Domingo, 16 de agosto de 2026
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La seguridad ya no es lo que era: hacia un nuevo contrato social digital
Carlos López Blanco, presidente de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital cree que "la revolución digital exige un nuevo marco de responsabilidades compartidas". En su análisis de los principales retos para la ciberseguridad, el también profesor de la ESADE Law School insiste en que enfrentamos "un desafío social, económico, político y geopolítico que afecta a todos" y pide más esfuerzos a administraciones, empresas y ciudadanos.
Una persona usando un cajero automático.Pexels / Aleksandr Firstov
Cuando pensamos en la seguridad, solemos imaginar policías, ejércitos, fronteras o sistemas de vigilancia. Sin embargo, una de las características más llamativas de nuestro tiempo es que la seguridad ya no es solo física, porque también existe la digital. Más aún: en realidad, ya no hay dos seguridades distintas. Existe una sola seguridad, profundamente condicionada por la tecnología, lo que en la Fundación ESYS llamamos la seguridad del siglo XXI.
Esa fue una de las conclusiones más relevantes que extrajimos del encuentro sobre bienestar digital organizado por ING en Madrid, en el que participaron representantes institucionales, expertos en regulación, responsables del sector financiero y profesionales de la ciberseguridad. Este es el primer elemento que queremos destacar: la existencia de un grupo heterogéneo de personas de origen distinto con diferentes opiniones y, sobre todo, un diálogo entre quienes tienen que tomar decisiones, los políticos y las administraciones, y las empresas, destinatarias de sus decisiones. También queremos destacar que las coincidencias y perspectivas comunes fueron mucho mayores que las diferencias.
El debate nos llevó a la idea de que la ciberseguridad ya no puede entenderse como un problema técnico reservado a especialistas en tecnología, en seguridad o en ambas cosas. Se ha convertido en un desafío social, económico, político y geopolítico que afecta a todos.
Nunca habíamos disfrutado de tantas posibilidades tecnológicas y nunca habíamos sido tan vulnerables. Es paradójico. La digitalización ha multiplicado la productividad, la innovación y el acceso al conocimiento. Además, ha transformado industrias enteras y ha cambiado nuestra forma de trabajar, consumir y comunicarnos. Pero al mismo tiempo ha creado nuevas dependencias y nuevas superficies de ataque.
Durante el encuentro recordamos que el fraude digital ya no afecta únicamente a quien pierde dinero en una estafa bancaria. El problema va más allá, porque se compromete la confianza de los ciudadanos, la continuidad operativa de las empresas, la prestación de servicios públicos esenciales e incluso la estabilidad económica de los países. En este sentido, la seguridad digital es todo un problema colectivo, lo que obedece también a una nueva realidad: la tecnología hoy exige la conectividad y, a mayor conectividad, mayor vulnerabilidad y mayor superficie de ataque. Y este desafío no hará más que hacerse mayor a medida que la IA se desarrolle, como el reciente caso de Mythos demuestra.
El sector financiero constituye un buen ejemplo: la relación entre ciudadanos y entidades bancarias se desarrolla cada vez más a través de canales digitales. La banca ha sido capaz de ofrecer servicios más rápidos, más eficientes y más accesibles que nunca. Sin embargo, esa misma comodidad ha ampliado las oportunidades para el fraude, y eso ha hecho que el sector financiero esté sometido a una legislación europea, el Reglamento DORA, más restrictiva e intervencionista. Como recordamos en el encuentro, parafraseando una añeja serie de televisión, "los ricos también lloran".
No planteamos aquí una falsa dicotomía entre innovación y seguridad. Sería absurdo. Pero sí creemos que obliga a reflexionar sobre una realidad: toda innovación tecnológica genera simultáneamente nuevas oportunidades y nuevos riesgos. El progreso tecnológico no elimina la necesidad de gestionar el riesgo; al contrario, la hace mucho más compleja en un mundo tecnológico siempre interconectado y, por tanto, más vulnerable.
