El error de España si queda fuera del paraguas nuclear francés

Era el 2 de marzo de 2026. En la base de submarinos de Île Longue en Bretaña, Emmanuel Macron subió al estrado y pronunció el discurso nuclear más importante de Europa desde el final de la Guerra Fría. Anunció el primer aumento de ojivas francesas desde 1992, ordenó la construcción de un nuevo submarino balístico bautizado L'Invincible y, sobre todo, ofreció a sus socios europeos algo sin precedentes: sentarse a la mesa de la disuasión continental, participar en la planificación estratégica y quedar bajo el manto de los intereses vitales de Francia. Ocho países aceptaron: Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia, Dinamarca y Reino Unido.

España no estaba en la lista y, mientras tanto, la Europa que durante décadas compartió su pacifismo había cruzado al otro lado.

La semana que reconfiguró Europa

Para entender lo que ocurrió hay que retroceder apenas tres semanas, a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, el 13 de febrero, el canciller Friedrich Merz confirmaba conversaciones con Macron sobre disuasión nuclear europea, invocando el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea como fundamento jurídico de una solidaridad colectiva que nadie había formulado tan abiertamente desde la Guerra Fría. En ese mismo escenario, Pedro Sánchez tomó la dirección contraria: declaró que "el rearme nuclear no es la vía correcta" y que la disuasión atómica no era una garantía, sino "una apuesta peligrosa". No era una postura improvisada. Solo dos días después, el 15 de febrero, el Gobierno publicaba en el BOE la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el primer documento de este tipo en la historia democrática española. Madrid cerraba la puerta antes de que París abriera la ventana.

"El único Estado miembro de la UE con capacidad nuclear propia ofrece extender su paraguas y España responde con un documento de no proliferación redactado el mes anterior"

España se situaba fuera del plan nuclear francés, condicionada por el referéndum de 1986 y su cultura estratégica antinuclear. La paradoja no podía ser más llamativa: mientras Berlín (que durante mucho tiempo encarnó el pacifismo europeo y que lleva el peso moral de haber desencadenado dos guerras mundiales) negociaba acceso a la doctrina nuclear más avanzada del continente, Madrid invocaba una consulta popular de hace cuarenta años para quedarse fuera. El escenario geopolítico que ha desencadenado todo esto tampoco admite ingenuidades. Rusia mantiene armas nucleares tácticas desplegadas en Bielorrusia y ha rebajado su umbral doctrinal de uso. Donald Trump ha puesto en duda reiteradamente el compromiso estadounidense con el artículo 5 de la OTAN. China ha triplicado su arsenal estimado en una década. En este contexto, el único Estado miembro de la UE con capacidad nuclear propia ofrece extender su paraguas y España responde con un documento de no proliferación redactado el mes anterior.

El peso jurídico del pasado

La prohibición española va más allá de la retórica. El referéndum del 12 de marzo de 1986, convocado por Felipe González bajo el artículo 92 de la Constitución, establecía como condición expresa para la permanencia en la OTAN la "prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español". El 52,54% de los españoles avaló esa condición. A eso se suma el Tratado de No Proliferación Nuclear, que España suscribió en 1987 como Estado no nuclearmente armado y que prohíbe recibir la transferencia de armas nucleares o el control sobre ellas. Además, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2023 sitúa el multilateralismo y el desarme como pilares de la acción exterior española.

Sin embargo, la propuesta de Macron no exige instalar armas en suelo español. Francia retiene en todo momento la decisión final sobre el uso de su arsenal. Lo que ofrece es la participación en mecanismos de consulta, planificación y maniobras conjuntas, un modelo similar al Nuclear Planning Group (el grupo de planificación nuclear) de la OTAN, en el que Alemania, Bélgica o los Países Bajos participan desde hace décadas sin poseer una sola ojiva. Si eso viola el espíritu del referéndum de 1986, es una afirmación política, no una certeza jurídica, y nunca ha sido sometida a dictamen del Consejo de Estado.

"España lleva cuatro décadas confundiendo dos cosas distintas: oponerse a la proliferación nuclear (un principio legítimo) y negarse a participar en la arquitectura de disuasión que ha mantenido la paz en Europa"

El problema de fondo es que España nunca ha resuelto legalmente cuál es la naturaleza de aquel mandato popular. A diferencia de Alemania, cuyo antinuclearismo descansa sobre el Tratado 2+4 de 1990 (un instrumento de derecho internacional con fuerza jurídica plena), el compromiso español reposa sobre la formulación de la pregunta de un referéndum consultivo. La Ley Orgánica 2/1980 no precisa si las condiciones incluidas en esa pregunta son políticamente orientativas o jurídicamente obligatorias. España lleva cuatro décadas confundiendo dos cosas distintas: oponerse a la proliferación nuclear (un principio legítimo) y negarse a participar en la arquitectura de disuasión que ha mantenido la paz en Europa. Son posturas compatibles en muchos contextos, pero no necesariamente en este.

