Medicamentos para todos o mercados para pocos

Durante años, la reforma del sistema global de salud fue un debate más teórico que práctico. Un asunto recurrente en informes y foros especializados, pero alejado de la urgencia de la toma de decisiones. Hoy esa distancia ha desaparecido. La contracción de la financiación internacional ha convertido la reforma en una necesidad inmediata, con implicaciones directas tanto para la salud pública como para la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios.

Este contexto ha impulsado numerosas propuestas de reforma, como la presentada por el Gobierno español en la pasada Conferencia Internacional celebrada en Sevilla, que comparten diagnósticos y líneas de actuación comunes. Todas apuntan a la necesidad de movilizar más recursos nacionales, mejorar la eficiencia del gasto, reequilibrar prioridades y reforzar la atención primaria adaptándola a las necesidades reales de la población.

"Las proyecciones apuntan a que, si esta tendencia continúa, podrían producirse cerca de diez millones de muertes adicionales de aquí a 2030"

Así, las organizaciones que operan en el ámbito de la salud global se enfrentan a decisiones complejas sobre prioridades, mandatos y eficiencia, mientras programas esenciales se reducen o desaparecen. Las consecuencias empiezan a ser visibles, con tratamientos interrumpidos, campañas de prevención paralizadas y una creciente incertidumbre tanto entre los profesionales sanitarios como entre millones de personas que encuentran mayores dificultades para acceder a servicios básicos. Las proyecciones apuntan a que, si esta tendencia continúa, podrían producirse cerca de diez millones de muertes adicionales de aquí a 2030. Más allá del impacto humano, este escenario anticipa una presión creciente sobre presupuestos nacionales ya tensionados.

Muchas de estas propuestas insisten en reforzar los bienes públicos globales, las inversiones compartidas que generan beneficios colectivos y que ningún país puede garantizar por sí solo, como los estándares regulatorios, la vigilancia de enfermedades, el conocimiento para producir medicamentos o la información sobre sus precios. Se trata, en esencia, de corregir fallos estructurales que encarecen los sistemas y reducen su capacidad para asegurar el derecho a la salud.

"Sin un enfoque deliberado sobre el acceso, las decisiones adoptadas hoy bajo presión financiera pueden traducirse en mercados fragmentados, precios elevados y una asignación ineficiente de recursos públicos"

Sin embargo, a medida que estas discusiones avanzan, el debate corre el riesgo de centrarse casi exclusivamente en la reorganización institucional, la consolidación de organismos o la redefinición de mandatos. Aunque estas medidas pueden generar eficiencias a corto plazo, dejan en segundo plano una cuestión con implicaciones sanitarias y económicas de largo alcance: cómo garantizar que la innovación sanitaria llegue de forma equitativa y a precios asequibles. Sin un enfoque deliberado sobre el acceso, las decisiones adoptadas hoy bajo presión financiera pueden traducirse en mercados fragmentados, precios elevados y una asignación ineficiente de recursos públicos.

El liderazgo del Gobierno de Pedro Sánchez en el acceso equitativo a la innovación sanitaria no es nuevo. Desde la pandemia, España ha mostrado una acción constante y hoy se sitúa entre los pocos países que están aumentando su ayuda oficial al desarrollo.

La innovación ha sido uno de los grandes motores del progreso sanitario en las últimas décadas. Los avances en el tratamiento del VIH, el desarrollo de vacunas que han salvado millones de vidas y la expansión de los diagnósticos rápidos han fortalecido los sistemas de salud y contribuido al crecimiento económico. Ese recorrido permitió también una respuesta científica sin precedentes frente a la COVID-19.

No obstante, la innovación no se traduce automáticamente en impacto sanitario ni en eficiencia económica. Los nuevos medicamentos, vacunas y tecnologías llegan a los sistemas de salud a través de mercados que priorizan la capacidad de pago, las infraestructuras disponibles y la demanda temprana. Si estos procesos no se orientan de forma consciente, las innovaciones beneficiarán primero a quienes ya están en mejor posición, ampliando las desigualdades entre países y generando mayores costes a medio y largo plazo.

