Con más de 1,17 millones de solicitudes, España ha cerrado el mayor proceso de regularización realizado hasta la fecha en un Estado miembro de la Unión Europea. Para Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en Instrategies, "toda regularización extraordinaria constituye el reconocimiento de una disfunción del propio sistema migratorio". Bajo su punto de vista, el proceso muestra que buena parte de la irregularidad nace de un modelo que muestra importantes incapacidades.

Los investigadores en porCausa Belén Llera y Gonzalo Fanjul lamentan que el Pacto Europeo de Migración y Asilo "proteja los valores europeos vulnerando los derechos ajenos". A su juicio, la entrada en vigor del pacto es "la consolidación de la industria de securitización de fronteras" y consideran que la UE "se interna en un territorio oscuro y desconocido".