El coste de no sentarse a la mesa

Las consecuencias, por tanto, trascienden el plano simbólico. Tras el rechazo español en Múnich, Estados Unidos retiró al menos quince aviones cisterna de las bases de Rota y Morón, instalaciones que constituyen la mayor palanca de influencia militar española en el tablero atlántico. El exembajador ante la OTAN Nicolás Pascual de la Parte afirmó: "España pierde la capacidad de construir la estructura de defensa nuclear de Europa. Aunque otro Gobierno se sume después, no habremos participado en las decisiones que se adopten ahora". Las arquitecturas de seguridad, como las constituciones, se escriben en momentos fundacionales y este lo es.

Lo que el momento histórico exige no es que España fabrique ojivas ni que reniegue del Tratado de No Proliferación. Es algo más modesto: una deliberación pública informada sobre qué significa la seguridad colectiva en la Europa de 2026, qué implica jurídicamente participar en mecanismos de consulta sin armas en suelo propio y si el consenso antinuclear de 1986 fue construido para este mundo o para uno que ya no existe. Ese debate está ocurriendo en Alemania, en Polonia o en Suecia. Es incómodo, está lleno de aristas morales y técnicas, y requiere una madurez democrática que no siempre acompaña a los ciclos electorales. En España, en cambio, la única voz institucional ha sido la del Gobierno diciendo no antes de que se le explicara exactamente a qué.

"La apuesta debe ser construir los instrumentos para que esa cultura pueda actualizarse cuando la sociedad lo decida, con información y sin el peso de los tabúes heredados"

La reforma que necesita España no es un nuevo referéndum sobre la bomba, sino instrumentos institucionales para abordar el debate con seriedad: una comisión parlamentaria permanente de seguridad nuclear y disuasión estratégica, una Ley Orgánica de Defensa Nacional que distinga entre posesión de armas y participación en mecanismos colectivos de consulta y una Estrategia de Seguridad Nacional que reconozca que la no proliferación y la disuasión compartida no son términos necesariamente contradictorios. No se trata de cambiar la cultura estratégica española de la noche a la mañana. La apuesta debe ser construir los instrumentos para que esa cultura pueda actualizarse cuando la sociedad lo decida, con información y sin el peso de los tabúes heredados.

El complejo legado nuclear de España

Desde que De Gaulle fundó la force de frappe en 1960, Francia ha tenido una idea muy clara sobre qué significa ser una potencia soberana. Macron no ha hecho sino actualizar esa doctrina al siglo XXI, con la novedad de ofrecer ese paraguas en lugar de reservarlo para París. Es, por un lado, un gesto con una cara generosa y, por el otro, con una cruz estratégica. Una Francia que disuade sola es cara; una Francia que disuade en nombre de ocho socios europeos es una potencia hegemónica continental con legitimidad colectiva.

Cuarenta años de consenso antinuclear no se disuelven en una semana, pero tampoco sobreviven indefinidamente a un mundo que los ha dejado atrás. Los consensos más duraderos no son los que nunca se cuestionan, sino los que sobreviven al cuestionamiento. Unamuno decía que en la historia todo lo que no es política es arqueología, algo inerte. Convertir una convicción en tabú es el primer paso para volverla arqueología.

En 1986, decir no a las armas nucleares era, en cierto sentido, un acto de independencia. España se negaba a ser arrastrada por la lógica de las superpotencias, a convertir su territorio en un peón del tablero nuclear de Washington o Moscú. Había una soberanía genuina en ese gesto. La cuestión es que, cuarenta años después, esa misma postura produce el efecto contrario: al quedarse fuera de la conversación europea sobre disuasión, España no se libera de ningún paraguas, sino que pasa a depender del que construyan otros sin ella. El problema no es lo que España decidió en 1986, sino que desde entonces nadie ha tenido el valor de preguntarse si sigue siendo la decisión correcta. Por tanto, se trata de entender que la única forma de influir en la Europa que se está construyendo ahora mismo es estar dentro de la conversación. Los que se quedan fuera no preservan sus principios. Solo pierden su voz.