

En todo el mundo desarrollado se repite el mismo diagnóstico alarmante. De Bruselas a Washington, dirigentes políticos y empresariales advierten de que nuestras economías han perdido competitividad porque los salarios son demasiado altos y la regulación, excesiva. Se nos dice que, si se abarata el trabajo y se desregula, la inversión privada fluirá en abundancia.
Este diagnóstico puede parecer de sentido común para algunos. Sin embargo, hoy contamos con pruebas abundantes y suficiente experiencia acumulada para saber que es completamente erróneo. En un nuevo estudio para la Confederación Europea de Sindicatos, mis colegas y yo seguimos el rastro del dinero para poner a prueba esta hipótesis. Para ello, analizamos los estados financieros de las 300 mayores empresas no financieras cotizadas de Europa durante los últimos 25 años. Nuestras conclusiones deberían preocupar a los responsables políticos, tanto dentro como fuera de Europa. Durante dos décadas, el capital ha sido abundante y barato y los beneficios empresariales se han mantenido sólidos; pese a ello, la inversión, la productividad y los salarios se han estancado. El verdadero freno al crecimiento no ha sido el coste del trabajo, sino la asignación del capital.
"El verdadero freno al crecimiento no ha sido el coste del trabajo, sino la asignación del capital"
Nuestro estudio muestra cómo las grandes empresas mantienen sólidos márgenes de beneficio, en beneficio de sus accionistas, mientras recortan su actividad productiva. Una parte cada vez mayor de sus ingresos procede de su actividad como agentes financieros —del cobro de intereses sobre bonos o deuda pública, de los dividendos y del crédito concedido a sus propios clientes— y no de la producción. Como consecuencia, los pagos a los accionistas han crecido más deprisa que los beneficios que los financian. El sector empresarial no financiero europeo no solo ahorra actualmente más de lo que invierte, sino que, desde 2009, es un prestamista neto para el resto de la economía: un llamativo vuelco respecto de su función histórica.
Cuando los beneficios de las mayores empresas europeas se destinan cada vez más a recompras de acciones, dividendos y activos financieros, en lugar de a la producción y la innovación, el resultado es un coste social creciente derivado de una asignación equivocada del capital. A medida que disminuye la rentabilidad del capital productivo, resulta más atractivo destinar cada euro adicional a activos financieros que invertirlo en una nueva fábrica o un laboratorio. Entre las empresas que estudiamos, el capital productivo acumulado se está reduciendo en términos netos. En el conjunto del sector empresarial no financiero europeo, la formación neta de capital se ha reducido en más de la mitad como porcentaje del PIB desde el año 2000: del 3,7% al 1,6%. De cada euro de beneficio obtenido por las empresas no financieras europeas, la proporción que se reinvierte —descontada la depreciación— en nueva capacidad productiva también se redujo en más de la mitad: del 18,9% en 2000 a apenas el 7,4% en 2024.
Los trabajadores han pagado el precio de esta acumulación financiera sostenida. El peso de las rentas del trabajo en la renta generada por la economía real —excluidos los sectores financiero, asegurador, inmobiliario y público— es hoy inferior al del año 2000 y continúa disminuyendo en varios de los principales países europeos. Más de dos tercios de las empresas examinadas habían anunciado procesos de reestructuración que pusieron en riesgo 2,7 millones de empleos europeos. Casi el 80% de esos anuncios procedía de compañías que habían registrado beneficios ese mismo año.
"De cada euro de beneficio obtenido por las empresas no financieras europeas, la proporción que se reinvierte en nueva capacidad productiva se redujo en más de la mitad"
Esto implica que los puestos de trabajo no se eliminaron como respuesta a pérdidas, sino como una táctica para elevar la rentabilidad. Durante el último cuarto de siglo, los beneficios crecieron casi el doble de rápido que los salarios en el sector empresarial no financiero, mientras que los pagos a los accionistas aumentaron todavía más deprisa. Las ganancias acumuladas durante dos décadas de aumento de los beneficios fueron a parar al capital, no a los trabajadores que las produjeron.
