Martes, 28 de julio de 2026
ECONOMÍA

El país de los buenos salarios

España ha batido un récord histórico de afiliación, pero el debate decisivo empieza después del dato. Antón Gómez-Reino, analista político y exdiputado, sostiene que "la transformación del mercado laboral, con un impulso decisivo desde el salario mínimo, es una realidad", aunque advierte de que el siguiente reto es más profundo: avanzar hacia una economía capaz de crear empleo de calidad y hacer posible "el país de los buenos salarios".

Antón Gómez-Reino Antón Gómez-Reino 8 de junio de 2026
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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso. | Jesús Hellín / Europa Press
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso. | Jesús Hellín / Europa Press
El 2 de junio de 2026, la Seguridad Social comunicó un dato que no tiene precedente en la historia del mercado laboral español: 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social, el máximo histórico absoluto de la serie, con 553.431 cotizantes más que hace un año —una tasa de crecimiento interanual del 2,54%, la más elevada en más de dos años— y 64 meses consecutivos de creación de empleo en la serie desestacionalizada. Y, sin embargo, el éxito de los datos de empleo no esconde la baja franja salarial en la que se mueven millones, acaso la mayoría de las personas trabajadoras en el Estado español, y que nos plantea el siguiente reto: ¿cómo modificar la estructura productiva y salarial del mercado de trabajo para conseguir aumentar salarios y poder adquisitivo?

Frente a años de desempleo estructural y salario mínimo estancado, la sociedad española ha logrado transformar el mercado laboral. Queda ahora un gran reto por delante: transformar la matriz productiva y hacer avanzar los salarios.

Una transformación sin precedentes

El ciclo de empleo que vivimos no tiene parangón en la historia reciente. La tasa de ocupación más alta de la historia, del 67,5%, ha conseguido reducir la de paro en 1,2 puntos en el último año hasta niveles no vistos desde mediados de 2008. Más población activa, más personas ocupadas y menos paro. La reforma laboral de 2021 (cuyos debates y tramitación viví en primera persona como legislador y como presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso) ha cumplido su promesa central: contratos más estables y con menor temporalidad estructural que en ningún momento previo de la democracia. Los menores de veinticinco años redujeron su tasa de paro del 46,25% en 2015 al 24,90% en 2024. El empleo femenino ha marcado máximos históricos. El paro entre las mujeres se redujo en 167.100 desempleadas en 2024, un 10,9% de caída.

"Una economía y un mercado laboral regulados, pero también alimentados e irrigados desde la intervención pública, han demostrado que avanzan"
El salario mínimo interprofesional ha recorrido un camino igualmente significativo. El SMI ha aumentado un 61% entre 2018 y 2025, una de las subidas más intensas de la UE. El SMI de 2026 se fijó en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, frente a los 735 euros de 2018. Son datos inapelables que superan cualquier sesgo ideológico y que impactan directamente en la vida concreta de millones de personas que trabajan. En todo caso, estos datos no son el resultado de un ciclo espontáneo. Son el producto de políticas públicas y decisiones económicas: reforma laboral, subidas del SMI, negociación colectiva reforzada, políticas activas de empleo, voluntad positiva de incorporar flujos migratorios a escala estatal. Una economía y un mercado laboral regulados, pero también alimentados e irrigados desde la intervención pública, han demostrado que avanzan, convirtiendo a España en una economía de referencia europea.


Es evidente que los avances alcanzados no deben ocultar que persisten importantes desafíos: desempleo juvenil, desigualdades territoriales, parcialidad involuntaria y formas de precariedad que siguen afectando especialmente a mujeres, personas migrantes y determinados grupos de edad; pero la transformación del mercado laboral, con un impulso decisivo desde el salario mínimo, es una realidad.

La locomotora que nadie esperaba

El rendimiento macroeconómico del Estado español en estos años asombra en el plano internacional. "Spain's economy has grown steadily in the last years, surpassing European peers" (la economía española ha crecido con firmeza en los últimos años, superando a otros países europeos), en palabras de Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. A lo largo de 2025, España fue sistemáticamente la locomotora económica de Europa. En el segundo trimestre creció un 2,8% interanual —el doble que la zona euro— mientras Alemania e Italia registraban contracciones. En el cuarto trimestre cerró el año con el mejor dato entre las grandes economías del bloque, un 0,8%, triplicando a Francia y más que duplicando a Alemania e Italia. El FMI prevé que España siga siendo la locomotora del crecimiento europeo en 2026 y 2027, con las mayores revisiones al alza de todas las economías avanzadas. España crece. Italia se estanca. Francia y Alemania retroceden.

