Sánchez ante la prueba de la 'culpa in vigilando'

En las democracias liberales del presente, la corrupción rara vez empieza con un presidente negociando personalmente una comisión o firmando un contrato irregular. Con estas reglas del juego, los escándalos suelen surgir de otra manera, como, por ejemplo, mediante redes de confianza, círculos de afines o estructuras de lealtad que articulan ecosistemas de poder donde la responsabilidad individual se mezcla con una responsabilidad más amplia, más difusa y políticamente más peligrosa. En estos casos, el concepto de culpa in vigilando, que en España se recoge en el artículo 1903 del Código Civil, es sumamente importante.

¿En qué se traduce este concepto jurídico? La culpa in vigilando alude a la responsabilidad que puede atribuirse a quien, por su posición de autoridad o supervisión, tenía el deber de vigilar, prevenir o controlar la actuación de otras personas y no lo hizo con la diligencia exigible. Bajo esta interpretación, el debate sobre Pedro Sánchez ya no gira únicamente en torno a la existencia o no de delitos concretos en personas de su entorno político o institucional. La cuestión que empieza a emerger es hasta qué punto un liderazgo extremadamente fuerte, como el de Sánchez, puede desvincularse políticamente de las dinámicas que se producen dentro de la estructura de poder que él mismo construyó.

"Quien concentra autoridad también asume una responsabilidad reforzada sobre los mecanismos de control, selección y vigilancia de quienes ejercen poder en su nombre"

Esa es la lógica de la culpa in vigilando. No implica necesariamente responsabilidad penal ni significa afirmar que el presidente conociera hechos concretos o participara en ellos. Se trata de la idea de que quien concentra autoridad también asume una responsabilidad reforzada sobre los mecanismos de control, selección y vigilancia de quienes ejercen poder en su nombre.

Europa lleva décadas discutiendo esta cuestión. La caída de Bettino Craxi, primer ministro italiano entre 1983 y 1987, es un caso simbólico. El líder de la socialdemocracia italiana negó durante años haber organizado personalmente el sistema de financiación ilegal que impregnaba la política del país. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía evolucionó hacia otra conclusión: un dirigente que acumulaba semejante poder no podía presentarse simplemente como un espectador de lo que ocurría a su alrededor.

Algo similar ocurrió en Alemania. El escándalo de financiación irregular de la CDU dañó el legado del excanciller Helmut Kohl. No tanto porque existieran acusaciones equivalentes a las italianas, sino porque brotó la sensación de que un aparato político construido alrededor de una figura dominante había relajado su labor de supervisión. Siguiendo esta lógica, en Francia sucedió un caso muy parecido con Jacques Chirac y las redes clientelares en el Ayuntamiento de París.

Hoy día, está claro que España no es ajena a estas dinámicas vistas en los otros grandes sistemas europeos. De hecho, buena parte de la transformación política de la última década nació precisamente de una reinterpretación moral de la responsabilidad pública. La moción de censura que llevó a Sánchez al poder en 2018 se apoyó sobre una idea muy concreta: que el Gobierno de Mariano Rajoy había perdido legitimidad política por la corrupción asociada al caso Gürtel, en este caso por una sentencia, incluso aunque las responsabilidades penales individuales estuvieran delimitadas judicialmente.

Aquella operación redefinió el estándar político español.

Desde entonces, Sánchez construyó gran parte de su legitimidad sobre una narrativa de regeneración democrática, ejemplaridad institucional y superioridad ética frente a la derecha española. Precisamente por eso, cualquier sospecha que afecte a personas próximas al ecosistema de poder socialista tiene un impacto especialmente sensible. Tanto por las irregularidades concretas que puedan existir, como porque erosiona el relato fundacional del propio sanchismo.

La presidencialización del poder

En prácticamente toda Europa occidental, los partidos tradicionales evolucionaron hacia estructuras mucho más verticales y personalistas. Las organizaciones políticas dependen cada vez más de liderazgos hipervisibles, estrategias comunicativas centralizadas y círculos reducidos de confianza. Los intermediarios clásicos —desde los barones territoriales hasta las facciones internas o la burocracia del partido— perdieron peso frente a equipos presidenciales compactos y altamente cohesionados.