La digitalización ha introducido fenómenos de desintermediación que afectan a prácticamente todos los ámbitos de la vida colectiva. La relación directa entre ciudadanos y plataformas digitales ha alterado el papel de los intermediarios tradicionales. Lo ha hecho en el comercio, en la información, en la política y en la comunicación social. Sin embargo, esta revolución tecnológica no se desarrolla en el vacío, puesto que está profundamente condicionada por la geopolítica.
En este escenario, Europa ha optado por una estrategia diferente. Frente al modelo abierto de Silicon Valley y al modelo autoritario chino, la Unión Europea ha construido un modelo basado en la regulación: DSA, DMA, RGPD, NIS2, DORA, el Reglamento de Inteligencia Artificial y otras iniciativas forman parte de un vasto esfuerzo normativo, un auténtico tsunami regulatorio, destinado a proteger derechos, garantizar la seguridad, reforzar la resiliencia y, a la vez, convertir a Europa en el rule setter del mundo digital, aprovechando el efecto Bruselas que vimos en el caso del RGPD y que es consecuencia directa de uno de los elementos clave de la economía del siglo digital: el acceso a las economías de escala.
Sin embargo, la regulación por sí sola no basta y Europa necesita construir también un modelo de digitalización de su economía que le permita no ser irrelevante frente a China y EE. UU.
Uno de los aspectos más interesantes del encuentro fue la coincidencia en la idea de corresponsabilidad. La seguridad no puede descansar exclusivamente sobre los ciudadanos, ni exclusivamente sobre las empresas, ni exclusivamente sobre los gobiernos. La vulnerabilidad es un desafío transversal y colectivo, y la respuesta también debe serlo.
Todos participan del mismo ecosistema, pero no todos tienen acceso a las herramientas necesarias para sobrevivir a estos riesgos, a diferencia de gobiernos y grandes empresas, por lo que creemos que debe ser una prioridad política y social proporcionárselas, no solo en su beneficio, sino porque la puerta de entrada de unos ciberdelincuentes cada vez más ricos, innovadores y sofisticados a un ataque de mayor entidad es, muchas veces, la cadena de suministro.
La mayoría de los incidentes no se producen porque un atacante haya descubierto una sofisticada vulnerabilidad desconocida. Se producen porque alguien abre un correo fraudulento, reutiliza contraseñas, comparte información sensible o actúa sin la formación adecuada. Muchas veces, los grandes daños se causan no por ataques, sino por negligencias.
Por eso la alfabetización digital y la ciberhigiene se han convertido en una prioridad estratégica. Esto va más allá de enseñar a utilizar herramientas tecnológicas. Se trata de desarrollar hábitos de comportamiento. Del mismo modo que una sociedad aprende normas básicas de higiene o seguridad vial, también necesita aprender normas básicas de higiene digital.
Pero no sería justo trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos. Las organizaciones tienen la obligación de diseñar sistemas más seguros y más resistentes al error humano. La buena seguridad advierte del peligro, pero también construye entornos que minimizan las consecuencias de los errores inevitables.
La resiliencia parte precisamente de esa premisa. Consiste en desarrollar la capacidad de anticipar amenazas, resistir ataques, reaccionar rápidamente, recuperarse y aprender de la experiencia y, sobre todo, dar una respuesta adecuada de manera inmediata.
El caso de Jaguar Land Rover, que mencionamos durante el encuentro, es el ejemplo idóneo para comprender esta realidad. Un incidente de ciberseguridad puede extender sus efectos mucho más allá de la empresa directamente afectada. Puede paralizar proveedores, afectar a miles de trabajadores y generar pérdidas multimillonarias y, en este caso, subvenciones públicas cuantiosas. En una economía interdependiente, la vulnerabilidad de uno se convierte rápidamente en la vulnerabilidad de todos.
