están sometidas a límites jurídicos y constitucionales. Por contra,
en una dictadura responden, en última instancia, a los intereses de la élite gobernante.
Europa debería evitar caer en
una falsa disyuntiva entre el modelo estadounidense y el modelo chino. Puede y debe desarrollar un
modelo propio basado en la protección de los derechos fundamentales, la innovación responsable y el Estado de derecho. Pero
ese legítimo deseo de autonomía estratégica no puede desembocar en una peligrosa ingenuidad (o a veces mala fe) respecto a la naturaleza del régimen chino.
La iniciativa presentada por Pekín constituye, sin duda,
un éxito diplomático y demuestra que China pretende desempeñar un papel protagonista en la gobernanza global de la inteligencia artificial. Este será un factor a tener en cuenta en el debate global sobre la gobernanza digital, pero no debemos olvidar, por ingenuidad, interés o mala fe, que
los modelos regulatorios digitales responden también a modelos de sociedad en un mundo donde la batalla por la hegemonía global tiene por campo la supremacía tecnológica. Y pueden decirse muchas cosas del modelo chino de sociedad, pero no que sea democrático ni un Estado de derecho.
La competencia tecnológica del siglo XXI no se decidirá solo por quién construya los mejores modelos de inteligencia artificial o lidere la computación cuántica, sino también por quién establezca las reglas del juego global. Y
esta no es una cuestión tecnológica, sino geopolítica.
Podemos discrepar de muchas decisiones adoptadas por Estados Unidos y hay buenas razones para ello, pero estas diferencias no deben ocultar algo evidente:
una democracia ofrece mecanismos correctores; una dictadura tecnológicamente sofisticada como la china dispone, precisamente gracias a esa tecnología, de
instrumentos cada vez más eficaces para perpetuarse y no parece que este sea un modelo deseable ni que nuestras sociedades democráticas avanzadas deban imitarlo.