El sanchismo representa probablemente una de las formas más avanzadas de esa transformación en España. La supervivencia política de Sánchez tras la crisis interna del PSOE en 2016 reforzó una cultura política, primarias mediante, basada en la lealtad personal y en la centralización estratégica. El presidente reconstruyó el partido alrededor de un núcleo extremadamente compacto, con un control muy intenso sobre la comunicación, las candidaturas y las decisiones gubernamentales. Esa concentración de poder tuvo ventajas evidentes, como la cohesión y una alta disciplina y lealtad. Pero también genera un efecto inevitable, ya que reduce la capacidad del líder para presentarse como completamente ajeno a lo que ocurre dentro de su propio sistema de poder.

"Cuanto más personalista es una estructura política, más difícil resulta separar completamente al líder de las conductas de su entorno"

Cuanto más personalista es una estructura política, más difícil resulta separar completamente al líder de las conductas de su entorno. Y eso no convierte automáticamente a Sánchez en responsable jurídico de nada, pero sí aumenta la presión sobre su responsabilidad política, especialmente porque la opinión pública, como se ha visto en el resto de países, ha desarrollado una sensibilidad creciente hacia las responsabilidades indirectas del liderazgo.

En este contexto, la culpa in vigilando funciona como una categoría intermedia entre el delito y la absolución política total. Es la zona gris donde se juegan hoy muchas crisis de legitimidad democrática. El problema para los líderes contemporáneos es que ya no se acepta fácilmente el argumento del desconocimiento absoluto. Un presidente puede ignorar hechos concretos, pero si las irregularidades afectan repetidamente a personas cercanas, nombradas o políticamente protegidas por él, la gente comienza a cuestionarse los mecanismos de control dentro de su administración o partido.

La paradoja es que esta transformación tiene mucho que ver con la propia evolución de la democracia mediática. Los ciudadanos exigen hoy niveles de transparencia y vigilancia imposibles de satisfacer plenamente en sistemas políticos complejos. Las redes sociales, la hiperexposición permanente y la polarización aceleran además cualquier sospecha y convierten cada investigación en una batalla inmediata por la legitimidad pública.

Esta dinámica altera las reglas tradicionales de supervivencia política. Antes, los gobiernos caían principalmente por derrotas electorales, crisis económicas o escándalos judiciales concluyentes. Sin embargo, en la actualidad muchos de ellos acaban deteriorándose lentamente, en un desgaste auspiciado por elementos como la acumulación de dudas, una alta percepción de opacidad o la sensación de que no hay ningún tipo de control interno del Gobierno.

Como consecuencia, los tribunales o lo que muestran las investigaciones periodísticas no son los únicos elementos a tener en cuenta. Y, aterrizándolo en el presente, el nudo al que nos enfrentamos no es otro que saber si el Gobierno mantiene la autoridad moral que reivindicó desde 2018. Recordemos que esa autoridad se basaba en una premisa clara: que el PSOE representaba una cultura de poder distinta a la del ciclo anterior.

"La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede un liderazgo tan centralizado seguir reclamando una separación absoluta respecto de las dinámicas de su propio entorno político?"

Por eso el debate sobre Sánchez no debería formularse en términos simplistas de culpabilidad personal. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿puede un liderazgo tan centralizado seguir reclamando una separación absoluta respecto de las dinámicas de su propio entorno político? Esa es la gran cuestión.

Porque la crisis de confianza que atraviesan las democracias occidentales no nace únicamente de la corrupción entendida como delito. Nace también de la percepción de que los sistemas políticos han debilitado sus mecanismos internos de control mientras reforzaban el poder de figuras presidenciales cada vez más dominantes.

La culpa in vigilando expresa exactamente esa ansiedad contemporánea. Al mismo tiempo, plasma la necesidad de que los líderes tengan capacidad de supervisión, cultura institucional y responsabilidad sobre el ecosistema de poder que construyen a su alrededor.

En ausencia de una moción de censura viable, la decisión de convocar elecciones solo puede tomarla Pedro Sánchez. Será él quien determine cuándo devuelve la palabra a la ciudadanía española para resolver la pregunta que definirá el próximo ciclo político: si siguen pesando más los avances económicos, sociales y políticos, o si la confianza en personas equivocadas pone fin a sus mandatos. 

Los tribunales fijarán responsabilidades penales allí donde existan, las investigaciones seguirán delimitando hechos y las mayorías parlamentarias marcarán los tiempos. No obstante, la legitimidad política se decide en otro terreno. ¿El proyecto que llegó al poder invocando la regeneración conserva aún suficiente autoridad para pedir continuidad? La respuesta, tarde o temprano, solo puede darla la ciudadanía.