Por esa razón, la ciberseguridad ya no puede considerarse una cuestión técnica confinada a un departamento especializado o a un brillante CISO (chief information security officer o director de seguridad de la información). Debe formar parte de la dirección estratégica de las organizaciones.
Afecta a la continuidad del negocio. Afecta a la reputación. Afecta al cumplimiento normativo. Afecta a la confianza de clientes e inversores. Y afecta también a la responsabilidad de los órganos de dirección y los consejos de administración.
La normativa europea más reciente refleja claramente esta evolución. Las nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad ya no se dirigen a los responsables técnicos, sino directamente a los consejos y los órganos de gobierno, y exigen una implicación activa en la supervisión de los riesgos. Todo ello nos conduce a una conclusión más amplia.
Ese contrato debe reconocer que la seguridad es un bien común. Debe asumir que la protección del entorno digital requiere cooperación entre los sectores público y privado. Debe fomentar la educación y la concienciación. Debe impulsar mecanismos eficaces de intercambio de información sobre amenazas. Y debe garantizar que la innovación tecnológica avance de la mano de la confianza.
La seguridad ya no puede descansar únicamente en la prudencia del usuario, ni en la capacidad de reacción de una empresa concreta, ni en la actuación aislada de las autoridades. La sociedad digital es un ecosistema interdependiente. Sus riesgos son compartidos. Su protección también debe serlo.
Porque, en última instancia, la cuestión ya no es únicamente tecnológica. Se trata de preservar la confianza sobre la que descansa la economía digital, la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento de nuestras democracias.
La ciberseguridad, entendida en este sentido amplio, no es simplemente una herramienta defensiva; es una condición necesaria para la prosperidad, la libertad y la cohesión social en el siglo XXI.
Esa fue una de las conclusiones más relevantes que extrajimos del encuentro sobre bienestar digital organizado por ING en Madrid, en el que participaron representantes institucionales, expertos en regulación, responsables del sector financiero y profesionales de la ciberseguridad. Este es el primer elemento que queremos destacar: la existencia de un grupo heterogéneo de personas de origen distinto con diferentes opiniones y, sobre todo, un diálogo entre quienes tienen que tomar decisiones, los políticos y las administraciones, y las empresas, destinatarias de sus decisiones. También queremos destacar que las coincidencias y perspectivas comunes fueron mucho mayores que las diferencias.
El debate nos llevó a la idea de que la ciberseguridad ya no puede entenderse como un problema técnico reservado a especialistas en tecnología, en seguridad o en ambas cosas. Se ha convertido en un desafío social, económico, político y geopolítico que afecta a todos.
"Nunca habíamos disfrutado de tantas posibilidades tecnológicas y nunca habíamos sido tan vulnerables"La expresión "ciberseguridad" empieza incluso a quedarse pequeña. En el pasado, fue útil para describir la protección de sistemas informáticos frente a ataques externos. Hoy, sin embargo, la tecnología atraviesa toda la actividad humana. Afecta a los bancos, a los hospitales, a las redes eléctricas, a las administraciones públicas, a los medios de comunicación, a las cadenas de suministro y a las relaciones personales.
Nunca habíamos disfrutado de tantas posibilidades tecnológicas y nunca habíamos sido tan vulnerables. Es paradójico. La digitalización ha multiplicado la productividad, la innovación y el acceso al conocimiento. Además, ha transformado industrias enteras y ha cambiado nuestra forma de trabajar, consumir y comunicarnos. Pero al mismo tiempo ha creado nuevas dependencias y nuevas superficies de ataque.
Durante el encuentro recordamos que el fraude digital ya no afecta únicamente a quien pierde dinero en una estafa bancaria. El problema va más allá, porque se compromete la confianza de los ciudadanos, la continuidad operativa de las empresas, la prestación de servicios públicos esenciales e incluso la estabilidad económica de los países. En este sentido, la seguridad digital es todo un problema colectivo, lo que obedece también a una nueva realidad: la tecnología hoy exige la conectividad y, a mayor conectividad, mayor vulnerabilidad y mayor superficie de ataque. Y este desafío no hará más que hacerse mayor a medida que la IA se desarrolle, como el reciente caso de Mythos demuestra.