El caso del lenacapavir es un buen ejemplo. Este inyectable de acción prolongada representa un avance relevante en la prevención del VIH, al reducir de forma sustancial las barreras de adherencia asociadas a los métodos existentes. Sin una intervención específica, su despliegue habría seguido un patrón conocido, con un acceso temprano en países de altos ingresos y retrasos prolongados en términos de precio y disponibilidad en los países de renta baja y media, donde se concentra una parte significativa de la carga de la enfermedad.

La experiencia fue distinta porque Unitaid, junto con la Clinton Health Access Initiative (CHAI) y Wits RHI, abordó el acceso desde el inicio. Esta coordinación temprana y el trabajo activo de configuración del mercado permitieron alcanzar un acuerdo sin precedentes con Dr. Reddy's Laboratories: un precio de 40 dólares por persona al año para 120 países de ingresos bajos y medios. Más allá del ámbito sanitario, este ejemplo demuestra que anticipar el acceso puede evitar distorsiones de mercado, reducir precios y mejorar la eficiencia del gasto público.

"Sin una acción deliberada, incluso los avances más prometedores pueden quedar fuera del alcance de quienes más los necesitan"

Este caso no es una excepción. La misma dinámica se repite en casi todos los ámbitos de la innovación sanitaria y, sin una acción deliberada, incluso los avances más prometedores pueden quedar fuera del alcance de quienes más los necesitan. Corregir estos fallos de mercado requiere tanto inversiones sostenidas a largo plazo como asumir riesgos desde fases tempranas y una planificación coordinada a escala global, con capacidades que ningún país puede desplegar por sí solo. Desde una perspectiva económica, el objetivo es evitar que la fragmentación y la falta de escala encarezcan soluciones que podrían ser más eficientes.

Por eso el acceso no puede seguir tratándose como un añadido tardío ni como un gesto de solidaridad ocasional. Debe entenderse como una función estructural del sistema global de salud y financiarse como un bien público global.

Sin embargo, estos bienes siguen estando infravalorados y reciben una financiación insuficiente, a pesar de su potencial para reducir costes y mejorar resultados. Al mismo tiempo, muchos países avanzan hacia modelos de mayor autosuficiencia sanitaria, impulsados por cambios significativos en el panorama de la ayuda internacional. Esta transición es legítima y necesaria. Pero, sin una cooperación internacional sólida que respalde el acceso a la innovación como bien colectivo, cada país se enfrenta en solitario a negociaciones complejas y a condiciones fijadas por mercados sobre los que tiene escasa influencia. En ese contexto, las nuevas tecnologías están llegando más tarde o en peores condiciones, pero, además, el avance sanitario pierde impulso mientras se consolidan unas brechas que el sistema global de salud precisamente busca reducir.

Ante tal escenario, el multilateralismo debe adaptarse, no replegarse. El futuro de la salud global requiere mecanismos que aceleren el acceso a la innovación, reduzcan ineficiencias y alineen prioridades nacionales y regionales. La experiencia demuestra que este modelo funciona. Durante los últimos veinte años, Unitaid ha desempeñado un papel importante cerrando la brecha entre innovación y acceso, contribuyendo a introducir más de cien productos sanitarios con un retorno de la inversión de 46 euros por cada euro invertido, uno de los modelos de mayor rentabilidad en salud global.

Enfrentamos una disyuntiva evidente. Podemos seguir celebrando los avances científicos mientras aceptamos mercados fragmentados y precios elevados que limitan su impacto. O podemos tratar el acceso a la innovación como una inversión compartida, capaz de mejorar la eficiencia del gasto público y reforzar la sostenibilidad de los sistemas de salud. Con las restricciones presupuestarias sobre la mesa, esta elección es tan económica como sanitaria.