Este problema no es, ni mucho menos, exclusivo de Europa. Refleja la lógica de la financiarización que se ha impuesto en todo el mundo. Pero este proceso descansa sobre una teoría equivocada del valor, incapaz de distinguir entre la creación y la extracción de valor. Como explico en El valor de las cosas, la economía como disciplina ha olvidado la diferencia entre los beneficios derivados de la producción y las rentas obtenidas por el mero hecho de poseer activos. Mientras no corrijamos este defecto fundamental, los riesgos de la innovación seguirán recayendo colectivamente sobre los contribuyentes y los trabajadores, y la investigación seguirá financiándose con fondos públicos, mientras las recompensas se concentran en cada vez menos manos.
Nada de esto es inevitable. La financiarización es el resultado de decisiones políticas plasmadas en las normas de gobernanza empresarial, los sistemas fiscales, los regímenes de ayudas de Estado y las reglas fiscales. La tarea de los gobiernos no consiste simplemente en abaratar el capital o hacerlo más abundante: un capital barato no se convierte por sí solo en inversión productiva. Consiste en cambiar las condiciones que rigen su uso y el reparto de sus rendimientos. Para ello se necesitan condiciones vinculantes asociadas a las ayudas públicas; una inversión pública que comparta tanto los riesgos como los beneficios, en lugar de limitarse a absorber riesgos para garantizar rentabilidades privadas; y una gobernanza empresarial orientada al largo plazo, no al siguiente trimestre.
"La economía como disciplina ha olvidado la diferencia entre los beneficios derivados de la producción y las rentas obtenidas por el mero hecho de poseer activos"
Estos elementos constituyen el núcleo de lo que he denominado una estrategia industrial moderna y orientada a misiones. La clave no está en elegir ganadores, sino en apostar por quienes estén dispuestos a comprometerse: orientar los flujos de inversión mediante misiones públicas ambiciosas y crear alianzas público-privadas simbióticas y bien diseñadas que orienten el crecimiento hacia la creación de auténtico valor social y medioambiental. La NASA no desincentivó la innovación cuando incluyó cláusulas contra los beneficios excesivos en los contratos públicos que hicieron posible ir a la Luna y volver en 1969. Al contrario, creó un sistema orientado a resolver problemas concretos —qué ropa llevarían y qué comerían los astronautas o cómo irían al baño— que, al mismo tiempo, impulsó el crecimiento en la Tierra.
Necesitamos colaboraciones similares para afrontar el cambio climático, que nos obliga a replantearnos qué comemos, cómo nos desplazamos y qué materiales utilizamos para construir. Ante todos estos desafíos, los trabajadores deben ocupar el centro, no los márgenes. Como defendimos Damon Silvers y yo durante la huelga de 2023 de los trabajadores de la industria automovilística estadounidense, una transición ecológica que no genere también empleos de calidad carecerá del respaldo político necesario para salir adelante. Los trabajadores y los sindicatos no pueden quedar relegados a un segundo plano: deben formar parte del entramado institucional que gobierna la economía. Por eso necesitamos un nuevo contrato social entre las empresas, los trabajadores y el Estado.
Creo que la defensa de un nuevo pensamiento económico empieza a abrirse camino. En mi nuevo libro, The Common Good Economy, propongo una brújula que puede ayudarnos a orientar este proceso. Debemos dejar de limitarnos a corregir los fallos del mercado y comenzar a redefinir el objetivo: lo que Aristóteles denominaba el telos de la polis. Importan tanto el qué como el cómo. Solo si prestamos la misma atención a las relaciones entre el capital y el trabajo, entre lo público y lo privado y entre el Estado y la sociedad civil podremos empezar a transformar nuestras economías. La competitividad y la justicia no son objetivos contrapuestos. La verdadera elección es entre una economía que recompensa la extracción de valor y otra que construye las bases comunes de una prosperidad duradera.
© Project Syndicate, 2026.

Recibe nuestro análisis diario en tu correo
Recibe una alerta diaria en tu teléfono