"Una base productiva excesivamente orientada hacia sectores de bajo valor añadido —turismo, hostelería, comercio— genera empleo en cantidad, pero no en calidad salarial"
Sin embargo, el salario medio neto está en 22.000 euros anuales, frente a los 30.000 de Francia y los 32.500 de Alemania. La economía que lidera el crecimiento europeo es también una de las que peor remunera el trabajo entre las grandes economías del bloque. Una base productiva excesivamente orientada hacia sectores de bajo valor añadido —turismo, hostelería, comercio— genera empleo en cantidad, pero no en calidad salarial. El reto no es, por tanto, solo seguir creando empleo, sino crearlo de otra manera. Combinar una redistribución más efectiva de los beneficios empresariales —que en este ciclo han alcanzado máximos históricos— con una transformación gradual pero decidida del tejido productivo hacia sectores y actividades de mayor valor añadido.

El reto pendiente: de la cantidad a la calidad

Detrás del récord de ocupación hay una pregunta que los titulares no responden: ¿de qué viven esos veintidós millones de personas? La respuesta, cuando se desagrega, da una fotografía controvertida. Uno de cada cuatro asalariados gana entre 14.000 y 20.000 euros brutos al año —entre 900 y 1.300 euros netos al mes—, en un país donde el coste medio del alquiler en capitales de provincia ha crecido más de un 50% en la última década. El salario más frecuente, el que concentra mayor número de trabajadores, es de 1.100 euros netos mensuales. Con esa cifra, en Madrid o Barcelona, el alquiler consume entre el 60% y el 80% del sueldo. En ciudades medias, entre el 40% y el 50%.

Los agregados macroeconómicos tienden a ocultar esta realidad. La mitad de los asalariados no supera los 2.000 euros brutos mensuales, y tres de cada diez cobran menos de 1.582 euros brutos. Cruzadas con un IPC acumulado superior al 20% desde 2021 y con el esfuerzo medio de acceso a la vivienda superando el 40% de los ingresos en municipios de más de 100.000 habitantes, estas cifras dibujan a millones de personas que trabajan, que cotizan, que sostienen con su esfuerzo el crecimiento récord de la economía y que, sin embargo, llegan con dificultad a fin de mes.

La política de los buenos salarios

Una vez mitigados grandes problemas en el acceso al empleo, ¿cómo abordar estructuralmente los cambios productivos que dibujen en un futuro cercano y accesible el país de los buenos salarios?

La mejora del poder adquisitivo y de los salarios es clave para consolidar la positiva fase de crecimiento de la economía. Pero, para ello, el crecimiento no puede seguir descansando en la incorporación extensiva de fuerza de trabajo mientras los márgenes empresariales alcanzan máximos históricos y no se aborda —y esto es lo fundamental— una transformación de la matriz productiva.

El camino hacia el país de los buenos salarios tiene, al menos, tres ejes que se refuerzan mutuamente. El primero es la inversión en sectores de mayor complejidad tecnológica —renovables, industria, tecnología, actividad agroalimentaria de alto valor— que generen empleos cuya remuneración estructural sea más alta. El segundo es el fortalecimiento de la negociación colectiva y de la acción de los poderes públicos para que la mejora de productividad se traduzca efectivamente en salarios y no solo en beneficios distribuidos a accionistas. El tercero es la formación: una economía que aspira a empleos de mayor valor añadido necesita trabajadores cualificados para ocuparlos, lo que exige una inversión sostenida en educación, formación profesional y recualificación.

"El debate sobre los buenos salarios también obliga a considerar instrumentos más ambiciosos de redistribución"
Obviamente, el debate sobre los buenos salarios también obliga a considerar instrumentos más ambiciosos de redistribución, como la participación de las personas trabajadoras en los dividendos de las empresas, la respuesta a la demanda de tiempo de vida mediante la reducción de la jornada laboral, la necesidad de una fiscalidad reforzada sobre rentas y beneficios extraordinarios o un papel más activo del sector público en ámbitos estratégicos.


Sea como fuere, la sociedad ha demostrado que sabe transformarse. El presente mercado de trabajo es la prueba más contundente de que los cambios estructurales son posibles cuando existe voluntad de los actores clave para impulsarlos. La siguiente transformación, la del modelo productivo, es más lenta, más compleja y más difícil de ver en una sola Encuesta de Población Activa (EPA) o en un único dato de PIB.

Sin embargo, es exactamente la que determinará si dentro de una década seguimos celebrando los mismos récords de empleo o empezamos también a celebrar que los salarios permiten vidas dignas. Veintidós millones de personas trabajan hoy en el Estado español. El reto ahora es que todas ellas —y las que vengan— puedan trabajar y vivir mejor.
Antón Gómez-Reino
Antón Gómez-Reino
Analista político
Antón Gómez-Reino Varela es un político y consultor. Fue diputado en las Cortes Generales (2016-2023), presidente de la Comisión de Trabajo y vicepresidente de las Comisiones de Exteriores y Constitucional. También ocupó la Secretaría General de Podemos Galicia (2019-2022).
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