El sector financiero constituye un buen ejemplo: la relación entre ciudadanos y entidades bancarias se desarrolla cada vez más a través de canales digitales. La banca ha sido capaz de ofrecer servicios más rápidos, más eficientes y más accesibles que nunca. Sin embargo, esa misma comodidad ha ampliado las oportunidades para el fraude, y eso ha hecho que el sector financiero esté sometido a una legislación europea, el Reglamento DORA, más restrictiva e intervencionista. Como recordamos en el encuentro, parafraseando una añeja serie de televisión, "los ricos también lloran".
"El progreso tecnológico no elimina la necesidad de gestionar el riesgo; al contrario, la hace mucho más compleja"Las transferencias instantáneas nos sirven como un buen ejemplo. Estas permiten que una persona disponga de su dinero en cuestión de segundos y constituyen un avance extraordinario. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad, generan un nuevo desafío: cuando una transferencia fraudulenta puede ejecutarse instantáneamente, también se reduce el tiempo disponible para detectarla y bloquearla.
No planteamos aquí una falsa dicotomía entre innovación y seguridad. Sería absurdo. Pero sí creemos que obliga a reflexionar sobre una realidad: toda innovación tecnológica genera simultáneamente nuevas oportunidades y nuevos riesgos. El progreso tecnológico no elimina la necesidad de gestionar el riesgo; al contrario, la hace mucho más compleja en un mundo tecnológico siempre interconectado y, por tanto, más vulnerable.
Carlos López Blanco durante el encuentro 'Misión contrato social: Hacia un mundo digital más seguro'. Foto: beBartlet
La revolución digital y el nuevo tablero geopolítico
Estas tendencias están impulsadas por el contexto histórico actual, caracterizado por una profunda revolución digital. Durante años se ha debatido si realmente estamos viviendo una transformación comparable a la Revolución Industrial. Nuestra respuesta parece cada vez más clara. No solo se están transformando los procesos productivos, también están cambiando la política, la organización social, la distribución de la riqueza y las relaciones internacionales. En todo caso, el hecho de que el Papa León XIV haya elegido este nombre por paralelismo con León XIII y su Rerum novarum sobre los desafíos de la Revolución Industrial nos permite acogernos al clásico Roma locuta, causa finita de san Agustín.La digitalización ha introducido fenómenos de desintermediación que afectan a prácticamente todos los ámbitos de la vida colectiva. La relación directa entre ciudadanos y plataformas digitales ha alterado el papel de los intermediarios tradicionales. Lo ha hecho en el comercio, en la información, en la política y en la comunicación social. Sin embargo, esta revolución tecnológica no se desarrolla en el vacío, puesto que está profundamente condicionada por la geopolítica.
"Hoy el campo de batalla entre las dos potencias contemporáneas, China y EE. UU., es la tecnología y la supremacía tecnológica"La rivalidad entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial, computación cuántica y tecnologías avanzadas constituye probablemente el gran conflicto estratégico de nuestro tiempo. La tecnología sigue siendo un instrumento económico, pero también es una gran herramienta de poder: frente al gran juego decimonónico en el que las potencias rivalizaban por el dominio colonial, un siglo XX en el que las dos superpotencias de la Guerra Fría lo hacían por la supremacía militar, hoy el campo de batalla entre las dos potencias contemporáneas, China y EE. UU., es la tecnología y la supremacía tecnológica, muy especialmente la inteligencia artificial y la computación cuántica.
