La semana pasada escribí sobre el concepto de culpa in vigilando atribuida a Pedro Sánchez y al hecho de que la legitimidad de su Gobierno nació en 2018 bajo una premisa de regeneración ética y hoy
ese relato fundacional se enfrenta a una zona gris.
Hoy, en mi columna semanal sobre política europea, intentaré aportar un granito más de arena sobre el que ya es el segundo presidente más longevo después de Felipe González. La razón es que, en mi opinión, la política europea y exterior es uno de los ámbitos en los que los mandatos de Pedro Sánchez han marcado la diferencia.
Pedro Sánchez no es el primer presidente español que ha intentado aumentar el peso internacional de España. Tampoco es el primero que ha utilizado éxitos diplomáticos para reforzar su posición política doméstica. José María Aznar lo hizo con su alineamiento atlántico, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero construyó parte de su perfil internacional alrededor de la retirada de Irak y la oposición a la guerra.
La diferencia con Sánchez y con su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es otra. Probablemente sea el primer presidente de la democracia española que ha impulsado posiciones más definidas en ámbitos donde antes predominó un amplio consenso pasivo, convirtiendo la política exterior en uno de los terrenos donde también se expresan las diferencias políticas nacionales.
Durante buena parte de la democracia, España mantuvo una relación peculiar con los asuntos internacionales. Funcionaba gracias a ese consenso pasivo que menciono, y que también en muchos casos significaba inacción. No siempre estaba escrito ni respondía a grandes acuerdos formales, sino que era más bien una cultura política compartida. Europa constituía un horizonte común, mientras que la relación con Estados Unidos se gestionaba con distintos matices —pero dentro de parámetros conocidos—. A su vez, la posición española sobre Oriente Próximo, Marruecos o China evolucionaba gradualmente y sin grandes rupturas.
Incluso cuando surgían episodios extraordinarios, como la guerra de Irak, se percibían precisamente como excepciones. La intensidad del conflicto político que provocó la decisión de Aznar se explicaba en parte porque rompía una tradición de continuidad relativamente asentada.
"La novedad con Pedro Sánchez es la adopción de posiciones propias, reconocibles y diferentes en algunos de los debates internacionales más relevantes de nuestro tiempo"
En este sentido, la novedad es la voluntad de adoptar posiciones propias, reconocibles y diferentes en algunos de los debates internacionales más relevantes de nuestro tiempo, allí donde España había preferido tradicionalmente moverse dentro de amplios márgenes de consenso y flexibilidad diplomática.
Uno de los casos más evidentes, y quizá de los primeros en el calendario, fue Marruecos y el Sáhara Occidental. Durante la etapa democrática española, los distintos gobiernos mantuvieron un difícil equilibrio entre los compromisos históricos del país, las relaciones con Marruecos, la estabilidad de Ceuta y Melilla, la cooperación migratoria y los vínculos con Argelia.
El giro de Sánchez hacia el plan de autonomía defendido por Rabat apostó por una nueva aproximación a una cuestión marcada por la búsqueda de equilibrios diplomáticos. Aquella decisión fue interpretada por sus críticos como una modificación sustancial de una posición histórica española. En esta línea, el asunto dejó de ser una cuestión diplomática para pasar a la agenda doméstica. Generó tensiones dentro de la coalición de Gobierno, provocó enfrentamientos parlamentarios y abrió un debate público que todavía continúa.
Algo similar ocurrió con Gaza e Israel. Sobre el conflicto, España mantuvo posiciones relativamente próximas a las de la mayoría de sus socios europeos. El reconocimiento del Estado palestino proyectó a España hacia una posición más visible dentro del debate europeo e internacional. Pero también produjo un efecto interno. Una vez más, un tema perteneciente a la diplomacia escaló, en este caso, hasta convertirse en un elemento de diferenciación política. La posición respecto a Israel pasó a formar parte de las identidades partidistas, de las disputas parlamentarias y de la conversación pública española.
"Las relaciones transatlánticas han saltado del plano de la seguridad hasta ser tratadas como una discusión sobre identidad política, soberanía europea y posicionamiento ideológico dentro de España"
Cronológicamente, la relación con Estados Unidos ofrece un tercer ejemplo. Hasta hace poco tiempo, las cuestiones relacionadas con la OTAN, las bases militares estadounidenses o la cooperación estratégica formaron parte de un consenso relativamente estable. Incluso cuando existían diferencias ideológicas, los gobiernos tendían a preservar amplios espacios de continuidad.
Sin embargo, las tensiones con la Administración Trump o las implicaciones de la política estadounidense hacia Irán han introducido nuevas líneas de división. Las relaciones transatlánticas han saltado del plano de la seguridad hasta ser tratadas como una discusión sobre identidad política, soberanía europea y posicionamiento ideológico dentro de España.
Lo mismo ocurre con China. Las decisiones sobre Pekín generan cada vez más discusión política interna porque obligan a responder preguntas que van mucho más allá del comercio. ¿Debe Europa alinearse con Washington? ¿Debe preservar una autonomía estratégica propia? ¿Hasta qué punto pueden aceptarse inversiones chinas en sectores sensibles?
Los cuatro ejemplos apuntan en la misma dirección. La politización de la política exterior española no surge porque los asuntos internacionales hayan invadido inevitablemente la política nacional. Surge porque determinadas decisiones del Gobierno han reemplazado una lógica basada en el consenso y la gestión de equilibrios por otra basada en posiciones más definidas y visibles.
"España es hoy más visible que hace una década. Sus posiciones generan atención. Su capacidad para influir en determinados debates es mayor"
El consenso pasivo mantenía los conflictos internacionales en los márgenes del debate político. En ausencia de ese acuerdo, los partidos compiten, los medios prestan más atención y los ciudadanos toman partido. Todo ello mientras la política exterior entra en la lucha política cotidiana. Considero que esta transformación tiene efectos positivos. España es hoy más visible que hace una década. Sus posiciones generan atención. Su capacidad para influir en determinados debates europeos es mayor. Un país que adopta posiciones claras tiene más posibilidades de ser escuchado que uno que se limita a acompañar a otros.
Pero la visibilidad tiene un coste que tenemos que asumir. Cuando un país adopta posiciones más definidas, también genera más resistencia. Sus decisiones afectan intereses concretos y sus movimientos reciben más escrutinio. Además, sus adversarios encuentran más incentivos para responder.
Piensen en el caso Pegasus, a principios de 2022, cuando los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros, como Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o Luis Planas, fueron infectados de forma ilícita y se extrajo información sensible. La tecnología es israelí. Lean el artículo que publicamos hoy sobre la mirada estadounidense del caso Zapatero. El exoficial de la CIA Bjorn Beam afirma que "la HSI (Homeland Security Investigations) ha ampliado de forma constante su alcance global y sus prioridades se han vuelto más políticas bajo la Administración Trump" y explica que "independientemente del caso en cuestión, ese patrón hace que cualquier decisión de entregar pruebas a un tribunal extranjero merezca un escrutinio adicional".
La relevancia internacional y el conflicto político suelen crecer al mismo tiempo. Y en el momento en que los actores políticos se ven obligados a elegir bando, la política exterior se introduce en la nacional. En España, este tablero de juego ha llegado para quedarse, y si no, vean el vídeo de ayer de Alberto Núñez Feijóo apoyando a Keiko Fujimori. Si el líder popular graba este vídeo es porque piensa que define su identidad política en España. Quizá por esto lo haya borrado.