En este escenario, Europa ha optado por una estrategia diferente. Frente al modelo abierto de Silicon Valley y al modelo autoritario chino, la Unión Europea ha construido un modelo basado en la regulación: DSA, DMA, RGPD, NIS2, DORA, el Reglamento de Inteligencia Artificial y otras iniciativas forman parte de un vasto esfuerzo normativo, un auténtico tsunami regulatorio, destinado a proteger derechos, garantizar la seguridad, reforzar la resiliencia y, a la vez, convertir a Europa en el rule setter del mundo digital, aprovechando el efecto Bruselas que vimos en el caso del RGPD y que es consecuencia directa de uno de los elementos clave de la economía del siglo digital: el acceso a las economías de escala.
Sin embargo, la regulación por sí sola no basta y Europa necesita construir también un modelo de digitalización de su economía que le permita no ser irrelevante frente a China y EE. UU.
Uno de los aspectos más interesantes del encuentro fue la coincidencia en la idea de corresponsabilidad. La seguridad no puede descansar exclusivamente sobre los ciudadanos, ni exclusivamente sobre las empresas, ni exclusivamente sobre los gobiernos. La vulnerabilidad es un desafío transversal y colectivo, y la respuesta también debe serlo.
"Las pymes forman parte de cadenas de suministro cada vez más complejas y pueden convertirse en la puerta de entrada de ataques dirigidos contra organizaciones mayores"Las administraciones públicas afrontan desafíos crecientes. Los pequeños ayuntamientos gestionan información sensible y prestan servicios esenciales, pero muchas veces carecen de recursos o conocimientos especializados suficientes. Las pymes forman parte de cadenas de suministro cada vez más complejas y pueden convertirse en la puerta de entrada de ataques dirigidos contra organizaciones mayores. Los ciudadanos utilizan servicios digitales diariamente sin comprender siempre los riesgos asociados.
Todos participan del mismo ecosistema, pero no todos tienen acceso a las herramientas necesarias para sobrevivir a estos riesgos, a diferencia de gobiernos y grandes empresas, por lo que creemos que debe ser una prioridad política y social proporcionárselas, no solo en su beneficio, sino porque la puerta de entrada de unos ciberdelincuentes cada vez más ricos, innovadores y sofisticados a un ataque de mayor entidad es, muchas veces, la cadena de suministro.
El presidente de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital se encargó de la presentación del acto en Madrid. Foto: beBartlet
El factor humano y la resiliencia ante el riesgo digital
Nos llamó especialmente la atención un dato: el 95% de las vulnerabilidades tienen origen humano. Este porcentaje obliga a replantear algunas ideas preconcebidas. Tendemos a imaginar la ciberseguridad como una cuestión tecnológica cuando, en realidad, muchas veces es una cuestión de disciplina en el cumplimiento de normas sencillas y básicas.La mayoría de los incidentes no se producen porque un atacante haya descubierto una sofisticada vulnerabilidad desconocida. Se producen porque alguien abre un correo fraudulento, reutiliza contraseñas, comparte información sensible o actúa sin la formación adecuada. Muchas veces, los grandes daños se causan no por ataques, sino por negligencias.
Por eso la alfabetización digital y la ciberhigiene se han convertido en una prioridad estratégica. Esto va más allá de enseñar a utilizar herramientas tecnológicas. Se trata de desarrollar hábitos de comportamiento. Del mismo modo que una sociedad aprende normas básicas de higiene o seguridad vial, también necesita aprender normas básicas de higiene digital.
Pero no sería justo trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos. Las organizaciones tienen la obligación de diseñar sistemas más seguros y más resistentes al error humano. La buena seguridad advierte del peligro, pero también construye entornos que minimizan las consecuencias de los errores inevitables.
"En un mundo hiperconectado, las organizaciones son conscientes de que van a sufrir incidentes"En esta línea, conviene abordar el concepto de resiliencia. Hace unos años, muchas organizaciones construyeron su estrategia de seguridad sobre la idea de la protección absoluta. El objetivo era impedir cualquier intrusión. Hoy sabemos que ese objetivo es irreal. En un mundo hiperconectado, las organizaciones son conscientes de que van a sufrir incidentes, y la pregunta que les queda es cuándo ocurrirán.
La resiliencia parte precisamente de esa premisa. Consiste en desarrollar la capacidad de anticipar amenazas, resistir ataques, reaccionar rápidamente, recuperarse y aprender de la experiencia y, sobre todo, dar una respuesta adecuada de manera inmediata.
El caso de Jaguar Land Rover, que mencionamos durante el encuentro, es el ejemplo idóneo para comprender esta realidad. Un incidente de ciberseguridad puede extender sus efectos mucho más allá de la empresa directamente afectada. Puede paralizar proveedores, afectar a miles de trabajadores y generar pérdidas multimillonarias y, en este caso, subvenciones públicas cuantiosas. En una economía interdependiente, la vulnerabilidad de uno se convierte rápidamente en la vulnerabilidad de todos.
Por esa razón, la ciberseguridad ya no puede considerarse una cuestión técnica confinada a un departamento especializado o a un brillante CISO (chief information security officer o director de seguridad de la información). Debe formar parte de la dirección estratégica de las organizaciones.
Afecta a la continuidad del negocio. Afecta a la reputación. Afecta al cumplimiento normativo. Afecta a la confianza de clientes e inversores. Y afecta también a la responsabilidad de los órganos de dirección y los consejos de administración.
La normativa europea más reciente refleja claramente esta evolución. Las nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad ya no se dirigen a los responsables técnicos, sino directamente a los consejos y los órganos de gobierno, y exigen una implicación activa en la supervisión de los riesgos. Todo ello nos conduce a una conclusión más amplia.
"La revolución digital está dando lugar a nuevos agentes con una importancia que antes solo tenían los gobiernos: las grandes plataformas digitales"La revolución digital está obligando a redefinir la relación entre ciudadanos, empresas y poderes públicos. Del mismo modo que la Revolución Industrial dio lugar a nuevos derechos sociales, nuevas instituciones y nuevas formas de organización económica, la revolución digital exige un nuevo marco de responsabilidades compartidas. Y además está dando lugar a nuevos agentes con una importancia que antes solo tenían los gobiernos: las grandes plataformas digitales, que tienen una responsabilidad solo comparable a la de los poderes públicos, y eso explica la necesidad de regularlas. En otras palabras, es necesario un nuevo contrato social digital.
Ese contrato debe reconocer que la seguridad es un bien común. Debe asumir que la protección del entorno digital requiere cooperación entre los sectores público y privado. Debe fomentar la educación y la concienciación. Debe impulsar mecanismos eficaces de intercambio de información sobre amenazas. Y debe garantizar que la innovación tecnológica avance de la mano de la confianza.
La seguridad ya no puede descansar únicamente en la prudencia del usuario, ni en la capacidad de reacción de una empresa concreta, ni en la actuación aislada de las autoridades. La sociedad digital es un ecosistema interdependiente. Sus riesgos son compartidos. Su protección también debe serlo.
Porque, en última instancia, la cuestión ya no es únicamente tecnológica. Se trata de preservar la confianza sobre la que descansa la economía digital, la prestación de servicios esenciales y el funcionamiento de nuestras democracias.
La ciberseguridad, entendida en este sentido amplio, no es simplemente una herramienta defensiva; es una condición necesaria para la prosperidad, la libertad y la cohesión social en el siglo XXI.
En alianza con:
Carlos López Blanco
Asesor sénior de Flint Global
Abogado, consultor y experto en regulación de telecomunicaciones y economía digital con más de 30 años de experiencia. Senior Adviser en Flint Global. Abogado del Estado (ex) y abogado en ejercicio. Profesor en ESADE Law School. Presidente de la Fundación ESYS y de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España. Preside el comité organizador del Foro La Toja y es patrono de las fundaciones Euroamérica, Teaming y NTT Data.
Etiquetas
Democracia, ciberataques, Seguridad, Europa, inteligencia artificial, empresa, Estados Unidos, China, geopolítica, León XIV, tecnología, pyme Ahora en portada
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